Karen Elizabeth Rueda Arizabalo

Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
99/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Karen Elizabeth Rueda Arizabalo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Por recibidos los oficios provenientes del Juzgado Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante los cuales en el registrado con el folio 4856, informa el contenido del proveído de veintiocho de abril de la presente anualidad, del que se advierte la tramitación de diverso amparo con número de expediente 258/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. En otro orden, en su comunicado con registro 4857, se tiene al oficiante informando el acato a la suspensión definitiva y al efecto acompaña las constancias que refiere en su apoyo, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. No obstante, dígasele a la autoridad que deberá seguir informando el avance que tiene con los requerimientos realizados, además de remitir las constancias con las que lo acredite. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Por recibido el oficio proveniente de la Juez Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual comunica su acato a la suspensión definitiva y al efecto acompaña las constancias que refiere en su apoyo, de lo que el suscrito toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Independientemente de lo anterior, dígasele a la autoridad que deberá seguir informando el avance que tiene con los requerimientos realizados, además de remitir las constancias con las que lo acredite. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en autos. No obstante, hágase del conocimiento de la autoridad que del cuaderno principal del cual deriva este incidente, se advierte se localizaron los siguientes domicilios: " ... " como lugares donde se puede ubicar el tercero interesado, lo que se hace de su conocimiento para que ordene lo conducente a fin de cumplir con la suspensión. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Por recibido el oficio proveniente de la Juez Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual informa su acato a la suspensión definitiva y al efecto acompaña las constancias que refiere en su apoyo, de lo que el suscrito toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. No obstante, dígasele a la autoridad que deberá seguir informando el avance que tiene con los requerimientos realizados, además de remitir las constancias con las que lo acredite. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 99/2021, promovido por ... por propio derecho y en representación de la menor con iniciales ... (identidad protegida), contra actos de la Jueza Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: a) La omisión de restituir a la menor con iniciales K.L.R. con su progenitora; b) La falta de pronunciamiento sobre la guarda y custodia (en la audiencia correspondiente) dentro del juicio de origen 50/2020, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar de esta Ciudad; c) La dilación de la autoridad para localizar a la menor y a su progenitor para que se presenten ante el juez responsable, para proveer sobre su guarda y custodia. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que en la demanda se apunte que hay una tortura psicológica o tormento por dichas omisiones, empero, el acto reclamado debe apreciarse en su justa dimensión y conforme a su naturaleza, más allá de las calificaciones y señalamientos que del mismo haga la quejosa, pues en su caso, estas valoraciones serán materia de lo que se estudie en el fondo, como una consecuencia o efecto del reclamo, más no como el acto en sí. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia con registro 814717, de la Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Informes, Informe 1970, Parte II, en Materia(s): Común, Página: 25, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE DETERMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis deberá hacerse, en su caso, al entrar al estudio de su constitucionalidad." Máxime que, conforme al artículo 24 de la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la tortura por parte de servidores públicos, (que sería quienes por antonomasia adquieren el carácter de autoridad para el amparo), lato sensu, implica el despliegue de conductas activas, (como son causar, cometer o realizar), esto es, de acciones; empero, en este caso, la quejosa hace derivar ese señalamiento por la omisión de la autoridad, es decir, a causa de su faltas o ausencias de decretar, no así de un acto autónomo, concreto y específico en su contra. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ya fueron atendidos mediante la providencia urgente y de plano, decretada por el Juez Administrativo declinante de la competencia por materia en términos de lo previsto por el numeral 48 de la Ley reglamentaria del presente juicio; por ser la vía suspensional para darles tratamiento como lo marca el artículo 126 de dicha normativa. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, se rindió el informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El juez responsable no aceptó ni negó la existencia de los actos reclamados, no obstante indicó que ante el se tramitaba el proceso de donde derivan los reclamos de la accionante de amparo, por lo que deben tenerse por ciertos. SEGUNDO. ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Hecha la precisión de lo que constituyen los actos reclamados para efectos de esta suspensión (destacadamente omisiones de la autoridad), el suscrito considera oportuno precisar que, aun siendo intrínsecamente una conducta de carácter negativo la que se imputa a la autoridad, ello no es óbice para proveer sobre la suspensión. Ello es así, porque en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), intitulada: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que esa característica en el reclamo, no es óbice a la procedencia de la medida, pues debe analizarse, a la par, el contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo; y para tal efecto, el examen de la providencia implica analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. TERCERO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues existe petición de parte agraviada; y no se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo dentro de un juicio, donde se enfrentan dos particulares. I) De la apariencia del buen derecho. Esta figura se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Esto es, que con una aproximación somera a los hechos propuestos, el juez podrá hacer una valoración, dentro de un marco de probabilidades razonadas, para determinar si asiste o no razón a la parte accionante. Al respecto se invoca la tesis I.3o.C.15 K (10a.) de la décima época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1510, que dispone: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. CUESTIONES JURÍDICAS. La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió el juicio de amparo. Ese análisis no implica una declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ello debe ser materia de la sentencia. Ahora, cuando el peticionario de garantías hace valer un punto de derecho, sin referirse a cuestiones de hecho, su pretensión no puede ser descartada en forma superficial, aun cuando existan tesis aisladas que desvirtúen la postura de la parte quejosa. Por consiguiente, la apariencia del buen derecho no puede servir como justificante para negar la suspensión del acto reclamado, cuando el peticionario de amparo hizo valer cuestiones jurídicas que pueden ser debatidas y que, en todo caso, deben ser materia de un análisis exhaustivo en la sentencia que resuelva el caso concreto." En la especie, partiendo del principio de buena fe que rige de inicio para todos los contendientes en juicio, se considera que existe una apariencia del buen derecho a favor de la quejosa, puesto que la madre y la niña tienen, ex ante, un derecho a convivir y mantener relaciones armónicas que fomenten lazos afectivos, como lo reconoce el criterio 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD." Además, estando inmiscuidos en la acción de amparo los intereses de un menor de edad, es claro que la decisión debe velar por lo que es mejor para el niño o niña, ya que tanto el derecho nacional como el supranacional reconoce en los menores como un sector en vulnerabilidad que amerita la mayor protección. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Página: 406, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Luego, si se considera que la quejosa en su demanda indica que desde febrero de dos mil veinte se le ha separado de la niña; y que de los antecedentes proporcionados por la autoridad responsable, en su comunicado con registro 1894, se advierte que dentro del proceso no ha sido posible llevar a cabo la diligencia presencial para resolver sobre la custodia y convivencias, y que incluso no se ha localizado al actor en su domicilio; entonces, es claro que existe, en una aproximación superficial, una dilación importante en torno a la separación entre madre e hija, lo cual va contra el espíritu del artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece: "3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." Lo anterior no solo es importante por el derecho fundamental a convivir con los progenitores, sino porque la quejosa aduce que existe una situación de posible riesgo y temor por la seguridad e integridad de la menor con motivo de supuestas conductas de preferencia sexual del aquí tercero interesado; lo cual, si bien no puede juzgarse en esta sede (ya que aquí se examinan por antonomasia actos de autoridad, como deriva del artículo 1º de la Ley de Amparo), bien pueden ser materia de actividad por parte de la juez de origen, quien sí cuenta con facultades para regular las conductas de las partes dentro del proceso familiar, de acuerdo al artículo 62, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. II) De la posibilidad jurídica y material para otorgar la medida. Existiendo un proceso dentro del cual se faculta al juez para adoptar medidas en defensa de los derechos de los niños, como se lo marca el artículo 941 de la ley procesal civil para esta ciudad; y ante el resultado del oficio 1894, del que deriva que no se ha podido llevar a cabo una diligencia que conforme a la ley procesal que rige al juicio familiar, debe llevarse a más tardar dentro de quince días teniendo el custodio la obligación de presentar al infante; se colige que existe un marco jurídico operante para despachar la medida precautoria, máxime que de momento, en una aproximación superficial, se advierta una imposibilidad material. Cabe precisar que el referido artículo constituye el fundamento para que la autoridad vaya más allá de lo que se le expone, en aras de tutelar la esfera de los niños; lo que en el caso, exige mayor creatividad para instrumentar de un mecanismo para hacer efectiva la protección de la infancia. Al respecto, se invoca la tesis I.4o.C.322 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2349, que cuyo contenido es: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado." Por lo anterior, al estar satisfechos los requisitos legales y los pasos que traza la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito considera procedente otorgar la medida suspensional, con miras a mitigar los efectos continuados de la reclamada omisión o inactividad de la juez responsable, de conformidad con lo que impone el artículo 147 de la Ley de Amparo; en atención al interés superior de la menor quejosa y a la apariencia del buen derecho. Así, la presente medida se otorga para el efecto de que, la juez responsable, en ejercicio de las facultades que el derecho le confiere: A) Emprenda de inmediato una búsqueda activa y efectiva para localizar a la menor K.L.R. y se constate que se encuentra a salvo, guiándose, ante todo, por el principio del interés superior del menor y el de diligencia y celeridad excepcional, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para tal efecto, deberá implementar medios creativos y auxiliarse, de cualquier autoridad competente, incluyendo, las encargadas de la investigación de delitos, de quienes podrá solicitar informes, incluso, para tomar conocimiento de si ya se emitió la alerta amber (relacionada a la suspensión de plano dictada por el juzgado federal en materia administrativa). B) Ordene una búsqueda de cualquier domicilio donde pueda ser localizado el progenitor, para hacerlo comparecer a cumplir su obligación legal de presentar a la menor a la plática. Hecho lo cual, deberá compelerlo con los medios de apremio necesarios para lograr su asistencia. C) La autoridad deberá informar de inmediato qué diligencias ordenó con motivo de esta suspensión; y con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cada tres días, deberá reportar a este órgano los avances que tenga en cuanto a la búsqueda de la menor y su progenitor. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir, se hará acreedora la jueza responsable, a una multa en términos del artículo 37, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con su diverso numeral 259, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudiera incurrir por inobservar la presente providencia. Sin que sea obstáculo para los efectos que aquí se decretan lo realizado por la autoridad en aras de cumplir con la suspensión y que se hiciera del conocimiento al suscrito con el informe previo que rindió, no obstante, no ha informado los avances que ha tenido con lo ahí ordenado y la contestación a los requerimientos que realizó, por lo que en el mismo plazo concedido deberá hacerlo, para lo cual deberá remitir las constancias con las que lo acredite. El efecto de esta medida considera, más allá de las prerrogativas de los padres, la especial situación jurídica de la menor, dado que su interés superior prevalece por encima de las pretensiones de los adultos. Cobra vigencia para lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/15, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, página 2188, de marzo de 2011, cuyo contenido es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social." Cabe precisar que la presente medida no implica un reconocimiento a mejores derechos de la quejosa para detentar la custodia de la niña, o siquiera hacer viable ipso facto, que deba gozar de un régimen de visitas y convivencias en determinado sentido, pues ello constituye una situación jurídica que deberá definir la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones; de modo que esta suspensión solo busca implementar las condiciones para llegar a ese estado procesal, mitigando la reclamada pasividad procesal de la autoridad. Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el fondo del asunto. CUARTO. DE LA GARANTÍA. La medida cautelar concedida, respecto de los actos reclamados, surte sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgamiento de garantía, toda vez que los derechos que se ventilan en la controversia de origen son de carácter familiar, por lo cual no son estimables en dinero. Esto es, siendo derecho de familia el que se ventila en la causa de origen, el suscrito considera que no existe daño patrimonial directo o indirecto que deba garantizarse; máxime que los alcances de la providencia que aquí se decreta tienden formalmente a procurar el de la infante, hija de las partes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ... por propio derecho y en representación de la menor con iniciales ... (identidad protegida), contra actos de la Jueza Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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