Karen Geovana Rodriguez Cruz

Expediente 1303/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1303/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Karen Geovana Rodriguez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto dictado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 81, fracción I inciso d) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el acuerdo por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías en que se actúa; para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.

  2. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales conducentes los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y Actuario de su adscripción. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, del contenido del escrito de demanda y admisión de la misma, de los informes justificados que rindieron las responsables, así como de las constancias que anteceden, se advierte que la quejosa Karen Geovana Rodríguez Cruz, señaló como autoridades responsables, entre otras, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo y como acto reclamado, la omisión de dictar acuerdo a la promoción de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, referente a la ejecución de laudo dictado en el expediente 803/2017. Por otra parte, las autoridades responsables Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y Actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados; aceptaron la existencia del acto reclamado, manifestando que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se acordó la promoción de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se le indicó que en la fecha de presentación de la citada promoción, no era procedente la ejecución del laudo de veintiuno de diciembre de dos mi veinte, por la interposición de la demanda de garantías que promovieron las demandadas en contra del citado laudo, por lo que una vez que se resuelva el juicio de amparo, se acordará lo que legalmente resulte conducente, tal como lo acredita con las constancias que anexa. Constancias a las que se les otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Causas de improcedencia. En la especie se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Del escrito de demanda, se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el veintiuno de diciembre de dos mi veinte, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dictó laudo dentro del juicio laboral 803/2017, condenado a la parte demandada The Clover Pub, Hugo Trejo Moedano y Eric Suárez, al cumplimiento de diversas prestaciones; el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós siguiente la aquí quejosa, solicitó a la Junta responsable dictara auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma; sin embargo, en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la responsable negó lo peticionado en virtud de que las demandas en el juicio laboral promovieron juicio de amparo directo en contra del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Lo narrado por el promovente bajo protesta de decir verdad, permite corroborar la inexistencia del acto que en esta vía reclama, dado que no existe omisión por parte de la responsable en proseguir de oficio con la ejecución del laudo dictado en el expediente 803/2017, en virtud de que el mencionado laudo fue impugnado por la parte demandada vía amparo directo, razón por la cual, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado por la imposibilidad que tiene para cumplir su ejecución, por estar subjudice al amparo directo y siendo así el referido laudo del que el quejoso solicita su ejecución aún no se encuentra firme, ya que el Tribunal Colegiado que conoce del mismo, puede, amparar, negar o sobreseer, el juicio antes mencionado, pudiendo influir en las prestaciones a que se condenaron en el juicio laboral de origen. En ese tenor, se considera que no existe el acto reclamado, pues se encuentra justificada la omisión reclamada. En ese orden, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de Amparo, con motivo del cambio de situación jurídica, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento legal; toda vez que en el caso se incumple con un presupuesto procesal formal del procedimiento y hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Es aplicable la tesis XIV.1°.13 K, visible en la página 1235, tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siembre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre del año en curso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, contra actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo. REGISTRO DE EXPEDIENTE Y ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo Vigente, se admite; regístrese con el número 1303/2022-4 del índice de este Juzgado Federa. NO SE TIENE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: No ha lugar a tener como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdo adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, por no ser autoridad en términos del artículo 5º fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que su función consiste únicamente en dar fe de los actos emitidos por el titular de dicho órgano. Lo anterior con fundamento en la tesis de jurisprudencia número 1006 visible en la página 692 del Tomo VI Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 del rubro siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se reclama". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado. PETICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS Y APERCIBIMIENTOS Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, relacionándolo con el oficio al que da contestación, y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia certificada debidamente legible de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, hágasele saber que de no rendir su informe, o bien, de no remitir las constancias en los términos que se le solicitan, este Juzgado de Distrito se encuentra facultado por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia Vigente, para imponerle una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días unidad de medida y Actualización conforme a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis). Por ello, se apercibe a la autoridad responsable aludida que dicha multa les será aplicada en caso de no rendir el informe solicitado precisamente dentro del plazo que le fue concedido, pues al hacerlo en forma extemporánea retardarían indebidamente la celebración de la audiencia constitucional, cuya fecha fue fijada considerando la anticipación con que el informe debe ser conocido por la parte quejosa. FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre del año en curso, fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase saber a la parte quejosa, así como a la autoridad responsable, que acorde con lo previsto por el artículo 64 de la Ley de la Materia, están obligadas a manifestar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trecientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días unidad de medida y Actualización conforme a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis). Con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la citada Ley y con copia de la demanda de garantías, dese al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le corresponde. TERCERO INTERESADO Resérvese en proveer lo que en derecho resulte procedente respecto al llamamiento del tercero interesado hasta en tanto obren las constancias que remita la responsable como justificación a sus actos. AUTORIZADOS Téngase como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Pedro Orozco Omaña, toda vez que su cédula se encuentra registrada el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a los restantes profesionistas que cita. DOMICILIO Se tiene como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones el señalado expresamente en su escrito inicial de demanda. AUTORIZACIÓN DE USUARIO Por otra parte, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "ANGELES12", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. PRUEBAS Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales públicas, la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones mismas que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, SE ADMITEN y se desahogarán al momento de resolver el presente juicio de derechos. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.

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