Karina Herrera Ramírez
Expediente 559/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Karina Herrera Ramírez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el cual remite testimonio de la ejecutoria de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 265/2021, interpuesto por la quejosa Karina Herrera Ramírez, y devuelve los autos del juicio de amparo 559/2021. ACUSE DE RECIBO En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad, vía electrónica, de conformidad con el artículo 6, del capítulo segundo, del envío de documentos electrónicos entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diez de mayo del año dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes, que dicho Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "UNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por KARINA HERRERA RAMÍREZ, contra el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Secretario del Juzgado Séptimo de distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en el juicio de amparo número 559/2021." Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto que fue desechado, de concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el que transcribe el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, dictado en el recurso de queja 265/2021, por el que acusa recibo de la misiva 22893/2021 del índice de este juzgado, al que se anexó copias certificadas de las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, así como el escrito de interposición de recurso de queja y de expresión de agravios hecho valer por la quejosa ***, contra el acuerdo de veintiuno de octubre del referido año, en que en el que se desechó de plano su demanda de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Karina Herrera Ramírez, por el que interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de octubre del actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase a los promoventes interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de su Jefe de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, y en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) todos de la Ley de Amparo; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a la autoridad señalada como responsable la interposición de dicho recurso, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y otras ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 559/2021-IV-A IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, previo a acordar sobre su admisión, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar la demanda de amparo, para verificar si en el caso a estudio existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de cuenta, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó a las autoridades que señaló como responsables, los siguientes actos: IV.- NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE A CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, Se le reclama la violación de la garantía de Audiencia y del derecho a aportar pruebas dentro de la carpeta de Investigación *** la cual fue judicializada sin darme el derecho de defensa tal y como lo consagran las garantías de seguridad jurídica establecidos en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del C. JUEZ DE CONTROL LIC. ****se le reclama la radicación de la Causa Penal 535/2021 instruida en mi contra, y sin lugar a dudas el girado de una probable orden de investigación ****no consta pedimento alguno de Judicializar la citada carpeta por lo que violentando todos mis derechos humanos fundamentales y aun sabiendo que se conculcaron en mi perjuicio las garantías de legalidad, audiencia y seguridad jurídica aun con todo se radico la causa penal de hechos que como luego se verá son falsos lo que irroga en mi perjuicio daños de difícil reparación ya que aún con la demostración de mi inocencia quedaran registrados mis datos en los libros criminales que lleva ese Juzgado de Procuración de Justicia Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." A) DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSISTENTE EN JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SIN DARLE LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y OFRECER PRUEBAS. En efecto, a criterio de quien aquí resuelve, se estima actualizada, en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso concreto, la quejosa Karina Herrera Ramírez reclama del Agente Del Ministerio Público de Matías Romero, el acto que esencialmente hizo consistir en judicializar la carpeta de investigación sin darle la oportunidad de defenderse y ofrecer pruebas. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1ºy 5º de la Ley de Amparo disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)." La disposición imperativa de la fracción XXIII, del numeral 61, transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la legislación en comento. El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, en el citado artículo 5, fracción II, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterio emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal del País, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II del numeral 5 de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, es del tenor siguiente: "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Por tanto, existe una norma constitucional que señala que procede el amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos; contrario sensu, es improcedente contra actos que no revisten el carácter de actos de autoridad, como en el caso. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: a). Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b). Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, y obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. En el caso en concreto, la parte quejosa reclama la violación a la garantía de audiencia y el derecho de aportar pruebas dentro de la carpeta de investigación 16395/FCUEL/LOMBARDO/2019 la cual fue judicializada; lo que se corrobora con el acuerdo y la cita judicial de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, signados por el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero, Oaxaca, en el que se advierte, señaló las doce horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de formulación de la imputación. Sin embargo, ese acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en términos del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público es parte en el procedimiento penal. Dicho artículo textualmente establece: "Artículo 105. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico" En efecto, una vez que el representante social judicializa la investigación, con la finalidad de poner en conocimiento a la autoridad jurisdiccional su pretensión de ejercer acción penal contra alguna persona determinada, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad -en la integración de la carpeta de investigación o investigación inicial- a parte del proceso penal. En síntesis, aun cuando el Ministerio Público sea la autoridad rectora de la fase de investigación inicial, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad que dirige el proceso es el Juez, mientras que el representante social actúa como parte; es decir, en igualdad de condiciones adjetivas que el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Es así, porque el artículo 211, fracción I, inciso, del citado ordenamiento dispone expresamente que la etapa de investigación inicial, comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. Con lo anterior se pone en evidencia, como se dijo, que si se judicializó la carpeta de investigación, con el fin de solicitar que se señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, el fiscal dejó de tener el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que con dicho acto se concluyó la etapa de investigación inicial, esto es, se cerró esta etapa procesal sin que sea posible su reapertura. Ello, con independencia de que se hubiese celebrado o no la referida audiencia, en tanto que la celebración como tal de ese acto corresponde a una etapa diversa, la de investigación complementaria, como se establece en el inciso b) de la aludida fracción I del numeral 211. Lo que incluso se robustece con lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión 669/2015, 5744/2014, 7225/2016, 7103/2016 y 2058/2017, en el sentido de que: "La etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formulará la imputación correspondiente. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. [.] Como se desprende de lo expuesto en el apartado anterior, la etapa preliminar o de investigación tiene como finalidad la acumulación de datos de prueba suficientes, a partir de los cuales pueda determinarse en un primer momento si se sujeta o no a una persona a una investigación formalizada. En esta etapa, una vez que el Ministerio Público formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el Juez de Control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. [.] Así las cosas, esta Primera Sala advierte que el procedimiento penal acusatorio y oral en nuestro país se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Además, se observa que estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras; lo que significa que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en uno de sus principios fundamentales: la continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua; es decir, debe desenvolverse sin interrupciones, de tal forma que los actos se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad -sin comprender otras- y, una vez agotada, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente; y de no hacerse así, se entiende por regla general que se ha agotado la posibilidad de solicitarlo. [.]" En ese sentido, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 5°, fracción II de la misma ley, consistente en que lo impugnado no se trata de un acto de autoridad, susceptible de ser analizado a través del juicio biinstancial, ya que al haberse judicializado la carpeta de origen y solicitado la celebración de la audiencia de formulación de imputación, concluyó la etapa de investigación inicial y, por ende, el fiscal perdió la calidad de autoridad y se convirtió en parte procesal en términos del numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.P.23 P (10a.) que sustentó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional" Así como, la tesis II.3o.P.75 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo contenido es: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia". En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto al acto reclamado al Agente del Ministerio Público, consistente a judicializar la carpeta de investigación sin darle la oportunidad de defenderse y ofrecer pruebas n términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. B) DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS AL JUEZ DE CONTROL. Ahora, respecto a los actos que la parte quejosa reclama al Juez de Control de Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, de un análisis integral de la demanda de amparo y específicamente, atendiendo a los conceptos de violación, así como a los anexos remitidos, permite determinar que los actos reclamados por la quejosa Karina Herrera Ramírez, se hacen consistir esencialmente en la radicación de la causa 535/2021, así como la citación para que comparezca a la audiencia de formulación de la imputación el próximo dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se le apercibe que de no comparecer, se girará orden de comparecencia (no así la orden de captura o aprehensión a que hace referencia). Así, en la especie, se advierte que respecto a estos actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo atinente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Como se vio con antelación, la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, donde interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, la parte quejosa esencialmente reclama: La radicación de la causa 535/2021. La citación para que comparezca a la audiencia de formulación de la imputación el próximo dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se le apercibe que de no comparecer, se girará orden de comparecencia (no así la orden de captura o aprehensión a que hace referencia). Sin embargo, tales actos reclamados no trastocan derechos sustantivos que permitan la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en virtud de que, por el momento, no causa perjuicios de imposible reparación sobre las personas o las cosas y por ello se actualiza la causa de improcedencia invocada. Ello, tomando en consideración que la radicación de una causa penal, la fijación de una audiencia inicial y la citación a la misma, por sí solos no son actos que afecten la libertad personal de la quejosa, al tratarse de, el primero, del ejercicio de la facultad de investigación constitucionalmente reconocida a la autoridad ministerial; y el resto de una simple una comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere la presencia del imputado para el desarrollo de una audiencia en la que -de ser el caso-, se formalizará la investigación que realizó el Ministerio Público, audiencia en la cual el Juez podrá o no dictar un auto de vinculación a proceso y, en su caso emitir una medida cautelar, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del impetrante, pero hasta ese momento procesal. Además, el Juez al citar a la quejosa a la audiencia fijada a petición de la representación social para comunicarle imputación inicial, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictuosos. En efecto, de conformidad con el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, y el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se haya cometido ese hecho y exista la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, el Juez de Control a solicitud de la representación social, fijará fecha para la celebración de la audiencia inicial y en su caso, podrá ordenar la citación del imputado a dicho acto procesal. Así las cosas, es deber de cualquier persona presentarse ante la autoridad judicial cuando ésta lo requiera (y precise, desde luego, las razones y fundamentos correspondientes), sin que sea óbice que aquéllos cuenten con un derecho especial para abstenerse a declarar, si ese fuera su deseo, con relación al asunto de que se trate o respecto de datos que tengan en su poder e impliquen información reservada, en virtud de que tal circunstancia es una cuestión que no atañe al citatorio respectivo, en el que únicamente se les insta para que comparezcan ante el Juez de Control, sino que tiene que ver directamente con la diligencia objeto de la citación, en cuyo desahogo bien puede hacerlo valer. Por ende, dichos actos aún no crean un perjuicio a la solicitante del amparo, debido a que como se indicó, la radicación de la causa penal; así como la solicitud para que se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial y el acuerdo en el que se indique ésta, que aquí se reclaman, constituyen una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de requerir la presencia de la impetrante para el desarrollo de una audiencia contemplada en la ley, cuya realización resulta indispensable a fin de dar continuidad al proceso penal. Además, como acontece en el caso, los actos combatidos por más que causen, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa, por sí mismos no justifican la procedencia del amparo indirecto en su contra, dado que sus efectos y consecuencias se traducen únicamente en que al haberse fijado fecha y hora para su celebración, a solicitud del Agente del Ministerio Público, la aquí quejosa deberá presentarse ante la autoridad Judicial a fin de defender sus derechos en la audiencia inicial programada dentro de la causa penal de origen. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aborda de manera precisa el tema jurídico en cuestión, perteneciente a la Décima Época, de rubro y contenido siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". También ilustra lo argumentado, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO.- De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Así, los actos reclamados, por su alcance y contenido natural, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad mencionado y a los razonamientos antes expuestos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.. DOMICILIO En virtud de que la impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia. En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. AUTORIZADO Téngase a la parte quejosa como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Trejo García, por tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Olga Pérez González. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que la notificación dirigida a las partes y que tenga que hacer de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, tendrán que realizarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de él y aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese por lista a la parte quejosa
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