Karina Izquierdo Gonzales
Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karina Izquierdo Gonzales
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene inserto el auto de once de mayo del año en curso, en el que entre otras cosas, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y al cual anexa los autos originales del juicio de amparo 386/2023, de su índice, así como la demanda de amparo promovida vía electrónica por ********************. De la lectura realizada al citado acuerdo de once de mayo de esta anualidad, se advierte que el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por la citada quejosa por lo que respecta a los actos y autoridades que ahí precisó, quedando únicamente subsistente el diverso acto reclamado consistente en la detención y/o privación de la libertad de la citada agraviada, sin embargo, se declaró legalmente incompetente para conocerla con motivo de que el acto de ejecución tendría lugar en la ciudad de Valladolid, Yucatán, según refirió la titular de la acción constitucional bajo protesta de decir verdad. Ahora bien; con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 45 de la Ley de Amparo y el numeral 49 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional acepta la competencia del asunto en comento. Acúsese el recibo correspondiente. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ********************, contra actos que reclama del Titular de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades; al respecto, se acuerda: Fórmese el expediente correspondiente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número V-787/2023. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Bajo esa premisa, esta juzgadora advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a petición de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo, excepción hecha en relación con los actos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en donde el directo agraviado puede acudir al juicio de amparo, por conducto de cualquier persona aun sea menor de edad. . En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo, y no se esté en los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o en su caso de la persona que promueva a nombre de una diversa persona, siempre que ésta tenga la legitimación procesal para promover en nombre del directo quejoso, esto es, tenga la representación legal y lo acredite. En efecto, es necesario que la demanda cuente con la firma autógrafa o electrónica, ya que constituye el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia, en relación con los ordinales 3°, fracción I , y 45, del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el presente asunto, como quedó precisado párrafos precedentes, la quejosa reclamó de las responsables la orden de detención y la privación de la libertad, actos que no se encuentran catalogados como de tramitación inmediata y urgente como lo establece el diverso numeral 112, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por tanto, si dicha demanda de amparo la quejosa ******************** la presentó de forma electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, es incuestionable que la evidencia criptográfica debe contener su nombre, por lo que al haberla presentado a través de diversa persona, es innegable que no existe la voluntad de la agraviada para promover este juicio de amparo, aunado al hecho como se indicó, no se está en alguno de los supuestos donde cualquier persona aun sea menor de edad, puede promover este juicio de amparo en su nombre y representación. Sin que represente un obstáculo para arribar a la anterior consideración, el hecho que en la parte final de la demanda de amparo, obre una firma, presuntamente de la directa quejosa, sin embargo, la misma al igual que dicha demanda, corresponde a una reproducción fotostática simple de su original sin valor probatorio alguno; y sí de la boleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México se advierte, que dicha demanda fue presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la directa quejosa ********************; por consiguiente, tales circunstancias hacen considerar la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Además como se dijo, el acto reclamado en el presente juicio, no se encuentra en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso si sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisitos de procedibilidad como lo es la expresión de la voluntad de la promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad. Ahora bien, dado que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en calle "Naranjo", Número setenta y cuatro, colonia "Santa María la Rivera", Código Postal 06400, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se sirva notificar a la citada quejosa, en el mencionado domicilio, entregándole copia de este proveído y previniéndole para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional; igualmente, solicítese al Juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Asimismo, téngase como autorizados de la parte quejosa para tal efecto, a David Alejandro Solís Ibarra, en los términos amplios que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en la circular 12/2009, se autoriza a la parte quejosa para hacer uso de dispositivos para la reproducción electrónica de las constancias que integran los presentes autos, al momento de consultarlos. Ahora, toda vez que consta en la certificación de cuenta que los usuarios ******************** que proporciona la parte quejosa, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad la solicitud del promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la quejosa y su autorizado, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con su nombre de usuario. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. "2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO" OFICIO: 12195/2023 JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO. En autos del Juicio de Amparo V-787/2023, promovido por********************, contra actos de Usted y otras autoridades, el día de hoy se dictó un acuerdo del texto siguiente: "Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene inserto el auto de once de mayo del año en curso, en el que entre otras cosas, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y al cual anexa los autos originales del juicio de amparo 386/2023, de su índice, así como la demanda de amparo promovida vía electrónica por ********************. De la lectura realizada al citado acuerdo de once de mayo de esta anualidad, se advierte que el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por la citada quejosa por lo que respecta a los actos y autoridades que ahí precisó, quedando únicamente subsistente el diverso acto reclamado consistente en la detención y/o privación de la libertad de la citada agraviada, sin embargo, se declaró legalmente incompetente para conocerla con motivo de que el acto de ejecución tendría lugar en la ciudad de Valladolid, Yucatán, según refirió la titular de la acción constitucional bajo protesta de decir verdad. Ahora bien; con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 45 de la Ley de Amparo y el numeral 49 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional acepta la competencia del asunto en comento. Acúsese el recibo correspondiente. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ********************, contra actos que reclama del Titular de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades; al respecto, se acuerda: Fórmese el expediente correspondiente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número V-787/2023. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Bajo esa premisa, esta juzgadora advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a petición de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo, excepción hecha en relación con los actos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en donde el directo agraviado puede acudir al juicio de amparo, por conducto de cualquier persona aun sea menor de edad. . En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo, y no se esté en los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o en su caso de la persona que promueva a nombre de una diversa persona, siempre que ésta tenga la legitimación procesal para promover en nombre del directo quejoso, esto es, tenga la representación legal y lo acredite. En efecto, es necesario que la demanda cuente con la firma autógrafa o electrónica, ya que constituye el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia, en relación con los ordinales 3°, fracción I , y 45, del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el presente asunto, como quedó precisado párrafos precedentes, la quejosa reclamó de las responsables la orden de detención y la privación de la libertad, actos que no se encuentran catalogados como de tramitación inmediata y urgente como lo establece el diverso numeral 112, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por tanto, si dicha demanda de amparo la quejosa ******************** la presentó de forma electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, es incuestionable que la evidencia criptográfica debe contener su nombre, por lo que al haberla presentado a través de diversa persona, es innegable que no existe la voluntad de la agraviada para promover este juicio de amparo, aunado al hecho como se indicó, no se está en alguno de los supuestos donde cualquier persona aun sea menor de edad, puede promover este juicio de amparo en su nombre y representación. Sin que represente un obstáculo para arribar a la anterior consideración, el hecho que en la parte final de la demanda de amparo, obre una firma, presuntamente de la directa quejosa, sin embargo, la misma al igual que dicha demanda, corresponde a una reproducción fotostática simple de su original sin valor probatorio alguno; y sí de la boleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México se advierte, que dicha demanda fue presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la directa quejosa ********************; por consiguiente, tales circunstancias hacen considerar la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Además como se dijo, el acto reclamado en el presente juicio, no se encuentra en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso si sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisitos de procedibilidad como lo es la expresión de la voluntad de la promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad. Ahora bien, dado que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en calle "Naranjo", Número setenta y cuatro, colonia "Santa María la Rivera", Código Postal 06400, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se sirva notificar a la citada quejosa, en el mencionado domicilio, entregándole copia de este proveído y previniéndole para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional; igualmente, solicítese al Juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Asimismo, téngase como autorizados de la parte quejosa para tal efecto, a David Alejandro Solís Ibarra, en los términos amplios que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en la circular 12/2009, se autoriza a la parte quejosa para hacer uso de dispositivos para la reproducción electrónica de las constancias que integran los presentes autos, al momento de consultarlos. Ahora, toda vez que consta en la certificación de cuenta que los usuarios ******************** que proporciona la parte quejosa, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad la solicitud del promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la quejosa y su autorizado, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con su nombre de usuario. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. - Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. A T E N T A M E N T E EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. (FIRMA ELECTRÓNICA) Pablo Pérez Pacheco
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