Karina Camilo Salado
Expediente 817/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Karina Camilo Salado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA. En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 817/2023-I, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda y anexos (fojas 2 a 10); auto admisorio de once de agosto de dos mil veintitrés (fojas 11 a 16); informes justificados de las autoridades responsables (fojas 50 a 82 y 93 a 100); acuerdos que los tuvieron por recibidos (fojas 83, 84, 101 y 102) y proveído de ocho de septiembre actual (foja 89), en el que se difirió la audiencia constitucional para esta fecha. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para que surta los efectos legales. Abierto el periodo de pruebas: La secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa, y con las constancias que las autoridades responsables adjuntaron a su informe justificado. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las citadas partes, las que ofrecieron, mismas que se desahogan en razón a su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria da cuenta con los formulados por la parte quejosa; asimismo hace constar que las diversas partes no los formularon y que la Fiscal de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. La Jueza de Distrito acuerda: Con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos los alegatos de la parte quejosa y se tiene por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, se tiene por desahogada la audiencia en todas sus etapas y se dicta sentencia. V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 817/2023-I-M, promovido por Karina Camilo Salado, por derecho propio, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno el día siguiente, a este Juzgado Cuarto de Distrito, Karina Camilo Salado, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y el acto que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- la H. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, con domicilio en J R. Cabrillo Esquina con Vasco Núñez de Balboa, Edificio 22 de Agosto, Segundo y Tercer Piso, Fraccionamiento Hornos, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- EJECUTORAS.- Coordinación General de Servicios Periciales en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, con domicilio en Boulevard Vicente Guerrero sin número, Fraccionamiento Tepango, de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Así como también la Coordinación General de Servicios Periciales de Acapulco, Guerrero, con domicilio en Calle Vicente Guerrero sin número, Fraccionamiento Hornos Insurgentes, de la Ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero. IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Acapulco la omisión de nombrar perito en materia de GRAFOSCOPÍA, DOCUMENTOSCOPÍA Y CALIGRAFÍA dictada en el Expediente Laboral 01105/2019 por la mencionada Segunda Junta Local en el curso del procedimiento en el citado expediente; en relación con las autoridades ejecutoras, toda vez de que en los diversos oficios suscritos por la autoridad laboral requiriéndole el trámite institucional, previa solicitud del perito en la materia, han omitido designarlo, violando mis garantías constitucionales del debido proceso." SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de once de agosto pasado, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 817/2023-I-M; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse una omisión atribuida a autoridades laborales con sede dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de acto. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, ya que constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2 ; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la parte quejosa reclama: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda y de las constancias de las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa reclama: - La inactividad procesal en el expediente 01105/2019, consistente en no tomar las medidas necesarias y eficaces para que se designe perito en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a fin de que se desahogue la prueba pericial ofrecida por las partes en el incidente de falta de personalidad, admitida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68). Al rendir su informe justificado la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente y el Coordinador General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, en principio, negaron el acto reclamado; sin embargo, vierten diversas manifestaciones que evidencian su existencia, pues la primera reconoce que aún no se ha designado perito en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a fin de que rinda dictamen en esas materias, en virtud de la prueba pericial ofrecida por las partes dentro del incidente de falta de personalidad, admitida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Resulta aplicable, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96, Tercera Parte, julio a diciembre de 1976, página 7, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO." Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen, mismas que remitió la junta responsable, así como las diversas que allegó la ejecutora antes citada; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, con rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." De ahí que no se actualice la causa de improcedencia que invoca la autoridad ejecutora. QUINTO. Causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia que este Juzgado de Distrito observe de oficio, ni planteada por las partes, se procede al estudio del concepto de violación vertido por la parte quejosa, el que no se transcribe puesto que no existe obligación de hacerlo, tomando en cuenta que no se encuentra en la ley de la materia precepto alguno que así lo indique. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". SEXTO. Estudio de fondo. Precisado lo anterior, y al no observarse de manera oficiosa causal de improcedencia alguna, se examinará el concepto de violación vertido por la parte quejosa. Ahora bien, la impetrante formuló el concepto de violación que se precisa en su demanda de amparo, el cual se da por reproducido como si a la letra se transcribiera, en acatamiento del principio de economía procesal y a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La quejosa alega, en esencia, que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos contemplados, en lo que ocupa, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ha omitido dictar las medidas necesarias y eficaces para que se designe perito en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a fin de que se desahogue la prueba pericial ofrecida por las partes dentro del incidente de falta de personalidad, la cual se admitió en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, lo que origina una evidente dilación del procedimiento. Concepto de violación fundado, aunque para ello se supla la deficiencia conforme a los artículos 76 y 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número seiscientos diez, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página cuatrocientos noventa y seis, del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen Uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AÚN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.". En efecto, el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley Suprema, establece: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Dicho precepto pertenece al derecho de seguridad jurídica, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al laudo. También se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la Contradicción de tesis 35/2000; de rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Así, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. El treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero transitorio, se establece que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a dicha reforma, se concluirán con esa disposición. En ese sentido, tomando en cuenta que el juicio natural inició en el año de dos mil diecinueve, resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo posterior al Decreto en comento, por lo que la cita de los preceptos respectivos será de la ley señalada. Ahora bien, al delimitar el contexto de nuestro estudio únicamente al principio constitucional de impartición de justicia pronta, en virtud de la naturaleza del acto omisivo que se reclama en forma destacada, es relevante precisar que los artículos 685, primer párrafo, 771, 763 y 765, todos de la Ley Federal del Trabajo, a la letra establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso (.)" "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. (.)". "Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá." "Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley, se resolverán de plano oyendo a las partes." De los artículos transcritos, se advierte que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato y predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte; que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Asimismo, sentadas las bases constitucional y convencional de referencia, se desprende que los incidentes se sustanciarán y se resolverán de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Una vez reproducidos los normativos precedentes, y apreciado el precepto constitucional 17, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán al principio de administración de justicia pronta, cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación. De esta manera, la omisión de la autoridad de preparar y desahogar las pruebas admitidas, tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento del derecho en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, que se materializan de la misma manera. Pues bien, una vez establecida la anterior secuencia de consideraciones, tal y como se precisó al principio de este considerando, resultan fundados los argumentos de queja, por las razones de hechos siguientes. Ahora, de las constancias allegadas por la titular de la junta responsable, se advierten los antecedentes en el juicio de origen: I. Que existe un juicio laboral en el cual, es parte actora la quejosa Karina Camilo Salado, y que en el caso concreto es el juicio laboral 1105/2019, y que se encuentra instaurado en contra de la parte patronal Molino y Tortillería "Victoria" y otros. II. Correspondió conocer a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, residente en esta ciudad. III. Seguido el juicio en sus etapas, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la parte ahora hoy aquí quejosa, ratificó la audiencia celebrada el once de marzo de dos mil veinte, en la cual promovió incidente de falta de personalidad contra la parte demandada, por lo que en dicha data, la junta laboral admitió a trámite la prueba pericial en materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía ofrecidas por las partes actora y demandada, ordenando girar oficio a la Dirección General de Servicios Periciales, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para que designe experto en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a favor de la actora (foja 59). IV. En auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, el tribunal laboral tuvo a la Vicecoordinadora General de Servicios Periciales, informando que los peritos adscritos a su dependencia cuentan con sobrecarga de trabajo, toda vez que atienden las peticiones de diversos órganos jurisdiccionales y las propias de la institución, aunado a la atención que brindan de las solicitudes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado (foja 64). V. Posteriormente, en autos de dieciséis de enero, veinte de febrero y ocho de mayo, de este año, nuevamente la junta responsable ordenó girar oficios a la Dirección General de Servicios Periciales, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para que designara experto en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía (fojas 65, 69 a 70, 75 y 76), sin que a la fecha de presentación de la demanda se haya designado experto en las citadas materias. Precisado lo anterior, tenemos que del acervo probatorio allegado por la autoridad responsable ordenadora se colige que no se ha designado perito en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a fin de que se desahogue la prueba pericial ofrecida por las partes en el incidente de falta de personalidad, admitida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, pese a que ya transcurrió un tiempo excesivo desde su admisión hasta la fecha de presentación de la demanda -más de once meses- sin que se haya materializado la designación del perito en las citadas materias. Por ello, es inconcuso que la responsable no ha tomado las medidas necesarias y eficaces a efecto de que las autoridades ejecutoras designen un experto en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a fin de que se desahogue la prueba pericial ofrecida por las partes en el incidente de falta de personalidad, conducta que ha provocado la dilación del procedimiento. En ese contexto, tal como lo aduce en esencia la quejosa, la responsable ordenadora ha sido omisa, en el ámbito de sus atribuciones, en no tomar las medidas necesarias y eficaces para que se designe perito en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a fin de que se desahogue la prueba pericial ofrecida por las partes en el incidente de falta de personalidad, admitida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, siendo que con ello, retarda el procedimiento y transgrede en perjuicio de la quejosa el derecho de prontitud en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional, en virtud a que el proceso laboral sometido a su conocimiento no está siendo substanciado y decidido en los términos que señala aquella normatividad. De ahí lo fundado del concepto de violación que nos ocupa. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección de la justicia federal solicitada, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: Cumpla con la función que le encomienda la Ley Federal del Trabajo y, al efecto, lleve a cabo las medidas necesarias y eficaces para que se designe perito en las materias de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía a fin de que se desahogue la prueba pericial ofrecida por las partes dentro del incidente de falta de personalidad, la cual se admitió en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, siempre y cuando durante la secuela procesal, no se emita alguna determinación o se haya emitido, o sobrevenga alguna situación que legalmente impida su desahogo. En el entendido que de ser necesario, deberá hacer uso de los medios de apremio o correcciones disciplinarias que contempla la normativa laboral correspondiente para asegurarse de que se cumpla la encomienda. O bien, en caso de haberse ya designado experto en dichas materias, remita copia certificada de las constancias con las que así lo acredite. Tal concesión se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, atento lo establecido en la tesis jurisprudencial VI.2o. J/338, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 209878, del rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". Por otro lado, debe señalarse a la parte quejosa, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; en el sentido de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2005150 de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Por lo anterior, el presente juicio de amparo debe delimitarse al análisis del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****, contra el acto reclamado a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, residente en esta ciudad y precisado en el considerando primero y por los motivos y para los efectos plasmados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de María Chávez Valencia, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por *****, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual hace manifestaciones, en vía de alegatos, con relación a los informes justificados de las autoridades responsables y ofrece como pruebas de su parte la presuncional en su doble aspecto legal y humano, e instrumental de actuaciones. Atenta a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en calidad de alegatos, los que de ser procedentes se tomarán en cuenta al momento de resolver este sumario. Finalmente, con fundamento en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tienen como pruebas la presuncional en su doble aspecto legal y humano, e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Principal 817/2023-I-A CUENTA. El doce de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 11811, con anexos. Conste.- La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado por el Coordinador General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, con el cual rinde su informe justificado, con su contenido y documentales anexas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que indica la autoridad oficiante y por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 119 de la ley invocada, se tienen por anunciadas como pruebas de las autoridades mencionadas la documental que exhiben, la presuncional en su doble legal y humana y la instrumental de actuaciones, mismas que serán tomadas en consideración en la etapa procesal oportuna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Notifíquese Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal del sumario que nos ocupa, se advierte que en proveído de cuatro de septiembre actual, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y se puso a la vista de las partes, acorde a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Luego, tomando en cuenta que el citado proveído se notificó por lista el cinco de septiembre actual, es claro que aún no transcurre el término de ocho días que establece el invocado numeral para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese por lista a todas las partes, incluidas las autoridades responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
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