Karina Campos Cisneros

Expediente 462/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
462/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Karina Campos Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, Capítulo Sexto relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no se considera de relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el antepenúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación."

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. ".Visto el escrito de demanda de amparo presentado por. contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 462/2023-II-A. En ese sentido, por cuanto al Secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, se actualiza en el presente juicio la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que es autoridad responsable en el juicio de amparo, el órgano estatal, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En ese contexto, en lo que respecta al secretario de acuerdos adscrito al juzgado responsable, es importante destacar que de conformidad al precepto 103, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, tiene como función entre otras, de autorizar las resoluciones que dicten los jueces, así como notificar dichas determinaciones; por lo que es evidente que no es autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además del Juez, por él, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos y, por ende, la responsabilidad de lo acordado en el procedimiento es del titular del órgano jurisdiccional, por ser quien los dicta, de ahí que la demanda en estudio resulte improcedente respecto del secretario de acuerdos, al no poseer el carácter de autoridades para efectos del amparo. Del análisis de los preceptos transcritos el suscrito llega a la conclusión de que en el caso concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por un tribunal judicial, como lo es la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, con lo cual se cumple con la primera exigencia relacionada. El segundo de los requisitos consistente en que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, también se presenta si se toma en consideración el contenido de los artículos 509 y 510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, los cuales disponen la procedencia de un medio ordinario de defensa que puede hacer valer, como lo es el recurso de apelación. La tercera hipótesis en estudio también se actualiza en la especie, pues el recurso de apelación es procedente contra actos dictados en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, en este caso, la resolución del incidente de nulidad de emplazamiento. La última de las hipótesis de igual forma se actualiza, en virtud de que el auto que constituye el acto reclamado en este juicio puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del recurso de apelación, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, en el caso que nos ocupa, que se revoque o modifique la resolución recurrida. Por tanto, como el acto reclamado se traduce en una actuación contra la cual no se agotó el recurso de apelación previsto en el artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz (aplicable al juicio de origen), se está en el supuesto de inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Por lo cual, la quejosa, en su calidad de parte de la controversia civil, estuvo en posibilidad de hacer valer previamente conforme a los artículos 509 y 510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, el recurso de apelación. Lo anterior es así, pues se trata de una resolución que puede ser revocada por el Juez que la dictó, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio; y toda vez que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye precisamente la resolución de treinta de junio del año en curso dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; contra dicha determinación procede el recurso de apelación, previo a la interposición del presente juicio; por lo que se itera, tal medio de defensa es idóneo y eficaz para combatirlo. De ahí, la necesidad de que la quejosa lo agotara antes de la interposición del juicio de amparo, en observancia al señalado principio. Por eso se considera que al no agotar el medio de defensa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizando con ello la hipótesis de improcedencia en cita. También se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, esto es, la parte quejosa debió agotar el mencionado principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Lo anterior dado que, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la ilegal notificación personal respecto al expediente 1222/2022 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, previo a la instauración del presente juicio de amparo, debió interponer en su contra el incidente de nulidad a que alude el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado deVeracruz. Así, se tiene que el acto que en esta vía pretende combatir la parte promovente es recurrible en la vía ordinaria, pues del numeral antes transcrito se desprende es procedente el incidente de nulidad de notificaciones contra las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo Quinto, título II (artículos 36 al 61); en tanto que el referido artículo 55, párrafo segundo, dispone que la nulidad de actuaciones deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que la promueva. La finalidad del incidente de nulidad, es constituir el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar las actuaciones relativas a las notificaciones, pues con ese medio de impugnación se da a los interesados la oportunidad de aportar las pruebas que estimen pertinentes a fin de justificar la ilegalidad o falta de cualquier notificación. Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto reclamado, la accionante debe agotar el aludido medio de impugnación en el que puede inconformarse y aducir todo aquello que considere ilegal en lo determinado por el juez responsable, previo a instar la acción constitucional, debido a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. De lo anterior, según refiere, que nunca le fue notificado el auto de inicio del expediente. toda vez que la promovente es parte en el mismo. De ahí, resulta evidente que, previo a la instauración del juicio de amparo, la quejosa debe agotar el incidente de nulidad de notificaciones que se refiere el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; lo cual, como se advierte de la demanda de amparo, sí interpuso dicho medio de impugnación, tan es así, que en párrafos que anteceden quedó asentado que, incluso, en esta instancia constitucional también se duele de la resolución del mismo; por tanto, por cuanto hace a este acto reclamado al Actuario adscrito al Juzgado de origen se está en presencia de la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con ello, de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, no se advierte que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado, al tomar en cuenta que la naturaleza del acto que se combate no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como a un acto que afecte su libertad personal. Incluso, la parte quejosa no se ostenta como tercera extraña al procedimiento puesto que del escrito inicial de demanda, no se advierte que reclame la falta de emplazamiento al juicio de origen, aunado a que, como ya se indicó, ella es parte demandada dentro del juicio natural; de igual forma manifestó que interpuso el referido incidente de nulidad de emplazamiento. De igual manera, debe indicarse que la procedencia del recurso tampoco está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En tales condiciones, es claro que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley reglamentaria, lo cual conduce a DESECHARLA de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación."

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