Karina de los Ángeles Santini Ortiz
Expediente 212/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Karina de los Ángeles Santini Ortiz
Actuaciones
- Principal
días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se sobreseyó en el presente juicio de amparo y éste carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, 1 "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" (.) contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, agréguense sin mayor proveído a estos autos los telegramas y oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, por los que remiten constancias relativas a la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada en autos del juicio laboral de origen; sin que haya lugar de hacer manifestación alguna, toda vez que ha causado ejecutoria el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Se tienen por recibidos y se agregan a los autos los oficios y anexos, signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de dicha junta, ambos con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, con los cuales rinden sus informes justificados y remiten diversas documentales. Con fundamento en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tienen como pruebas de las aludidas responsables, las documentales que adjuntó la Presidente de la Junta, para apoyar su informe justificado, las cuales se tomarán en consideración como corresponda. Por otra parte, visto el estado que guardan estos autos, se advierte del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Karina de los Ángeles Santini Ortiz, que el ejercicio de la acción constitucional se realizó, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO: La omisión de dictar el auto de requerimiento de pago o embargo, en contra de las demandadas por el monto total de las cantidades cuantificadas en el laudo condenatorio, emitido dentro de los autos del expediente laboral *****, pese a las peticiones presentadas por la parte quejosa el veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve y notificar a la parte actora dicha determinación. AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. En el presente caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. II. Argumentos del sobreseimiento. De las constancias que remitió la Presidente de la Junta laboral responsable, por sí y en representación del cuerpo colegiado, con los oficios *****************, por los que rinden informes justificados, que en este acto se agregan y a las cuales se les conceden valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, aparece que: Ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, se tramita el juicio reclamatorio *****, donde la quejosa es parte actora. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad del trabajo se pronunció sobre las peticiones realizadas por la parte quejosa mediante escritos de veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y dictó el auto requerimiento de pago o embargo en contra de las ahí demandadas. En cumplimiento a lo anterior, el fedatario comisionado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, realizó la diligencia de notificación a la parte actora. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen los lineamientos citados con antelación, ya que para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos de los actos reclamados, es necesario que: a) El acto reclamado haya quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que se promovió el juicio de amparo, la omisión de las responsables existía, también lo es que, al haberse dictado el auto de requerimiento de pago o embargo en el procedimiento laboral de origen, a través del acuerdo de veintiocho de febrero de la presente anualidad, atendiendo a los escritos presentados por la quejosa el veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, esto es, durante la sustanciación del juicio de amparo, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de las omisiones reclamadas. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que al proveer las peticiones de la parte quejosa y dictarse el auto de requerimiento de pago o embargo en el juicio reclamatorio laboral ******, haciéndolo del conocimiento de la ahí actora, se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la omisión reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al ser emitido el mandamiento de ejecución respectivo y comunicarlo a la parte vencedora, esa circunstancia trae como consecuencia que se le reponga en el goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados con la omisión reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada; por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. III. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Se tienen por recibidos y se agregan a los autos los oficios y anexos, signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de dicha junta, ambos con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, con los cuales rinden sus informes justificados y remiten diversas documentales. Con fundamento en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tienen como pruebas de las aludidas responsables, las documentales que adjuntó la Presidente de la Junta, para apoyar su informe justificado, las cuales se tomarán en consideración como corresponda. Por otra parte, visto el estado que guardan estos autos, se advierte del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Karina de los Ángeles Santini Ortiz, que el ejercicio de la acción constitucional se realizó, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO: La omisión de dictar el auto de requerimiento de pago o embargo, en contra de las demandadas por el monto total de las cantidades cuantificadas en el laudo condenatorio, emitido dentro de los autos del expediente laboral *****, pese a las peticiones presentadas por la parte quejosa el veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve y notificar a la parte actora dicha determinación. AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. En el presente caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. II. Argumentos del sobreseimiento. De las constancias que remitió la Presidente de la Junta laboral responsable, por sí y en representación del cuerpo colegiado, con los oficios *****************, por los que rinden informes justificados, que en este acto se agregan y a las cuales se les conceden valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, aparece que: Ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, se tramita el juicio reclamatorio *****, donde la quejosa es parte actora. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad del trabajo se pronunció sobre las peticiones realizadas por la parte quejosa mediante escritos de veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y dictó el auto requerimiento de pago o embargo en contra de las ahí demandadas. En cumplimiento a lo anterior, el fedatario comisionado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, realizó la diligencia de notificación a la parte actora. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen los lineamientos citados con antelación, ya que para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos de los actos reclamados, es necesario que: a) El acto reclamado haya quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que se promovió el juicio de amparo, la omisión de las responsables existía, también lo es que, al haberse dictado el auto de requerimiento de pago o embargo en el procedimiento laboral de origen, a través del acuerdo de veintiocho de febrero de la presente anualidad, atendiendo a los escritos presentados por la quejosa el veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, esto es, durante la sustanciación del juicio de amparo, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de las omisiones reclamadas. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que al proveer las peticiones de la parte quejosa y dictarse el auto de requerimiento de pago o embargo en el juicio reclamatorio laboral ******, haciéndolo del conocimiento de la ahí actora, se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la omisión reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al ser emitido el mandamiento de ejecución respectivo y comunicarlo a la parte vencedora, esa circunstancia trae como consecuencia que se le reponga en el goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados con la omisión reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada; por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. III. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, uno de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este Juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Para dar continuidad a este asunto, resulta procedente señalar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual será firmada por el juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito, sin acudir físicamente a dicho acto. En otro orden, como de autos se advierte que las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y su Presidente, ambos con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, no rindieron sus informes justificados solicitados, dentro del término legal, no obstante de que consta en este expediente que se encuentran debidamente notificadas que debía hacerlo, lo que se advierte de los acuses de recepción de los oficios 3476 y 3477, mediante los cuales se les requirió dicho informe, lo cual trae como consecuencia legal que el acto que se les reclama se tenga como presuntamente cierto, en términos del artículo 117 de la ley de la materia. En consecuencia, toda vez que no obran las constancias necesarias para integrar y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término improrrogable de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de que sean notificadas del presente proveído, remitan copias autorizadas, legibles y completas del laudo dictado en el juicio laboral 829/2015 de su índice y posteriores actuaciones ahí realizadas, hasta la presente fecha. Se reitera a las aludidas autoridades que de no remitir las constancias respectivas, se hará efectivo el apercibimiento decretado por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, esto es, se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización cuantificables al momento de la infracción, de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con lo establecido por el artículo 260, fracción II de la ley de la materia. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Notifíquese.
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