Karen Paulina Arrieta Moore

Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1127/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Karen Paulina Arrieta Moore

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Ulises García Martínez [autorizado de la parte quejosa]. Interpone recurso de queja contra el auto de siete de noviembre pasado en que se desechó la demanda. Asimismo, formula agravios. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase -vía electrónica- al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, el ocurso de expresión de agravios, así como las constancias digitalizadas que integran el expediente en que se actúa para su resolución. Habilítense las herramientas "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente. Notifíquese; y, personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por Karen Paulina Arrieta Moore, contra actos del Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Regístrese con el número 1127/2023-VII. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto de la Ley de Amparo trascrito, pone de manifiesto que el juicio es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del contexto integral de la demanda, se advierte la quejosa señala como acto reclamado: El auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente número 1949/2022 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, en el que ordena a Karen Paulina Arrieta Moore, llevar sesiones terapéuticas los días: - Diez de noviembre a las trece horas, - Veintisiete de noviembre a las once horas, - Treinta de noviembre a las trece horas, - Seis de diciembre a las trece horas, - Ocho de diciembre en punto de las diez horas y - Quince de diciembre a las trece horas. En el DIF de Alvarado, Veracruz. De los antecedentes del escrito constitucional, narrados bajo protesta de decir verdad, destaca: - Mauricio Compañ Páez y/o Mauricio Compain Páez (como se plasma en el apartado de antecedentes) promovió depósito de la menor de identidad reservada C.C.A. ante el Juzgado Décimo Cuarto Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial. Radicada con el número de expediente 1773/2022. Dicho depósito fue revocado mediante resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. - Inconforme con lo anterior, el antes nombrado promovió juicio de amparo registrado con el número 1122/2022 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Se concedió la protección constitucional a efecto de que se valoraran pruebas. Interpuso recurso de revisión, que a la fecha no se ha resuelto. - Karen Arrieta Moore, fue demandada en la vía ordinaria civil por el pago de pensión alimenticia. Radicándose en el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, el expediente 1949/2022. Expediente que se encuentra en trámite. De lo que se tiene que la parte impetrante es demandada en el sumario de origen. Del cual tiene conocimiento de forma completa. De ahí que no se pueda inferir sea tercera extraña a juicio. Por otra parte, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. Bajo ese tenor, se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada. De acuerdo al citado artículo el juicio de amparo es improcedente cuando las leyes que sirvieron de fundamento para emitir el acto reclamado, contemplan algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En tal virtud, la parte quejosa al no agotar los recursos ordinarios que contempla la ley de donde emanan los actos reclamados, no obedeció al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como enseguida se verá. Los artículos 509 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelvan un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." "Artículo 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes." De tales normas se obtiene la procedencia del recurso de apelación contra los autos que pueden causar un efecto irreparable en el dictado de la sentencia. Ahora bien, de la narrativa vertida en el escrito de demanda queda de manifiesto el acto reclamado consiste en la determinación tomada por la responsable en la que ordena que la signante acuda a sesiones terapéuticas. Por lo que constituye un acto susceptible de afectar derechos sustantivos. En virtud que involucra tanto la integridad, como el libre desarrollo de la personalidad de la requerida. Sin que los efectos y consecuencias jurídicas puedan retrotraerse con el dictado de la sentencia. Sin embargo, esa circunstancia no equivale a exentar cumplir con el principio de definitividad. Descrito el acto reclamado, es evidente que en términos de los citados artículos 509 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, existe la posibilidad de promover en su contra el recurso de apelación. Como medio ordinario de defensa a través del cual se puede revocar, modificar o anular dicho acto. Ello es así, porque el aludido medio de impugnación es idóneo y eficaz para impugnar esa resolución. Y tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Por lo que es incuestionable que previo acudir a esta instancia constitucional era necesario que la solicitante de amparo interpusiera el medio de defensa en la vía ordinaria -recurso de apelación- a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Al resultar la parte aquí quejosa demandada en el expediente de origen, el cual se encuentra en trámite, no se ubica en la hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia. Esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Además, el acto no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso a) de la fracción y numeral invocados. Debe decirse es evidente el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, proveído que establezca providencia precautoria o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecte la libertad personal. Por lo que tampoco se está en ese caso de excepción. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación está prevista de manera expresa en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Además dicho precepto establece dicho medio de impugnación es idóneo contra los autos que puedan causar un daño irreparable en la sentencia. Es pertinente señalar que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal ha establecido que aún en los casos en que se involucren intereses de un menor de edad, no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, ya que la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia o que, existiéndolo no resulte idóneo para combatir sus efectos. Por mayoría de razón debe agotarse en el presente caso. Sirve de apoyo jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Registro 2005039, del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice mencionar que la demanda de amparo, se advierte en el proemio; así como en el calce de la misma la promovente se ostenta como "Karen Paulina Arrieta Moore". Y, en el apartado de nombre de los quejosos, plasma: "Karen Paulina Arrieta Moore, Ulises García Martínez". Lo anterior, ya que por las razones expuestas no resulta obstáculo para llegar a la conclusión de desechamiento. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en la demanda. AUTORIZADOS. Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Edgar García Martínez, Ulises García Martínez, Miguel Ángel García Ávila y José Oscar García Lestrade, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con las restricciones que impone la última parte del citado artículo a Eduardo Eusebio Castro Nájera, Edwin Francisco Martínez Orduña, Eduardo Pardo Rodríguez, Adolfo Javier Lagunes y Vanessa García Espinoza, al no estar inscritos en dicho sistema. Como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

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