KAREN ELIZABETH RUEDA ARIZABALO y Otros.

Expediente 814/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
814/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • KAREN ELIZABETH RUEDA ARIZABALO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE DICHO FALLO CAUSÓ EJECUTORIA. Toda vez que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional:https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/p aginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios% 2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 814/2023, promovido por **** contra actos de la Juez Décimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 4, 14, 6 y 22 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, donde se admitió el veintisiete del mismo mes y año. Dicho órgano admitió el asunto, tuvo por rendidos los informes justificados, emplazó a la parte tercera interesada y el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, celebró la audiencia y dictó sentencia declarándose incompetente. El trece de julio de la presente anualidad, este órgano radicó el asunto; declaró la validez de las actuaciones practicadas por el Juzgado declinante; ordenó notificar la radicación del asunto a las partes, así como a las autoridades responsables y Ministerio Público de la adscripción; y turnó el asunto para el dictado de este fallo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. El suscrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa el acto reclamado. De la lectura integral del ocurso constitucional y sus anexos, se advierte que la intención de la accionante consiste en reclamar el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de divorcio incausado ... del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México, que ordenó la presentación de la quejosa, el tercero interesado y su hija en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada de esta ciudad, para llevar a cabo una entrevista diagnóstica, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y anexos para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Sin que sea óbice a lo anterior, que señalara como reclamo: a) Poner en peligro la vida e integridad de la niña quejosa, ante la omisión de homologar su situación jurídica y exponerla a una persona extremadamente peligrosa. b) Poner en peligro la vida de ella y de la infanta, por amenaza de feminicidio. Sin embargo, lo asentado en tales incisos no puede considerarse como acto reclamado autónomo, sino como agravios con relación a la emisión del proveído de diecinueve de abril del año en curso. Ello es así, pues refiere que no existe una homologación con el criterio adoptado por el Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, quien suspendió las convivencias entre el padre y la niña quejosa. Además, que ante diversas amenazas que ha sufrido de parte del tercero interesado, refiere que coloca en riesgo a la niña y a ella en caso de comparecer al mismo lugar y en el mismo horario que su contrario. TERCERO. Inexistencia del reclamo atribuido al Juez foráneo. En principio, es importante mencionar que la peticionaria no expresó un acto concreto contra dicha autoridad, como se advierte de la precisión del reclamo. Sin perjuicio de ello, al rendir su informe justificado, dicha autoridad se pronunció en sentido negativo, sin que hubiera sido desvirtuado. En efecto, la negativa de la autoridad foránea no fue desvirtuada, pues la promovente de amparo se abstuvo de atribuirle algún acto, así como de aportar medios de convicción que revelen su existencia, o de cualquier gestión efectuada por dicha autoridad, relacionada con la orden de presentación para la entrevista diagnóstica ordenada por la Juez Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México. Por lo tanto, el juicio de amparo debe sobreseerse; y es así pues se le dio vista con el informe justificado de la autoridad responsable foránea por el término que marca el artículo 117 de la Ley aplicable, la accionante fue omisa en controvertirlo a fin de evidenciar la existencia de su reclamo. Al caso es aplicable la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988 bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Conforme a lo anterior, en términos de la fracción IV, del precepto 63 de la Ley de la materia, procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO RESPECTO DEL RECLAMO QUE SE ATRIBUYE AL JUEZ EN LÍNEA ESPECIALIZADO EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, de la Octava Época, en Materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, visible en la página 627, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También la Jurisprudencia VI.20 J/308, visible en la página 77, del tomo XIII, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Existencia del acto atribuido a la Juez Décimo Primero de lo Familiar de esta ciudad. Al rendir su informe justificado, la juez responsable con residencia en esta ciudad no aceptó ni negó el acto reclamado, empero, de las constancias que allegó, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se advierte la emisión del auto de diecinueve de abril del año en curso. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que la instancia constitucional es improcedente por no agotarse el principio de definitividad previsto en el dispositivo 61, fracción XVIII de la Ley de la materia, que establece dicha figura cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral citado; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado no se actualizan, pues se observa que la accionante es parte en el proceso de origen y no se duele de la falta de llamamiento. Por ello se concluye que previo a la instauración del juicio, debió agotar el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 691, 696, 701, 702, 950 y 951 todos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Lo anterior es así, pues de acuerdo a dichos numerales, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz para examinar las actuaciones que definan aspectos sobre relaciones familiares. Tiene sustento la tesis 1a. XLV/2016 (10a.), de registro 2010956, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 665, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Civil que dice: "APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado establece que las apelaciones a que se refiere el Título Decimosexto: "De las controversias del orden familiar", en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, "salvo disposición expresa en contrario". Dicha salvedad está comprendida en el subsecuente artículo 951, de cuya literalidad se desprende que el legislador previó que en controversias del orden familiar, las apelaciones sean en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos previstos en el artículo 700 del mismo código civil adjetivo, sin que exista otra remisión en el título especial al que pertenecen esas disposiciones. En este contexto normativo, de una interpretación sistemática y el criterio de especialidad de la materia familiar en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esta Primera Sala advierte que el artículo 950 prevé un parámetro exacto de procedencia del recurso de apelación, especificando la regla general y la operatividad de su excepción. En consecuencia, debe concluirse que no hay sintácticamente ambigüedad ni imprecisión en el enunciado normativo y la norma encuentra armonía y coherencia en el sistema especial de apelaciones previsto para las controversias del orden familiar, por lo que se estima que el referido artículo 950 no es violatorio del principio de seguridad jurídica contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por esta razón, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y por ende, las personas que pretendan promover demanda constitucional están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Al respecto, se cita por analogía la jurisprudencia PC.I.C. J/2 C (11a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época; Materias(s): Común, Civil, que dice: "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente, el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y, finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones que decreten de forma provisional un régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia, de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo 950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala." Además, este recurso debe agotarse aun considerando el acto como uno de imposible reparación, pues dicha calificación, que apunta a una afectación sustantiva, no es una excepción para satisfacer el postulado que rige al juicio constitucional. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior, que la impetrante venga en representación de una niña, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por su interés superior, ello no implica que la suplencia que opera a su favor haga viable lo improcedente; sostener esta afirmación, implicaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Al efecto se invoca por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, página 486, novena época, enero de 2007, en materia común, con número de registro 173440, cuyo rubro y texto es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." En similares condiciones se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida en la queja civil 3/2018, donde determinó: "[.] En ese contexto, y conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, específicamente los Títulos Decimosegundo y Decimosexto que contienen respectivamente, las reglas para los recursos y para las controversias del orden familiar tenemos que contra las resoluciones que se dicten en las controversias del orden familiar en relación con la custodia provisional, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; recurso que también podrá ser admitido en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. [.] En este tenor, si la resolución impugnada está determinada la situación de guarda y custodia de una menor de edad, pero contra esa determinación procede el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata, que conforme a lo dispuesto por el artículo 696 puede suspenderse si así lo solicita la apelante; entonces es inconcuso que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, previsto en la jurisprudencia invocada por la quejosa, puesto que para ello es forzoso que el recurso no admita la suspensión del acto reclamado. [.] Asimismo, el hecho de que el acto reclamado esté resolviendo sobre la situación de una menor de edad, respecto de la cual debe prevalecer su interés, ello tampoco constituye un caso de excepción a la regla contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha disposición es clara al establecer que contra actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio, procede el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se hayan agotado los recursos previstos en la ley ordinaria, sin que establezca que la participación de un menor de edad constituya un caso de excepción. [.] Por lo tanto, la figura del interés superior del menor, es insuficiente para estimar que no se actualiza la obligación de agotar los recursos que la ley ordinaria prevé; pues lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad. Lo mismo sucede con la suplencia de la queja, pues al respecto cabe señalar que si bien es cierto que la misma opera invariablemente cuando está de por medio directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo; esta suplencia exclusivamente tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive a un menor de edad de los derechos que le asisten, pero de ninguna manera llega al extremo de permitir que se dejen de observar las reglas ya establecidas para cada procedimiento específico; ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley, declarándose procedente lo improcedente y viceversa, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. [.]" Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de las causas de improcedencia analizadas, lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo, acorde a la jurisprudencia 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio promovido por **** contra actos de la Juez Décimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, por los razonamientos expresados en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, al que se acompaña el amparo indirecto 622/2023-VI del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, residente en Toluca (y un legajo); asunto del que consta la resolución de veintinueve de junio del año en curso, donde se declinó la competencia para conocer del juicio de amparo que promueve ..., por propio derecho y en representación de la niña con iniciales ...., contra actos de la Jueza Décimo Primera Familiar de la Ciudad de México y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 4 y 22 Constitucionales, al efecto se acuerda: Este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada por el Juez Federal declinante, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 814/2023. Acúsese recibo con copia autorizada de esta determinación para los efectos legales conducentes. Con las documentales que se acompañan fórmese el cuaderno auxiliar I, para un mejor manejo de este expediente. Notifíquese personalmente la radicación del presente asunto a las partes, para lo cual se habilitan días y horas inhábiles; y mediante oficio, a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Se declara la validez de las actuaciones judiciales practicadas por el órgano remitente, así como de la emisión y los alcances de la suspensión de plano decretada por el oficiante en auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés. En estas condiciones, toda vez que no se advierten omisiones o circunstancias objeto de regularización o reposición, se ordena turnar los autos para dictar sentencia una vez cumplidas las actuaciones ordenadas en el presente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Séptima Época, de registro: 238328, que dice: "RADICACION DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. La nueva radicación de los autos en un Juzgado de Distrito que ha aceptado la competencia que otro le atribuye, debe notificarse a las partes en forma personal, puesto que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción por razón de territorio y la reanudación de las actuaciones procesales en el amparo, después de haberse suspendido temporalmente por la cuestión de competencia surgida en el juicio, y en atención a que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano