Karen Guadalupe Gutiérrez Arellano

Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
106/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Karen Guadalupe Gutiérrez Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En nueve de mayo de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó el amparo en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa, del veinte de abril al cuatro de mayo de dos mil veintitrés; descontando los días inhábiles en virtud a que fue notificada el dieciocho de abril de dicho año; sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnada por la parte quejosa, la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se desprende que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, se determina que el cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, acorde con lo dispuesto en el citado artículo 21 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyanse los cuadernos principal e incidental, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que no se glosará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las once horas con treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 106/2023, señalada para esta fecha, sin la asistencia de las partes.La secretaria da cuenta al Juez con las principales constancias que obran en el expediente entre las que destacan: Demanda de amparo, e Informes justificados. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, se toma conocimiento de que las partes no ofrecieron pruebas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento del agente del Ministerio Público de la adscripción, mediante el cual formuló los alegatos que a esa representación social corresponden; asimismo, se hace constar que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al agente del Ministerio Público formulando los alegatos de cuenta; y al resto de las partes por precluido su derecho de exponerlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver el juicio de amparo 106/2023, promovido por Karen Guadalupe Gutiérrez Arellano, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad, Karen Guadalupe Gutiérrez Arellano solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son en cuanto ordenadoras: -Los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en Uruapan. -El Agente del Ministerio Público Investigador con sede en la población de Michoacán. -El Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. -El Director Regional de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. Lo son en cuanto EJECUTORAS: El Fiscal General del Estado. El Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, El Director de Control y Análisis de Investigación Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, El Agente de la Policía de Investigación encargado del Área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, El Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, ACTO RECLAMADO: Lo constituye la ORDEN DE APREHENSIÓN y/o COMPARECENCIA, dictada por los Jueces anteriormente citados; así como la ORDEN DE DETENCIÓN Y/0, LOCALIZACIÓN, Y/0 PRESENTACIÓN, dictada por los Directores de Área ya citados en líneas anteriores, sin que la misma se encuentre debidamente fundada y Motivada, y que tratan de ejecutar en mi contra las Autoridades que señalo en cuanto Ejecutoras, para privarme de mi libertad y posiblemente para atentar en contra de mi integridad física, los actos reclamados se les atribuyen a las Autoridades señaladas como responsables ya sea que los ejecuten por sí mismas o a través de sus inferiores Jerárquicos, subordinados, policías o cualesquiera otras autoridades a sus órdenes." La promovente del amparo expuso que los actos reclamados vulneran sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número de expediente 106/2023, se admitió a trámite; se pidió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 fracción ll, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, toda vez que la parte quejosa, reclama actos con posible ejecución en el lugar que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades: Ordenadoras: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, Michoacán; Agente Único del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, de la Fiscalía regional de Uruapan, Michoacán, con residencia en Paracho de Verduzco; Director de la Unidad de Carpetas de Investigación; Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. La orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización y presentación librada en su contra. Ejecutoras: Fiscal General del Estado Michoacán, con residencia en Morelia; Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia; Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación (en su denominación correcta); Agente de la Policía de Investigación encargado del Área de Aprehensiones; y, Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación; estas últimas de la Fiscalía Regional de esta ciudad. La ejecución de la orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización y presentación librada en su contra. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. Ilustra, la jurisprudencia 21, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, del tomo V, segunda parte-2, enero-junio de 1990, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 226432, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". En ese contexto, cuando se reclame un acto o una omisión, su existencia debe analizarse de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que el juicio constitucional sólo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Ilustra, la tesis sin número, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 273, del tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207528, que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Lo anterior es así, pues la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización y presentación librada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, Michoacán; Fiscal General del Estado Michoacán, con residencia en Morelia; Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia; Agente Único del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, de la Fiscalía regional de Uruapan, Michoacán, con residencia en Paracho de Verduzco; Director de la Unidad de Carpetas de Investigación; Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación (en su denominación correcta); y, Agente de la Policía de Investigación encargado del Área de Aprehensiones; Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación; estas últimas de la Fiscalía Regional de esta ciudad, al rendir sus informes con justificación negaron los actos que de ellas reclama la quejosa. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades, al rendir sus informes con justificación negaron su existencia, correspondía a la quejosa acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos. Pues en efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado orden privativa de libertad en contra de la impetrante de amparo, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuye, argumentando que no son ciertos, entonces la carga de la prueba recae sobre la solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." Por otra parte, si bien es cierto que el Director de Litigación de la Fiscalía Regional, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, lo hizo en relación con una persona diversa a la quejosa, pues señaló que no se giró orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización y presentación contra Karen Guadalupe Churape, por lo que se debe estimar que fue omisa en rendir su informe de ley respecto de la quejosa; empero, también es, que no es el caso de presumir ciertos los actos que se le atribuyen, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tiene las facultades siguientes: "I. Intervenir por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional, en los expedientes a través de la promoción y desahogo de las actuaciones procesales a que haya lugar, en los asuntos que tengan a su cargo; II. Coordinar las acciones de los agentes del Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional; III. Proponer a las personas titulares de las Fiscalías Regionales y Fiscalías o Unidades Especializadas las políticas institucionales para la actuación de los agentes del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales; IV. Realizar la supervisión y evaluación de la calidad técnico jurídica de los expedientes a cargo de los agentes del Ministerio Público, en su actuación ante las instancias judiciales correspondientes; V. Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas de la Fiscalía General, que tengan a su cargo la investigación y persecución de delitos, a fin de mejorar sus atribuciones con relación al ejercicio o no ejercicio de la acción penal, así como facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales; VI. Llevar un registro de los mandamientos judiciales dictados por los órganos jurisdiccionales e informarlo inmediatamente a la Dirección de Mandamientos Judiciales; y, VII. Supervisar el cumplimiento de los indicadores cuantitativos y cualitativos para determinar la eficiencia y eficacia de las carpetas de investigación de los agentes del Ministerio Público bajo su mando" De ahí que no tiene facultades para girar orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización y presentación librada en su contra. En consecuencia, se procede a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." ALEGATOS. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, porque el órgano jurisdiccional, no se encuentra obligado a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así como, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Karen Guadalupe Gutiérrez Arellano, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resuelve y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  3. Principal

    En veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el pedimento ministerial registrado con el número de folio 3777 y, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el pedimento ministerial suscrito por el Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. COPIAS CERTIFICADAS. Como lo solicita el promovente y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio, expídase copia certificada de la misma. SE DIFIERE AUDIENCIA. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintidós del presente mes y año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán; por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del referido informe. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, fijándose en su lugar las once horas con treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido del Secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, quien da fe.

  4. Principal

    En veintidós de marzo de dos mil veintitrés, El Secretario CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un escrito, el cual quedó registrado con el folio 3785.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de marzo de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, en atención a su contenido y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo INFORME JUSTIFICADO, con el que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, quien da fe.

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