Karim Moisés Roche Cortéz

Expediente 781/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
781/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Karim Moisés Roche Cortéz

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 2389 remitido por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta en diez fojas útiles el testimonio de la resolución dictada en el toca 176/2019 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Karim Moisés Roche Cortez, en contra del proveído de siete de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, de la cual se advierte que dicha superioridad declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese recibo. Asimismo, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que por acuerdo de siete de junio del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que hasta la presente fecha no se han recibido los acuses de recibo relativos a los oficios 1732.IV y 1733.IV dirigidos a la Comisión Reguladora de Energía y Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, mediante los cuales se les notifica la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que las referidas autoridades responsables tienen su residencia fuera de la de este juzgado, requiérase vía telegráfica para que dentro del término de tres días informen a este juzgado por la misma vía la fecha en la que recibieron los oficios en comento; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Karim Moisés Roche Cortez, mediante el cual interpone el recurso de queja en contra del proveído de siete de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito al presente expediente, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 781/2019-I y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Superioridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Karim Moisés Roche Cortez, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, la cual fue presentada con once copias y sin anexos. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 781/2019-I. Ahora bien, visto el escrito de cuenta, se desecha de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio de amparo el acto reclamado consiste esencialmente en la resolución dictada por el Juez responsable el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el expedientillo 120/2019, en el que se negó requerir al Ministerio Público le proporcionara al quejoso los estados de cuenta y movimientos de las cuentas bancarias relacionadas a los imputados en la carpeta de investigación M2/1134/2014 que se tramitó en la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes adscrita a la Fiscalía General del Estado, cuya información rindió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a solicitud del denunciante, ahora quejoso. Por tanto, es evidente que respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir un acto de imposible reparación. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación. Por su parte el artículo 173 de la Ley de Amparo aplicable, apartado B, en su fracción XIX, dispone: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. (.) XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo;." Así, tenemos que cuando la materia de la resolución que se impugna versa sobre estimación de pruebas solicitadas, esto constituye una violación procesal, que por regla general no afecta derechos sustantivos, pues no privan al quejoso del derecho de defensa que en cada procedimiento jurisdiccional tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando la determinación, en la secuela únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatirla es el amparo que se promueva contra de la resolución que concluya la etapa de investigación en sentido adverso, pues a través de esa resolución que emita la autoridad que conozca del asunto, se actualiza la citada violación procesal. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Como se precisó, en la demanda de cuenta la parte quejosa reclama la resolución dictada por el Juez responsable el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el expedientillo 120/2019, en el que se negó requerir al Ministerio Público le proporcionara al quejoso los estados de cuenta y movimientos de las cuentas bancarias relacionadas a los imputados en la carpeta de investigación M2/1134/2014 que se tramitó en la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes adscrita a la Fiscalía General del Estado, cuya información rindió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a solicitud del denunciante, ahora quejoso, lo que de ninguna manera implica una afectación inmediata de los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque sólo se pueden afectar derechos procesales, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. Lo anterior es así, por ser incuestionable que los efectos de la determinación reclamada no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento en el que se dictó, sino sólo a su interior, tomando en consideración que esta situación acontece dentro de la etapa de investigación del procedimiento y bajo ese esquema debe estimarse que no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En su caso, no será sino hasta la formulación de imputación ante el Juez de Control y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses de la parte quejosa. En esas condiciones, es evidente que se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, no procede de inmediato el juicio de amparo, sino que, de resultar desfavorable a sus intereses la resolución de la etapa de investigación que se dicte en el procedimiento, debe hacer valer la cuestión como agravio en el recurso relativo y, en su caso, en el amparo directo que promueva contra la resolución final, con base en el ya citado artículo 173, apartado B, fracción XIX, de la norma legal. Es aplicable al caso por similitud de razón, la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena época, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE".- La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Por identidad de razón, en lo conducente, la tesis número XIII.P.A.32 P (10a.), con número de registro 2017560, sustentada por los Tribunales Colegiados Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Agosto de 2018, página 2987, de texto y rubro siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Y la diversa tesis XI.P.14 P, con número de registro 2013269, sustentada por el Tribunal Colegiado Penal del Décimo Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Diciembre de 2016, página 1844, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de orientación la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Karim Moisés Roche Cortez, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados a las personas que menciona en el mismo en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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