Karina Argelia Morga Uriarte

Expediente 715/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 34 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
715/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Karina Argelia Morga Uriarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el ocurso presentado por Carlos Emilio Sánchez Colorado, en su carácter de apoderado legal de Karina Argelia Morga Uriarte, y atento a lo dispuesto en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable Compropago, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Fondos de Pago Electrónico, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que anexa la responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en su momento procesal oportuno. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por ******************** autorizado de la parte quejosa; y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso a), y 86 de la Ley de Amparo, se les tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución incidental de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Por tanto, como lo dispone el artículo 89 y 90 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del recurso de cuenta y una vez que el presente expediente se encuentre integrado, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, el expediente original del incidente de suspensión en que se actúa, original y copia del recurso aludido, para la substanciación del recurso de revisión relativo. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 715/2023-A, promovido por Carlos Emilio Sánchez Colorado, apoderada legal de la quejosa Karina Argelia Morga Uriarte, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México y de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California en esta ciudad, Carlos Emilio Sánchez Colorado, apoderada legal de la quejosa Karina Argelia Morga Uriarte, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables: 1. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. 2. Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. 3. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en Ciudad de México. 4. Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en Ciudad de México. 5. Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, conocido comúnmente como BANORTE 6. Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. 7. BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 8. Compropago, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Fondos de Pago Electrónico. 9. Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero. Actos reclamados. "1. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se reclama el acuerdo ***/*/***/**** mediante el cual determinó la inclusión del quejoso en la Lista de Personas Bloqueadas prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, acto que provoca la suspensión inmediata de la realización de actos, operaciones o servicios de las entidades financieras. 2. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se reclama la omisión de notificar, emplazar, o hacer del conocimiento a la quejosa el acuerdo ***/*/***/**** mediante el cual fue incluida en la Lista de Personas Bloqueadas prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 3. De igual manera, se les reclama al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNVB"); la emisión y notificación a las instituciones de crédito de dicho acuerdo, toda vez que ****, ****, *****, **** y **** han suspendido de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con la quejosa y han bloqueado sus cuentas bancarias, las cuales se identifican de la siguiente manera: [.] Se adjuntan como ANEXOS numerados del 1 al 429, en memoria USB, los contratos de apertura y/o estados de cuenta de cada una de las cuentas que se enumeraron; por lo que MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHOS DOCUMENTOS SON COPIA FIEL Y EXACTA DE SUS ORIGINALES. POR ECONOMIA PROCESAL, POLÍTICAS AMBIENTALES Y ECOLÓGICAS, DICHOS DOCUMENTOS SE ADJUNTAN DE MANERA DIGITAL, TODA VEZ QUE EL VOLUMEN DE LOS MISMOS ASCIENDE A MAS DE UN MILLON DE FOJAS. Por lo tanto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se solicita que se tengan por ofrecidas las DOCUMENTALES señaladas como Anexos 1 al 429 4. También se reclama al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y al Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que al haber incluido al quejoso en la lista de personas bloqueadas en referencia se le ha excluido de los servicios de banca y crédito, así como de las actividades y operaciones que realizan las instituciones de crédito en todos los casos en los que son titular, cotitular, fideicomitente y/o fideicomisario o beneficiario de cualquier cuenta. 5. De **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el bloqueo de cuentas y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 6. De **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el bloqueo de cuentas y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 7. De **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el bloqueo de cuentas y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 8. De ***** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el bloqueo de cuentas y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 9. De **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el bloqueo de cuentas y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público." Luego, del escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa, en relación a lo requerido por auto de veintiocho de junio del año en curso, manifestó en su escrito registrado bajo folio 8936, lo siguiente: "SEGUNDO.- "Precise cuales fueron las cuentas bancarias bloqueadas.." MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el acto reclamado principal en la demanda de amparo es el acuerdo 110/G/315/2023 mediante el cual determinó la inclusión del quejoso en la Lista de Personas Bloqueadas prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, acto que provoca la suspensión inmediata de la realización de actos, operaciones o servicios con las entidades financieras, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera." En ese sentido, al haber incluido a la quejosa en dicha Lista de Personas Bloqueadas, SE BLOQUEARON TODAS LAS CUENTAS EN LAS QUE LA QUEJOSA FUERA TITULAR, TUVIERA FIRMA AUTORIZADA O FUERA APODERADA LEGAL DE LA TITULAR DE LA CUENTA. A. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que de la quejosa, como titular, fueron bloqueadas las siguientes cuentas: [.] B. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, las instituciones bancarias bloquearon las cuentas bancarias señaladas en los numerales 1 a 423. Cuentas en las que la quejosa, NO ES LA TITULAR, pero aparece como AUTORIZADA en las firmas de las cuentas bancarias. En ese tenor, la razón por la que bloquearon dichas cuentas bancarias de las cuales son titulares diversas personas morales, fue precisamente la inclusión de la quejosa en la Lista de Personas Bloqueadas. Por lo que, al ser el bloqueo de las cuentas bancarias señaladas en los numerales 1 al 423, una causa directa de la inclusión de la quejosa en la lista de personas bloqueadas; es que, se señalan como actos reclamados en la presente demanda de amparo No obstante, en el presente juicio de garantías la quejosa acude únicamente por propio derecho y no en representación de alguna persona moral TERCERO.- MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que de las autoridades responsables (instituciones bancarias) se reclaman los siguientes actos: 1. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que BANORTE se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el BLOQUEO DE CUENTAS y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las siguientes cuentas bancarias: [.] 2. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el BLOQUEO DE CUENTAS y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las siguientes cuentas bancarias: [.] 3. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el BLOQUEO DE CUENTAS y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las siguientes cuentas bancarias: [.] 4. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el BLOQUEO DE CUENTAS y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las siguientes cuentas bancarias: [.] 5. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que **** se reclama la ejecución, orden, instrucción y/o intervención en el BLOQUEO DE CUENTAS y en la suspensión de operaciones y servicios de banca y crédito, así como cualquier otro acto derivado de la ejecución de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las siguientes cuentas bancarias: [.] MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que de la carta suscrita por ****, mediante la cual le señalaban que había sido incluida a través del acuerdo ***/*/***/**** de la Unidad de Inteligencia Financiera a la lista de personas bloqueadas, se aprecia que la suscrita se encuentra dentro de dicha lista y por ende TODAS sus operaciones y servicios de banca y crédito, se encuentra bloqueadas por instrucción de la Unidad de Inteligencia Financiera. En ese sentido, es cierto que existe el acto reclamado consistente en el acuerdo ***/*/***/**** de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que se introdujo a la lista de personas bloqueadas, toda vez que la institución bancaria así lo ha comunicado; por lo que, su efecto inmediato es precisamente el BLOQUEO de TODAS sus operaciones y servicios de banca y crédito." Segundo. En siete de julio de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original el presente cuaderno incidental, se solicitaron los informes previos, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que previo diferimientos se desarrolló al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 715/2023-A, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente, reclamados consisten en: El acuerdo en el que se determinó la inclusión de la quejosa en la Lista de Personas Bloqueadas prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como su ejecución y consecuencias, entre ellas el embargo o restricción para el uso de sus cuentas bancarias siguientes: - *****COMPROPAGO) - ***** (BANORTE) - ***** (BANORTE) - ***** (BANORTE) - ***** (BANORTE) - ***** (BANCO INVEX) Así como de las diversas cuentas bancarias enumeradas del 1 al 423 en el escrito inicial de demanda (de las cuales la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad no ser titular de dichas cuentas). Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridade responsables (1) ***, (2) *** y (3) ***, toda vez que así lo manifestaron al momento de rendir sus informes previos, sin que con las probanzas ofrecidas por la parte quejosa se desvirtúen dichas negativas; motivo por el cual procede negar la suspensión definitiva solicitada. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o. J/19, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, julio de mil novecientos noventa y cinco, página ciento treinta y tres, que establece: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Cuarto. Por otra parte, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables (1) Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en ciudad de México, quien rindió su informe por sí y en representación de la autoridad responsable (2) Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (3) Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con sede en esta ciudad y (4) Compropago, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Fondos de Pago Electrónico, ya que así lo manifestaron de manera categórica al momento en que rindieron su informe previo De igual forma, son presuntivamente ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables (5) Comisión Nacional Bancaría y de Valores, y (6) Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Nacional Bancaría y de Valores, ambos con sede en Ciudad de México, en términos del primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, pues dichas autoridades fueron omisas en rendir su informe previo, a pesar de estar debidamente notificadas para ello. Por lo que así deberá tenerse únicamente para los efectos de la medida cautelar solicitada. Quinto. En el caso, se reúne el primer requisito establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión del acto reclamado fue solicitado por la parte quejosa; sin embargo, resulta evidente que para que proceda la concesión de la medida cautelar en los términos solicitados, respecto de la materialización del acto reclamado relativo al embargo o inmovilización de cuentas bancarias enumeradas del 1 a la 423, es necesario que la parte quejosa acredite la afectación directa de sus derechos subjetivos, lo que no ocurre en el caso concreto, toda vez que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés suspensional) el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular frente al orden jurídico. Se dice lo anterior, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación) o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica de la solicitante de la medida y que con el otorgamiento de ésta no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público Entonces, ?si como se anticipó?, la parte quejosa solicita la medida cautelar de los actos reclamados suscitados en relación con el embargo o inmovilización de cuentas bancarias enumeradas del 1 a la 423, se pone de manifiesto que bajo protesta de decir verdad precisó que no es titular de dichas cuentas bancarias pues únicamente cuenta con el carácter de autorizada, además que compareció al juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por propio derecho y no en representación de las morales titulares de las referidas cuentas bancarias. Por lo anteriormente expuesto, lo pertinente es negar la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, ya que no acredita el derecho de ser titular de las cuentas bancarias enumeradas del 1 a la 423 en su escrito inicial de demanda, pues de concederse para los efectos que lo solicita, implicaría darle un alcance indebido a la medida cautelar de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo, que señala que la suspensión en ningún caso tendrá como objeto constituir derechos que no haya tenido antes de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada: III.2o.A.167 A emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con registro digital: 169961, que de rubro y texto dicen lo siguiente: "ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE. Tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, la exhibición en el juicio de amparo de un cheque con un número de cuenta a nombre del quejoso, resulta insuficiente para demostrar -plena y fehacientemente- la titularidad de una cuenta bancaria y, por ende, el interés jurídico para reclamar mediante el juicio constitucional la mencionada medida cautelar. Lo anterior es así, porque el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente, es el documento idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente." Así como la tesis PC.III.A. J/44 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con registro digital 2016358, que de rubro y texto dicen lo siguiente: "CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la facultad de emitir disposiciones de carácter general para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita; asimismo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera pondrá a disposición de las instituciones de crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas y sus actualizaciones, a efecto de que las instituciones de crédito adopten e implementen mecanismos que permitan identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de esa lista, a cualquier tercero que actúe en su nombre o por su cuenta, y aquellas operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar; así como para que suspendan de forma inmediata tales actos, operaciones o servicios con dichos clientes o usuarios con la finalidad de prevenirlos y detectarlos. Ahora bien, si por cliente se entiende cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito respectiva, actúe en nombre propio o a través de mandatos o comisiones, que sea cuentahabiente de una institución de crédito o utilice, al amparo de un contrato, los servicios prestados por la institución de crédito o realice operaciones con ésta, resulta que esa denominación comprende a los apoderados de las personas morales, porque a pesar de que en dicho supuesto no actúa en nombre propio, sino a través de un mandato, que es precisamente uno de los supuestos a través de los que se puede identificar a los clientes de las instituciones de crédito, según se indica en la 2a. disposición, fracción II, inciso a), de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009; lo que se corrobora porque las personas morales no son más que los medios o instrumentos para lograr ciertos fines, la mayoría de las veces de carácter económico, y tales fines no son sino los perseguidos por esas personas físicas, porque las personas morales o jurídicas se crean por la voluntad de una colectividad de personas físicas para propósitos específicos u objetivos comunes. De ahí que es improcedente conceder la suspensión provisional en el amparo promovido contra el bloqueo de cuentas bancarias de una persona moral que no se encuentra en la lista de personas bloqueadas emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí su apoderado, pues en el concepto de clientes de las instituciones de crédito se incluye cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito respectiva, actúe en nombre propio o a través de mandatos." Por otra parte, por lo que hace a la medida cautelar solicitada en relación a la cuenta bancaria ******* del índice de la institución bancaria *****, Institución de Fondos de Pago Electrónico, dicha autoridad responsable en su informe previo registrado bajo folio 16032, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la cuenta bancaria de que se trata a nombre de la quejosa **** había sido desbloqueada, para lo cual insertó la captura de pantalla de la que se advierte que dicha cuenta se encuentra "activa"; documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 210 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Entonces, si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de junio de dos mil veintitrés), la autoridad responsable ******, con las constancias relativas acreditó haber realizado el desbloqueo de la cuenta bancaria a nombre de la quejosa (efectos para los cuales solicitó la medida cautelar en el escrito de demanda), se pone de manifiesto en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo (aplicado a contrario sensu), que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para emitir pronunciamiento en relación con la concesión de la medida cautelar respecto a los actos reclamados a la referida autoridad responsable; de ahí que como se anticipó, se niegue la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis II.4o.A.25 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro digital 2008185 de rubro y texto siguiente: "EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. SI AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HABÍA DADO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA, PERO AL RESOLVERLO, SE ACREDITA QUE YA LO REALIZÓ O RECTIFICÓ LOS ERRORES EN QUE INCURRIÓ, ES IMPROCEDENTE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ANALICE SI SE ACTUALIZA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, sea de plano o definitiva, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Por su parte, el artículo 209 de la propia ley, dispone que si dicho incidente se declara fundado, el juzgador deberá requerir a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la medida precautoria o la realice en forma cabal, ya sea que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, subsane las deficiencias, con el apercibimiento de que en caso de continuar con la conducta contumaz, se procederá con la denuncia respectiva al Ministerio Público de la Federación, quien será el encargado de analizar si se actualiza el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, consistente en desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado. Ahora bien, si al promover el mencionado incidente, la autoridad responsable no había dado cumplimiento al auto que concede la suspensión, pero al resolverlo, se acredita que ya lo realizó o rectificó los errores en que incurrió, es improcedente dar vista al Ministerio Público para que analice si se actualiza el citado ilícito, pues para hacerlo, debe demostrarse que la autoridad responsable, al momento de resolver el incidente, no ha cumplido con la suspensión o subsiste el defecto o exceso en su ejecución y, en ese caso, el Juez tendría que requerirlo con el mencionado apercibimiento para que realizara o subsanara las irregularidades dentro de las veinticuatro horas siguientes; sin embargo, si ello no fue necesario, porque la autoridad cumplió la suspensión, es que resulta improcedente dar vista a la representación social." Luego, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refirió ser titular de las cuentas bancarias *****, *****, ***** y ***** de la institución bancaria **** la diversa cuenta bancaria **** de la institución bancaria ****; así como también la cuenta *****, que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, corresponde a la institución *****, no así a la institución bancaria ****. Lo que se concatena de las copias simples de los estados de cuenta de referencia expedidos por las instituciones bancarias ****, ****y ****, de ahí que la parte quejosa acredite de manera presuntiva su interés suspensional. Sirve de apoyo lo anterior, por los motivos que la integran, la Tesis 2a. CI/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, página 311, registro digital 200696, que de rubro y texto son los siguientes: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador." Así como, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 68, Agosto de 1993, página 12, registro digital 206395, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Ahora bien, delimitado lo anterior, en el caso si bien se colma el requisito señalado en la fracción I del citado numeral, ya que dicha medida fue solicitada por la parte quejosa, sin embargo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada en relación con las referidas cuentas bancarias, dado que en el particular no se colma el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar, se seguirían perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones del orden público Lo que se estima, ya que de las documentales que adjuntó a sus informes previos las autoridades responsables pertenecientes a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, se obtiene que la emisión del acuerdo por medio del cual se incorpora a diversas personas a la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellas, a la aquí quejosa *****, lo que derivó en el bloqueo de las cuentas bancarias de esta última, aperturadas ante la institución bancaria **********, objeto de reclamo en esta vía constitucional, fue con motivo del oficio ***-*/*******/****, emitido en el expediente */***-****-******-***, folio **** de cinco de junio de dos mil veintitrés por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en Ciudad de México, en la que se ventila la posible comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, lo que se corroboró con las documentales que obran en el cuaderno de sigilo (por cuerda separada) Documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese sentido, al advertirse que el bloqueo de las aludidas cuentas bancarias de la quejosa, se encuentran vinculadas o derivan de una investigación iniciada por el Ministerio Público y tienen por objeto prevenir o evitar la comisión, consumación o prolongación de los efectos de uno o varios delitos; por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, no se considera procedente la concesión de la medida cautelar, pues de lo contrario se seguirían perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones del orden público, al permitir la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En consecuencia, como se dijo, en el caso procede negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa por los motivos arriba destacados. No obsta para determinar lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 87/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que de la ejecutoria que le dio origen se obtiene que se analizó que en el supuesto al que se refiere (suspensión provisional) no se tienen datos sobre los motivos que suscitaron el bloqueo de las cuentas, por lo que no se podría considerar a priori que el levantamiento del bloqueo implicaría una contravención al interés social o una vulneración a disposiciones del orden público, cuestión de la que ya se tiene noticia, como se expuso. Asimismo, se consideró en la ejecutoria que la orden derivaba exclusivamente de la Unidad de Inteligencia Financiera; es decir, la Segunda Sala partió del hecho que la actuación de la indicada Unidad de Inteligencia Financiera no derivaba de alguna resolución ministerial o judicial, sino que era únicamente una medida cautelar de índole administrativa, cuestión que ya quedó dilucidada en el caso concreto, dado que se obtuvo de los informes previos que la misma provino del Agente del Ministerio Público. De igual forma, no pasa inadvertido que la quejosa haya expuesto que tales facultades no están legalmente atribuidas a tal Fiscal; sin embargo, ello será materia de la resolución que se dicte en el fondo del juicio de amparo Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se; Resuelve Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ****, respecto de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto, de esta resolución. Notifíquese

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, del estado de autos, se obtiene que a la fecha no se tiene conocimiento del resultado de la diligencia de la comunicación oficial enviada 439/2023-A, exhorto 424/2023-A, ordenada en auto de once de octubre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, solicítese al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que de no tener inconveniente, informe el estado procesal que guarda la comunicación oficial antes referida; lo anterior para los efectos legales conducentes. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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