Kane Lizbeth Paz Kennedy
Expediente 268/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/06/2022
Partes del expediente
- Kane Lizbeth Paz Kennedy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, de autos se advierte que obra en un tomo de pruebas copia certificada de las actuaciones que integran el expediente 1727/2020; por tanto, al no ser necesaria su conservación y retención por parte de este Juzgado de Distrito, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvase a la autoridad Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, las constancias de referencia. Sin que se estime necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que Kane Lizbeth Paz Kennedy, señaló como actos reclamados destacados al Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, la omisión de acordar los escritos recibidos en oficialía de partes común el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en los autos del expediente 1727/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario promovido por Daniel David Wold contra Kane Lizbeth Paz Kennedy. Asimismo, del estado que guarda el presente juicio, se advierte que mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primer Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que en determinación de catorce de marzo de dos mil veintidós, proveyó lo conducente en relación con el escrito firmado por la licenciada María C. Ruiz Valdespino, (en el que solicitó se admitieran las pruebas ofrecidas por ambas partes y se señalara día y hora para su desahogo), ya que señaló las once horas con treinta minutos del uno de agosto de dos mil veintidós, para que tuvieran verificativo las pruebas confesional y declaración de parte a cargo de Kane Lizbeth Paz Kennedy; la confesional y declaración de parte de Daniel David Wold, las testimoniales a cargo de Elizabeth Vargas Ortiz, Karla Lorena Paz Kennedy, Karen Lorena Paz Kennedy; y la ratificación de contenido y firma a cargo de Anabel R. Martínez M; y también requirió las documentales ofrecidas por la parte demandada. Además, en diverso auto de esa misma fecha (catorce de marzo de dos mil veintidós), proveyó lo conducente respecto al diverso ocurso signado por la licenciada María C. Ruiz Valdespino (en el que solicitó se realizara la búsqueda de los billetes de depósito con números de folio, 1631938, 1631939 y 1631940, exhibidos por la parte actora por concepto de pensiones alimenticias), por lo que hizo del conocimiento a la parte demandada que no se exhibieron ante esta autoridad judicial los originales de los referidos documentos cambiarios, requirió a la parte actora Daniel David Wold, para que en el término de tres días los exhibiera, y lo apercibió con la imposición de una multa para el caso de incumplimiento. Las referidas documentales, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2261 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la legislación reglamentaria. En efecto, de conformidad con el referido precepto legal antes invocado, el juicio de amparo es improcedente -entre otros supuestos-, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de aquél. La actualización de dicha causa de improcedencia parte de la subsistencia del acto reclamado, sin embargo, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen o que se permita la continuación en su realización, por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia que le dio sustancia. Al respecto, es útil destacar que en ocasiones, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue de la anterior, por llevar aparejada determinados efectos materiales y/o jurídicos que se concretan en la esfera jurídica del gobernado y que si bien, lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, en caso de que exista una transgresión a sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa nueva circunstancia impide que a través del amparo puedan analizarse actos anteriores que subsisten, pero sus efectos resultan de imposible realización debido a que ya no tienen justificación, al haber dejado de existir el objeto que les daba prevalencia. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél o porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las consideraciones anteriores, fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de 2006, página 189, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, la omisión de emitir pronunciamiento respecto a los escritos firmados por la licenciada María C. Ruiz Valdespino, dejó de tener efectos materiales, dada la nueva situación jurídica que guarda respecto ese juicio, al haber sido acordados por la autoridad responsable en proveídos de catorce de marzo de dos mil veintidós. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas del veintisiete de mayo dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. En ese sentido, no es factible señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que Kane Lizbeth Paz Kennedy, señaló como actos reclamados destacados al Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, la omisión de acordar los escritos recibidos en oficialía de partes común el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en los autos del expediente 1727/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario promovido por Daniel David Wold contra Kane Lizbeth Paz Kennedy. Asimismo, del estado que guarda el presente juicio, se advierte que mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primer Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que en determinación de catorce de marzo de dos mil veintidós, proveyó lo conducente en relación con el escrito firmado por la licenciada María C. Ruiz Valdespino, (en el que solicitó se admitieran las pruebas ofrecidas por ambas partes y se señalara día y hora para su desahogo), ya que señaló las once horas con treinta minutos del uno de agosto de dos mil veintidós, para que tuvieran verificativo las pruebas confesional y declaración de parte a cargo de Kane Lizbeth Paz Kennedy; la confesional y declaración de parte de Daniel David Wold, las testimoniales a cargo de Elizabeth Vargas Ortiz, Karla Lorena Paz Kennedy, Karen Lorena Paz Kennedy; y la ratificación de contenido y firma a cargo de Anabel R. Martínez M; y también requirió las documentales ofrecidas por la parte demandada. Además, en diverso auto de esa misma fecha (catorce de marzo de dos mil veintidós), proveyó lo conducente respecto al diverso ocurso signado por la licenciada María C. Ruiz Valdespino (en el que solicitó se realizara la búsqueda de los billetes de depósito con números de folio, 1631938, 1631939 y 1631940, exhibidos por la parte actora por concepto de pensiones alimenticias), por lo que hizo del conocimiento a la parte demandada que no se exhibieron ante esta autoridad judicial los originales de los referidos documentos cambiarios, requirió a la parte actora Daniel David Wold, para que en el término de tres días los exhibiera, y lo apercibió con la imposición de una multa para el caso de incumplimiento. Las referidas documentales, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2261 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la legislación reglamentaria. En efecto, de conformidad con el referido precepto legal antes invocado, el juicio de amparo es improcedente -entre otros supuestos-, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de aquél. La actualización de dicha causa de improcedencia parte de la subsistencia del acto reclamado, sin embargo, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen o que se permita la continuación en su realización, por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia que le dio sustancia. Al respecto, es útil destacar que en ocasiones, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue de la anterior, por llevar aparejada determinados efectos materiales y/o jurídicos que se concretan en la esfera jurídica del gobernado y que si bien, lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, en caso de que exista una transgresión a sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa nueva circunstancia impide que a través del amparo puedan analizarse actos anteriores que subsisten, pero sus efectos resultan de imposible realización debido a que ya no tienen justificación, al haber dejado de existir el objeto que les daba prevalencia. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél o porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las consideraciones anteriores, fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de 2006, página 189, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, la omisión de emitir pronunciamiento respecto a los escritos firmados por la licenciada María C. Ruiz Valdespino, dejó de tener efectos materiales, dada la nueva situación jurídica que guarda respecto ese juicio, al haber sido acordados por la autoridad responsable en proveídos de catorce de marzo de dos mil veintidós. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas del veintisiete de mayo dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. En ese sentido, no es factible señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable; en atención a éste, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, la documental consistente en copia certificada de las actuaciones que integran el expediente 1727/2020, sin perjuicio de relacionarlas en audiencia constitucional. Ahora bien, a fin de tener un mejor manejo del expediente en que se actúa, con las constancias remitidas por la autoridad responsable se ordena la apertura de un tomo de pruebas. Notifíquese.Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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