Karina Alvarado Avila
Expediente 1159/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karina Alvarado Avila
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL...HA CAUSADO ESTADO...ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; HACIENDOSE LA OBSERVACIN DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION...
- Principal
...CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA ... DEL DAUTO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que la quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento en tal auto, se ordena registrar el presente asunto en el Libro de Gobierno con el número I-1159/2017-C y se procede a analizar la demanda que promovió contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, consistentes en: ".IV. ACTO RECLAMADO: La negativa a otorgar oportunidad de alegar a buena prueba y por consecuencia inmediata agotada esa fase la cita para escuchar sentencia, dentro de los autos que integran el expediente número 405/2016, relativo al juicio ordinario familiar, promovido por la suscrita, en contra de seguido en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, de este Distrito Judicial de Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán.". Acto respecto del cual la suscrita estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por sentirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la Materia, por las siguientes razones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencía que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado -principio de definitividad- supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios y/o medios de defensa tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, es necesario precisar que el acto que aquí se reclama emana de un procedimiento familiar número 405/2016, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, donde el titular de este tribunal ha sido omiso en otorgar oportunidad de alegar a buena prueba y por consecuencia una vez agotada dicha fase, citar para escuchar sentencia. Ahora, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en el capítulo de excitativas de justicia, en sus artículos 189, 190 y 191, establecen respectivamente: "Artículo 189. El Pleno conocerá de las excitativas de justicia, las que tienen por objeto compeler a jueces y magistrados para que administren pronta y cumplida justicia, cuando hayan dejado transcurrir, sin causa justificada, los términos legales sin dictar las resoluciones que correspondan. En caso de una excitativa de justicia contra un Magistrado, éste se deberá excusar del conocimiento de la misma en Pleno. Artículo 190. Las excitativas de justicia contra jueces y Magistrados se promoverán por quien tenga interés jurídico en que se dicte la resolución o su representante legítimo, ante la presidencia del Pleno, de lo contrario, se desechará de plano. Artículo 191. El Presidente del Pleno pedirá informe con justificación a los servidores públicos de que se trate y les señalará un término que no excederá de cinco días hábiles para que lo rindan. La falta de informe establece la presunción de ser cierta la omisión motivo de la excitativa, y se sancionará conforme a lo dispuesto en esta Ley en materia de responsabilidad. Concluido el término para rendir el informe, el Presidente del Pleno dictará dentro de los tres días hábiles siguientes, proyecto de dictamen fundado y motivado, pudiendo practicar cualquier diligencia que considere pertinente para mejor proveer, quien dará cuenta al Pleno para su resolución." Tales preceptos, en lo que aquí interesa señalan que el pleno conocerá de las excitativas de justicia, con la finalidad de que los jueces y magistrados, administren una justicia pronta y cumplida, cuando se haya dejado transcurrir, sin causa los términos legales sin dictar las resoluciones correspondientes; que las excitativas, se promoverán por quien tenga interés o por representante legal, ante la presidencia del pleno, de lo contrario, se desechará de plano; autoridad ésta que pedirá la información con justificación a los servidores públicos omisos y les señalará un término de cinco días para que lo rindan y de ser omisos al respecto se presumirá cierto la omisión motivo de la excitativa, ello con la sanción de responsabilidad; la resolución excitativas de justicia, se emitirá en el término de tres días. En ese orden de ideas, se tiene que si la parte quejosa reclama, la omisión por parte de la autoridad responsable jurisdiccional, de otorgar oportunidad de alegar a buena prueba y por consecuencia inmediata agotada esa fase la cita para escuchar sentencia, dentro de los autos que integran el expediente número 405/2016; en ese sentido, la ley que rige el acto reclamado, establece un recurso que tiene como finalidad que el juez, le administre una justicia pronta y cumplida, toda vez que éste ha dejado de emitir resolución en los términos de ley sin causa justificada; de ahí que, el promovente pueda gestionar ante la presidencia del pleno, la excitativa de justicia toda vez que el quejoso es parte dentro de la causa de origen; por tanto, el pleno está facultado para ordenar a la autoridad responsable omisa que emita la resolución que en derecho corresponda; por ende, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento, toda vez que existe una ley de carácter formal y material, que prevé un procedimiento por virtud del cual puede ser dictada la resolución correspondiente. Por tanto, se concluye que una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia; por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o emitidas. Apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXIV, que a la letra reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." También, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia Constitucional y Administrativa, consultable en la página 1734 del rubro y texto siguientes: "EXCITATIVA DE JUSTICIA. SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN CORRESPONDEN AL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y NO AL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Las excitativas de justicia tienen por objeto compeler a Jueces y Magistrados para que administren pronta y cumplida justicia, cuando hayan dejado transcurrir, sin causa justificada, los plazos legales sin dictar las resoluciones que correspondan, lo que atañe a un derecho fundamental que -a juicio del particular que es parte en un proceso jurisdiccional- se ve inobservado, de manera que ese mecanismo guarda relación con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la denuncia de su infracción corresponde resolverla al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por tratarse formal y materialmente de una justicia constitucional local, cuya competencia no puede ni debe ser del órgano administrativo fiscalizador, sancionador y administrador de los órganos jurisdiccionales, como lo es el Consejo del Poder Judicial, lo cual se corrobora del análisis sistemático de los artículos 189, 190 y 191, en relación con los diversos 11 y 2, fracciones III y X, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, pues el artículo 2, fracción X, citado prevé que, para efectos de dicha ley, se entenderá como "Pleno", el máximo órgano colegiado de carácter jurisdiccional que se integra y funciona con los Magistrados penales y civiles, así como su presidente; integración que se reitera en el numeral 11; mientras que el artículo 189 señala: "El Pleno conocerá de las excitativas de justicia..."; de ahí que es evidente que se refiere al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; sobre todo porque ese precepto, en su párrafo segundo, establece que si la excitativa de justicia se endereza contra un Magistrado, éste deberá excusarse de su conocimiento en el Pleno; es decir, solamente este órgano se integra por Magistrados y su presidente. Sin que la circunstancia de que la mayoría de las funciones que atañen a los Magistrados que integran -junto con el presidente- el Pleno del Supremo Tribunal, sean de carácter jurisdiccional, y la solución de una excitativa, en sí, no constituya una controversia propiamente dicha, sino sólo un medio para constreñir a los juzgadores para que administren pronta y cumplida justicia, en aras del imperativo del artículo 17 constitucional." Así como la tesis de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVIII, Materia Común, consultable en la página 2085 que establece: "EXCITATIVA DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN. De acuerdo con el artículo 84, fracción IX, de la Ley Orgánica de los Tribunales del Estado de Michoacán, si en un juicio, el Juez del conocimiento deja de acordar sobre la promociones presentadas, el interesado tiene como medio para reparar ese agravio, el de ocurrir al Tribunal Superior, en excitativa de justicia, a fin de que aquél le ordene al Juez que provea a dichas promociones; y por tanto, es improcedente el amparo que se endereza contra dichos actos, mientras no se agote ese recurso." En este orden de ideas y al no encontrarse en ningún caso de procedencia del amparo indirecto, se concluye que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 189, 190 y 191 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías, promovida por respecto de los actos que han quedado precisados. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles..."; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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