Karen Elizabeth Rueda Arizabalo
Expediente 1354/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Karen Elizabeth Rueda Arizabalo
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual comunica que declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por ******, en representación de su hija, contra actos del Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de México, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 4º y 22 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1354/2023. Tramítese observando el ordinal 3° de la Ley de Amparo. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PROPUESTA. Respetuosamente se disiente de las consideraciones jurídicas del órgano oficiante, por lo siguiente: I. El Juzgador declinante precisó que la competencia corresponde a un Juez de Distrito en la Ciudad de México, pues aunque en la demanda se reclame una omisión, de ésta se siguen efectos positivos, porque una autoridad local (que no tiene el estatus de responsable) debe aportar información, para que otra que sí lo es y reside en el Estado de México, cumpla con una suspensión de plano. II. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para la fijación del acto reclamado, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Dicho lo anterior, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es la omisión del Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de México, ha sido omiso en decretar la pensión alimenticia dentro del expediente ... de su índice. Esto implica que en el presente asunto, contrario a lo que dice el órgano oficiante, el acto reclamado carece de ejecución material al ser una omisión; y en el supuesto no concedido de que ello generara nuevos actos, esto no convalidaría el hecho de que la demanda tiene tal abstención como reclamo y en su caso habría una multiplicidad de elementos que analizar, sin variación a la competencia que por prevención genera el primero (la omisión). Empero, para declinar la competencia del juicio, el juzgador oficiante no consideró el reclamo de esta forma. III. Ahora bien, el artículo 37 de la ley de amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Tal precepto prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento le corresponde: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, la norma no regula expresamente el supuesto en que una misma demanda implique analizar una litis compuesta de actos que lleven ejecución material, así como aquellos que no la requieran; empero, puede obtenerse una regla a la luz del principio pro persona, en relación con el acceso efectivo a la justicia, con la cual se puede sostener que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, esto es, conforme al criterio de prevención en el conocimiento. Al respecto se cita la tesis 1a. CCVI/2018 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, en Materia(s): Constitucional, Página: 377, que dispone: "PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. Los criterios que establecen que en caso de duda debe favorecerse a la parte trabajadora -pro operario-, a la parte imputada por la comisión de un delito -pro reo- o a favor de quien intenta una acción -pro actione- constituyen cláusulas de cierre que carecen de relación con la selección o construcción del derecho aplicable, ya que tiene que ver con la solución de cuestiones referentes al sentido de un asunto o a aspectos derivados de éste. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión ..., sostuvo que el principio in dubio pro actione opera como un criterio para resolver casos de duda en torno a si el Poder Judicial debe o no intervenir en el conocimiento de una cuestión, en términos de su justiciabilidad. Esto es, los órganos jurisdiccionales deben tener claras las facultades y atribuciones que delimitan su ámbito o esfera competencial en función de los medios de impugnación cuyo conocimiento les ha sido constitucional y legalmente conferido; sin embargo, en casos donde no exista claridad respecto a si un asunto es o no justiciable, debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción. Esto no implica obviar o soslayar requisitos de procedencia o admisibilidad (reglas de competencia), ni omitir interpretaciones que resulten más favorables a las personas (principio pro persona), sino adoptar un criterio de cierre ante la duda acerca de si un requisito de procedencia -que ha sido considerado válido según su interpretación más favorable a la persona- se encuentra o no acreditado, o si un asunto puede encuadrarse dentro de un supuesto de competencia del órgano respectivo." Lo anterior obedece a que la circunstancia de que la quejosa haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con residencia en el Estado de México, permite presumir que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable. Orienta lo anterior, el criterio I.16o.A.9 K (10a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, en Materia(s): Común, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Luego, si la quejosa reclama destacadamente la omisión y/o abstención por parte de la autoridad responsable en decretar alimentos dentro del expediente ...; y presentó su demanda ante el Juez de Distrito Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, entonces es jurídicamente dable sostener la competencia de éste por haber conocido a prevención del asunto, pues el reclamo lleva implícita la necesidad de estudiar esa omisión de ordenar alimentos, reclamo que no requiere ejecución material. Sustenta lo anterior el criterio de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Décima Época, con registro: 2006529, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, en Materia(s): Común, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México respetuosamente rechaza la competencia planteada por el del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; y en consecuencia, el presente asunto y sus anexos deberán devolverse al Juzgado Federal reseñado, para lo que tenga a bien determinar. Solicitándose el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias remitidas por el juzgado federal declinante. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado no acepta la competencia planteada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado del México, para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, en representación de su hija, contra actos del Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de México. SEGUNDO.- Devuélvase el presente asunto y sus anexos al Juzgado Federal declinante. NOTIFÍQUESE.
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