Karina Denisse Edgar Peña
Expediente 7/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Karina Denisse Edgar Peña
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen López Jiménez, en su carácter de endosatario en procuración de Karina Denisse Edgar Peña, contra actos de la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 7/2022, que le correspondió. Desechamiento. Examinada en su integridad la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad. El citado precepto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [ .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" En efecto, el acto reclamado lo hace consistir la promovente del amparo en el acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 262/2021, mediante la cual, la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, declaró improcedente el incidente no especificado de declaración de estado de insolvencia económica de la demanda. Ahora bien, en contra de dicha determinación procede el recurso de revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, por medio del cual se puede confirmar, revocar o modificar la misma, precepto que establece: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Esto es así, pues en el caso se trata de un auto emitido en la etapa de ejecución de una sentencia mercantil, y no de una resolución interlocutoria, que además tiene autonomía propia y destacada, en tanto no admite un incidente promovido por la aquí quejosa, para lograr la ejecución de la sentencia en el juicio de origen; y contra esa determinación no procede el recurso de apelación, dada la cuantía del monto reclamado (ciento treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el diverso numeral 1339 del Código de Comercio; por ello, previamente a la promoción del amparo, debe ser combatido vía recurso de revocación. Por lo tanto, al no agotar la parte agraviada previo a la promoción del juicio de amparo el medio ordinario de defensa señalado, por virtud del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto controvertido, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por analogía, la tesis XIV.2o.2 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página 615 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, de rubro y texto: "REVOCACION. JUICIOS MERCANTILES, PROCEDE EN EJECUCION DE SENTENCIA. NO APELACION. Con base en lo preceptuado por los artículos 1341 y 1334 del Código de Comercio, debe decirse, que en tratándose de juicios mercantiles que se encuentren durante el período de ejecución de sentencias, los autos que se pronuncien en él, de autonomía propia y destacada son revocables, ya que, el numeral invocado en primer término establece que son apelables las sentencias interlocutorias, si lo fueren las definitivas y, con esa misma condición, los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva o si la ley expresamente lo dispone; refiriéndose a los proveídos pronunciados antes de la sentencia, porque considerar lo contrario, nos llevaría a concluir que ningún auto de la naturaleza en comento, después de dictada la sentencia sería revocable, sino todos apelables, lo que no es posible; ya que el diverso numeral 1334, informa, que los proveídos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez o Tribunal." Así como por su información, la tesis IX.2o.C.A.7 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado En Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, que dice: "ADJUDICACIÓN DEL BIEN REMATADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE CUANTÍA MENOR. LA DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA NIEGA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. En diversos criterios jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, es necesario clasificar el tipo de resoluciones judiciales que pueden llegar a emitirse por los juzgadores, a efecto de poder determinar si éstas son susceptibles de impugnación o no y el medio ordinario de defensa legal que, en su caso, proceda. De esta manera, el Más Alto Tribunal del País ha clasificado las resoluciones judiciales de la siguiente manera: 1. Decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámite del procedimiento judicial. 2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del proceso y pueden clasificarse del siguiente modo: a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentáneamente, sujetas a una modificación o transformación en la sentencia; b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio; y, c) Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. 3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pueden clasificarse en: a) Interlocutorias: Deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia; y, b) Definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo. Así pues, la decisión del Juez de primera instancia, dentro de un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, en la etapa de ejecución, en el sentido de no adjudicar el bien sacado a remate, no constituye una sentencia interlocutoria, pues ésta no surgió de un incidente, ni versa sobre un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia, sino que se trata de un auto definitivo, ya que aquella decisión impide o paraliza la prosecución del juicio. Por tanto, es susceptible de impugnación mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio." Sin que en el caso se esté en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que refiere el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y último párrafo de la Ley de Amparo; ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibido por el artículo 22 Constitucional, tampoco de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni de orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, negativa de la libertad bajo caución o que fije los requisitos para su disfrute, de la resolución que decide el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento; como tampoco la procedencia del recurso de apelación contra el acto controvertido, queda sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle de Refugio número 1006, interior 107, Barrio de Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, así como autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Carlos Ruíz Ramírez, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la diversa persona que menciona, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o proporcione su número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Así también, con apoyo en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se le tiene proporcionando el número telefónico celular 951 2284577, únicamente como forma de contacto. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.---------------------------------------San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen López Jiménez, en su carácter de endosatario en procuración de Karina Denisse Edgar Peña, contra actos de la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 7/2022, que le correspondió. Desechamiento. Examinada en su integridad la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad. El citado precepto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [ .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" En efecto, el acto reclamado lo hace consistir la promovente del amparo en el acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 262/2021, mediante la cual, la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, declaró improcedente el incidente no especificado de declaración de estado de insolvencia económica de la demanda. Ahora bien, en contra de dicha determinación procede el recurso de revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, por medio del cual se puede confirmar, revocar o modificar la misma, precepto que establece: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Esto es así, pues en el caso se trata de un auto emitido en la etapa de ejecución de una sentencia mercantil, y no de una resolución interlocutoria, que además tiene autonomía propia y destacada, en tanto no admite un incidente promovido por la aquí quejosa, para lograr la ejecución de la sentencia en el juicio de origen; y contra esa determinación no procede el recurso de apelación, dada la cuantía del monto reclamado (ciento treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el diverso numeral 1339 del Código de Comercio; por ello, previamente a la promoción del amparo, debe ser combatido vía recurso de revocación. Por lo tanto, al no agotar la parte agraviada previo a la promoción del juicio de amparo el medio ordinario de defensa señalado, por virtud del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto controvertido, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por analogía, la tesis XIV.2o.2 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página 615 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, de rubro y texto: "REVOCACION. JUICIOS MERCANTILES, PROCEDE EN EJECUCION DE SENTENCIA. NO APELACION. Con base en lo preceptuado por los artículos 1341 y 1334 del Código de Comercio, debe decirse, que en tratándose de juicios mercantiles que se encuentren durante el período de ejecución de sentencias, los autos que se pronuncien en él, de autonomía propia y destacada son revocables, ya que, el numeral invocado en primer término establece que son apelables las sentencias interlocutorias, si lo fueren las definitivas y, con esa misma condición, los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva o si la ley expresamente lo dispone; refiriéndose a los proveídos pronunciados antes de la sentencia, porque considerar lo contrario, nos llevaría a concluir que ningún auto de la naturaleza en comento, después de dictada la sentencia sería revocable, sino todos apelables, lo que no es posible; ya que el diverso numeral 1334, informa, que los proveídos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez o Tribunal." Así como por su información, la tesis IX.2o.C.A.7 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado En Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, que dice: "ADJUDICACIÓN DEL BIEN REMATADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE CUANTÍA MENOR. LA DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA NIEGA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. En diversos criterios jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, es necesario clasificar el tipo de resoluciones judiciales que pueden llegar a emitirse por los juzgadores, a efecto de poder determinar si éstas son susceptibles de impugnación o no y el medio ordinario de defensa legal que, en su caso, proceda. De esta manera, el Más Alto Tribunal del País ha clasificado las resoluciones judiciales de la siguiente manera: 1. Decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámite del procedimiento judicial. 2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del proceso y pueden clasificarse del siguiente modo: a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentáneamente, sujetas a una modificación o transformación en la sentencia; b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio; y, c) Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. 3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pueden clasificarse en: a) Interlocutorias: Deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia; y, b) Definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo. Así pues, la decisión del Juez de primera instancia, dentro de un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, en la etapa de ejecución, en el sentido de no adjudicar el bien sacado a remate, no constituye una sentencia interlocutoria, pues ésta no surgió de un incidente, ni versa sobre un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia, sino que se trata de un auto definitivo, ya que aquella decisión impide o paraliza la prosecución del juicio. Por tanto, es susceptible de impugnación mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio." Sin que en el caso se esté en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que refiere el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y último párrafo de la Ley de Amparo; ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibido por el artículo 22 Constitucional, tampoco de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni de orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, negativa de la libertad bajo caución o que fije los requisitos para su disfrute, de la resolución que decide el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento; como tampoco la procedencia del recurso de apelación contra el acto controvertido, queda sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle de Refugio número 1006, interior 107, Barrio de Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, así como autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Carlos Ruíz Ramírez, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la diversa persona que menciona, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o proporcione su número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Así también, con apoyo en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se le tiene proporcionando el número telefónico celular 951 2284577, únicamente como forma de contacto. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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