Karen paulina Arrieta Moore

Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1100/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Karen paulina Arrieta Moore
  • Karen paulina Arrieta Moore y Otros.
  • Ulises García Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz. Notifica el auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, donde la Superioridad acusa recibo del diverso 2147/2023-I de este índice. Asimismo, se aprecia admitió el recurso de queja interpuesto por el peticionario de amparo [Ulises García Martínez] contra el proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda. Lo radicó bajo el expediente 409/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso Ulises García Martínez. Interpone recurso de queja contra el proveído de treinta de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo. Asimismo, formula agravios. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe justificado relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase -vía interconexión- el ocurso por el que interpone queja y expresa agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Xalapa, Veracruz, así como las constancias digitalizadas del expediente en que se actúa necesarias para su resolución. Habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente electrónico. Notifíquese. Personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, asistido de Verónica Guadalupe Lagunes Zamudio, secretaria que autoriza y da fe. MDLMS/VGLZ/Capm.*

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida conjuntamente por Karen Paulina Arrieta Moore y Ulises García Martínez. Contra actos del Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia Veracruz, Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 1100/2023-I. Hágase la captura en el libro electrónico de control correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causas de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizarán a continuación. El acto reclamado en esta instancia es: -La resolución dictada el tres de octubre de dos mil veintitrés, donde se declaró infundado el recurso de revocación en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1949/2022 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar. De los antecedentes del escrito constitucional, narrados bajo protesta de decir verdad, destaca: -Mauricio Compain Páez (y/o Mauricio Compañ Pñaez -como se plasma en el apartado de tercero interesado-) promovió depósito de la menor de identidad reservada C.C.A. ante el Juzgado Décimo Cuarto Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial. Radicada con el número de expediente 1773/2022. Dicho depósito fue revocado mediante resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. -Inconforme con lo anterior, el antes nombrado promovió juicio de amparo registrado con el número 1122/2022 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Se concedió la protección constitucional a efecto de que se valoraran unas pruebas. Interpuso recurso de revisión, que a la fecha no se ha resuelto. -Karen Arrieta Moore, fue demandada en la vía ordinaria civil por el pago de pensión alimenticia. Radicándose en el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, el expediente 1949/2022. Expediente que se encuentra en trámite. -Luego, la referida Arrieta Moore en el citado juicio revocó el nombramiento hecho con anterioridad de abogados. Designó en su lugar a Ulises García Martínez y Edwin Francisco Martínez Orduña, entre otros. Señaló como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado en Américo Vespucio 728, Fraccionamiento Reforma, en términos de los preceptos 75 y 76 del Código Procesal Civil del Estado. - Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1949/2022 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, la responsable ordenó requerir de manera personal al licenciado Ulises García Martínez para que proporcione el domicilio particular de Karen Paulina Arrieta Moore. En caso de no hacerlo se le impondrá una multa consistente en diez unidades de medida y actualización por desacato a una orden judicial, de conformidad con el artículo 53 del Código Procesal Civil del Estado. -Dicho requerimiento fue impugnado a través del recurso de revocación. Se resolvió el tres de octubre del año en curso. La responsable declaró infundado dicho medio de impugnación. Argumentó que el abogado tiene facultades para actuar en nombre de su patrocinada. -Alega el Juzgador perdió de vista que existe el secreto profesional y no puede divulgar datos personales de los clientes. Señala en todo caso debió requerir de manera personal a Karen Arrieta Moore. Lo cual estima ilegal porque ella ya designó domicilio procesal para oír y recibir toda clase de notificaciones relativas al expediente 1949/2022 del índice de la autoridad responsable. De la debida imposición del indicado ocurso, en relación con la impetrante Karen Paulina Arrieta Moore y/o Karen Arrieta Moore, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" Ahora, uno de los principios que rigen al juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo). Es decir, la afectación debe ser resentida directamente por la persona impetrante de amparo, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. Debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona de quien se ostenta como parte quejosa. Es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en su esfera de derechos. Del precepto antes trascrito deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama. Así sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia 293 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 313 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, materia Común, registro 1002359, siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así, en el presente caso de los antecedentes del acto reclamado, se desprende el reclamo constitucional consiste en un requerimiento ordenado de manera personal a Ulises García Martínez, dentro de los autos del expediente 1949/2022 del orden cronológico del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz. Contienda en la que se aprecia Karen Paulina Arrieta Moore y/o Karen Arrieta Moore es parte demandada. Sin embargo, derivado del planteamiento que se realiza en la demanda y antecedentes narrados, permite advertir el acto reclamado no afecta de manera directa la esfera jurídica de los derechos fundamentales de la nombrada Arrieta Moore. No se discute es parte en la Litis. Pero lo aquí relevante es que el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, confirmado a través del recurso de revocación [cuya resolución reclama en esta vía], no se dirigió a ella. Menos aún el apercibimiento de multa ahí decretado. Sin que pase inadvertido el hecho de que esa actuación de la que se duele se ordenó notificar en el domicilio procesal que señaló. Aunado a que la responsable requirió información sobre su residencia particular. Ello no conlleva una afectación a su esfera de derechos con motivo de la resolución reclamada. Máxime que atendiendo al planteamiento de la litis y la causa de pedir, la dolencia nace por estimar se afecta el secreto profesional (por estar dirigido el requerimiento al abogado patrono) y en virtud de que quien promueve amparo estima debió requerirse de manera personal a Karen Paulina Arrieta Moore y/o Karen Arrieta Moore. Lo cual no se hizo. Incluso la forma de notificación es parte de los argumentos esgrimidos en el capítulo de conceptos de violación dada la intención de que ese acto se dirigiera de manera personal a la referida impetrante. Aspectos que robustecen la causa de improcedencia aquí invocada. Lo anterior es así, partiendo de que la legitimación procesal es la circunstancia en la que se encuentra una persona respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Y en el caso, la impetrante de amparo, al no ser destinataria de ese requerimiento y menos aún estar sujeta al apercibimiento de multa ahí contenido, no resiente una afectación a su interés jurídico para instar la demanda de amparo que intenta. En todo caso, los efectos de dicha resolución recaen directamente en su abogado [Ulises García Martínez]. Quien también signó la demanda de amparo en calidad de quejoso. Y el planteamiento de la litis, por cuanto a éste se analizará a continuación. En ese sentido, en relación con el impetrante Ulises García Martínez, se actualiza de manera indudable y manifiesta la improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Conforme a los invocados numerales, el amparo es improcedente cuando los actos u omisiones, dictados dentro del juicio natural, no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación las actuaciones o abstenciones, si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos. La determinación de la que se duele el impetrante de amparo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos que objetivamente analizada amerite sujetarla a control constitucional. Se trata de una resolución que confirma el auto donde se requiere al abogado de la parte demandada el domicilio particular de su representada. Bajo el apercibimiento de imposición de una medida de apremio. Sus efectos se concretarán únicamente para el caso de incumplimiento a ese mandato judicial dentro del juicio ordinario civil de origen. Depende también de la decisión que adopte el propio órgano jurisdiccional. De ahí que lo reclamado no deja sin defensa al promovente. El acto impositivo está supeditado a la conducta que asuma el aquí quejoso, así como la autoridad. De ahí que es no tenga una ejecución irreparable, al ser un acto futuro de realización incierta. Conviene decir, el apercibimiento debe entenderse como un acto procesal que establece una prevención a cargo de una persona, señalándole una sanción en caso de incumplimiento, al colocarse al quejoso como obligado a observar una conducta. De lo que se sigue que, la imposición de una medida de apremio implica tres momentos. El primero, el requerimiento a la persona a quien se dirige para que realice una determinada conducta. El segundo, que el obligado no cumpla con la conducta o acto solicitado. Y el tercero, que la autoridad haga efectivo dicho apercibimiento y decida, por ende, imponer la sanción señalada en caso de incumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo. Por lo que el amparo es improcedente contra él. Como se ve de la tesis sin número, con registro 357998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LI, página mil trescientos cuatro, de la Quinta Época que dice: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente." De ahí que el acto reclamado no implica una ejecución inminente. Por el contrario, es de realización futura e incierta. No existe la certeza de que se vaya a concretar. Puede ser que el propio quejoso asuma la conducta ordenada o bien, la autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento. De ahí que, se insiste, sea futuro e incierto. En ese tenor, el reclamo constitucional carece de ejecución como acto autónomo del auto en que en su caso, se haga efectivo el apercibimiento e imponga la sanción decretada. Se insiste, si el obligado acata la orden, la sanción pecuniaria no se impondrá. Por el contrario, si no lo hace, aun cuando se hiciera efectiva la medida de apremio, el acuerdo puede ser impugnado en la vía correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.), con registro 2003086, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo dos, marzo de dos mil trece, materia común, página mil cuatrocientos veintiséis, de epígrafe y texto: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida conjuntamente por Karen Paulina Arrieta Moore y Ulises García Martínez, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en la demanda. AUTORIZADOS. Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Edgar García Martínez, Miguel Ángel García Ávila y José Oscar García Lestrade. Tienen sus cédulas profesionales capturadas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con las restricciones que impone la última parte del citado artículo a Eduardo Eusebio Castro Nájera, Edwin Francisco Martínez Orduña, Eduardo Pardo Rodríguez y Adolfo Javier Lagunes, al no estar inscritos en dicho sistema. Como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

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