Karina Contreras Cerrillo
Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Karina Contreras Cerrillo
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Karina Contreras Cerrillo, contra actos del Juez del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Primero Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca; antes (Juzgado Primero de lo Civil), con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y otra autoridad; con registro de este Juzgado 930/2021. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo. En efecto, pues en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme al último precepto en cita, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo, facultando a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa transgresión; condición que no se satisface en el escrito que se provee. Lo anterior, en la medida que del análisis del escrito de cuenta, se advierte la misma no fue presentada en los términos a que se contrae el artículo 3, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 3. (.) . Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. ." Ello es así, pues conforme al documento que se analiza, se advierte no contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica mediante la cual se envió la demanda de amparo, y que a su vez produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Al caso, conviene tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 72 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Atento a dichos preceptos, se evidencia que para la presentación de demandas de amparo, a excepción de las que sean en términos del artículo 15, de la Ley de Amparo, las partes deberán ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de su firma electrónica, y que una vez enviada la demanda, se generará un acuse, el cual, en su parte final tendrá la evidencia criptográfica de dicha firma. En ese sentido, si los actos reclamados en la presente instancia constitucional se tratan de: "A).- De la autoridad que señalo como responsable desde ahora el I). - C. Juez del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Primero Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca; antes (Juzgado Primero de lo Civil), le reclamo la resolución de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente número 209/2005 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Primero Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca; antes (Juzgado Primero de lo Civil), que resuelve el RECURSO DE REVOCACION interpuesto por mi abogado patrono Licenciado en Derecho Hilario Silván Arias con su escrito de fecha cuatro y presentado el cinco de marzo de dos mil diecinueve, según folio 0364/2019 asignado por la Oficialía de Partes del Juzgado de Origen, en contra del auto de fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, esto a pesar de que por auto de fecha veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, esto en razón de ser violatoria de los artículos 1077, 1335 y demás aplicables del Código de Comercio cuya Reforma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintiséis de enero de dos mil cinco y como consecuencia la violación a los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 constitucionales en relación estrecha con mis derechos humanos protegidos por los numerales 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que subyacen en el artículo 1º constitucional cuya Reforma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación los días seis y diez de junio de dos mil once. B).- Las violaciones al derecho humano de petición, el derecho humano al debido proceso, el derecho humano a la seguridad jurídica, el derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva y a una administración e impartición de justicia pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita tal y como lo establecen los artículo 1º, 8º, 14, 16 y 17 constitucionales en estrecha concordancia con los numerales 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de la que México es parte , toda vez que la actuación Jurisdiccional no se ajusta al "breve término" que refiere el artículo 8º constitucional y al "plazo razonable" que refieren los numerales 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que subyacen en el artículo 1º constitucional cuya Reforma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación los días seis y diez de junio de dos mil once, afectados por la ilegalidad de la resolución de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente número 209/2005 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Primero Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca; antes (Juzgado Primero de lo Civil), como acto reclamado en el inciso A) anterior, esto por ser violatoria de los artículos 1077, 1335 y demás aplicables del Código de Comercio cuya Reforma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiséis de enero de dos mil cinco. C).- Derivado de lo reclamado en los incisos A) y B) inmediatos anteriores se le reclama a la autoridad responsable la reparación de los daños e indemnización de los perjuicios ocasionados y que se sigan ocasionando, dadas las violaciones que me agravian por la ilegalidad de la resolución de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente número 209/2005 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Primero Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca; antes (Juzgado Primero de lo Civil), tal y como los hago consistir en los actos reclamados mencionados en los incisos A) y B), inmediatos anteriores; en los antecedentes de los conceptos de violación; en los propios conceptos de violación y en los agravios que hago valer en los capítulos respectivos de este escrito de petición de garantías, lo cual me ocasiona daños por la pérdida o menoscabo por no permitir el juzgador con argumentos antijurídicos la conclusión del proceso de ejecución de sentencia y obstaculizar la venta del inmueble embargado en autos o su fincamiento en la audiencia de remate y adjudicación, en virtud de que dejo de percibir las ganancias lícitas que obtendríamos por la VENTA del bien inmueble embargado en los autos del Juicio principal y ordenado en la sentencia ejecutoriada y hacer efectivo el crédito en mi favor como Endosatario en Propiedad, tomando como base para ello el valor actualizado y determinado por el Perito Tercero en Discordia en la emisión de su dictamen 303/2019 de fecha diez de febrero del año dos mil diecinueve y determinado en la cantidad de $ 16´460,101.00 (Dieciséis millones cuatrocientos sesenta mil ciento un pesos 00/100 MN); como base de cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados a la suscrita, hoy quejosa, por la autoridad responsable en la ilegal resolución de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, y que hago valer en los incisos A) y B) inmediatos anteriores, dadas las violaciones a los derechos humanos al debido proceso de ejecución, a la legalidad y seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva derivados de la falta de una justicia pronta, expedita, imparcial, completa y gratuita propias de una eficiente administración de justicia que en la especie se carece y que obstaculiza la Ejecución de la Sentencia en violación a la Institución de la cosa juzgada, toda vez que el dictamen antes mencionado se encuentra agregado en los autos del juicio principal. II).- De la autoridad que señalo como autoridad responsable desde ahora el Organismo denominado "De la Visitaduría General" como Órgano de Control Interno del Consejo de la Judicatura y Adscrito a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, (Artículos 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca), le reclamo: A).- Le reclamo la OMISION por la falta de observancia a los artículos; 70 fracción I, 71 párrafo primero, 72 fracciones I, II, IV, V; 73, 74 fracciones I, VII y VIII y demás aplicables de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, derivado de la ilegalidad en que incurre la autoridad responsable del juicio principal y señalada en el punto 1) del capítulo TERCERO de las autoridades responsables, toda vez que "De la Visitaduría General" no ejerce sus facultades en tiempo y forma respecto de la vigilancia, supervisión y disciplina del juzgado principal y bajo su jurisdicción, tal y como lo mandata la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, pues el juzgador principal no atiende lo preceptuado por los artículos 1077 y 1335 de la ley mercantil aplicable, sin que se lleven a cabo acciones para evitar una deficiente administración de justicia en el Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente número 209/2005 del índice del Juzgado de Origen, toda vez que no cumple con sus funciones de vigilancia, supervisión y disciplina de dicho juzgado, así como que es el encargado de velar que la administración de justicia sea pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita toda vez que la Visitaduría General debe vigilar el correcto funcionamiento del Juzgado Principal como órgano jurisdiccional rector del procedimiento que nos ocupa y bajo su responsabilidad, sin remediar omisiones y defectos que puedan embarazar el presente proceso jurisdiccional e informar y poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca de las irregularidades que sean de su conocimiento, toda vez que es una práctica estructural por cotidiana de la autoridad responsable señalada en el punto 1) del capítulo TERCERO; como autoridad responsable de impartir justicia deficiente como lo señalo en los actos reclamados narrados en los incisos A), B) y C) del punto I) del capítulo CUARTO, aunado a lo anterior es preciso señalar a usted C. Juez de Distrito que aunque se solventaran las violaciones al derecho humano de petición, del debido proceso, de la legalidad y seguridad jurídica de la tutela judicial efectiva que inciden en la deficiente impartición de justicia provocado por la interposición del presente juicio de garantías, con lo que se corre el riesgo que con posterioridad al cumplimiento de los señalamientos que se le hagan a tales autoridades responsables, tenemos el fundado temor de que se continúe con la práctica cotidiana de obstaculizar la ejecución de la sentencia dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente 209/2005 del índice de la responsable, por tal razón es que se hace efectivo el motivo fundado que sea indispensable dadas las funciones antes mencionadas para que "De la Visitaduría General" como Órgano de Control Interno del Consejo de la Judicatura y Adscrito a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, tome las medidas necesarias para evitar las violaciones cometidas en mi perjuicio, por su inferior y es por ello que se hace indispensable que tome conocimiento de tales violaciones que se dan en la deficiente administración e impartición de justicia en el juzgado a cargo de la responsable en lo principal." Actos que no se comprenden en las hipótesis a que se refiere el ordinal 15 de la Ley de Amparo, y siendo que la demanda de amparo carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de quien la remitió, como así lo prevé el numeral 76 previamente transcrito, luego entonces, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, pues no existe certeza de que la misma haya sido enviada por la parte a quien afecte el acto hoy reclamado, es decir, no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79, Libro 65, Abril de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Toda vez que la solicitante del amparo señaló los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones; por tanto se ordena que las notificaciones de carácter personal, se le realicen por medio de la lista de acuerdos que se publica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en el lugar de fácil acceso que designó la Administración Regional del edificio que ocupa este Órgano Jurisdiccional. Asimismo, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hilarión Silvan Arias, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Baldomero Contreras Mendoza, sin gozar de las demás facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, o proporcione los datos correspondientes. Por otra parte, no ha lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico, toda vez que el nombre de usuario que proporciona Baldomero Contreras Mendoza; no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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