Karina Cabrera Cruz

Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Karina Cabrera Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días hábiles concedido a las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de diecisiete de abril del año en curso, para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles por SEGUNDA OCASIÓN, para que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes a la notificación de este proveído, remitan copia certificada de la documental en la que resuelvan o resolvieron la solicitud de la quejosa relativa al otorgamiento de una pensión, así como el pago de los importes generados a su favor, teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el derecho a la pensión por concubinato, prescindiendo de considerar en su determinación la circular DNPESC/DNIR/SP/SAVF/001/2020, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que contiene las "Políticas para el Registro de Probables Deudos con Fecha Posterior al Fallecimiento del Trabajador o Pensionado Directo Finado". Apercibidos que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tengan, en términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo3, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio4. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    ... PRAL. 374/2023-II Cuenta. El catorce de abril de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la demanda de amparo promovida por KARINA CABRERA CRUZ, por su propio derecho, recibida en la oficialía de partes de este juzgado federal con seis copias y sin anexo. Registrada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con el número 374/2023. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por KARINA CABRERA CRUZ, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y de otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 374/2023-II; y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación a la Jueza de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el quejoso o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XX, Septiembre de 2004, página 1361). Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso en estudio, se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, que la quejosa reclama lo siguiente: 1. La orden de citación por medios tecnológicos a la celebración de la audiencia de control judicial, programada para las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuadernillo sin antecedentes 37/2023. 2. La prueba de informe que solicitó el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, a la Comisión Bancaria y de Valores, en relación a la cuenta 606005796504, en el cuadernillo sin antecedentes 37/2023; y, 3. La notificación de quince de marzo de dos mil veintitrés, vía aplicación de whatsapp, practicada por la Notificadora del Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, dentro del cuadernillo sin antecedentes 37/2023. Precisado lo anterior, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el número 2), consistente en la prueba de informe solicitado por el juez responsable, emitido en el cuadernillo sin antecedentes 37/2023; quien aquí resuelve advierte que opera lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el último interpretado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En apoyo a lo anterior, este juzgado estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, revistiéndolo de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria; por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. En ese entendido, el agravio personal y directo debe entenderse como la lesión o afectación de los derechos de una persona, en especial a través de una resolución o determinación de carácter judicial emitida por una autoridad, y siendo que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la existencia de un agravio personal y directo que el peticionario de amparo, resienta en su esfera jurídica como consecuencia de un acto de autoridad; así tenemos, que para que proceda el juicio de amparo es un requisito sine qua non, que la quejosa resienta un agravio personal y directo a sus derechos pertenecientes a la esfera jurídica de protección constitucional. Así, el agravio que el acto reclamado cause a la quejosa debe ser actual, o que por estar en una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, ello en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes: 199-204, Primera Parte, página 135, Séptima Época de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En ese mismo sentido, el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? acto ocasiona a otra persona porque, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de amparo, como se advierte de la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen: 71, Primera Parte, página 15, Séptima Época de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En virtud de lo anterior, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en los artículos 5° fracción I y 6°, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado, al demandante de la protección ante los tribunales federales, que le otorga la facultad de exigir una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Luego, según se observa del escrito de demanda de amparo, precisamente de los actos reclamados y de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, la quejosa Karina Cabrera Cruz, donde se advierte que la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, solicitó una prueba de informe a la Comisión Bancaria y de Valores, en relación a la CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 cuenta bancaria 606005796504, la cual pertenece a Jovita Cruz Ríos, dentro del cuadernillo sin antecedentes 37/2023. Por ello, se tiene que el acto reclamado consistente en la prueba de informe que solicitó el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, a la Comisión Bancaria y de Valores, en relación a la cuenta 606005796504, en el cuadernillo sin antecedentes 37/2023, a quien le repara perjuicio, resintiendo el agravio personal y directo, lo es, Jovita Cruz Ríos, y no a la aquí quejosa Karina Cabrera Cruz. De ahí, que el actuar de la responsable no causa un agravio personal y directo en forma real y actual, que la legitime para solicitar la protección constitucional. En virtud de lo anterior, no se advierte que el acto que reclama produzca un agravio personal y directo a la parte quejosa Karina Cabrera Cruz, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar, ya que no le causa ningún perjuicio a la parte impetrante del amparo, dado que ésta no causa ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses, que tutela la propia Constitución de la República Mexicana. Por tanto, al no existir agravio personal y directo, consecuentemente, se actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° fracción I, 6° y 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en la fracción V del precepto 63 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Karina Cabrera Cruz, por cuanto hace al acto destacado con el número 2. Por otra parte, por lo que hace a los actos destacados con los arábigos 1 y 3, quien aquí resuelve, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI Contra actos consumados de un modo irreparable." Se ha interpretado en diversas tesis emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación que se está ante la presencia de actos consumados de modo irreparable, cuando éstos habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado al otorgarse la protección constitucional, como lo establece el artículo 77 del ordenamiento de la materia, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, tomando en consideración que en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama la citación y notificación a la audiencia de control judicial programada para las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en su carácter de imputada, por su probable participación en el hecho que la Ley señala como delito de fraude y lo que resulte, cometido en agravio de las víctimas Wilson Dario Cordova Vega y/o Dario Cordova Vega, la cual ya tuvo verificativo, y en la cual, estuvo presente la parte quejosa, de ahí que, es evidente que los actos reclamados quedaron consumados de modo irreparable. Cobra relevancia, lo manifestado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad: ".aún sin haber sido debidamente notificada es que conjuntamente con mi señora madre Jovita Cruz Rios quien también tiene la calidad de indiciada en la carpeta de investigación 12030310201041241019, nos presentamos a dicha audiencia de control a efecto de ejercer nuestra garantía de audiencia y tener la oportunidad de ser oídas por el juez, siendo que el día 17 diecisiete de marzo del año CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 2031, siendo las 10:58 horas, cuando dio inicio a la citada audiencia de control.". Por ello, ante lo consumado de los actos reclamados, ya no se pueden restituir las cosas al estado en que se encontraba antes de que se iniciaran. Resulta aplicable la tesis I. 3º. A. 150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 325, Tomo XIV- diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Por tanto, también, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por lo que respecta a los diversos actos señalados con los números 1 y 3, con fundamento en lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Emmanuel de la Torre Santiago, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Colín Lovera, José Martín León García, Antonio Tellez López e Israel Lechuga Pérez, por así haberlo expresado la quejosa. De igual forma, se le tiene proporcionando cuenta de correo electrónico para establecer contacto. Sin que haya lugar a tener como correo electrónico para recibir notificaciones el que proporciona, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, siempre y cuando las partes expresamente así lo soliciten y previamente hayan obtenido la firma electrónica, por lo que recibir notificaciones en su correo electrónico, no se encuentra en esos supuestos. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.... Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial.... Notifíquese personalmente a la parte quejosa....

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