Karen Celeste Jiménez Matus
Expediente 308/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Karen Celeste Jiménez Matus
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el seis de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa KAREN CELESTE JIMÉNEZ MATUS, por el que en relación a la prevención que se le formuló, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el estado procesal que actualmente guarda el incidente de cesación de pensión alimenticia 664/2001, que se tramita en su contra, del que derivan los actos reclamados, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas; en su atención, para los efectos legales a que haya lugar, téngasele desahogando la prevención de mérito. Ahora bien, tomando en cuenta que la quejosa reclama del Juez y Actuaria, adscritos al Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, literalmente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la ordenadora reclamo el auto de fecha diecisiete de mayo del 2018 y el auto de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho y todo lo actuado dentro del incidente de cesación de Pensión alimenticia 664/2001; de la ejecutora reclamo el ilegal emplazamiento de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho y subsiguientes notificaciones que por ley deberían haberme correspondido y practicadas dentro del expediente número 664/2001" (sic). Siendo que en el acuerdo dictado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó su emplazamiento a dicho incidente de cesación de pensión alimenticia; y, en el auto de veintidós de junio del actual, se determinó que no había lugar a proveer de conformidad el incidente de nulidad de emplazamiento que promovió dentro de ese incidente. En otro aspecto, toda vez que la protesta de decir verdad que realizó la quejosa en su escrito de cuenta, constituye una confesión expresa, en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el sentido de que el incidente de cesación de pensión alimenticia número 664/2001, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar en Juchitán, Oaxaca, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, esto es, no se ha dictado la resolución correspondiente, por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". Ello es así, pues, como ya se dijo, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, refirió que el incidente de cesación de pensión alimenticia tramitada en su contra y de la que derivan los actos reclamados, entre ellos, el ilegal emplazamiento a dicho incidente de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, en el que no se ha dictado la resolución correspondiente. De lo anteriormente expuesto, como ya se indicó, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que, en el caso, la quejosa se ostenta como persona extraña a juicio por equiparación, en virtud de que alega que no se le ha emplazado legalmente al juicio natural, para que tuviera oportunidad de contestar la demanda y oponer excepciones. Sin embargo, cabe destacar que el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación se pierde, si el que alega falta de emplazamiento al juicio, tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, antes de que se dicte sentencia y aunque no haya comparecido a aquél. Además, por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a la quejosa, en virtud de que antes de que se dicte resolución en el juicio seguido en su contra tuvo conocimiento del mismo (sin que se haya dictado la interlocutoria en el incidente de cesación de pensión alimenticia, como así lo informó expresamente la quejosa bajo protesta de decir verdad), toda vez que en su demanda de amparo refiere que tramitó incidente de nulidad de emplazamiento, el cual no se le admitió por los motivos expuestos en el acuerdo que el Juez responsable dictó el veintidós de junio de dos mil dieciocho. De lo que se aprecia, objetivamente, que la quejosa tuvo pleno conocimiento del incidente de cancelación de pensión alimenticia, en el cual a la fecha no se ha dictado la interlocutoria respectiva, por encontrarse en la etapa de desahogo de pruebas, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia de mérito. Se invoca en apoyo a lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189916, cuyo tenor literal es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". En el caso, no puede considerarse que la quejosa tenga el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación, en virtud de que ya se hizo sabedora de la existencia del juicio natural desde antes de que se dicte la resolución respectiva, al haberse ya apersonado a juicio, desde el momento en que promovió el incidente de nulidad del emplazamiento correspondiente. Por ende, el hecho de no tener el carácter de tercero extraño por equiparación, pues, como ya se dijo, la quejosa se hizo sabedora de la existencia del incidente con anterioridad al dictado de la resolución (la cual no se ha dictado), genera la improcedencia del juicio de amparo en virtud de que la quejosa está en posibilidad de hacer valer los recursos procedentes contra las determinaciones dictadas en el procedimiento, incluso, promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia si fuere contrario a sus intereses. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época, con número de registro 2000293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Cabe precisar que los criterios citados resultan aplicables de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de dicho ordenamiento legal, se desecha, de plano, la demanda de amparo. Notifíquese a la quejosa por lista, en cumplimiento a lo ordenado en auto inicial. IIA-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Karen Celeste Jiménez Matus, contra actos del Juez y Actuaria, ambos adscritos al Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que hace consistir en: IV.- ACTO RECLAMADO: De la ordenadora reclamo el auto de fecha diecisiete de mayo del 2018 y el auto de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho y todo lo actuado dentro del incidente de cesación de Pensión alimenticia 664/2001; de la ejecutora reclamo el ilegal emplazamiento de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho y subsiguientes notificaciones que por ley deberían haberme correspondido y practicadas dentro del expediente número 664/2001. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 308/2018. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, bajo protesta de decir verdad y dentro del plazo de cinco días, hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificada de este proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Manifieste el estado procesal que actualmente guarda el incidente de cesación de pensión alimenticia 664/2001, del que -dice- se tramita en su contra; o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido que de no desahogarse la prevención aquí formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114, Penúltimo párrafo de la ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado para oír y recibir notificaciones a Cándido Cruz Morales, toda vez que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe acreditada cédula que la autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. II-A
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