Karina Ávila Díaz
Expediente 665/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karina Ávila Díaz
- Delegado en el Estado de Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de agosto de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 665/2018, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de siete de junio de dos mil dieciocho; constancia de notificación practicada a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, informa que en proveído de cuatro de julio del año en curso, se requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Subdelegado Jurídico de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, a su escrito presentado el veintiocho de mayo del año en curso; sin que hasta la presente fecha la parte quejosa hiciera alguna manifestación al respecto. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Por otra parte, toda vez que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en proveído de cuatro de julio del año en curso, sin que hiciera alguna manifestación al respecto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído en comento y continúese el trámite de este juicio de amparo únicamente por el acto reclamado de manera primigenia. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa, así como las diversas documental pública, presunciones en su doble aspecto legal y humana e instrumental Pública de actuaciones, ofrecidas por la autoridad responsable con su informe justificado. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida y desahogada, en atención a su propia y especial naturaleza, la prueba documental pública que anexó a su demanda de amparo, para ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en la cual se da cuenta con el alegato ministerial 415/2018 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de cuenta, mismos que podrán ser tomados en consideración en su oportunidad, con lo cual se concluye la fase de referencia. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 415/2018, que promovió Karina Ávila Díaz, contra actos del Delegado en el Estado de Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitido ese mismo día a este Juzgado por razón de turno, compareció Karina Ávila Díaz, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Delegado en el Estado de Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Segundo. La demanda se registró con el número de expediente 665/2018 y por auto de siete de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Mediante proveído de cuatro de julio del año en curso, se requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda en contra del auto por el cual la responsable se pronunció sobre la omisión que originalmente reclamó, sin que la parte quejosa hiciera alguna manifestación al respecto por lo que en esta propia fecha se ordenó continuar el presente trámite únicamente por el acto reclamado de manera primigenia. Una vez acontecido lo expuesto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto que le dio origen a la acción constitucional es la denegación de justicia que se atribuye a una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: ".La falta de acuerdo a mi petición de fecha 28 de mayo del año 2018, presentado por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ante la autoridad ya señalada como responsable ese propio día, tal y como acredito con el acuse de recibido por la Oficialía de Partes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Yucatán, mismo que anexo a la presente demanda." Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Subdelegado Jurídico de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, sin embargo de la lectura del mismo se advierte su existencia; por tanto, se tienen por ciertos los actos que se le reclama Cuarto. Estudio oficioso de la causa de improcedencia. Las causales de improcedencia son de orden público y su estudio preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, lo hagan valer o no las partes, por disponerlo así el artículo 62, de la ley de Amparo. Precisado esto, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La referida causal de improcedencia, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama medularmente la omisión dar respuesta a la petición hecha en el escrito de veintiocho de mayo del año en curso. Luego, de las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que por acuerdo número 149/2018, de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 15 a 18), se dio contestación al escrito de la quejosa de veintiocho de mayo del mismo año, que fue notificado a los interesados con fecha veintiocho de junio del mismo año (foja 20); determinación se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el seis de junio de dos mil dieciocho. Por tanto, al emitirse el acuerdo número 149/2018, de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio contestación al escrito presentado por la aquí quejosa el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, cesaron los efectos del acto reclamado, pues la omisión que se reclamó inicialmente quedó insubsistente, y en tal medida, no se puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas consideraciones, en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que en el caso el acto reclamado por la quejosa lo hizo consistir esencialmente en la omisión de la autoridad responsable a pronunciarse sobre lo solicitado en su escrito de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, respecto de las cuales la autoridad responsable ya se pronunció, por lo que, el acto así reclamado quedó insubsistente. Y para el caso de que la hoy quejosa, estime que la determinación emitida por la responsable no es acorde a sus pretensiones, cuenta a su alcance con los medios de impugnación ordinarios respectivos para hacerlo valer en su contra y obtener la revocación o modificación de la misma. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovió Karina Ávila Díaz, por los motivos expuestos en los considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
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