Karina de los Ángeles Santini Ortiz
Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2022
Partes del expediente
- Karina de los Ángeles Santini Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que Karina de los Ángeles Santini Ortiz, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de doce de mayo de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del diecisiete al treinta de esos mismos mes y año, con exclusión de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles (sábados y domingos), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO; EL PROVEÍDO A NOTIFICAR ES DEL TENOR SIGUIENTE: Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que Karina de los Ángeles Santini Ortiz, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de doce de mayo de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del diecisiete al treinta de esos mismos mes y año, con exclusión de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles (sábados y domingos), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio S.A./2012/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto que reclama el quejoso consistente en la negativa de dar entrada al escrito de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 829/2015, toda vez que mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, se acordó la promoción de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, misma que en su parte conducente se ordenó notificar al promovente por estrados, razón por la cual, solicita el sobreseimiento de este juicio de amparo. Como justificación a su informe, remite copia certificada del acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno y oficio J.E.1. 687/2021, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Por su parte, el numeral 64 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicara de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que no existe el acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado vía electrónica el veintiséis de abril de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Karina de los Ángeles Santini Ortiz, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le atribuyó la negativa de dar entrada al escrito de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 829/2015. Por su parte, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, en su informe justificado mencionó que no era cierro el acto reclamado, ya que por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, acordó la promoción del quejoso de veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Y, para corroborar su dicho, remitió copia certificada del acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno y el oficio J.E.1. 687/2021, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deducidos del juicio laboral 829/2015, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se advierte lo siguiente: 1. En proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, ordenó agregar a los autos el escrito de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, signado por Milton Alejandro Pech Juárez, en el que solicitó que en atención al embargo realizado el once de diciembre de dos mil veinte, se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en auxilio de sus funciones señalara todas las cuentas bancarias a nombre de la empresa moral Centro de Estudios Superiores para la reforma S.C., Héctor Barrera Villanil y Angélica Notario Hernández, hasta por la cantidad de $658,216.40 (seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos dieciséis pesos 40/100, moneda nacional), y dicha cantidad se pusiera a disposición del presidente ejecutor a favor de la trabajadora Karina de los Ángeles Santini Ortiz, así como prevenir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con las medidas de apremio que establece la Ley Federal del Trabajo, conforme a los numerales 731, 803, 685, 688, 940 y 945; y 142 de Instituciones de Crédito. En esos términos, ordenó remitir oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en auxilio de sus funciones retuviera y bloqueara cualquier cuenta bancaria a nombre del demandado Centro de Estudios Superiores para la reforma S.C., Héctor Barrera Villanil y Angélica Notario Hernández, hasta por la cantidad de $658,216.40 (seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos dieciséis pesos 40/100, moneda nacional), y dicha cantidad retenida se pusiera a favor de Karina de los Ángeles Santini Ortiz. 2. Mediante oficio J.E.1. 687/2021, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que retuviera y bloqueara cualquier cuenta bancaria a nombre del demandado Centro de Estudios Superiores para la reforma S.C., Héctor Barrera Villanil y Angélica Notario Hernández, hasta por la cantidad de $658,216.40 (seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos dieciséis pesos 40/100, moneda nacional), y dicha cantidad retenida se pusiera a favor de Karina de los Ángeles Santini Ortiz, lo hiciera del conocimiento del presidente ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para efecto de dar cumplimiento al laudo; con el apercibimiento que debía dar cumplimiento a lo anterior en un término de tres días contados a partir de la recepción del oficio, y de no hacerlo así, se haría acreedora a una medida de apremio de conformidad con el artículo 731 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaró reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De lo expuesto, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, el acto que por esta vía se combate (negativa de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de dar entrada al escrito de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, signado por Milton Alejandro Pech Juárez), no existía, dado que desde el tres de agosto de dos mil veintiuno, se acordó tal escrito y se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que retuviera y bloqueara cualquier cuenta bancaria a nombre de los demandados Centro de Estudios Superiores para la reforma S.C., Héctor Barrera Villanil y Angélica Notario Hernández. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias de autos se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.16o.T.7 K (10a), del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. No se soslaya que en auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito se reservó el emplazamiento de los terceros interesados Centro de Estudios Superior para la Reforma; Héctor Barrera Villamil y Angélica Notario Hernández, una vez que se recibieran los informes justificados, sin embargo, dado el sobreseimiento decretado en este asunto, resulta innecesario ordenar su emplazamiento a juicio, por no ocasionarles perjuicio alguno esta determinación. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y PARA DARLE LA INTERVENCIÓN QUE LE CORRESPONDE EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Karina de los Ángeles Santini Ortiz, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 242/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DE LA PROMOVENTE. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter con el que se ostenta, pues exhibió el auto de once de marzo de dos mil dieciséis, emitido en el expediente laboral 829/2015, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, del que se advierte que es representante de la parte actora Karina de los Ángeles Santini Ortiz. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Karina de los Ángeles Santini Ortiz, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se les pide dicho informe. En el entendido que el acto reclamado es la negativa de darle entrada al escrito de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 829/2015. Por tanto, la autoridad responsable deberá informar expresamente si es cierto o no el acto reclamado que de manera específica le atribuye el quejoso, en su caso, hacer las aclaraciones o precisiones que considere pertinentes, pues el silencio sobre algún punto del acto reclamado, equivale a una omisión, lo que dará lugar, salvo prueba en contrario, a presumir cierto el acto reclamado de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Centro de Estudios Superior para la Reforma; Héctor Barrera Villamil; Angélica Notario Hernández; sin embargo, se reserva el emplazamiento de la misma, hasta en tanto, se reciban los informes justificados solicitados, en donde se proveerá lo conducente a su emplazamiento. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. La documental consistente en el escrito de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, dirigido a la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. 2. La documental consistente en copia del acuerdo de once de marzo del dos mil dieciséis, dictado en el expediente 829/2015, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. 3. La Instrumental de Actuaciones. 4. La presuncional en su doble aspecto legal y humana. Documentales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuando a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Miguel de la Madrid, número 69, Colonia Miguel de la Madrid, entre calle Javier Mina y calle Albatros, Ciudad del Carmen, Campeche, por así haberlo solicitado. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Ahora, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con el promovente Milton Alejandro Pech Juárez al correo electrónico miltonpech@hotmail.com. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el apoderado del quejoso, se tienen por autorizados para todos los efectos legales, esto es, en los términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Jonathan del Jesús Pech Juárez, Yuliana Pech Juárez y Estefani Ethel Montiel Almazan. Lo anterior, en razón de que el promovente al tener el carácter de apoderado del quejoso y no estar limitado en su encargo, para representar al agraviado ante cualquier autoridad, tiene plena facultad para autorizar a un tercero en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita el promovente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio de amparo, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "Milton Pech". AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
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