Karen Nathaly Gamboa Pacheco

Expediente 1396/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1396/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Karen Nathaly Gamboa Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 1396/2023-VII-B, promovido por ******************** en representación de su menor hija ********************, contra el acto que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el seis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 1396/2023-VII-B y previa su aclaración, se admitió a trámite el dieciocho siguiente; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete, solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia y de alimentos 318/2023, en el que se fijó provisionalmente como concepto de pensión alimenticia de la menor de iniciales ********************, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 monea nacional), a cargo de Emilio Lara Calderón. TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, al que anexó copia certificada de las actuaciones conducentes del procedimiento natural 318/2023, que lo apoya. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no hay precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Previamente conviene precisar que la peticionaria del amparo asiste al juicio constitucional en representación de su menor hija de iniciales ********************, reclamando de la autoridad judicial responsable, el monto en concepto de alimentos provisionales a su favor. En ese sentido, respecto de ésta última procede la suplencia de la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de registro 175053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de dos mil seis, materia Civil, página: 167, que es del tenor siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Establecido lo anterior, como antecedentes en el asunto, las actuaciones que obran en copia certificada del expediente de origen 318/2023, a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°, son las siguientes: 1. ******************** promovió en la vía ordinaria oral juicio de guarda y custodia, así como el pago en concepto de pensión alimenticia en favor de su hija menor de edad ********************, en contra de Emilio Lara Calderón, formándose el expediente 318/2023. 2. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se mandó emplazar al demandado vía exhorto y además, procedió a dictar medidas provisionales, entre ellas, la concerniente a los alimentos a favor de la menor quejosa, en los siguientes términos: ". B) ALIMENTOS A FAVOR DEL MENOR DE EDAD.- A ese respecto, es preciso señalar que el derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco; los alimentos comprenden: La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento; los progenitores están obligados a proporcionar alimentos a su hijo o hija, los niños, niñas y adolescentes gozan de la presunción de necesitar alimentos, tomando en cuenta la posibilidad económica del que debe otorgados, y la necesidad de quienes deban de recibirlos, tal y como lo estipulan los artículos 23, 24, 28, 30 y 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, aunado a que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. De tal manera que los señores KAREN NATHALY GAMBOA PACHECO y EMILIO LARA CALDERÓN tienen la obligación de proporcionar alimentos a su hija de identidad reservada e iniciales ********************, quien por su condición de infante, goza de la presunción de necesitar alimentos de conformidad con el artículo 30 del Código de Familia para el Estado, ya que por sus propias características no se encuentra en posibilidad de proporcionarse sus propios satisfactores. Sin embargo, como medida provisional se dispuso que la niña de identidad reservada e iniciales ********************, se quede bajo la guarda y custodia de su madre la señora KAREN NATHALY GAMBOA PACHECO; de ahí que deba entenderse, que ésta también erogará gastos para cubrir las necesidades de su hija, por que habita con ella, por lo debe considerarse que ésta última, cumpliría con su obligación alimentaria al tener a su hija incorporada a su hogar, de conformidad con lo establecido en el numeral 33 del Código de Familia; así, es que esta autoridad únicamente se constreñirá a establecer una obligación inherente al señor EMILIO LARA CALDERÓN. Ahora bien, para determinar al monto de la pensión esta autoridad debe sujetarse a lo preceptuado por el artículo 35 del Código de Familia para el Estado, siendo que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con la posibilidad económica del que deba otorgados y la necesidad de quien deba recibirlos, siguiendo los principios de proporcionalidad y equidad, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor alimentario, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para devolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático. Por lo tanto, se fija de forma provisional en concepto de pensión alimenticia a favor de la niña de identidad reservada e iniciales ********************, la cantidad líquida de diez mil pesos sin centavos, moneda nacional, deducida del total de los sueldos o emolumentos, y demás prestaciones, ordinarias y extraordinarias, incluyendo aguinaldo, menos las deducciones, únicamente las de carácter legal, que devenga mensualmente el señor EMILIO LARA CALDERÓN.". Efectuada la relación de constancias, tendiente a controvertir las consideraciones y fundamentos legales que sostienen el sentido de la determinación reclamada, se expresa como concepto de violación, la violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes bien, como antes se dijo, en suplencia de la deficiencia de la queja, el numeral 14 de la Constitución, señala que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las formalidades esenciales en un procedimiento, consisten en otorgar al interesado, las oportunidades de defenderse y de probar lo que a su interés convenga. De modo que la sentencia que se dicte en un procedimiento de cualesquier índole, en su carácter de acto jurídico público unitario, no puede adolecer de la falta de las mencionadas formalidades. Por su parte, el diverso artículo 16 de la Carta Magna, en su primer párrafo, establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento" De la lectura del precepto transcrito, se advierte que las condiciones que exige para la emisión de un acto de autoridad de molestia, son tres, a saber: a) Que se exprese por escrito; b) Que provenga de autoridad competente; y, c) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En ese contexto, las formalidades que debe satisfacer toda resolución dictada por una autoridad, a fin de que se respeten las prerrogativas de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la constitución, son: a) Exhaustividad y congruencia. b) Fundamentación y motivación. El principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar el juzgador respecto de todas las cuestiones o aspectos que sean materia del procedimiento, sin omitir ninguno de ellos. Es decir, dicho principio implica la obligación de la autoridad de decidir los asuntos que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta cada una de las actuaciones existentes, los argumentos aducidos tanto al accionar, como en aquellos en los que se sustenta la contestación de los mismos, los hechos que motivaron la demanda, las pruebas aportadas por las partes, y demás pretensiones hechas valer oportunamente, resolviendo de tal forma, valorando y tomando en consideración todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. El principio de congruencia que debe regir en toda resolución estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con los hechos y pretensiones formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. Aplica el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la tesis I.1o.A. J/9, página 764, Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos". Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 959, del tenor siguiente: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal". Por fundamentación debe entenderse, la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que encuadran las consideraciones que tomó como base la responsable para emitir el acto de molestia, los cuales deben ser debidamente señalados con toda exactitud, ya que el deber de fundar y motivar la causa legal del procedimiento implica la exigencia de que las autoridades no simplemente se apeguen a una ley, según criterio oculto y mediante argumentos de propia autoridad, sin que se conozca de que ley se trata, ni los preceptos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, ni las causas por las que los consideran aplicables, sino que el aludido artículo 16 Constitucional exige que sean citados tanto la ley como los artículos en que las autoridades se apoyen y que sean expresadas las razones o motivos por los que esa ley y sus artículos tengan aplicación en el caso de que se trate. Por último, motivación es la expresión precisa de los razonamientos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que llevaron a la responsable a la conclusión, de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia localizable en la página 143, Volumen 97-102, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Asimismo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en la página 3769, Libro III, diciembre de 2011, materia común, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE AFIRMA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE TALES REQUISITOS, ES SUFICIENTE QUE ASÍ SE INVOQUE EN LA DEMANDA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE COMETIÓ ESA INFRACCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario Judi0cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", determinó que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que aparezcan en la demanda, siempre que expresen con claridad la causa de pedir, es decir, que sean argumentos que precisen cuál es la lesión o agravio que causa al quejoso el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio para que el Juez de amparo lo estudie. Así, al aplicar dicho criterio al amparo indirecto en el que el quejoso señala con nitidez que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, se concluye que el Juez de Distrito, en acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, debe analizar si la autoridad responsable cumplió con la garantía de legalidad, bajo la cual estaba obligada a fundar y motivar su acto, es decir, cuando se afirma que el acto impugnado carece de tales requisitos, es suficiente que así se invoque en la demanda de garantías para que el juzgador federal determine si efectivamente se cometió esa infracción, sin que para ello deba exigirse al peticionario de garantías que exponga las razones por las que la autoridad responsable no cumplió con la citada garantía, ya que ello constituye una carga excesiva que no encuentra sustento legal alguno y que, por el contrario, llevaría materialmente a una denegación de justicia al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción en contravención al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". También la tesis de jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531, tomo XXIII, mayo de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Bajo tales premisas, el acto reclamado deviene violatorio de derechos fundamentales, en la medida que al momento de pronunciarse sobre la fijación relativa al monto que por concepto de alimentos provisionales deberá sufragar Emilio Lara Calderón a favor de su menor hija de iniciales ******************** (quejosa) indicó que sería por la cantidad mensual de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). Se arriba a esa conclusión, pues conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2000-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, sentó criterio en el sentido de que en la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos. Consideró que se debe atender a dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado. Además, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia. Puntualizó que no se debe tomar como base para fijar la pensión alimenticia el salario mínimo, toda vez que son muchos los factores que se deben tomar como base para establecerla, por lo que debe ser una fórmula flexible y objetiva que pueda adecuarse en el tiempo, de lo contrario sería rígida, irreal e insuficiente para las necesidades del acreedor. Tales consideraciones se contemplan en la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 11, tomo XIV, agosto de 2001, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." De las consideraciones aludidas, se advierten los lineamientos conforme a los que se debe fijar el monto de la pensión alimenticia y, se destaca que dicho monto no debe circunscribirse a un aspecto meramente matemático, así se desprende del contenido del artículo 35 del Código de Familia aplicable: "Artículo 35. Los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con la posibilidad económica del que debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos". En virtud de que la determinación debe atender a diversas circunstancias, específicamente a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor; entendiendo por las primeras tanto a las indispensables para su subsistencia como todo lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado. Ahora, el Código de Familia de esta Entidad Federativa, en el Título Segundo, Capítulo Único relativo a "De los Derechos y Obligaciones Alimentarios", dispone: "Artículo 24. Los alimentos comprenden: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento; III. En su caso, los gastos de funerales; IV. Respecto de niñas, niños y adolescentes incluyen los gastos necesarios para la educación básica y, en su caso, para que aprendan algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; V. En su caso, lo necesario para procurar la habilitación o rehabilitación y desarrollo de personas con capacidades especiales que requieren de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, que hayan sido declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por ser sordomudos que no sepan leer ni escribir, y VI. Tratándose de los adultos mayores que carecen de recursos económicos, además, de lo necesario para su atención geriátrica". "Artículo 28. Los progenitores están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos o hijas. A falta o por imposibilidad económica de los progenitores, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. La obligación de quienes ejercen la patria potestad de proporcionar alimentos a sus hijos o hijas que ya alcanzaron la mayoría de edad, se prorroga por el tiempo necesario para concluir una carrera técnica o profesional." "Artículo 30. Las niñas, niños y adolescentes, la mujer embarazada, las personas con alguna discapacidad, las personas declaradas en estado de interdicción y el cónyuge, concubina o concubinario que se dedique exclusivamente al trabajo en el hogar o al cuidado de los hijos o hijas, gozan de la presunción de necesitar alimentos." "Artículo 33. El obligado a proporcionar alimentos cumple esta obligación asignando una pensión al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos." "Artículo 35. Los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con la posibilidad económica del que debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos." "Artículo 36. Una vez fijada la pensión alimenticia por el juez, ésta debe ser aumentada conforme incremente el salario mínimo general vigente en el lugar en donde se ubique el domicilio del deudor alimentario y en el mismo porcentaje en que hubiere incrementado el salario del deudor, salvo que éste demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción y, en este caso, el incremento de la pensión se ajustará al incremento real de los ingresos del deudor. El deudor alimentario, al cambiar de empleo, deberá informar al juez y al acreedor alimentario dentro de los diez días siguientes al cambio, acerca de la denominación o razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de éste, el puesto o cargo que desempeñe y el monto del salario que percibe, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada para no incurrir en alguna responsabilidad. En todo caso el juez puede recabar oficiosamente los elementos de prueba que le permitan establecer o confirmar la capacidad económica del deudor alimentario. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente." "Artículo 46. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o se rehusare entregar lo necesario para alimentar a los miembros de su familia con derecho a recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir las necesidades que comprendan los alimentos, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria". "Artículo 47. El cónyuge que abandone al otro, sigue obligado a cumplir con los gastos derivados de la asistencia familiar. En tal virtud, el cónyuge abandonado puede pedir al juez que fije una pensión alimenticia a cargo del otro cónyuge, por el tiempo que dure el abandono y en la misma proporción en que aquél la otorgaba hasta antes del abandono. Si dicha proporción no puede ser determinada, el juez, según las circunstancias del caso, debe fijar la suma, la periodicidad y las formas de pago que juzgue conveniente, y dictar las medidas necesarias para asegurar su entrega, así como el pago de las cantidades que se hubiesen dejado de cubrir desde que se produjo el abandono. En este último caso, sólo deben ser consideradas las cantidades dejadas de cubrir de dos años anteriores a la solicitud para la fijación de la pensión alimenticia". De los preceptos transcritos, se advierte que en los casos en los que durante el juicio que dirime el otorgamiento y monto de una pensión alimenticia, no se hayan demostrado o bien se desconozcan los ingresos del obligado a proporcionarlos, la obligación se cumple y establece como lineamiento para fijar el monto, capacidad económica y el nivel de vida del deudor y sus acreedores alimentarios, a fin de estar en posibilidad de establecer en forma aproximada los ingresos del obligado. Efectivamente, al ser las controversias sobre alimentos, una cuestión de orden público, el juzgador encargado de solucionar una controversia de esta naturaleza se encuentra obligado a recabar los elementos que le permitan establecer objetivamente la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios llevaron, a fin de establecer el monto de la pensión que corresponda acorde con estas dos situaciones; la que será en porcentaje y respecto del estimado del ingreso mensual que percibe el deudor alimentario. En el particular, la Juez responsable por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, admitió a trámite el juicio oral de guarda y custodia 318/2023, así como de pago de pensión alimenticia, promovido por ******************** en representación de su menor hija ******************** (quejosa) en contra de Emilio Lara Calderón; y fijó por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de la aludida infante la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) mensual; y, motivó la decisión atento a: - La posibilidad económica del deudor (sin detallar en qué labora el demandado ni a cuánto asciende su ingreso). - Las necesidades de la acreedora (sin especificar). - Con base -a su decir- en un test de proporcionalidad y equidad, entre las necesidades vitales o precarias del acreedor alimentario con la solvencia de llevar una vida decorosa suficiente para desenvolverse en ese estatus. Lo hasta aquí expuesto, permite estimar que, el proveído reclamado carece del requisito de motivación que se contiene en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, consiste en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y establecer la hipótesis que genere la emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para dictar el acto; además, es necesario, que exista adecuación entre los motivos y las normas aplicables. Por tanto, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, el derecho fundamental de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que aquél consideró para resolver el debate, lo que no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis deben darse los razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así las cosas, como se dijo, el acuerdo que se combate carece de motivación, pues la Juez responsable, primeramente estableció que se justificaba la petición de los alimentos ya que gozaba de la presunción de necesitarlos, por lo que señaló como pensión alimenticia provisional la cantidad mensual de $10,000.00 (diez mil pesos, 00/100 moneda nacional). Sin embargo, de modo alguno se aprecia que, motivara su actuación, es decir, tratándose de la resolución judicial mediante la que se decreten los alimentos, sean éstos provisionales o definitivos, la autoridad debe tomar en consideración las necesidades del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplir con la pensión; además, el entorno social en el que se desenvuelven las partes, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventar una vida decorosa sin lujos pero suficiente para desenvolverse en el status aludido. De ahí que, no es dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, pese a haber señalado que no fue así, ya que simplemente la responsable se limitó a establecer la pensión alimenticia en una cantidad tasada, sin ni siquiera tomar en consideración las manifestaciones de la promovente y las múltiples documentales que al efecto exhibió en vía de prueba. En tal virtud, la sola afirmación en el sentido de que la medida provisional de alimentos se otorgó debido a que se justificó el título a cuya virtud se pidieron, a las necesidades de la acreedora (sin especificar) y a la afirmación que realizó de la proporcionalidad económica del deudor; resulta insuficiente para que la parte quejosa conozca las razones particulares que condujeron a la Juez responsable a dictar el acto reclamado y así estuviera en posibilidad de rebatirlas. Además, de que sólo conociendo esa motivación, podría emprenderse un auténtico estudio sobre la constitucionalidad de la voluntad de la autoridad. Máxime que la responsable tampoco explicó por qué concluyó que corresponden a $10,000.00 (diez mil pesos, 00/100 moneda nacional), mensuales, esto es, se concretó a delimitar dicha cantidad sin razonar al respecto. Sirve de sustento la jurisprudencia 1ª./J. 172/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 58, tomo XXVII, febrero de 2008, materia civil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ALIMENTOS. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO NO SE HAYAN ACREDITADO LOS INGRESOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. El citado artículo prevé expresamente el supuesto de la falta de comprobación del salario o los ingresos del deudor alimentario y establece los lineamientos para fijar el monto de la pensión relativa, consistentes en la capacidad económica y el nivel de vida que aquél y sus acreedores alimentarios hayan llevado durante los dos últimos años. En congruencia con lo anterior y en virtud de que las controversias sobre alimentos son una cuestión de orden público y de interés social, cuando no se hayan acreditado los ingresos del deudor alimentario, los juzgadores -en primera o segunda instancia- deben atender a lo dispuesto en el artículo 311 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, y en el caso de no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión, conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, están obligados a recabar oficiosamente los elementos que les permitan establecer la capacidad económica y el nivel de vida a que se refiere el mencionado numeral 311 Ter, además, quien cuente con la información relativa debe proporcionarla en términos del artículo 323 del señalado Código Civil; y una vez hecho lo anterior realizar un estimado del ingreso mensual del deudor alimentario, respecto del cual fijará un porcentaje como monto de la pensión alimenticia." En efecto, previamente a fijar la pensión alimenticia provisional, la juzgadora de origen debió atender a las necesidades de la acreedora y las posibilidades reales del deudor para cumplirla; entorno social, costumbres y demás particularidades de las partes, desde luego, las manifestaciones vertidas por quién las pidió y las pruebas que las sustentan, a efecto de lograr una mejor comprensión de la controversia. Aunado a que la juzgadora responsable omitió pronunciarse sobre la circunstancia de porqué fijó en cantidad líquida el monto de la pensión, sí como refirió la quejosa el deudor alimentario cuenta con un empleo público de fácil constatación, y ante ello, debió señalar la pertinencia de fijar un monto en porcentaje de sus percepciones, o si no lo consideraba así, porqué en esa cantidad líquida, cuando de fijar la pensión alimenticia a través de un porcentaje sobre los ingresos del deudor, se atiende a los elementos reales de capacidad y necesidad, beneficiando, además, a ambas partes (acreedor y deudor alimentario), al hacer innecesaria la promoción de nuevas controversias de incremento o disminución de los alimentos, con el consiguiente ahorro de tiempo, gastos y trámites, y se cumple a cabalidad con la plena administración de justicia al establecer en una sola oportunidad el quántum que deberá regir en lo sucesivo. Así es, porque la fijación de la pensión en una cantidad fija basada en los ingresos del deudor es susceptible de quedar rebasada con el devenir temporal, ante el incremento del costo de vida, o bien, ser mayor a la que en el futuro esté en posibilidad de cubrir el obligado, ante un decremento en sus percepciones económicas lo que, a su vez, podrá provocar nuevos procedimientos de aumento o disminución de pensiones. A la conveniencia de fijar la pensión alimenticia en forma porcentual, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO NO SE HAYAN ACREDITADO LOS INGRESOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. El citado artículo prevé expresamente el supuesto de la falta de comprobación del salario o los ingresos del deudor alimentario y establece los lineamientos para fijar el monto de la pensión relativa, consistentes en la capacidad económica y el nivel de vida que aquél y sus acreedores alimentarios hayan llevado durante los dos últimos años. En congruencia con lo anterior y en virtud de que las controversias sobre alimentos son una cuestión de orden público y de interés social, cuando no se hayan acreditado los ingresos del deudor alimentario, los juzgadores -en primera o segunda instancia- deben atender a lo dispuesto en el artículo 311 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, y en el caso de no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión, conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, están obligados a recabar oficiosamente los elementos que les permitan establecer la capacidad económica y el nivel de vida a que se refiere el mencionado numeral 311 Ter, además, quien cuente con la información relativa debe proporcionarla en términos del artículo 323 del señalado Código Civil; y una vez hecho lo anterior realizar un estimado del ingreso mensual del deudor alimentario, respecto del cual fijará un porcentaje como monto de la pensión alimenticia." (Registro digital: 170406, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: 1a./J. 172/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 58, Tipo: Jurisprudencia). Así como las tesis siguientes: "ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE LA FIJACIÓN DE LOS, CUANDO SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR. La fijación de una pensión alimenticia en forma definitiva consistente en el porcentaje del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su trabajo, en lugar de que esa fijación se haga en cantidad líquida, no agravia a la acreedora ya que en cualquier caso, la fijación debe sujetarse a la regla de proporcionalidad de los alimentos previstos en el artículo 311 del Código Civil, independientemente de que la fijación de una pensión alimenticia consistente en un porcentaje de los ingresos del deudor, es más conveniente en la medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social." (Registro digital: 216826, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Marzo de 1993, página 207, Tipo: Aislada). "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No es ilegal la fijación de los alimentos con base en un porcentaje, puesto que con el puede regularse la proporción debida entre las necesidades de quienes deben recibirlos y la capacidad económica de quien está obligado a cubrirlos, según los términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, que dispone: 'Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos'; pero además de lo expresado, cabe hacer notar que el sistema de fijar los alimentos señalando un porcentaje de las percepciones económicas, obviamente presenta la ventaja de eliminar la exigencia, al menos hasta cierto punto, de nuevos juicios encaminados a solicitar el aumento o la disminución de la pensión alimenticia, porque el acreedor o acreedores, en efecto, una vez que obtuvieron determinado porcentaje, no tendrán que acudir a solicitar otro ante los tribunales, cada vez que aumente el grado de capacidad económica de su deudor alimentista, ni éste tendrá que pedir una disminución cuando su capacidad económica se vea menguada." (Registro digital: 240864, Instancia: Tercera Sala, Séptima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 127-132, Cuarta Parte, página 29, Tipo: Aislada). "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE. El juzgador puede legalmente fijar como monto de la pensión alimenticia que decreta un tanto por ciento de las percepciones, salarios y emolumentos del deudor, ya que tal porcentaje puede oportunamente convertirse en una determinada suma de dinero." (Registro digital: 241358, Instancia: Tercera Sala, Séptima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 82, Cuarta Parte, página 15, Tipo: Aislada). "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE. Ningún precepto legal impone a la autoridad judicial el deber de fijar en cantidad líquida el monto de la pensión alimenticia que se hubiere demandado, por lo que puede también ser correcto decretar su pago ateniéndose a un porcentaje de los emolumentos que perciba el deudor alimentista; además, si se prueba en el juicio cuál es la capacidad económica del deudor, la orden para que ministre un porcentaje de sus percepciones equivale a la condenación de una cantidad cierta, pues para hacer la transformación respectiva bastará una simple operación aritmética." (Registro digital: 242132, Instancia: Tercera Sala, Séptima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 33, Cuarta Parte, página 15, Tipo: Aislada). Por consiguiente, al resultar violatorio de derechos fundamentales el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, lo procedente es conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal se solicita, para el efecto de que la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, realice lo siguiente: - Deje insubsistente la parte conducente del proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés; y, con plenitud de jurisdicción dicte otro, en el que atento a las consideraciones expuestas, resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido que cualquiera que sea la decisión a la que arribe después de considerar las necesidades de la acreedora quejosa y las posibilidades reales del deudor para cumplir con la pensión, deberá motivar su actuar, esto es, precisar los razonamientos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que la llevaron a la conclusión, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por último, no causa agravio a la representante especial de la parte quejosa el que el suscrito no se ocupe de los alegatos vertidos en el presente juicio constitucional, ya que los mismos no forman parte de la litis del juicio de amparo, que se integra con la demanda de amparo y el informe con justificación de la autoridad responsable. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, de la gaceta número 80, materia común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la menor quejosa de identidad reservada e iniciales ********************, por conducto de su madre y presentante legal ********************, en contra del acto reclamado a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en términos y para los efectos precisados en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta de la Asesora Jurídico Federal Addy Patricia Sabido Baquedano, y como tal, en representación de la menor de edad de identidad reservada L.L.G., con el que formula alegatos, por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en relación con los actos reclamados, de las cuales se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. Así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el veinte de octubre en curso, no fue posible su celebración. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para ese día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de Addy Patricia Sabido Baquedano, Asesora Jurídica Federal, quien se ostenta como representante especial de la menor de edad de identidad reservada L.L.G., en el presente juicio de amparo. Al efecto, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, por cuanto manifiesta que ha sido designada en dicha representación, y que al respecto la Titular de la Delegación Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, ha informado tal designación. Téngase por aceptado el cargo propuesto, el cual protesta desempeñarlo bien y fielmente, por lo que no habiendo impedimento legal alguno, se le discierne en el mismo. De igual manera, téngase como su domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, los que señala para tal fin en escrito de cuenta, en los términos que indica. Por otra parte, en relación a su solicitud para que se les autorice el acceso al expediente electrónico a los usuarios "ADDYPATRICIA", "ASESORIAYUC03AJ", "ASESORIAYUC01AJ", "SANDOVALIFDP", "ROXANACACHON", Ngmecottt" y "leonardo.lopez"; al efecto, con fundamento en el artículo 3 de la misma Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización a la nombrada representante especial y a sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio y presentar promociones, así como para recibir notificaciones por la misma vía. Mientras que las restantes personas que menciona, únicamente para tengan acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo. En mérito de lo anterior, proceda el Secretario a efectuar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la representante especial y cúmplase.

  4. Incidental

    Vistos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1396/2023-VII-B, promovido por ********************, en representación de la menor quejosa L.L.G., contra el acto que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, la parte quejosa solicitó la suspensión definitiva del acto que atribuye a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el dieciocho de septiembre del año en curso, emitido en el juicio principal, previa su aclaración, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: El acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia y de alimentos 318/2023, en el que se fijó provisionalmente como concepto de pensión alimenticia de la menor de iniciales L.L.G., la cantidad mensual de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 monea nacional), a cargo de Emilio Lara Calderón. SEGUNDA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de así haberlo reconocido expresamente al rendir su informe previo (registro 14965). TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa respecto del señalado acto reclamado, previamente se debe analizar su naturaleza, el cual en la especie tiene el carácter de consumado con efectos positivos, ya que resulta incontrovertible que el acto de ordenamiento ya se emitió; sin embargo, al producir consecuencias, es sobre éstas que procede hacer el análisis sobre la procedencia de la medida cautelar citada. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por ello, en cuanto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo. Esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. Lo anterior es así, pues en el caso, el primero de los requisitos previstos en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo queda colmado, ya que la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Quien acreditó su interés suspensional con el acta de nacimiento de la menor quejosa que la faculta como su representante y por ello, la propensión a que perciba la cuota de alimentos decretada a su favor y a cargo del padre de dicha menor. Empero, no se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que en principio pretender la suspensión de lo ordenado por la Juez responsable traería como consecuencia el impedir el pago de los alimentos, contraviniendo con ello lo dispuesto en la fracción IX del artículo 129 de la Ley de Amparo, que expresamente lo prohíbe. Ahora, que si lo que se pretende con tal medida es variar lo determinado por la responsable en cuanto a que se decrete una cantidad mayor. Ello no es factible mediante esta vía incidental, ya que lo que se analiza en este momento es el acto reclamado y sus consecuencias, tal y como está dictado antes de la promoción del juicio de amparo. Sin que sea factible constituir un mayor derecho o modificarlo en favor de la parte quejosa, como lo pretende, pues ello contravendría lo dispuesto en el numeral 131 de la Ley de Amparo. Máxime que la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; sin que tal negativa de la medida cautelar en modo alguno implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, porque ese estudio corresponde hacerlo en el cuaderno principal, en donde sí será posible modificar, en su caso, el acto reclamado de considerarse inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia establecida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Civil, Tesis 40, en la página 32, que señala lo siguiente: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, lo que informa la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Página: 10, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LXXXI, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS, CONTRA LA RESOLUCION QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSION. Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión. Así como la jurisprudencia I.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 383, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se niega a L.L.G., por conducto de su representante ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en la consideración tercera de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.

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