Karina de los Ángeles Santini Ortiz

Expediente 306/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
306/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Karina de los Ángeles Santini Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintidós de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, toda vez que se encontraban suspendidos los plazos y términos desde el dieciocho de marzo del presente año; procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, levantar dicha suspensión y reanudar los plazos en el punto en que quedaron pausados, continuando el trámite sin restricción alguna. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito, ambos con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, no han dado cumplimiento total a la ejecutoria dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles nuevamente, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de este auto, informen si se llevaron a cabo las pruebas confesional e inspección ocular señaladas para el veinte y veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y la testimonial señalada para el veinticuatro de septiembre del año en curso, y de no haberse desahogado dichas pruebas, informen la nueva fecha señalada para tal efecto, en la inteligencia que deberán también remitir las constancias de notificación a la parte actora y demandada, así como a los terceros interesados (absolventes, testigos, peritos y autoridades auxiliares). Apercibidos que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, se les impondrá una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, cuyo resultado eventualmente sería la separación de las responsables en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en la nueva legislación de la materia, siempre y cuando este juzgado califique que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el telegrama y oficio remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, con los que en atención al requerimiento de diez de septiembre de dos mil veinte, remite copia certificada de la constancia de emplazamiento del codemandado físico ********************, al juicio laboral********************. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por ********************, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se especifican: ACTOS RECLAMADOS: La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del procedimiento laboral********************. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2. Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................... I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las constancias que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante oficios S**************** de veintinueve de julio y treinta de septiembre, ambos de dos mil veinte, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierten los emplazamientos de los demandados ******************** ********************, al juicio laboral********************. De lo anterior, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo puede considerarse que, existían los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, lo cierto es, que durante la sustanciación de este juicio, se realizó el emplazamiento de los demandados al juicio laboral de origen, circunstancia que produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada, borrando sus efectos, en forma inmediata, total e incondicional, y reanudando las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, la justiciable no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. .......................................................................... Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se tiene debidamente notificada a la parte quejosa el acuerdo de veintidós de octubre del año en curso cuya síntesis dice: San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el telegrama y oficio remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, con los que en atención al requerimiento de diez de septiembre de dos mil veinte, remite copia certificada de la constancia de emplazamiento del codemandado físico ********************, al juicio laboral********************. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por ********************, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se especifican: ACTOS RECLAMADOS: La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del procedimiento laboral********************. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2. Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................... I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las constancias que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante oficios S**************** de veintinueve de julio y treinta de septiembre, ambos de dos mil veinte, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierten los emplazamientos de los demandados ******************** ********************, al juicio laboral********************. De lo anterior, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo puede considerarse que, existían los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, lo cierto es, que durante la sustanciación de este juicio, se realizó el emplazamiento de los demandados al juicio laboral de origen, circunstancia que produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada, borrando sus efectos, en forma inmediata, total e incondicional, y reanudando las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, la justiciable no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. .......................................................................... Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

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