Karen Yanin Hernández Martínez

Expediente 535/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
535/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Karen Yanin Hernández Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "... Vista la demanda de amparo presentada por ********, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, residente en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 535/2021-V-A. A efecto de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo. El precepto transcrito autoriza a desechar de plano la demanda de amparo, cuando al examinarla se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a esas características, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda o de los documentos que se anexen; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate opera en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, además de que no puede ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, es menester destacar que la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; por ende su estudio es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente y da como resultado el sobreseimiento del juicio o el desechamiento de la demanda. Así las cosas, la quejosa combate la resolución emitida en el juicio ordinario civil 470/2021 índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, que no resolvió favorable el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno mediante el cual la autoridad admitió el medio de impugnación hecho valer y resolviendo en el sentido que debía estarse a lo acordado en primer término, es decir, que se le tuvo desahogando la vista que se le concediera mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno dentro del término y por hechas sus manifestaciones las que tomaría en cuenta en el momento procesal oportuno de ser procedentes, con fundamento en el artículo 217 del Código de Procedimientos Civiles, es incuestionable que no le causa un perjuicio en forma irreparable, sino se trata de una violación intraprocesal que afecta sólo sus derechos adjetivos, que no trasciende al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar, ya que ello dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se emita. Al efecto, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal en términos del artículo 170 de Ley de Amparo, al versar sobre aspectos de trámite, como lo es que la amparista, interpuso recurso de revocación contra el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictado el juicio ordinario civil 470/2021, en el que aduce el juez responsable únicamente admitió el desahogo de la vista que se encontraba pendiente por acordar, para después resolver el recurso de revocación en el sentido que "deberá estarse a lo acordado" y que le resulta contrario a derecho, ya que invierte el procedimiento al señalar primero fecha de audiencia de recepción de pruebas y después el desahogo de la vista. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental y el cual no lo deja sin medios de impugnación, precisamente al haber impugnado el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, es claro que si bien el Juez responsable en dicha resolución admitió el desahogo de la vista y con posterioridad resolvió el recurso de revocación en el sentido que debería estarse a lo acordado, también lo es que tal acto no afecta derechos sustantivos del peticionario de derechos humanos. Asimismo, el acto aquí reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata en todo caso, de una violación adjetiva dentro del procedimiento. Se destaca que esos aspectos relacionados con violaciones procesales, en su caso, podrá controvertirse en el amparo directo, siempre que las actuaciones practicadas en él afecte la defensa de la parte quejosa y trascienda al resultado de la sentencia, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo reclamado no deja sin defensa a la promovente por no ser de aquellos cuya ejecución deba estimarse de imposible reparación, no afecta de manera directa sus derechos sustantivos dado que el perjuicio que le pudiera ocasionar será reparado en caso de que obtenga sentencia favorable o, de ser ésta contraria a sus intereses, estará en aptitud de impugnar esas violaciones en el juicio de amparo directo que se accione en contra del aludido fallo, por así disponerlo el artículo 171 de la Ley de Amparo. Aunado que de dicho numeral se deduce que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, que dicten los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas o, durante el procedimiento, afecte la defensa de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. En cualquiera de los casos análogos a los ahí señalados cuya afectación sea meramente adjetiva. En el caso concreto, al tratarse de medios probatorios presentados durante el trámite del juicio, la parte quejosa podrá atacar la violación que refiere en términos del precepto 172, fracción III, de la Ley de Amparo (Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley). Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******* en esta ciudad, y como autorizado en términos amplios, conforme lo dispone el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ******, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo y únicamente para imponerse de autos a ******* por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios..."

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