Karen Perez Cruz
Expediente 874/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2020
Partes del expediente
- Ricardo Martin Rojo Dominguez
- Karen Perez Cruz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de diciembre de dos mil veinte. .... La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de veintitrés de noviembre de este año, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días hábiles, previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. ....
- Principal
VII) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", en el cual, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, se provee: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda presentada por Ricardo Martin Rojo Domínguez, Roberto Álvarez Rodríguez, Norma Guadalupe del Villar Malanco, Rolando Venegas Martínez, Karina Pérez Cruz, Alfredo Rossano Mejía, Ricardo Sánchez Díaz, Cinandre Alberto López Cano, Rodolfo Valdez Lugo, Miguel Ángel Narciso Torres, Miguel Ángel Cuadros Martínez, Abraham Valdés Almanza, Aureliano Valdés Arellano, Jorge Flores Carranco, Luciano Romero Monrroy, Alfredo Porrúa Samaniego, Manuel Romero Carbajal, Arturo Jiménez García, Oralia Estrada Martínez, Horacio Arenas Valdez, Rosa Marìa López González, Sandra Adriana Medina Navarro, Juan Pichardo García, Karime M. Morales, Marco Antonio Pichardo Salas, Roberto Eduardo Ledezma Albarrán, Ramón Octavio Alcántara Valle, Job Vázquez Castillo, Eduardo Zanabria Navarro, Lisandro Jaen Fuentes Mondragón, Benigno Rodríguez Benítez y Sandra Ruiz Torres, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle CuautitIán- Texcoco; fórmese tanto el expediente físico como el electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 874/2020-VII. DESECHAMIENTO. Ahora, respecto al promovente Fernando Raúl Gama Cid, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, es menester de esta autoridad federal verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto legal invocado refiere: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En estas condiciones, de la lectura integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, por las razones que a continuación se indican. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la ley de la materia interpretados a contrario sensu prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior se destaca que uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el juicio de garantías, es el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" que se consagra en el dispositivo invocado en segundo lugar, al estatuir que el juicio, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, dado que la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas las consecuencias legales. Así, del análisis integral del ocurso de que se trata, es de advertirse que carece de firma autógrafa del promovente del juicio de garantías Fernando Raúl Gama Cid, pues se presentó sin firma autógrafa, el cual no se puede considerar como original sino como un simple papel ya que la firma expresa la voluntad del promovente y la autenticidad de la promoción que se presenta ante las autoridades; lo que se traduce en que al carecer de firma autógrafa de la persona a quien supuesta o realmente se le causó un agravio, se pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, toda vez que de admitirla y tramitarla, se fomentaría la práctica viciosa de cualquier persona para que, con cualquier firma en copia o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expedición de la voluntad de promover la instancia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 181-186, Quinta Parte, Página: 71, que reza: ".....Además, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella como en el caso acontece, ya que de la certificación realizada se advierte que la oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con sede en esta ciudad, asentó que la demanda no se encuentra firmada por uno de los quejosos; por ende, se considera que el solicitante de amparo Fernando Raúl Gama Cid, por propio derecho no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, en esas condiciones la demanda es improcedente. Es aplicable en lo conducente, la tesis número VI. 2o. 692 K, cuyo rubro dice: ..... Por ello, al no encontrarse signado el escrito de demanda de amparo en cuestión por el quejoso Fernando Raúl Gama Cid, con la firma de quien aparece como promovente, se estima que ésta no incorporó expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano únicamente por cuanto hace al promovente Fernando Raúl Gama Cid, con apoyo en el artículo 113 de la propia normatividad legal. ...... Del mismo modo en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que los actos reclamados en el presente asunto son la emisión de los Acuerdos de los Plenos de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y de Cuautitlán-Texcoco, emitidos en sesión extraordinaria de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que se determina el funcionamiento de esas juntas en seguimiento a la implementación del sistema de justicia laboral en el Estado de México, donde se determinó que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, sólo se recibirán promociones relacionadas con los expedientes que se encuentren en trámite. Ahora, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, este órgano de control constitucional advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, el acto reclamado precisado en el inciso a), no produce afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Los dispositivos en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación en la esfera jurídica de los quejosos. Por su parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la tesis aislada de la séptima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, tercera parte, página 127, que textualmente indica: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Lo anterior significa que, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, cabe señalar que la parte quejosa reclama la emisión de los Acuerdos de los Plenos de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y de Cuautitlán-Texcoco, emitidos en sesión extraordinaria de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que se determina el funcionamiento de esas juntas en seguimiento a la implementación del sistema de justicia laboral en el Estado de México, donde se determinó que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, sólo se recibirán promociones relacionadas con los expedientes que se encuentren en trámite, los cuales no producen una afectación en la esfera jurídica de los quejosos. En efecto, dichos acuerdos no son actos que causen agravio personal y directo en la parte quejosa; puesto que su sola entrada en vigor no les causa afectación alguna; ello, toda vez que en dichos acuerdos reclamados únicamente se precisó que exclusivamente se recibirían promociones relacionadas con los expedientes que se encuentran en trámite, lo cual de ninguna manera afecta los derechos de los peticionarios de amparo; máxime, que de un análisis integral de la demanda no se advierte que hubiesen promovido algún juicio respecto del cual no se le haya dado trámite o que no se haya recibido alguna promoción por parte de las autoridades responsables en los juicios laborales en los cuales forman parte o en aquellos que representan jurídicamente a alguna parte. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Ricardo Martin Rojo Domínguez, Roberto Álvarez Rodríguez, Norma Guadalupe del Villar Malanco, Rolando Venegas Martínez, Karina Pérez Cruz, Alfredo Rossano Mejía, Ricardo Sánchez Díaz, Cinandre Alberto López Cano, Rodolfo Valdez Lugo, Miguel Ángel Narciso Torres, Miguel Ángel Cuadros Martínez, Abraham Valdés Almanza, Aureliano Valdés Arellano, Jorge Flores Carranco, Luciano Romero Monrroy, Alfredo Porrúa Samaniego, Manuel Romero Carbajal, Arturo Jiménez García, Oralia Estrada Martínez, Horacio Arenas Valdez, Rosa Marìa López González, Sandra Adriana Medina Navarro, Juan Pichardo García, Karime M. Morales, Marco Antonio Pichardo Salas, Roberto Eduardo Ledezma Albarrán, Ramón Octavio Alcántara Valle, Job Vázquez Castillo, Eduardo Zanabria Navarro, Lisandro Jaen Fuentes Mondragón, Benigno Rodríguez Benítez y Sandra Ruiz Torres, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle CuautitIán- Texcoco; de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Aunado a ello, a nada práctico llegaría admitir la demanda de amparo que se atiende, puesto que aún sustanciando el trámite del sumario constitucional en que se actúa, se llegaría a la conclusión, en el sentido de que no causa agravio personal y directo en los peticionarios de amparo. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de ..... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Luis Angel Romero Aguilar que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", en el cual, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, se provee: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda presentada por Ricardo Martin Rojo Domínguez, Roberto Álvarez Rodríguez, Norma Guadalupe del Villar Malanco, Rolando Venegas Martínez, Karina Pérez Cruz, Alfredo Rossano Mejía, Ricardo Sánchez Díaz, Cinandre Alberto López Cano, Rodolfo Valdez Lugo, Miguel Ángel Narciso Torres, Miguel Ángel Cuadros Martínez, Abraham Valdés Almanza, Aureliano Valdés Arellano, Jorge Flores Carranco, Luciano Romero Monrroy, Alfredo Porrúa Samaniego, Manuel Romero Carbajal, Arturo Jiménez García, Oralia Estrada Martínez, Horacio Arenas Valdez, Rosa Marìa López González, Sandra Adriana Medina Navarro, Juan Pichardo García, Karime M. Morales, Marco Antonio Pichardo Salas, Roberto Eduardo Ledezma Albarrán, Ramón Octavio Alcántara Valle, Job Vázquez Castillo, Eduardo Zanabria Navarro, Lisandro Jaen Fuentes Mondragón, Benigno Rodríguez Benítez y Sandra Ruiz Torres, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle CuautitIán- Texcoco; fórmese tanto el expediente físico como el electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 874/2020-VII. DESECHAMIENTO. Ahora, respecto al promovente Fernando Raúl Gama Cid, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, es menester de esta autoridad federal verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto legal invocado refiere: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En estas condiciones, de la lectura integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, por las razones que a continuación se indican. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la ley de la materia interpretados a contrario sensu prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior se destaca que uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el juicio de garantías, es el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" que se consagra en el dispositivo invocado en segundo lugar, al estatuir que el juicio, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, dado que la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas las consecuencias legales. Así, del análisis integral del ocurso de que se trata, es de advertirse que carece de firma autógrafa del promovente del juicio de garantías Fernando Raúl Gama Cid, pues se presentó sin firma autógrafa, el cual no se puede considerar como original sino como un simple papel ya que la firma expresa la voluntad del promovente y la autenticidad de la promoción que se presenta ante las autoridades; lo que se traduce en que al carecer de firma autógrafa de la persona a quien supuesta o realmente se le causó un agravio, se pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, toda vez que de admitirla y tramitarla, se fomentaría la práctica viciosa de cualquier persona para que, con cualquier firma en copia o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expedición de la voluntad de promover la instancia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 181-186, Quinta Parte, Página: 71, que reza: ".....Además, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella como en el caso acontece, ya que de la certificación realizada se advierte que la oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con sede en esta ciudad, asentó que la demanda no se encuentra firmada por uno de los quejosos; por ende, se considera que el solicitante de amparo Fernando Raúl Gama Cid, por propio derecho no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, en esas condiciones la demanda es improcedente. Es aplicable en lo conducente, la tesis número VI. 2o. 692 K, cuyo rubro dice: ..... Por ello, al no encontrarse signado el escrito de demanda de amparo en cuestión por el quejoso Fernando Raúl Gama Cid, con la firma de quien aparece como promovente, se estima que ésta no incorporó expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano únicamente por cuanto hace al promovente Fernando Raúl Gama Cid, con apoyo en el artículo 113 de la propia normatividad legal. ...... Del mismo modo en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que los actos reclamados en el presente asunto son la emisión de los Acuerdos de los Plenos de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y de Cuautitlán-Texcoco, emitidos en sesión extraordinaria de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que se determina el funcionamiento de esas juntas en seguimiento a la implementación del sistema de justicia laboral en el Estado de México, donde se determinó que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, sólo se recibirán promociones relacionadas con los expedientes que se encuentren en trámite. Ahora, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, este órgano de control constitucional advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, el acto reclamado precisado en el inciso a), no produce afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Los dispositivos en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación en la esfera jurídica de los quejosos. Por su parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la tesis aislada de la séptima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, tercera parte, página 127, que textualmente indica: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Lo anterior significa que, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, cabe señalar que la parte quejosa reclama la emisión de los Acuerdos de los Plenos de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y de Cuautitlán-Texcoco, emitidos en sesión extraordinaria de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que se determina el funcionamiento de esas juntas en seguimiento a la implementación del sistema de justicia laboral en el Estado de México, donde se determinó que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, sólo se recibirán promociones relacionadas con los expedientes que se encuentren en trámite, los cuales no producen una afectación en la esfera jurídica de los quejosos. En efecto, dichos acuerdos no son actos que causen agravio personal y directo en la parte quejosa; puesto que su sola entrada en vigor no les causa afectación alguna; ello, toda vez que en dichos acuerdos reclamados únicamente se precisó que exclusivamente se recibirían promociones relacionadas con los expedientes que se encuentran en trámite, lo cual de ninguna manera afecta los derechos de los peticionarios de amparo; máxime, que de un análisis integral de la demanda no se advierte que hubiesen promovido algún juicio respecto del cual no se le haya dado trámite o que no se haya recibido alguna promoción por parte de las autoridades responsables en los juicios laborales en los cuales forman parte o en aquellos que representan jurídicamente a alguna parte. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Ricardo Martin Rojo Domínguez, Roberto Álvarez Rodríguez, Norma Guadalupe del Villar Malanco, Rolando Venegas Martínez, Karina Pérez Cruz, Alfredo Rossano Mejía, Ricardo Sánchez Díaz, Cinandre Alberto López Cano, Rodolfo Valdez Lugo, Miguel Ángel Narciso Torres, Miguel Ángel Cuadros Martínez, Abraham Valdés Almanza, Aureliano Valdés Arellano, Jorge Flores Carranco, Luciano Romero Monrroy, Alfredo Porrúa Samaniego, Manuel Romero Carbajal, Arturo Jiménez García, Oralia Estrada Martínez, Horacio Arenas Valdez, Rosa Marìa López González, Sandra Adriana Medina Navarro, Juan Pichardo García, Karime M. Morales, Marco Antonio Pichardo Salas, Roberto Eduardo Ledezma Albarrán, Ramón Octavio Alcántara Valle, Job Vázquez Castillo, Eduardo Zanabria Navarro, Lisandro Jaen Fuentes Mondragón, Benigno Rodríguez Benítez y Sandra Ruiz Torres, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle CuautitIán- Texcoco; de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Aunado a ello, a nada práctico llegaría admitir la demanda de amparo que se atiende, puesto que aún sustanciando el trámite del sumario constitucional en que se actúa, se llegaría a la conclusión, en el sentido de que no causa agravio personal y directo en los peticionarios de amparo. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de ..... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Luis Angel Romero Aguilar que autoriza, firma y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Karen Anel Botello Verzañez489/2023
- Karen Castillo Salazar1113/2016
- Karen Elizabeth Rueda Arizabalo977/2023
- Karen Elizabeth Rueda Arizabalo1008/2023
- Karen Jocelyn Lopez Viscaya947/2017
- Karen Michele Diaz Alarcon1284/2019
- Karen Sofia Urbina Ramos367/2016
- Karim Libiem Abouzaid424/2020
- Karime Gomez Ortega1548/2015
- Karime Gomez Ortega903/2015
- Karime Gomez Ortega358/2015
- Karime Jaramillo Jaimes764/2020