Karen Irene Bolio Mendoza
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karen Irene Bolio Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad; mediante el cual, acusa recibo de los autos originales del juicio 169/2020, que se ordenó remitirle por auto de veintiocho de octubre en curso. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia firmada el once de octubre de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá agregar copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Por último, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la secretaría de este Juzgado, el toca original 169/2020 que remitió el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado con su informe justificado. En consecuencia, por oficio que al efecto se le dirija, devuélvase el anexo de referencia, DEL CUAL DEBERÁ ACUSAR RECIBO la autoridad responsable. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 444/2021-I-B, promovido por la ********************, por conducto de su mandatario judicial ********************contra de los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y********************A N T E C E D E N T E S********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, por conducto de su mandatario judicial ********************por su propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuye a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Se tuvo por no presentada la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplida la prevención respecto de la personalidad del mandatario judicial de la directa quejosa y por diverso auto de seis de abril del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no presentada la demanda de amparo.********************TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, declaró fundada la queja interpuesta por la parte quejosa.********************CUARTO. Admisión de la demanda. En acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, se recepcionó la ejecutoria de mérito y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. ********************Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el quejoso acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: ********************De la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación ********************.******************** De la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, la ejecución de dicha determinación.********************TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron, la primera por conducto de su Magistrado Presidente, al rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora con el legajo de constancias que las nombradas autoridades responsables remitieron como justificación del acto reclamado, deducidas del expediente de origen y del toca de apelación ********************, respectivamente.********************Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza:******************** "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, sin que la obligación de suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, de la Ley de Amparo, permita a este Juzgador arribar a una conclusión diversa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.********************De las constancias exhibidas por el Magistrado de la Sala responsable (anexo de este juicio de amparo), las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes antecedentes:********************1. Mediante escrito de fecha uno de junio de dos mil doce (fojas 1 a 4 del anexo), ********************promovió diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se decrete pensión alimenticia a favor de la menor de edad ********************. ********************2. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil doce, el entonces Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria en autos del expediente ********************.******************** 3. El veintinueve de agosto de dos mil doce (fojas 18 a 22 del anexo) el citado juzgado dictó sentencia en la que se decretó pensión alimenticia a favor de la menor ********************, en los términos siguientes:********************"...PRIMERO.- Se declaran bastantes para su objeto las presentes Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por la Ciudadana ********************, a fin de que se decrete una pensión alimenticia a favor de su hija menor ******************** y a cargo del señor ********************.********************SEGUNDO.- Se decretan alimentos provisionales a favor de la menor ******************** y a cargo del señor ********************.********************TERCERO.- Se condena al ******************** a pagar a la señora ********************, en representación de su hija menor ********************, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad líquida que resulte del TREINTA POR CIENTO de las percepciones, emolumentos y demás prestaciones menor las deducciones únicamente las de carácter legal que devenga mensualmente el referido señor ********************, como empleado de la ********************y/o en cualquier otro centro de trabajo donde labore con posterioridad; cantidad que deberá depositar por meses anticipados, y la primera dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta resolución, y en términos de lo dispuesto en el artículo 855 del Código de Procedimientos Civiles del Estado reformado en vigor.********************CUARTO.- Por cuanto la pensión alimenticia decretada en estas diligencias, se ha fijado en un porcentaje de los ingresos del señor ********************, lo que ocasiona que al aumentar o disminuir dichos ingresos, automáticamente aumenta o disminuye el monto líquido de la pensión; en consecuencia, se declara que no ha lugar a hacer la prevención a que se refiere el artículo 235 del Código Civil del Estado, toda vez que se cumplirá dicha prevención en forma automática; asimismo, el deudor alimentario deberá informar al Juez y a sus acreedores, dentro de los diez días siguientes a cualquier cambio de empleo, el nombre, denominación o razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de éste y el puesto o cargo que desempeñe, a efecto de que se continúe cumpliendo con la pensión alimenticia convenida, para no incurrir en ninguna responsabilidad, estas prevenciones deberán expresarse en la sentencia o convenio correspondientes.********************QUINTO.- Hágase saber a los señores ******************** y ********************, que los depósitos de pensión alimenticia así como su cobro, se efectuará en la Unidad de Administración del Poder Judicial del Estado, ubicada en la planta baja de este edificio; y para tal efecto, gírese atento oficio al Jefe de esa unidad en el que se le comunique esta disposición.********************SEXTO.- Notifíquese personalmente y cúmplase..."****************************************4. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil doce (fojas 41 y 42 del anexo) se declaró trabado formal embargo del treinta por ciento sobre las percepciones que recibe mensualmente ********************, como empleado de la ********************y se ordenó girar oficio al representante legal a fin de que se sirviera descontar mensualmente al deudor alimentista y remitir a la Unidad Administrativa del Poder Judicial del Estado, el treinta por ciento de los sueldos que percibía ********************, menos las deducciones legales, en concepto de pensión alimenticia, apercibiéndolo de doble pago para el caso de desobediencia al mandato judicial y al interesado que no disponga de dicha suma, pues de lo contrario se haría acreedor a las sanciones que señala el Código Penal del Estado.********************5. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 435 y 436 del anexo), la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, le giró oficio al Jefe de la Oficina del Departamento de Personal Zona Mérida de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual, le informó que para determinar la cantidad líquida del treinta por ciento que se encuentra embargado de los ingresos de ********************, en concepto de pensión alimenticia, de la cantidad bruta que percibe el trabajador mensualmente, incluyendo la cuota diaria, las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se le entregue, primero deberá retener el porcentaje relativo al impuesto sobre la renta, la cuota para el fondo de pensiones y la aportación que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, y del subtotal que se obtenga, de debe calcular el treinta por ciento correspondiente a la pensión alimenticia.********************6. Por oficio ********************, suscrito por el Jefe Departamento Trabajo Zona Mérida de la Comisión Federal de Electricidad, proporcionó información correspondiente a los sueldos, emolumentos y demás prestaciones que ha devengado mensualmente el señor ********************, en el periodo de septiembre de dos mil doce hasta junio de dos mil diecinueve (fojas 445 a 500 del anexo).********************7. Por escrito de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 503 y 504 del anexo), el mandatario judicial de la ciudadana ********************, exhibió una planilla de liquidación en relación con el informe rendido por el Jefe del Departamento de Trabajo Zona Mérida de la Comisión Federal de Electricidad.********************8. Por resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas 518 a 522 del anexo), la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente ********************, aprobó la planilla de liquidación y requirió al señor ********************, para que depositara la cantidad total de ciento treinta y dos mil novecientos noventa y dos pesos con sesenta y un centavos, por el periodo que abarca del mes de septiembre del año dos mil doce al mes de junio de dos mil diecinueve, o en su caso, acredite con documento fehaciente que ha cumplido con su pago.********************9. En desacuerdo con esa resolución, ******************** por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación en la parte conducente, el cual fue admitido en proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 572 a 575 del anexo).********************10. Mediante resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el citado toca ********************, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró fundados supliendo su deficiencia en los agravios expuestos por la apelante ********************, en consecuencia dejó insubsistente en la parte conducente del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y ordenó la reposición en el procedimiento de origen, a efecto de que la referida Juez recabara diversas pruebas (fojas 597 a 604 del anexo). ********************En síntesis, la Sala ordenó reponer el procedimiento para los puntos siguientes:********************"1) Gire oficio a la ********************para que informe si la deducción realizada al deudor ******************** relativa al seguro obrero se refiere a las cuotas obrero patronal que debe pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social.********************2) Informe y remita las deducciones realizadas al trabajador en concepto del pago de las cuotas obrero patronales a partir del dictado de la sentencia en el año dos mil doce.********************3) Efectuadas las anteriores acciones, dicte el auto resolviendo sí efectivamente la forma en la que el patrón a determinado el descuento de la pensión alimenticia provisional ha sido realizado conforme fue decretado en la sentencia dictada en fecha veintinueve de agosto del año dos mil doce." ****************************************Esta resolución es el acto reclamado en este juicio de amparo.********************Ahora bien, como conceptos de violación, la quejosa argumenta que la resolución reclamada le causa agravio, en virtud que sin mayor argumento o análisis la responsable ordenó la reposición del procedimiento, lo que llevaría a una dilación procesal innecesaria, una violación al acceso a una justicia pronta y expedita.********************Lo anterior, en virtud que la Sala responsable teniendo la facultad y el deber de allegarse de oficio de las pruebas necesarias para resolver controversias que involucren derechos de menores de edad, repuso el procedimiento para que el juez de origen sea quien solicite la información pertinente y necesaria para mejor resolver, en lugar de que la misma Sala responsable hubiera recabado la información. ******************** Refiere que a su parecer, no era necesario que se ordenara la reposición de procedimiento, ya que los elementos de prueba que recabaría la juez primigenia a la Comisión Federal de Electricidad, respecto el informe de la deducción relativa al seguro obrero, se refiere al pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y si la prestación está contemplada en el contrato colectivo de trabajo, debería remitir la deducción por este concepto al salario del trabajador a partir del dictado de la sentencia del año dos mil doce.********************Ello, porque dicha información se encuentra en versión pública, por lo que la responsable tenía la oportunidad de acceder a la misma, de manera inmediatamente por medio de internet, y de este modo evitar una dilación en el proceso, toda vez que la información que requirió la Sala responsable, se encuentra en el contrato colectivo de trabajo 2020-2022, el cual se puede consultar en la página oficial del Sindicato Único de Electricista de la República Mexicana, por lo que dicha información cumple con los requisitos para que sea considerada como hecho notorio.********************Finalmente, agrega que para el dictado de la resolución que combatió a través del recurso de apelación, transcurrieron dieciséis meses después que le notificaran, por lo que al reponer el procedimiento dilataría aún más el procedimiento, negándole a una menor de edad el acceso a una justicia pronta y expedita, ya que lo tiempos procesales son excesivamente lentos.********************Dichos planteamientos son infundados. Para arribar a lo anterior, cabe citar los siguientes preceptos:********************Artículo 4°, párrafos noveno, décimo y decimoprimero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************"(...)********************En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.********************Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.********************Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.********************El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.********************(.)."********************Artículos 1, 3 y 12, Apartados 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación.********************"Artículo 1º. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad."********************"Artículo 3º. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.********************2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas."********************"Artículo 12. 1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.********************2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional."********************Artículo 41, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.********************"Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de:********************"A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen.********************B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad."********************De lo anterior se colige que por mandato expreso del artículo 4o. Constitucional, es obligación del Estado velar y cumplir con el principio del interés superior del menor; y conforme a los demás ordenamientos plasmados, que forman parte del sistema jurídico mexicano y son de observancia obligatoria, se desprende también la obligación de todas las autoridades, entre ellas, las judiciales, de atender al interés superior del niño en todas las medidas y decisiones concernientes a aquéllos.********************Así como la obligación de asegurar al menor la protección y cuidados necesarios para su bienestar, concatenados con los derechos y deberes de sus padres.********************Y en concreto, el derecho del menor de participar y ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte; lo que implica, que se les debe tomar en cuenta en los asuntos y resoluciones donde estén involucrados, así como ser escuchados y considerar sus opiniones y propuestas respecto a temas que atañan a su familia.********************Por su parte, en el ámbito interno, el Estado de Yucatán también reconoce y regula el interés superior del niño; se cita:********************Artículo 11 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán.********************"Artículo 11. La dirección de los procedimientos está confiada al juez, quien tiene la facultad de dictar las medidas necesarias que resulten de la ley o de su potestad de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los principios que rigen los procedimientos.********************En particular, el juez en todo momento debe actuar de oficio para velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes."********************En ese sentido, como se ha ido exponiendo y como también detalla la legislación interna, en toda contienda judicial donde se vean involucrados derechos inherentes a menores, el juzgador en todo momento debe actuar de oficio para velar por el interés superior del niño y resolver atendiendo a ese principio básico, que es, lo que resulte ser más benéfico para el infante.********************Por su parte, nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha ponderado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, el que sostuvo implica considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su sano desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, así como adoptar criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, referidos en cuanto a su protección integral, estos son, aspectos físicos, morales, sociales y psicológicos.********************Al respecto, se cita la jurisprudencia 25/2012 que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto se aprobó en sesión privada del veintiuno de noviembre de dos mil doce, de tema: 'INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.'2, la cual, impera atender el interés superior del niño en todas las medidas que tomen los tribunales.********************De igual forma, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos seis, Libro 4, marzo de dos mil catorce, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, del rubro y texto siguiente:********************"INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión".********************En el caso que nos ocupa, la resolución de la Sala responsable resulta apegada a derecho, pues ciertamente la autoridad primigenia incurrió en una deficiente observación del principio del interés superior del menor al resolver la liquidación de los adeudos, al considerar más deducciones, en perjuicio de la menor de edad, ya que únicamente decretó la pensión provisional a favor de la menor de edad, sin especificar si el seguro obrero sustituye a las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que de los datos probatorios que obran en autos, no existe evidencia del pago de las cuotas del seguro social. ********************Sin embargo, contrario a lo sostenido por el quejoso, bajo las mismas consideraciones en torno al interés superior del menor, es correcta la decisión de la Sala responsable, de reponer el procedimiento a efecto de recabar mayores elementos para determinar los ingresos reales del deudor y con ellos, resolver lo que conforme a derecho corresponda respecto a la pensión de la menor.********************Lo anterior, ya que en los autos de origen no se advierte que estén comprobadas ni determinadas fehacientemente las deducciones realizadas en concepto del pago de las cuotas obrero patronales a partir del dictado de la sentencia del año dos mil doce y, al estar involucrados los derechos de una menor de edad, resulta indispensable saber si efectivamente el patrón ha realizado las deducciones tal y como fue ordenado el veintinueve de agosto dos mil doce.********************Lo cual, era obligación de la Juez de origen al estar involucrados derechos de una menor, toda vez que al decretar la pensión provisional a su favor, lo hizo por el 30% (treinta por ciento) de las percepciones del deudor alimentario, al que solamente se le descontarían las deducciones de carácter legal, como son las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, el fondo para el retiro y el impuesto sobre la renta, por lo que estaba obligado a recabar y practicar las diligencias necesarias para obtener tal información y acreditar tal extremo, a efecto de garantizar plenamente los derechos de la infante.********************Apoya lo anterior, la tesis 1ª. CCCXXXVI/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Civil, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre 2018, Tomo I, página 356, con registro digital 2018735; del rubro y texto siguientes:********************"PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO. La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales, sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En ese sentido, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que en la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso."****************************************Así, la Primera Sala de la Suprema Corte también determinó mediante el criterio anterior, que para la protección alimentaria que prevén los artículos 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños y el 4º Constitucional, es indispensable la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario y que dicho ejercicio no puede quedar a expensas de la conducta procesal de las partes; por lo que en caso de controversia, el Juez está obligado a recabar oficiosamente las pruebas que sean necesarias para determinar de forma precisa las posibilidades económicas del deudor.********************Lo que no realizó la Juez de origen, ya que de autos se advierte el oficio ********************, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, signado por el Jefe de Departamento de Trabajo Zona Mérida de la Comisión Federal de Electricidad, con el que adjuntó la concentración anual del sistema integral de recursos humanos, correspondiente a la percepción y deducción en las nóminas del deudor alimentista correspondiente del mes de septiembre al mes de diciembre del año dos mil doce; del mes de enero a diciembre del año dos mil trece; del mes de enero al mes de febrero del año dos mil catorce; del mes de septiembre al mes de diciembre del año dos mil quince; del mes de enero al mes de diciembre del año dos mil dieciséis; del mes de enero al mes de diciembre del año dos mil diecisiete, y del mes de enero al mes de diciembre del año dos mil dieciocho y del mes de enero al mes de junio de dos mil diecinueve, en las cuales se advierte que se realizó la operación aritmética correspondiente, después de restarle a las percepciones del deudor el fondo de ahorro, la cuota sindical y el seguro obrero, sin especificar si el seguro obrero sustituye a las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber sido acreditadas con documento alguno.********************Lo que hace evidente que la juez dictó una resolución en la que resolvió la liquidación de los adeudos sin tomar en cuenta si la deducción relativa al seguro obrero se refiere al pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, o si la prestación está contemplada en el contrato colectivo de trabajo; transgrediendo con ello los derechos de la menor e inobservando su interés superior; no obstante de las obligaciones que como juzgador tiene, en términos de los dispositivos legales referidos en esta sentencia y demás legislaciones aplicables.********************En tales condiciones, al omitir la juez primigenia proveer lo necesario para acreditar de manera objetiva y fehaciente a cuánto ascendía las deducciones realizadas al trabajador en concepto del pago de las cuotas obrero patronales a partir de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil doce, está apegada a derecho la decisión de la Sala responsable de reponer el procedimiento, a fin de que se obtengan los elementos de prueba necesarios para determinar las deducciones realizadas al trabajador en concepto del pago de las cuotas obrero patronales a partir del dictado de la sentencia del año dos mil doce.********************Pues precisamente dicha medida tiene como finalidad determinar con precisión el monto que le corresponde respecto del treinta por ciento de las percepciones del deudor alimentario a que fue condenado, y justamente será con todos los datos que se recaben, que será apreciable tal circunstancia; a efecto de cumplir de modo correcto y completo con el monto de la pensión atendiendo al interés superior del menor y al aludido principio de proporcionalidad, esto es, conforme a la posibilidad económica de quien debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos.********************Todo lo cual, aunado al hecho de que la Sala responsable se encontraba imposibilitada para pronunciarse de fondo sobre la legalidad o ilegalidad de la liquidación de los adeudos sobre la pensión alimenticia, ya que para poder atender al interés superior del menor, era indispensable tener cuantificados correctamente los descuentos por concepto de la pensión alimenticia del deudor; lo que también adiciona a dejar insubsistente la sentencia y reponer el procedimiento.********************Apoya lo anterior, la tesis XII.C.5 C (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, Materia Civil, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2323, con registro digital 2013661.********************"PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS DE PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO OMITE RECABAR LAS PRUEBAS PARA CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). En los casos en que el Juez primigenio omite proveer lo necesario para acreditar, de manera objetiva y fehaciente, a cuánto asciende la totalidad de los ingresos del deudor alimentario, la Sala de apelación está imposibilitada para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la pensión alimenticia, pues para poder atender al interés superior del menor, conforme a los numerales 217 y 223 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, es indispensable que se dicten todas las medidas necesarias a fin de tener acreditado el monto aproximado de sus necesidades alimenticias, así como la real capacidad económica del deudor alimentario y, para ello, es el juzgador primario quien, ante la conducta procesal de los progenitores contendientes, debe recabar oficiosamente todos los medios de prueba, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión alimenticia con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen esa materia. Ello, porque el juzgador de origen, conforme a los artículos 5, fracción II y 237 del Código de Procedimientos Familiares de esa entidad, en aras de privilegiar el interés superior del menor, es quien cuenta con facultades constitucionales para recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del infante. De manera que si el Juez primario omitió proveer lo necesario para ello, y el tribunal de alzada advirtió que en autos no constaban los medios de convicción referidos, debe revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento a fin de recabar las probanzas indispensables para fijar el porcentaje de la pensión respectiva, que cumpla con los principios de proporcionalidad y equidad."****************************************No se soslaya, el argumento que a modo de concepto de violación aduce la parte quejosa, en el sentido de que al reponer el procedimiento se dilataría aún más el procedimiento, negándole rotundamente a una menor de edad el acceso a una justicia pronta y expedita.******************** Pues contrario a lo manifestado, al verse inmiscuidos derechos de una menor, lo cierto es que del análisis del asunto se estima que lejos de generarle un perjuicio la sentencia de apelación que ordena la reposición del procedimiento, esto resulta necesario para allegarse de mayores elementos que puedan ser ponderados por la Juez de origen para emitir una resolución en la que se cuantifiquen de forma correctamente los descuentos por concepto de pensión alimenticia al deudor, en atención al interés superior de aquella.********************De ahí lo infundado de sus motivos de disenso, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado por el quejoso.********************Finalmente, por lo que respecta a los alegatos formulados por el representante especial de la menor de identidad reservada, debe decirse que dado el sentido de la presente determinación, no se pueden tomar en consideración, puesto que, por una parte, no plantea ninguna causal de improcedencia y, por la otra, en nada se alteraría el sentido de esta resolución, amén de que esos planteamientos no forman parte de la litis en el juicio constitucional, ya que éstos constituyen opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.******************** Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P. /J. 27/94, localizable en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:******************** "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos."****************************************En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos y dado que este órgano no advierte en ellos deficiencia que debiera suplirse de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, tampoco que haya habido contra la parte quejosa alguna violación evidente de la ley que los hubiere dejado sin defensa, ni alguna transgresión a sus derechos humanos reconocidos o a las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede en el caso es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.********************En consecuencia, dicha negativa debe hacerse extensiva respecto de la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en esta ciudad, respecto de la ejecución, por ser vía de consecuencia de la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve.********************Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, Tomo VI, materia común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:********************"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."********************SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ******************** OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se********************R E S U E L V E********************PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa ********************, por conducto de su mandatario judicial ********************contra los actos atribuidos a la Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello********************Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintiuno. Vistos estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista que se dio a las partes del informe justificado y anexo, que se relacionaron en proveído de dos de julio en curso. Por tal motivo, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con un minuto del tres de agosto de dos mil veintiuno, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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