Karina Del Ángel Peralta
Expediente 1264/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Karina Del Ángel Peralta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda amparo promovida por Karina del Ángel Peralta, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Karina del *******, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 1264/2022-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, en primer término es necesario pronunciarse sobre la procedencia del presente juicio, ya que las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, de una lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: La celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de doce de septiembre de dos mil veintidós, llevada a cabo dentro del expediente J.4/430/2019, del índice de la autoridad responsable. A partir de lo cual, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y 107, fracción II constitucional, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.", "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado tanto el inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional, como la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, estableciendo que los actos procesales son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no podrían destruirse con la resolución del asunto. Es decir que los efectos de dichos actos no pueden ser remediados fácticamente con el sólo hecho de que quien sufre la violación procesal obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos reparables o de posible reparación, son los que únicamente son susceptibles de afectar los denominados derechos adjetivos o procesales, es decir, aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias de esos actos se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En síntesis, amparo indirecto procede únicamente, contra actos dictados dentro de un juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Expuesto lo anterior, se debe reiterar que el acto reclamado en el presente juicio es la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de doce de septiembre de dos mil veintidós, llevada a cabo dentro del expediente J.4/430/2019, del índice de la autoridad responsable; en relación a la cual, la quejosa aduce que únicamente se escuchó a su contraparte; y no a la actora, toda vez que no fue notificada que se llevaría la aludida audiencia en la fecha que se celebró. De lo cual se desprende que el acto reclamado no constituye para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda materialmente en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional, es decir, no afectan materialmente de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos establecidos en la Carta Magna, tales como la vida, la dignidad, la libertad, entre otros. La celebración de la audiencia reclamada, en todo caso, podría constituir una violación de carácter adjetivo, pues la misma únicamente tiene efectos en las posiciones que van adoptando las partes dentro del procedimiento, sin embargo, la celebración de esa esa audiencia sin la presencia de la actora de ninguna manera puede causar una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, lo cual de ninguna manera es susceptible de afectar derechos tales como la dignidad, la libertad, la posesión o la propiedad, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en el juicio de origen puede serle favorable, a pesar de que subsista la audiencia impugnada; y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra juicio de amparo directo, en el que podrá hacer valer todas aquellas violaciones que se hayan cometido en el procedimiento. Es importante recordar que al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que aquellas cuestiones que puedan constituir violaciones procesales en grado preponderante, a partir de la nueva ley de amparo, no resultan actos de imposible reparación, ya que en ese texto legal "reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De esa forma, la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de doce de septiembre de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente J.4/430/2019, del índice de la autoridad responsable, no constituye un acto de imposible reparación, ya que no implica afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, porque no trasciende de manera directa a su vida, patrimonio, libertad, dignidad, ni alguna otra cuestión sustantiva que provocara que los efectos de ese acto no puedan ser reparados en la sentencia definitiva que en su caso llegue a dictarse. De esa forma, aun cuando ese acto pudiera ser adverso a los intereses de la quejosa, lo cierto es que por el momento, esa determinación sólo ocasiona que el procedimiento continúe hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable y, en caso contrario, como se dijo, la parte quejosa se encontraría en aptitud de promover un nuevo juicio de amparo en la vía directa, en la cual se podrán hacer valer todas aquellas violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo. En otras palabras, las violaciones procesales pueden ser reparadas sin mayor problema en el dictado de la resolución definitiva que recaiga en el juicio; ya que al momento de emitir la sentencia definitiva el órgano jurisdiccional de origen podría conceder la razón a la parte aquí quejosa y resolver de forma favorable en relación a sus pretensiones, con lo cual los efectos que pudieron haberse generado con el acto reclamado en su perjuicio se extinguirían en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; y, en caso contrario, se podría promover un juicio amparo en la vía directa en contra de la resolución definitiva, en el cual de igual forma, se podrían reclamar, en su caso, las violaciones cometidas en el procedimiento y que trasciendan al resultado de la resolución. Por lo tanto, es notorio y manifiesto que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la citada legislación, por lo que procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Karina del Ángel Peralta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Viveros de Cocoyoc, número 2, oficina 2, colonia Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por encontrarse dentro de la circunscripción territorial donde este Juzgado Federal ejerce competencia. Asimismo, en términos del último párrafo del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente trámite, en días y horas inhábiles. Se hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se tiene a la promovente proporcionando dirección de correo electrónico bethza@yahoo.com.mx; así como el número telefónico 5569133672; para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su escrito de demanda; ya que se trata de un asunto de naturaleza laboral, en el cual el quejoso es la parte trabajadora. Finalmente, en atención a la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, la utilización de medios electrónicos para los fines que precisa. EXHORTACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN A LAS PARTES Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las demás partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber: 5553870500, extensión 1392, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 30 y 42 del Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, de conformidad con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como por lo establecido en el Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y reformado mediante el diverso acuerdo publicado el veintiséis de marzo de dos mil veinte, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Karen Yareli Reyes Lozada954/2021
- Karen Yeimi Santos Paz1216/2018
- Karim Israel Hadad Rodríguez546/2023
- Karim Javier Trinidad Pérez992/2020
- Karina Alferez Martínez533/2023
- Karina Arroyo Moreno896/2019
- Karina Figueroa Ceballos106/2018
- Karina Figueroa Ceballos1157/2017
- Karina Fugueroa Ceballos817/2017
- Karina Gómez Castillo901/2022
- Karina Juárez Ruiz422/2021
- Karina Mendoza Ramírez682/2023