Karina de Jesus Garibaldi Lara

Expediente 1464/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1464/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Karina de Jesus Garibaldi Lara
  • Jose Carlos Reyes Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo negó el amparo y la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que el presente expediente no existen documentos originales; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurado, toda vez que en el mismo se negó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo primero del capítulo quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capítulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capítulo quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero del capítulo tercero del acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, ya que no existe razón legal para que continúe en este órgano jurisdiccional, la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria 82/2018, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que dicha autoridad adjuntara al rendir su informe justificado, devuélvase a su lugar de procedencia, para los fines legales a que haya lugar. Finalmente, en cuanto al valor jurídico sí lo tiene el presente juicio de garantías y el incidente de suspensión del cual deriva del mismo.

  2. Principal

    MESA V. ... R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ... por lo que respecta al acto que reclamó al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, consistente en el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria de divorcio número 82/2018, por los motivos expresados en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. CONTENIDO: SE NOTIFICA RESOLUCIÓN. OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES V.10662 JUEZ SEGUNDO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. OFICIO REPRESENTANTE MENOR V.10663 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEPENDIENTE DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. MÉRIDA, YUCATÁN. Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales del caso, con el presente remito a usted, copia autorizada de la resolución pronunciada el día de hoy, en el juicio de amparo V.1464/2018, promovido por PATRICIA EUGENIA EROSA LIZARRAGA, contra actos de usted. Mérida, Yucatán, 22 de marzo de 2019. A t e n t a m e n t e: PABLO PÉREZ PACHECO. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE FECHA: 22 DE MARZO DE 2019. EXPEDIENTE NUMERO: V.1464/2018. CONTENIDO: SE NOTIFICA RESOLUCIÓN. OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES V.10662 JUEZ SEGUNDO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. OFICIO REPRESENTANTE MENOR V.10663 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEPENDIENTE DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. MÉRIDA, YUCATÁN. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintinueve minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo V.1464/2019, promovido por Karina de Jesús Garibaldi Lara, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; el cual obra agregados en los presentes autos. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable antes señalada, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las pruebas documentales que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda, así como las constancias que remitió la autoridad responsable junta con su informe justificado; por lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta únicamente con las manifestaciones vertidas por la Auxiliar Jurídico de la Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán; por tanto, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tienen por formuladas las manifestaciones de la representante del menor, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, con lo que se cierra dicha etapa. A continuación, cerrado este período, queda en estado de resolución los presentes autos. Doy fe. VISTO, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1464/2018-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En demanda de amparo presentada el once de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, remitida al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, que por turno correspondió conocer, Karina de Jesús Garibaldi Lara, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado (matutino) con domicilio conocido en esta ciudad de Mérida, Yucatán". "III. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD. El ilegal y violatorio acuerdo de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho, emitido por la autoridad responsable el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado (matutino), en el expediente número 82/2018, en donde se ordenó un régimen de convivencia de manera supervisada, los días sábados y domingos de cada semana, en el centro de convivencias familiares del Estado de Yucatán, dicho acto que se reclama se abundará de manera más detallada más adelante". SEGUNDO. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1464/2018-V; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, lo cual se hizo en los términos de ley; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; finalmente, se fijó fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 37, y 107, de la Ley de Amparo en vigor y 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de amparo, para establecer lo que el quejoso quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria del amparo reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria de divorcio voluntario número de expediente 82/2018, en el que se decretó un régimen de convivencias entre el menor aquí quejoso y su padre, en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, los días sábados y domingos de cada semana, en un horario de las diez a las catorce horas. TERCERO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda indicó haber tenido conocimiento del acto reclamado, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, cuando acudió a este juzgado a verificar un diverso juicio constitucional. Ahora bien, de la revisión realizada a las constancias que la responsable remitió, no se advierte que a la aquí agraviada se le hubiera notificado dicha determinación, en consecuencia, se tendrá como fecha para realizar el cómputo de los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, el día que manifestó. De tal manera que el término para la presentación de la demanda de amparo empezó a correr a partir del día siguiente, de conformidad con el numeral 18 de la invocada Ley de Amparo, es decir, desde el treinta de noviembre siguiente; debiendo concluir el día veinte de diciembre del mismo año, con exclusión de los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de diciembre, por corresponder a sábados y domingos, por lo que si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el once de diciembre del mencionado año, se concluye que la misma fue presentada dentro del tiempo que para ello establece el referido numeral 17 de la Ley de Amparo en vigor. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad señalada como responsable, al rendir su correspondiente informe con justificación, manifestó que era cierto el acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias conducentes que en copia certificada anexó, consistente en las constancias que integran el juicio de origen número 82/2018; a las cuales, este juzgador les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo; por tanto, se evidencia la existencia del acto que se le atribuyen. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de siete de febrero de dos mil dieciocho, Karina de Jesús Garibaldi Lara y José Carlos Reyes Vázquez, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria con la finalidad de celebrar su divorcio voluntario; el Juez Segundo de Oralidad Familiar, por acuerdo de veintitrés de febrero del citado año, las admitió a trámite. El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia preliminar donde se aprobó el convenio celebrado por ambas partes, y se decretó la disolución del vínculo matrimonial, entre otras disposiciones. Por escrito de diecisiete de octubre del mencionado año, la aquí quejosa solicitó, entre otras cosas, se le restituya a su hijo, toda vez que su ex conyugue se lo había llevado desde el dieciséis de octubre, tal como se había acordado en el respectivo convenio de divorcio, sin embargo, hasta ese día, no lo había regresado. Mediante acuerdo de esa misma fecha, el juez ordenó al padre del menor, su entrega inmediata a la madre custodia, así como la suspensión del derecho de convivencia entre padre e hijo, pactado en la base segunda del convenio. Por comparecencia de dieciséis de octubre, ante la representación social, el aquí tercero interesado manifestó: Que es padre del menor J. C. R. G. de cinco años de edad, y que el día domingo catorce de octubre de dos mil dieciocho, a las diez de la mañana, fue por su hijo al domicilio de su ex esposa, percatándose que en la puerta de dicho domicilio se encontraba estacionado el vehículo de su actual pareja de nombre Ricardo Arrigunaga López; que al estar el menor en su vehículo, venían platicando, comentándole su hijo que Ricardo quería que le tocara su "pipí", refiriéndose al miembro viril, que en esos momentos comenzó a gravar lo que su hijo le decía, comentándole el niño una vez más, que Ricardo quería que le tocara su "pipí" y que eso había acontecido "pasado ayer", interpretando que se refería al viernes doce de octubre, y que sucedió cuando Ricardo se encontraba en la cama con su mamá, y su hijo en medio de ellos; así mismo, que el infante también le dijo, que Ricardo le quería hacer, lo que le hacía a su mamá, ignorando a qué se refería, regresando a su hijo ese mismo día con su madre. Que aproximadamente mes y medio atrás, al estar jugando con su hijo, éste trató de tocarle "sus partes", indicándole que eso no era correcto, preguntándole dónde había visto eso o de quién lo había visto, poniéndose el menor muy nervioso, sin embargo, lo sucedido se lo comentó a su ex esposa para que estuviera más pendiente de su hijo, quien le respondió con enojo que tenía una mente "retorsida". Que ese día, al encontrarse en su horario de visita, su hijo le comentó, que Ricardo le había tocado sus "pompis", y al preguntarle si su mamá lo dejaba solo con Ricardo, le respondió que sí y con la nana; por ese motivo, denunciaba a Ricardo Arrigunaga López, y manifestaba, que su hijo se quedaría a su cargo en su domicilio, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y mental. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante el ministerio público la aquí quejosa, pues tuvo conocimiento que el padre de su hijo, en esa fecha lo puso a disposición de dicha autoridad. Por acuerdo de veintiséis de noviembre, el juez señalado como responsable, emitió un acuerdo, en el que decretó un régimen de vistas supervisadas, entre padre e hijo; determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. La titular de la acción constitucional únicamente alega en sus conceptos de violación, que el acuerdo reclamado, vulnera los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales, sin especificar en qué consisten dichas violaciones. Sin embargo, en virtud de que la demanda de amparo debe tomarse como un todo, esto es, el juzgador de amparo no debe limitarse a analizar únicamente el capítulo de conceptos de violación, sino que, del cuerpo del libelo constitucional se deben escudriñar diversos motivos de disenso, en caso de que se hubieren planteado; con ese marco de referencia, quien aquí resuelve advierte que del capítulo de antecedentes del acto reclamado, la quejosa se duele, que el juez responsable no analizó debidamente las constancias que integran el juicio 82/2018, pues no se percató del riesgo y daño que podría sufrir su hijo, al determinar un régimen de convivencias con su progenitor, pues obra agregado al expediente de origen, copia de la carpeta de investigación número 29/000266/2018 del índice de la Agencia Vigésima Novena del Ministerio Público del Fuero Común, donde el menor al momento que fue entregado por su padre, después de haberlo sustraído, indicó: "Que Ricardo es amigo de su mamá y de él, y a quien le dice "Papo" porque le agrada, además que es su amigo y juega con él; su papá Carlos dice que "Papo" es malo, pues le toca su pipí, pero eso es lo que dice su papá, pero él dice que "Papo no le toca su pipí, y que lo que dice es verdad, y es mentira lo que refiere su papá, que esa mentira se la dijo a su mamá, porque su papá le dijo, que se lo diga a su mamá". Que de lo declarado por el menor se desprende, que su padre lo obligó a mentir, con la intención de perjudicarla al igual que a Ricardo, sin importarle las consecuencias que pudiera ocasionar, al emplear este tipo de violencia. Que al padre de su hijo no le importó haberlo sustraído durante veintiún días, dejándolo incomunicado, pues impidió que se comunicara con ella, violentándolo física, emocional y psicológicamente. Que con base en lo expuesto, el juez, al determinar un régimen de convivencias, pone a su hijo a disposición de su victimario, pues es víctima de su propio padre. Que el juez tuvo que haber protegido el interés superior de su hijo, y dictar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física, emocional y psicológica, pues antes de fijar dicho régimen de visitas, debió haberse cerciorado del estado emocional del menor, al ordenar las valoraciones psicológicas respectivas, y determinar si es apto para convivir con su progenitor; pues los acontecimientos vividos, no son fáciles de asimilar y entender a su corta edad, con mayor razón ya que fueron realizados por su propio padre. Antes de emprender el análisis de los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, es importante resaltar que en el presente asunto, resulta procedente la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, con independencia del carácter del titular de la acción constitucional, en virtud de que está de por medio de manera directa, la afectación de la esfera jurídica de menores de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Para una mejor comprensión del asunto y a la conclusión a la que arribará este resolutor federal, es pertinente efectuar las siguientes consideraciones. De acuerdo con la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Esta interpretación encuentra respaldo en un argumento teleológico: en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad. Asimismo, se ha establecido que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Ahora, cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". Resulta señalar, que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y, paralelamente, determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima (ejemplo, la protección de la afectividad del menor). Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado (ejemplo, imaginemos la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una persona causante de malos tratos. Es evidente que tal concesión es contraria al interés superior del menor). En tercer y último lugar, la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones (elegir el régimen de convivencia: custodia compartida o exclusiva). En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor -y obtener un juicio de valor-, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos; varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. El derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa zona intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que, para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Es exactamente aplicable, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional". En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Este criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social". Siguiendo la misma línea argumentativa y observando el interés superior del menor, este juzgador federal, con base en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce que la influencia familiar y la vinculación afectiva que el hijo obtiene de cada uno de sus progenitores con el transcurso del tiempo, constituye un elemento esencial para el adecuado desarrollo de su personalidad. En este sentido, es un hecho que el contexto más apropiado para el óptimo desarrollo de estas relaciones paterno-filiales es aquél en el que los progenitores viven una vida en común, en donde ambos satisfacen conjuntamente las necesidades de afecto y cariño del menor. Sin embargo, el derecho debe contemplar la posibilidad de que existan situaciones en donde desacuerdos personales, hagan imposible la convivencia entre los padres. Ante esta circunstancia, a pesar de que resulte físicamente imposible la continuidad de la convivencia simultánea entre los hijos menores de edad y ambos padres, el Estado debe encontrar mecanismos para garantizar el derecho de los menores a mantener relaciones personales y de trato directo con sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar, salvo en aquellos casos extraordinarios en los que dicha convivencia sea contraria a sus intereses. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores; de forma que sea posible salvaguardar el desarrollo pleno e integral de su personalidad en un contexto de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones encontramos la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad. Como se citó líneas arriba, desde el momento en que el núcleo familiar original se disuelve, resulta físicamente imposible que los menores mantengan relaciones personales de forma simultánea con ambos progenitores. Por tanto, es innegable que esta institución goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Respecto a lo anterior, la autoridad judicial debe tener en consideración que el régimen de convivencia entre el progenitor no custodio y sus hijos, se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Por tanto, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector, el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, se ha considerado que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla. El Juez de lo Familiar deberá tener en consideración diversos elementos, tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir si es conveniente o no el régimen de convivencia entre padre e hijo. Asimismo, el juzgador natural deberá siempre tener en cuenta, que el derecho de convivencia entre padres e hijos incide de manera directa en los valores esenciales de la familia y en la protección de los intereses de los niños, al ser incuestionable que el contacto entre éstos y sus progenitores constituye un aspecto relevante en la integración del concepto de familia, que en la etapa de la vida que cursan, cimientan de modo trascendental esa concepción fundamental en la sociedad, que la ley protege y tiende a conservar. Esa protección jurídica a los intereses de los infantes se erige sobre la base de que son éstos los que tienen derechos determinados y no sólo sus padres para convivir con ellos. De ahí que debe ponerse especial atención en la preservación de los derechos de los menores, porque son superiores y, después, en los de sus padres. Esto es, la convivencia de los padres con sus hijos no debe confundirse con el mismo derecho que tienen los niños para convivir con sus progenitores, pues el que asiste a los menores, es de mayor entidad del que pudiera corresponder a sus ascendientes. Por tanto, si la convivencia que debe existir entre los niños con sus padres se trata de un derecho colocado en posición más elevada que el de estos últimos, es imprescindible resolver los conflictos que pudieran suscitarse al respecto, ponderando todos los elementos de prueba disponibles, a fin de estar en condiciones de examinar y resolver qué es lo más benéfico para los menores de edad, ya que de otro modo se corre el riesgo de que la determinación judicial que se emita carezca de una debida motivación. Así, la determinación que suspende o niega el ejercicio de este derecho, por la trascendencia que puede tener para el menor de que se trate, debe ponderar todo el caudal probatorio existente en el procedimiento instaurado para dilucidar judicialmente su adecuado desempeño, y no en parte de él, en la medida en que de no actuar así, se podrían afectar los derechos que legalmente les asisten y, en relación con los cuales, el Estado tiene especial interés en su preservación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que informa lo siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR. Este derecho y específicamente la implementación del régimen de visitas y convivencias, adquieren una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, extramatrimoniales o de malos entendidos entre los miembros de una familia, pues en esos casos, el ejercicio del derecho de visitas y convivencias constituye un remedio o recurso de protección excepcional al reactivar la convivencia que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situaciones. En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los progenitores, o ambos, tomen partido y, frecuentemente, en lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener contacto con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan verdaderas víctimas de las desavenencias del matrimonio, y no en pocas ocasiones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges o custodios se ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los más perjudicados. Por ello, en este tipo de crisis, la autoridad jurisdiccional competente debe implementar el régimen de visitas y convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la manera más conveniente, atendiendo a su interés superior, con independencia de los intereses y derechos de sus progenitores, para incentivar, preservar y reencausar la convivencia en el grupo familiar". Así como el criterio orientador del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE CONVIVIR CON SUS PROGENITORES DEBE PONDERARSE POR EL JUZGADOR EN TODOS LOS CASOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 123/2009, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 97/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 176, de rubro: "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.", se pronunció en el sentido de que el derecho de convivencia no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos, pues de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 9, punto 3 y 10, punto 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, éstos tienen derecho a que se propicien las condiciones que les permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual, en la mayoría de los casos, resulta indispensable la convivencia con ambos progenitores independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre ellos. Por ende, si en el juicio en el que está en disputa el ejercicio de esa institución en relación con uno de los progenitores, obran elementos suficientes para advertir que no existe riesgo para que los menores convivan con él que, además, es su deseo y voluntad tener cercanía con su padre ausente, así como también que la falta de convivencia repercute en detrimento de su desarrollo psicológico-emocional, es claro que independientemente de lo que jurídicamente proceda resolver en relación con los derechos del padre respecto de sus hijos, el juzgador debe ponderar todas esas circunstancias para decretar la convivencia, en atención a la disponibilidad e intereses propios de los menores". En el caso concreto, la titular de la acción constitucional reclama del juez responsable, el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual, fijó un régimen de convivencias entre el menor y su padre (tercero interesado), bajo los siguientes términos: "(.) Se decreta que los días y horas de visita del señor José Carlos Reyes Vázquez, hacia su hijo menor de edad, José Carlos Reyes Garibaldi, serán supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, ubicado en (.) por ende, esta autoridad debe ajustar los horarios a los establecidos por dicho Centro, por lo que se fijan como días y horas de visita, los sábados y domingos de cada semana, en un horario comprendido de las diez a las catorce horas (.)" Ahora bien, como se recordará, la quejosa en su escrito de demanda, alegó lo siguiente: Que el juez responsable no analizó debidamente las constancias que integran el juicio 82/2018, pues no se percató del riesgo y daño que podría sufrir su hijo, el determinar un régimen de convivencias con su progenitor, pues obra agregado al expediente de origen, copia de la carpeta de investigación número 29/000266/2018 del índice de la Agencia Vigésima Novena del Ministerio Público del Fuero Común, donde el menor al momento que fue entregado por su padre después de haberlo sustraído, indicó: Que Ricardo es amigo de su mamá y de él, y a quien le dice "Papo" porque le agrada, además que es su amigo y juega con él; su papá Carlos dice que "Papo" es malo, pues le toca su pipí, pero eso es lo que dice su papá, pero él dice que "Papo no le toca su pipí, y que lo que dice es verdad, y es mentira lo que refiere su papá, que esa mentira se la dijo a su mamá, porque su papá le dijo, que se lo diga a su mamá. Que de lo declarado por el menor se desprende, que su padre lo obligó a mentir, con la intención de perjudicarla al igual que a Ricardo, sin importarle las consecuencias que pudiera ocasionar, al emplear este tipo de violencia. Que al padre de su hijo no le importo haberlo sustraído durante veintiún días, dejándolo incomunicado, pues impidió que se comunicara con ella, violentándolo física, emocional y psicológicamente. Que con base en lo expuesto, el juez al determinar un régimen de convivencias, pone a su hijo a disposición de su victimario, pues es víctima de su propio padre. Que el juez tuvo que haber protegido el interés superior de su hijo, y dictar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física, emocional y psicológica, pues antes de fijar dicho régimen de visitas, debió haberse cerciorado del estado emocional del menor, al ordenar las valoraciones psicológicas respectivas, y determinar si es apto para convivir con su progenitor; pues los acontecimientos vividos, no son fácil de asimilar y entender a su corta edad, con mayor razón que fueron realizados por su propio padre. Con base en todo lo anteriormente expuesto, este juzgador federal considera correcta la decisión del juez natural de fijar convivencias entre el aquí tercero interesado y su hijo menor de edad, pues contrariamente a lo alegado por la quejosa, la responsable observó el interés superior del menor, de tener derecho a convivir con sus progenitores, tal como lo estable el artículo 4º Constitucional, que dice: "(.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez (.)" Así como los numerales 3.1 y 9.1.3, de la Convención sobre los Derechos del Niño. "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. (.)" "Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. (.) 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. (.)" Y el precepto 322 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, que establece: "Artículo 322. En toda determinación judicial sobre custodia y convivencia debe tomarse en cuenta, como aspecto primordial, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes". Es aplicable por identidad de razón la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONVIVENCIA DE MENORES ORDENADA EN RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A CABO, CUANDO NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR EL RIESGO O PERJUICIO. Es improcedente conceder la suspensión definitiva de la resolución judicial que permite la convivencia de los menores con sus parientes, para que no se lleve a cabo, toda vez que la sociedad tiene interés en que los menores puedan convivir con ellos, para lograr un lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, ya que la convivencia es benéfica para el adecuado desarrollo de los menores al inculcarles un sentido de pertenencia a una familia dentro de un grupo social más amplio en el que tienen deberes y derechos. En todo caso, será materia de prueba oportuna determinar si esa convivencia resulta perjudicial para los menores o los pone en riesgo, lo cual sí sería materia para negar la suspensión de la ejecución de la resolución que ordenó la convivencia". En ese orden de ideas, no le asiste la razón a la titular de la acción constitucional, en el sentido de que el juez perdió de vista todos los medios de prueba que obra en el sumario de origen, pues como acertadamente señaló el a quo, dichos medios de convicción, únicamente demuestran indiciariamente, los acontecimientos que se han suscitado entre la quejosa y su marido, sin que se desprenda, que el demandado haya realizado algún tipo de violencia en contra de su hijo, e incluso, en el extremo de que el menor hubiera presenciado algún evento del narrado por la agraviada, tampoco es razón suficiente para suspender la relación paterno-filial, sino que, para ello, el juez debe actuar con creatividad, adoptando medidas pertinentes y necesarias para que dicho suceso fuera superado por el citado infante, y mantuviera en todo momento, un acercamiento con su progenitor. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado". Por lo que, la responsable actuó con celeridad y creatividad ante la manifestación de la demandada y de las pruebas ofrecidas, que indiciariamente existía violencia familiar, sustentándose en el antecedente acaecido semanas anteriores, en el sentido de que el aquí tercero interesado ante la manifestación de su hijo menor de edad, sobre diversos hechos ocurridos en su persona, determinó no regresar al infante con la madre custodia. Ahora bien, este juzgador federal, estima que no existe un peligro latente para el menor con la determinación adoptada por el juez de primer grado, al fijar un régimen de convivencias vigiladas entre padre e hijo, pues se actuó con base en una correcta interpretación y alcance del interés superior del menor, al ordenarse dichos encuentros en un centro o institución destinada para tal efecto, esto es, con el objeto de continuar con el sano desarrollo del menor y evitar un desarrollo inadecuado de su personalidad generado a raíz de un quebranto unilateral e ilegítimo del régimen de convivencia por parte de uno de los progenitores. Es aplicable al caso, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "MENORES DE EDAD. VIOLENCIA FAMILIAR. BASTA LA EXISTENCIA DE DUDA PARA QUE LAS CONVIVENCIAS PROVISIONALES CON SUS PROGENITORES SE LLEVEN A CABO EN UN CENTRO DE SUPERVISIÓN. El artículo 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce como derecho de los progenitores el convivir con sus menores hijos y viceversa, con el objeto de continuar con el sano desarrollo del menor, aun ante la disolución de la familia. Por excepción, ante la sola manifestación por cualquiera de las partes de la existencia de violencia familiar, ante la duda generada con dicha declaración el Juez, a efecto de continuar con la salvaguarda de los hijos menores de edad o incapaces, debe ordenar que las convivencias de los menores con sus progenitores se realicen en los centros e instituciones destinados para tal efecto, únicamente durante el procedimiento". Así las cosas, en aras del supremo derecho que tienen los menores de convivir con sus padres, no se evidencia riesgo alguno a la integridad del menor, en consecuencia, debe privilegiarse el interés de este último en cuanto a su convivencia con su padre, máxime que las visitas son en la modalidad vigiladas, en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, ante la presencia durante todo el tiempo que dure la convivencia, por una psicóloga, así como una trabajadora social, quienes deberán reportar mensualmente al juez natural, todo lo relativo al desarrollo de dichas visitas, esto es, se le dará noticia de cualquier acontecimiento que ponga en peligro el desarrollo e integridad del menor. Esto es así, ya que las medidas preventivas que otorgan diversos preceptos legales en materias civil y familiar, son actos de urgente aplicación en función del interés superior de los menores de edad, por encontrarse en riesgo su integridad física y psicológica, su libertad o seguridad, y de respecto a las cuales, la sociedad en general está interesada en su aplicación y en la vigilancia de su cumplimiento, e incluso en la imposición de medidas de apremio para lograr su observancia. De ahí que de las afirmaciones de la quejosa en relación a que su hijo corre un riesgo latente al convivir con su victimario, no puede establecerse que existan elementos objetivos y tangibles para poder considerar lo expuesto, pues en primer lugar, en ningún momento el menor estará o permanecerá bajo el cuidado de su padre, en segundo, siempre tendrá a su lado, una psicóloga y una trabajadora social, quienes en todo momento, asistirán al menor, y observarán su comportamiento y la evolución de dichas visitas, las cuales, serán informadas mes con mes al juez rector del proceso natural; con base en lo anterior, y contrariamente a lo alegado por la madre quejosa, este juzgador no advierte que el menor se encuentre en algún tipo de riesgo latente, sino que, por el contrario, con las medidas implementadas por el juez, la integridad física del menor se encuentra garantizada. Así mismo, este juzgador no desatiende el contenido de las constancias ofrecidas por la agraviada junto con su demanda de amparo, en concreto el informe de impresión diagnóstica de fecha veintiocho de noviembre del año en curso, suscrito por la psicóloga Leonor Elena Cuevas Cervera, en el que concluyó que el menor, debido a los sucesos vividos, se sugiere que reciba atención psicológica para valorar su estado psicológico y emocional; sin embargo, el tercero interesado, en el incidente de suspensión aperturado con motivo de este juicio de amparo, ofreció un contra-informe, sustentado por la psicóloga Karime Esther Medina Farah, en el que concluyó, que el diagnóstico emitido por Leonor Elena Cuevas Cervera, presenta deficiencias de tipo formal, metodológico e interpretativo, al no cubrir con los parámetros que se requieren, toda vez que carece de exploración en cuanto al desarrollo evolutivo y comportamiento del niño, así como falta de precisión en relación a los términos que refiere, la manera de obtención de la información, medios de pruebas que validen dicha información y la veracidad de los testimonios. En relación con el examen psicofisiológico, de integridad física, edad clínica y somatometría realizado por la médico cirujano adscrita a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, del que se advierte que se encontró en el menor excoriación lineal en epicanto externo de ojo izquierdo de 0.5 cm de color rojo; excoriación nasal izquierda de 0.3 cm de color rojo; equimosis en cara lateral de codo derecho de 1 cm de color violeta; equimosis puntiales menores a 0.2 cm en cara externa de antebrazo izquierdo, lesiones que tardan en sanar menos de quince días (foja 237 del Anexo), estas pruebas constituyen un indicio de que el menor pudo haber pasado por algún tipo de violencia, sin embargo, no hay una determinación sólida que apunte al progenitor del menor, como autor de dichas lesiones, y sí se advierte en la comparecencia del menor ante la representación social de fecha cinco de noviembre del año en curso, que externó: "a veces quiero ver a mi papá unos días, pero siempre quiero estar con mi mamá" (foja 244 del Anexo), lo que indica, que el menor, no externa un rechazo total a su padre, sino por el contrario, manifiesta su deseo de convivir con su progenitor, pero sólo unos días; sentimiento del menor que se vería trastocado si se suspendieran dichas visitas, pues ese sentimiento de angustia de no convivir con su padre, aunque sea unas horas, podría incidir en su formación integral, y en su proyección hacia la edad adulta, motivo por el cual, se reitera, el realizarse las convivencias supervisadas, se busca invariablemente, la prevalencia de ese derecho humano del menor, el de querer convivir con su padre, y dicho encuentro, como se indicó, en nada perjudica al menor, pues se realizarán en un centro de convivencias, con vigilancia policíaca, cámaras en dicho centro, aunado al hecho, que el menor, en ningún momento estará solo con su padre, pues siempre será asistido por dos expertas en la materia, quienes informarán al juez mensualmente, el desarrollo de las mismas, todo ello, en aras de preservar y observar el interés superior del menor. Finalmente, en relación con el argumento de la agraviada que el juez debió ordenar valoraciones psicológicas para determinar que sí puede convivir con su progenitor; el a quo no desatendió dicha situación, pues ordenó realizar un trabajo social a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, consistente en: "a fin de salvaguardar cualquier riesgo en la integridad del menor (.) gírese atento oficio a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a fin de que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que se reciba el comunicado correspondiente, proceda a realizar de manera inmediata por conducto de una trabajadora social y de una psicóloga, un trabajo social tipo monitoreo en el domicilio que vive y habita el menor de edad (.) junto con su progenitora Karina de Jesús Garibaldi Lara, siendo este el predio (.) extendiéndose dicho trabajo social a las personas que habitan en dicho predio; asimismo, realice el monitoreo en el centro de estudios de dicho menor, debiendo allegarse de la información relativa al referido centro educativo por conducto de la señora (.); al igual realice de manera inmediata por conducto del personal especializado para tal efecto, una entrevista a la señora Karina de Jesús Garibaldi Lara y a la pareja actual de aquella quien responde al nombre de Ricardo Arrigunaga López; (.)" Encargo cuyo resultado fue remitido por la juez al rendir su informe previo y del que se advierte, que no pudo realizarse debido a que las veces que la trabajadora social de nombre Janet Abril Sáenz Arzápalo y la psicóloga Claudia Evelin de Atocha Escalante Ek, se constituyeron al domicilio del infante, una persona del sexo femenino que ahí se encontraba refirió, que no se encontraban en ese momento, y no sabía en qué horarios se les podría localizar. Respecto a dicho trabajo social a realizar en las personas que habitan con el citado menor, así como en su centro de estudios, del informe realizado por la trabajadora social del área de prevención de riesgos se advierte, que al entrevistar a la madre del menor de nombre Karina de Jesús Garibaldi Lara, le mencionó que su hijo, en virtud de que se encontraba emocionalmente afectado, al grado de no querer salir de su habitación, incluso que recibe atención psicológica por la situación de violencia que vivió con su progenitor, había dejado de asistir a la escuela, omitiendo proporcionar el nombre y domicilio de la escuela, por tal razón, no pudo realizar el monitoreo en dicho centro de estudios. Así mismo, la entrevistada informó mantener una relación sentimental con una persona, omitiendo proporcionar su nombre, pero indicó que en dicho domicilio únicamente vivía con la nana de su hijo y su señora madre (abuela materna del menor), por tal razón, la trabajadora social, no realizó la entrevista ordenada con la pareja de la aquí quejosa. Finalmente, al preguntarle si le podrían realizar una entrevista, señaló que no proporcionaría información sobre ella y su hijo, pues sus abogados no le habían notificado nada, aunado al hecho que su hijo no estaba en esos momentos, en condiciones de ser entrevistado. Solo resta decir, que respecto de las denuncias que ambos progenitores interpusieron, se considera correcto lo alegado por el juez, que hasta la presente fecha, aún no se encuentra establecido que el tercero interesado José Carlos Reyes Vázquez, se considere una persona peligrosa para el menor, pues únicamente son manifestaciones unilaterales de la aquí quejosa, que no revelan hasta este momento, que el infante se encuentre en una situación de riesgo inminente. En las relatadas consideraciones, no está demás agregar a lo anteriormente expuesto, que el derecho de convivencia y visitas, es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano, principalmente dirigido a éste, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. Así mismo, corresponde a todos los órganos jurisdiccionales del Estado, garantizar que los derechos relacionados con la salud física y de autonomía, como los referidos a la vinculación afectiva, interacción con adultos y niños y educación no formal no se restrinjan, desconozcan o se impida su realización, por lo que deben tomar todo tipo de medidas que garanticen el interés superior del menor, como las relativas a asegurar el derecho de los niños a la convivencia y vinculación afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de la familia, como lo refiere el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ello es así, porque los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son éstos, sino las niñas y niños, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud que les permita realizarse como sujetos. Consecuentemente, las medidas judiciales que se dicten respecto del derecho de convivencia de los menores con el padre no custodio, deben garantizar que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz, porque el titular de ese derecho son precisamente los niños y no los padres o sus parientes. Sirve de orientación, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 1051, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad". Finalmente y a manera de conclusión, no debemos olvidar que los niños tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, debiendo recibir la protección y cuidados necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debiendo crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, debiendo estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad, bajo un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Ahora bien, lo anterior se alcanza con la búsqueda incesante del desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus progenitores, sobre todo, en los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, prevaleciendo en todo momento el interés superior del menor, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen las convivencias afectivas con el padre no custodio. Sirve de apoyo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio". Así como la del citado Alto Tribunal que informa: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación se niega la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor; se, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a KARINA DE JESÚS GARIBALDI LARA, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, por lo que respecta al acto que reclamó al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, consistente en el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria de divorcio número 82/2018, por los motivos expresados en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. ES COPIA FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL, MISMA QUE AUTORIZO Y FIRMO.

  3. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que para estar en aptitud de resolver el presente juicio de amparo, son necesarias diversas constancias que obran en el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente expediente, relativas al escrito signado por el tercero interesado José Carlos Reyes Vázquez, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, y exhibe diversas documentales, así como al informe de estudio social y de campo signado por la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, mismo que obra adjunto al informe previo rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. En tal virtud, se ordena extraer del incidente de suspensión relativo, copia debidamente certificada de las constancias conducentes, a fin de que resolver el presente asunto. Cúmplase.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a los autos el escrito signado por la Auxiliar Jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las mismas, en vía de alegatos, para ser relacionadas y tomadas en consideración al verificarse la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la audiencia constitucional en el presente asunto debería tener verificativo el día de hoy y toda vez que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito se encuentra legalmente imposibilitado para resolver el presente asunto, por no constituir providencia de trámite o de carácter urgente; en consecuencia, se señalan como nueva hora y fecha para su celebración LAS DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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