Karen Anel Botello Verzañez
Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2023
Partes del expediente
- Karen Anel Botello Verzañez
- Joaquin Rubio Sanchez
- KAREN ANEL BOTELLO VERZAÑEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual, remite y el testimonio electrónico de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 133/2023, de su índice, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En su atención, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes y realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Valoración documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, ello, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita. En el entendido que en el presente asunto no se exhibió garantía alguna (billete de depósito, póliza, etc.), y/o documento diverso que obre en la caja de seguridad de este Juzgado de Distrito. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción o transferencia según corresponda conforme al Acuerdo General aludido. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil veintitrés. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos la determinación de cuenta, signado por el Magistrado Presidente y el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el escrito de agravios, copia del mismo, así como copia certificada del juicio de amparo 489/2023-IV y hace del conocimiento que dicho recurso se registró con el número de queja 133/2023, el cual admitió a trámite; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, estando a la espera de la resolución correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Karen Anel Botello Verzañez y otros, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el cuatro de abril de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Karen Anel Botello Verzañez, y otros, contra actos de la Cámara de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 489/2023-IV. Representante Común. De conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Karen Anel Botello Verzañez. Desechamiento. Es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Precisión del acto reclamado. En este orden de ideas, debe precisarse que de la demanda de amparo se obtiene, que los quejosos señalan como acto reclamado lo siguiente: El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que trae como consecuencia el inicio formal a la organización y aprobación de los trabajaos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto Nacional Electoral, y se crea el Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023, lo que traduce en el despido del que serán objeto con motivo de dicho decreto. En la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: (.) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. [.] f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; [.] La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.". La fracción transcrita en primer término establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. En tanto que el segundo, se destaca que es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las acciones de inconstitucionalidad prevista en la hipótesis enunciada, cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas generales de carácter electoral, siendo ésta la única vía para plantear la inconformidad (105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Al efecto, se hace necesario invocar la tesis jurisprudencial número P./J. 125/2007, sustentada por el Pleno, visible en la página mil doscientos ochenta, Tomo XXVI, Diciembre de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para resolver una controversia por no inscribirse ésta en la "materia electoral" excluida por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se impugnen "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, porque la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de la "materia electoral" en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral "directa" y la "indirecta", siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales." Del anterior criterio, se destaca que es necesario cerciorarse que cuando se impugnen "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad prevista en la hipótesis enunciada (105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Sin embargo, dicha improcedencia no surge por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determina la improcedencia del juicio de amparo, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. En el supuesto jurídico analizado, la improcedencia del juicio surge cuando se reclaman normas o actos cuyo contenido material es electoral o versa sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través del juicio de amparo, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo que se entiende por materia electoral, para efectos de la acción de inconstitucionalidad - lo cual resulta plenamente aplicable para efectos de la procedencia del amparo, pues si conforme a tal definición una determinada norma legal resulta de contenido electoral, no será reclamable a través del juicio de amparo-. Lo anterior mediante los criterios siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras." Asimismo, en lo tocante a la procedencia de la controversia constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la extensión de la materia electoral se sitúa en un punto intermedio entre la definición implia aplicable en las acciones de inconstitucionalidad y la estricta que rige en el juicio de amparo. De manera que resulta relevante la distinción entre la materia electoral directa y la indirecta, pues la primera se refiere al conjunto de reglas y procedimientos relativos a la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, que se sujeta a una normativa especializada; mientras que la segunda se relaciona con nombramientos e integración de órganos mediante la decisión de otros poderes públicos. Acotado lo anterior, es menester precisar lo establecido en el artículo 1° de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual dice: "Artículo 1. 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.". Del precepto anterior, se obtiene que la ley materia de reclamo, es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, que tendrá por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales. En el caso concreto, se actualiza la referida causal improcedencia en el juicio de amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama el Decreto por el que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos Ordenamientos en Materia Electoral, entre los cuales se encuentra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales emitido con fecha veintidós de febrero del año en curso; así como, la publicación de la Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, efectuada el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que los actos materia de reclamo en la presente instancia constitucional, los cuales han quedado precisados con antelación, derivan de una norma general en materia electoral, la cual, como ya se precisó la única vía para impugnarla es la acción de inconstitucionalidad y no el juicio de amparo indirecto, como lo pretendió hacer la parte promovente. Así, es claro que la afectación de la que se duele la parte quejosa es de carácter electoral, al versar sobre una norma de aplicación general en materia electoral, esto es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que se reclaman los siguientes artículos: De lo anterior, se advierte que la totalidad de los artículos antes transcritos, regulan lo relativo al proceso electoral, así como la estructura de los órganos auxiliares del Instituto Nacional Electoral, en específico, la creación estructural de órganos de carácter permanente. Por lo que se tiene que la norma general que reclaman los quejosos al ser de observancia general en todo el territorio nacional, todos los estados tienen que hacer su modificación en las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, con el fin de apegarse a dicha reforma y cumplir con la nueva estructura de los órganos auxiliares en el proceso electoral. Desprendiéndose que la modificación a las Juntas Distritales que reclaman los quejosos como ya quedó establecido, versa en cuanto a la creación estructural de nuevos órganos auxiliares en materia electoral. Con lo anterior, se obtiene que cuando una norma general regula aspectos vinculados directa o indirectamente con procesos electorales o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como es el caso, la creación de órganos administrativos para fines electorales, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis P. LX/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, registro digital 168997, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." En conclusión, al reclamar la parte quejosa una norma general en materia electoral y que regula la creación de órganos administrativos para fines electorales, la vía para llevar a cabo un control constitucional respecto a la misma, es a través de la acción de inconstitucionalidad. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Karen Anel Botello Verzañez, y otros, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el arábigo 113 de la ley de la materia. Domicilio y Usuario. Toda vez que la parte quejosa solicita se realicen las notificaciones vía electrónica del presente expediente con el usuario "FMEJIAMGK", así como el acceso electrónico del mismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario que refiere el promovente para la consulta electrónica del presente expediente; asimismo, notifíquese a la parte quejosa vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto, conforme a las reglas previstas en la fracción II de la Ley de lama materia. Habilitación De Días Y Horas Inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a los quejosos.
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