Karen Ellean Dominguez Galvan
Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/03/2023
Partes del expediente
- Karen Ellean Dominguez Galvan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del dos al quince de marzo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días cuatro, cinco, once y doce de marzo del año en curso, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo resolvió y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio **** de la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, mediante el cual, cumple el requerimiento dictado en auto de nueve de febrero del presente año. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento, y al efecto remite copias certificadas del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual notificó a las partes, mediante boletín electrónico de la oficina auxiliar, el laudo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente laboral ****. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, ****, mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: a) De la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, le reclamó la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo, en los autos del expediente laboral ****. b) Al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, le reclamó la negativa de llevar a cabo las notificaciones ordenadas por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad. De lo anterior, es menester precisar que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, derivado de la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción de notificar a las autoridades señaladas con antelación, se tuvo como autoridades sustitutas a la Presidenta de la Junta Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, así como al Actuario de su adscripción. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, ya que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós se dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen ****. Para acreditar lo anterior, remitió copias certificadas del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente laboral ****, así como del boletín de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, notificó a las partes el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, si el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la quejosa ****, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos (ahora Cuarenta y Ocho) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien le reclamó la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral ****. Y, de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte de forma clara y manifiesta que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós se dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral ****. Por tanto, resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la negativa reclamada a la autoridad, no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral ****, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado al Actuario de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos (ahora Cuarenta y Ocho) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la negativa de llevar a cabo las notificaciones ordenadas por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos (ahora Cuarenta y Ocho) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión ****, ****, ****, **** y ****, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Francisco Campeche, Campeche, se advierte que mediante boletín de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se notificó a las partes el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral ****, por tal motivo, al haberse notificado el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; cuya falta de notificación constituía uno de los actos aquí reclamados; resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VES QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 994/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio **** de la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, mediante el cual, cumple el requerimiento dictado en auto de nueve de febrero del presente año. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento, y al efecto remite copias certificadas del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual notificó a las partes, mediante boletín electrónico de la oficina auxiliar, el laudo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente laboral ****. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, ****, mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: a) De la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, le reclamó la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo, en los autos del expediente laboral ****. b) Al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, le reclamó la negativa de llevar a cabo las notificaciones ordenadas por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad. De lo anterior, es menester precisar que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, derivado de la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción de notificar a las autoridades señaladas con antelación, se tuvo como autoridades sustitutas a la Presidenta de la Junta Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, así como al Actuario de su adscripción. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, ya que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós se dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen ****. Para acreditar lo anterior, remitió copias certificadas del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente laboral ****, así como del boletín de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, notificó a las partes el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, si el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la quejosa ****, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos (ahora Cuarenta y Ocho) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien le reclamó la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral ****. Y, de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte de forma clara y manifiesta que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós se dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral ****. Por tanto, resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la negativa reclamada a la autoridad, no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la negativa de proveer lo necesario para el dictado de la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral ****, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado al Actuario de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos (ahora Cuarenta y Ocho) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la negativa de llevar a cabo las notificaciones ordenadas por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos (ahora Cuarenta y Ocho) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión ****, ****, ****, **** y ****, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Francisco Campeche, Campeche, se advierte que mediante boletín de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se notificó a las partes el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral ****, por tal motivo, al haberse notificado el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; cuya falta de notificación constituía uno de los actos aquí reclamados; resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran programadas las nueve horas con diez minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, asimismo, se encuentra transcurriendo el término otorgado a la referida autoridad para efectos de que informe a este juzgado si ya fue notificado el laudo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y en su caso remita las constancias conducentes, o bien la razón actuarial en caso de imposibilidad, el acuerdo que recayó al respecto y su notificación a la parte actora. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Fecha que se fija atendiendo a las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito y porque cuenta con una plantilla limitada de personal para la tramitación de los asuntos. Notifíquese por lista a las partes.
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