Karen García Ríos

Expediente 1711/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1711/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Karen García Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 81, fracción I inciso d) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el acuerdo por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías en que se actúa; para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el informe justificado rendido por el Juez Calificador de la Coordinación de Conciliación Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, toda vez que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, toda vez que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos y obre como corresponda el oficio signado por el Juez Calificador de la Coordinación de Conciliación del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el siete de noviembre de dos mil veintidós e informa que por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente en su totalidad el acuerdo de barandilla de veintiocho de octubre de do mil veintidós, así como el arresto y sanciones administrativas impuestas a la aquí quejosa, adjuntando en original las constancias que acreditan dicha circunstancia. Ahora bien, del contenido del escrito de demanda y admisión de la misma, de los informes justificados que rindieron las responsables, así como de las constancias que anteceden, se advierten que la quejosa Karen García Ríos, señaló como autoridad responsable, al Juez Calificador de la Coordinación de Conciliación del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo (denominación correcta) y Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo; y como acto reclamado, el arresto administrativo. Por otra parte, las autoridades responsables el Juez Calificador de la Coordinación de Conciliación del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo y Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, al rendir sus informes; aceptaron la existencia del acto reclamado. Ahora, en oficio acordado el siete de noviembre de dos mil veintidós, el citado Juez Calificador de la Coordinación de Conciliación del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, informó que a las tres horas con veintitrés minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintidós, ordenó la inmediata libertad de la quejosa Karen García Ríos, así como por oficio recibido en esta fecha, participa que por acuerdo de acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente en su totalidad el acuerdo de barandilla de veintiocho de octubre de do mil veintidós, así como el arresto y sanciones administrativas impuestas a la quejosa. Constancias a las que se les otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Causas de improcedencia. En la especie se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". De acuerdo con el texto transcrito, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Ahora, el acto reclamado por la quejosa Karen García Ríos, se hizo consistir en el arresto administrativo ejecutándose en contra de la misma en el área de retención de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. En cumplimiento al requerimiento realizado en proveído cuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Calificador de la Coordinación de Conciliación del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo (denominación correcta) y Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, hizo del conocimiento a esta autoridad jurisdiccional que la quejosa Karen García Ríos egresó de las instalaciones del área de retención de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo a las tres horas con veintitrés minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintidós. Por otro lado y en cumplimiento al requerimiento formulado el siete de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Calificador de la Coordinación de Conciliación del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo (denominación correcta), informó que por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente en su totalidad el acuerdo de barandilla de veintiocho de octubre de do mil veintidós, así como el arresto y sanciones administrativas impuestas a la quejosa. Constancia que con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, tienen el carácter de prueba plena. De lo anterior se desprende que en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintidós a las tres horas con veintitrés minutos, la quejosa Karen García Ríos fue puesta en libertad, así como por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente en su totalidad el acuerdo de barandilla de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, así como el arresto y sanciones administrativas impuestas a la quejosa. De lo antes reseñado se advierte que la ahora peticionaria de amparo al incoar el juicio constitucional lo hizo por considerar que la responsable violaba en su perjuicio los derechos humanos y garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; sin embargo, dicho acto dejó de existir, toda vez que la propia autoridad responsable el veintinueve de octubre de dos mil veintidós se dejó en libertad de la quejosa y por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente en su totalidad el acuerdo de barandilla de veintiocho de octubre de do mil veintidós, así como el arresto y sanciones administrativas impuestas a la quejosa, determinación que lo repone en el mismo estado en que se encontraba antes de la violación de garantías que invocó, por lo que debe decirse que el acto reclamado fue destruido, así como los efectos que el mismo haya producido, toda vez que ello constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiera emitido. De lo anteriormente reseñado se desprende que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que como se dijo con antelación, el veintinueve de octubre de dos mil veintidós se dejó en libertad de la quejosa y por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente en su totalidad el acuerdo de barandilla de veintiocho de octubre de do mil veintidós, así como el arresto y sanciones administrativas impuestas a la quejosa, por lo que la finalidad para la cual interpuso su demanda de garantías se encuentra totalmente satisfecha, dejando de surtir sus efectos el acto en que había incurrido la autoridad responsable, actualizándose de esa manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese orden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento legal; toda vez que en el caso se incumple con un presupuesto procesal formal del procedimiento y hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Es aplicable la tesis XIV.1°.13 K, visible en la página 1235, tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siembre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del uno de diciembre del año en curso. Notifíquese.

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