Karime Alcantar Alejandre
Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karime Alcantar Alejandre
Actuaciones
- Principal
Visto escrito de cuenta signado por -, carácter que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, conforme a la copia cotejada ante Notario Público del poder general para pleitos y cobranzas que adjunta; en consecuencia, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 640/2018. 2. ANALISIS Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".Acuerdo de fecha 16 de julio del año 2018, publicado con fecha 17 del mismo mes y año, dictado por la responsable dentro de autos del Juicio Especial Familiar Oral registrado con el número - que sobre Guarda y Custodia Provisional y Definitiva y otras prestaciones promueve el señor - frente a la señora -; manifestando bajo protesta de decir verdad que el acuerdo combatido le fue notificado a mi poderdante por medio de listas, ya que el mismo no contiene notificación personal que hacerse." Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es por sentirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencía que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado -principio de definitividad- supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, es necesario precisar que el acto que aquí se reclama es el acuerdo de dieciséis de julio pasado, publicado el diecisiete posterior, dictado por el Juez Segundo Oral de lo Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el Juicio Especial Familiar Oral 1117/2018 de su índice, que sobre Guarda y Custodia Provisional y Definitiva y otras prestaciones, promueve el señor - frente a la quejosa -, virtud a que en éste se tuvo a dicha quejosa contestando en forma extemporánea la demanda instaurada en su contra dentro de dicho procedimiento, por lo que se desechó de plano la contestación de la demanda y reconvención que planteó. Asimismo, la quejosa arguye en sus conceptos de violación, bajo protesta de decir verdad que el auto dictado el veintisiete de junio pasado en el juicio de origen, en el que la autoridad señalada como responsable, se avocó al conocimiento de éste y la previno para que dentro del término de tres días, exhibiera copia fotostática de la cédula profesional del licenciado en derecho que autorizaba su escrito de contestación de demanda, con sus respectivas copias de traslado, de igual forma la apercibió que de no hacerlo desecharía de plano su contestación, le fue notificado el dos de julio anterior a través de su autorizado para recibir notificaciones y no el día veintiocho de julio como lo asentó la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Oral Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, notificación que se practicó sin llenar el sello correspondiente, es decir únicamente se insertó la firma de su autorizado, no así, fecha, día, hora, año, auto a notificar, así como que la oía y firma. Reseñado lo anterior, es pertinente considerar lo dispuesto por los artículos 757, 758, 759, 760 y 761 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que a continuación se transcriben: "Artículo 757. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. La firmeza del procedimiento es garantía de las partes y por lo mismo todo auto o sentencia que notificada en forma no haya sido recurrida, produce todos sus efectos y para invalidarla, lo mismo que respecto de las diligencias posteriores a ella, no se admitirán incidentes de nulidad de actuaciones; en su contra solo procederá el recurso establecido por la ley. Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria. Artículo 759. La nulidad de una actuación o notificación solo puede ser invocada por el afectado. Artículo 760. La nulidad de actuaciones y notificaciones se sustanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes. Artículo 761. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en este." Por tanto, si dichos numerales otorgan a la aquí quejosa el derecho de impugnar la notificación que dice originó le fuera desechada su contestación de demanda y reconvención dentro del juicio especial familiar oral 1117/2018 que sobre guarda y custodia provisional y definitiva, así como otras prestaciones promueve - en su contra, a través del incidente de nulidad de notificaciones, es claro que antes de acudir a la vía constitucional, debió agotar el mismo, a través del cual, pudo obtener la nulificación de dicha notificación y por ende se dejara sin efectos el proveído de dieciséis de julio pasado, por ello, es incuestionable que debió satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantías, de acuerdo con el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la actuación combatida no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Cobra aplicación a lo anterior la Tesis número I. 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 259, Tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". En este orden de ideas y al no encontrarse en ningún caso de procedencia del amparo indirecto, se concluye que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías, formulada por - a través de su apoderado jurídico, respecto de los actos que han quedado precisados. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. 4. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizados para tal efecto a las personas que cita, sin que haya lugar a tener a -, como autorizados con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la materia, virtud a que no cuentan con cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho de este Órgano Jurisdiccional, como se asentó en la certificación de cuenta.
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