Karen Yuritzi Sánchez Torres
Expediente 692/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karen Yuritzi Sánchez Torres
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, Uruapan, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
En uno de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que dentro del incidente en que se actúa, obra el billete matriculado bajo el número de serie N 890320, valioso por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional); expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), lo que se asienta para los efectos legales conducentes.****************************************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente incidente, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de febrero de dos mil veintitrés.********************ESTADO PROCESAL. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que dentro del incidente de suspensión en que se actúa, obra el billete matriculado bajo el número de serie, siguientes: N 890320, valioso por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional); expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI).********************En consecuencia, una vez que transcurra el plazo que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación a las partes de la sentencia ejecutoria que puso fin al juicio, provéase lo conducente.********************Transcurrido dicho plazo se ordena a la secretaria encargada del presente asunto, dar nueva cuenta.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Rene Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: ACUSE DE RECIBO Téngase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, acusando recibo del oficio ********************, mediante el cual se le notificó el proveído de tres de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, como esta ordenado en autos, remítase el sumario en que se actúa al archivo, para su depósito y custodia. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/200/2023, de nueve de enero de dos mil veintitrés, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa asistida de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de enero de dos mil veintitrés.********************1. Causa estado. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO.********************2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados.********************En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación.********************4. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.********************5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.********************6. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil ********************que anexó como complemento a su informe justificado el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Solicítese acuse recibo.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.**
- Principal
En doce de diciembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito y oficios recibidos de manera física y electrónica por parte de la autoridad responsable registrados bajo los folios 15954, 15976 y 15982. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene al tercero interesado Rogelio Sánchez Cerna, informando que en el juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia, y exhibiendo copia simple de la sentencia dictada por la responsable. En otro orden, Agréguese a los autos el oficio recibido por la vía electrónica y físicamente, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, a través del cual remite copia certificada de la resolución de cinco de diciembre del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil que sobre nulidad e inexistencia de actos jurídicos promueve Karen Yuritzi Sánchez Torres contra Rogelio Sánchez Cerna y otros, en el expediente 845/2022. Ahora bien, visto el estado de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado con el informe justificado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del distrito judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, quien admitió la certeza del acto reclamado; asimismo, se advierte que en el caso, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." Del texto del precepto transcrito, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce uno diverso que traiga por resultado un cambio de la situación jurídica del impetrante del amparo, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la nueva situación creada por el acto posterior que no fue reclamado en el juicio, resultando, por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: "El acuerdo de fecha 07 siete de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, por medio del cual, la autoridad responsable niega a la suscrita mi derecho a recusarlo sin expresión de causa" (sic). Ahora, de las constancias que obran en el expediente de amparo, específicamente de la que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito judicial de Uruapan, Michoacán acompañó a su oficio 2709/2022, recibido en esta fecha, se desprende que el cinco de diciembre del dos mil veintidós, el juez responsable dictó sentencia definitiva en el expediente 845/2022, en el sentido de declarar improcedente la acción intentada, en razón de que la parte actora no probó su acción, y en consecuencia, absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas en su contra. En esa tesitura, es evidente que el acto que por esta vía se combate, consistente en el acuerdo de fecha 07 siete de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, por medio del cual, la autoridad responsable negó a la quejosa el derecho a recusar al juez del proceso civil ahora responsable, ha sido substituido procesalmente por la sentencia emitida en el mismo procedimiento judicial del cual deriva el acto reclamado, por lo que es incuestionable, que ha operado un cambio de situación jurídica, que conduce a considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proveído reclamado, sin afectar la nueva situación de derecho existente, es decir, la sentencia definitiva dictada en veintiuno de enero de la presente anualidad, pues implicaría desconocer su existencia; ya que aun cuando pudiesen subsistir las posibles violaciones alegadas por el impetrante del amparo en torno al citado acuerdo, lo cierto es que, ese acto ya no puede ser materia de examen en este juicio, dado que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, al haber sido substituido por la referida resolución; encontrándose este juzgado imposibilitado jurídicamente para analizar el acto combatido, que en el caso es el proveído de siete de noviembre del año dos mil veintidós, por medio del cual, la autoridad responsable negó el derecho a recusarlo sin expresión de causa, ya que existe una diversa resolución que lo substituyó, la cual no es materia de litis en el presente amparo, de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diecinueve, del Tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". De igual manera se cita por analogía, la tesis con número de registro 230948, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 91, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica". A mayor abundamiento, con independencia de los antes expuesto, se advierte que, también se hace patente la causal de improcedencia, prevista por el mencionado precepto 61, fracción XVII, de la ley de la materia, en relación con los artículos 107, fracción III de la Constitución Federal, 107, fracción V y 172, fracción X de la propia ley, pues como ya se dijo, el quejoso combate el auto de siete de noviembre del año dos mil veintidós, por medio del cual, la autoridad responsable negó a la quejosa el derecho a recusarlo sin expresión de causa. Dichos preceptos legales establecen que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; o sea, cuando afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Por tanto, no puede considerarse como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues sus efectos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Para sostener dicha determinación, debe tomarse en cuenta el contenido del precepto 159, fracción XI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, que contempla de manera enunciativa cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo y que, por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. Sobre el particular resulta ilustrativo transcribir los artículos 61, fracción XXIII, y 172, fracción X, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:- - - (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna otra disposición de la ley". Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; En ese orden de ideas, resulta evidente que el acuerdo combatido, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del distrito judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no es un acto que tenga una ejecución de imposible reparación y que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución, sino que se trata, en todo caso, de una violación a las leyes del procedimiento, en el caso, a la que se refiere la fracción X del artículo 172 de la Ley de Amparo y que tiene efectos meramente procesales, dado que se relaciona con la recusación del juez de la causa. Apoya lo anterior por similitud jurídica substancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, VI. 2o. J/49, visible en la página cuatrocientos veintiséis, Tomo VI, Segunda Parte-1, Apéndice de Mil Novecientos Noventa y Cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA. (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas". En las circunstancias mencionadas, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 63, fracción V, en relación con el 61, fracciones XVII y XXIII, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." (Jurisprudencia 2ª./J.10/2003 consultable a página 386, Tomo XVII, marzo 2003, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). No se opone a lo anterior el hecho de que no haya transcurrido la vista, concedida a las partes, a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de su celebración, en virtud de que ninguna prueba podría desvirtuar la causal de improcedencia que se ha actualizado en el presente juicio de amparo, y por el contrario, contravendría la garantía individual de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 de la Constitución General de la República. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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