KAREN ELIZABETH RUEDA ARIZABALO y Otros.

Expediente 40/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
40/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • KAREN ELIZABETH RUEDA ARIZABALO y Otros.
  • Karen Elizabeth Rueda Arizabalo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el ocurso de la parte tercera interesada; en atención a su contenido y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario que proporciona para consulta del expediente electrónico. Sin que se realice pronunciamiento alguno, respecto de la revocación que refiere, en razón de que no se había solicitado con anterioridad autorización alguna. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Por recibido el oficio del Director de Asesoría Especializada del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual informa la designación de ... como asesora jurídica de la infanta de identidad protegida (K.L.R.); de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguese el ocurso de ..., mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido, en su carácter de representante especial de la referida infante; por señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que precisa para los efectos que refiere. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir comunicaciones. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con los nombres de usuario proporcionados para consulta del expediente de manera electrónica. Por lo que hace al correo electrónico que proporcionan los ocursantes y número telefónico que serán utilizados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo prevé el acuerdo General Plenario 12/2022. En otro orden se tienen por recibidas las comunicaciones oficiales del Juzgado Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México, con las cuales, rinde su informe justificado y remite diversas actuaciones del juicio de origen y en las cuales particularmente consta el proveído de veinticuatro de enero y la audiencia de veinticuatro de marzo, ambos de dos mil veintitrés, conforme a la cual sobreviene una causal de improcedencia I. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de demanda se tiene que el acto reclamado en esta instancia es:... a) La omisión de dictar medidas para mantener vinculación familiar entre las menores hijas de la promovente del amparo. b) Poner en peligro la vida de la infanta de iniciales ...., ante la omisión de dictar medidas de protección en materia de violencia familiar. II. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, POR LO QUE HACE A LOS ACTOS RECLAMADOS. Sobre los actos reclamados sobreviene la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cesan los efectos del acto reclamado cuando se deroga o revoca, o aun, sin tal pronunciamiento, cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional; de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En estos casos, se hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, porque las consecuencias que generaba o el estado de circunstancias que determinó, ya ha dejado de incidir en los derechos comprometidos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala, registro 193758, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, junio de 1999, Página: 38, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, para sustentar la actualización de la mencionada causal de improcedencia se hace necesario en primer orden precisar los actos reclamados y, en segundo lugar, señalar la circunstancia que ocasionó el cese de sus efectos, para justificar el sobreseimiento. Respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la omisión de dictar medidas para mantener la vinculación familiar entre las niñas hijas de la promovente del amparo. La circunstancia que provoca el cese de efectos de la omisión reclamada es el acuerdo tomado en la audiencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la parte donde se decretó el cambio de la guarda y custodia de la infanta ...., a cargo de su progenitora, de la siguiente manera:..." (.) por lo que la suscrita decreta el cambio de GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL, decretada por el Juzgado Primero Familiar del Noveno Distrito Judicial en Morelos, de la menor ...., a cargo de su progenitora ...(.)" Tal circunstancia enuncia que las niñas de iniciales ... y ...., estarán al cuidado de su progenitora lo que induce que permanecerán juntas, y con lo cual se satisface el objeto de la vinculación familiar entre hermanas, que es mantener relaciones presenciales constantes y bajo un ambiente favorable, de confianza y bajo el círculo directo de la progenitora. Tocante al acto identificado con el inciso b) consistente en poner en peligro la vida de la menor ...., ante la omisión de dictar medidas de protección en materia de violencia familiar. Respecto de esta omisión reclamada, la circunstancia que provoca el cese de efectos por sustitución procesal es la medida dictada en el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (enviada en copia certificada adjunta al oficio de registro 5538), en la parte donde se requirió a ... para que evite realizar actos de intimidación, ofensas, amenazas o causar molestias tanto físicas como psicológicas a ..., así como a las infantas señaladas. Dicha determinación se dictó el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, que es una fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de enero de dos mil veintitrés), por tanto no debe perderse de vista que la situación jurídica que rige en el proceso sobre las medidas de protección dictadas para proteger a la infanta hija de la promovente del amparo, es la generada en el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. A partir de esta determinación se genera una cesación de efectos por sustitución procesal, porque ya no existe jurídicamente la posibilidad de seguir reclamando una omisión en proveer actos de protección, pues éstos ya constan en el contexto jurídico y fáctico, en beneficio directo de la niña sobre la cual se indica en la demanda de amparo, que fue puesta en riesgo a causa de los hechos generados en la controversia. Las circunstancias descritas imposibilitan el estudio en esta instancia constitucional de las omisiones reclamadas, porque ya se resolvieron las situaciones jurídicas que en concepto de la parte quejosa, la autoridad judicial responsable había omitido analizar, precisamente sobre los puntos atinentes a dictar medidas de protección en materia de violencia familiar para la infanta ..., así como la vinculación familiar entre las niñas inmersas. ...Apoya lo anterior, la tesis de la Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de 1993, página 198, que dice:..."ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas."...Conforme a lo anterior, queda demostrada la actualización de la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe motivo para emitir un fallo que analice el fondo de las omisiones reclamadas, pues jurídicamente ya no hay una omisión entendida como la falta de pronunciamiento de la autoridad familiar, que incida sobre los derechos parentales que se demandó resolver. Ahora bien, dado que la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Máxime que las causales de sobreseimiento e improcedencia del juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Ante las circunstancias señaladas, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. Queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días, concedido a la parte tercera interesada, para que aclarara el petitorio quinto de su escrito de apersonamiento, en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado y únicamente se tienen por hechas sus manifestaciones. En otro orden, agréguese el ocurso del tercero interesado; en atención a su contenido, sin lugar a tenerlo como representante de la menor (K.L.R.), dado mediante auto de dieciocho de enero de la presente anualidad, se tuvo como parte quejosa a ... en representación de dos infantes de identidad protegida (K.L.R.) e (I.S.G.R.). Luego, al advertirse que existen diferencias entre los progenitores respecto de la representación de la menor de identidad protegida (...), a consideración del suscrito su defensa en el presente juicio deberá llevarse a cabo por medio de una representación autónoma por un abogado especialista de la Defensoría de oficio Federal, pues se considera que es el mejor medio para garantizarle un acceso efectivo a la jurisdicción y evitar cualquier escenario que pudiera fomentar un conflicto de intereses en detrimento suyo. La justificación de esta defensa especial radica en la necesidad de impedir la deformación o anomalía en el desarrollo de los rasgos de la personalidad de los menores, que pudiera trascender negativamente en su comportamiento, ya que esto se refleja en el resto de su vida e incide en la manera en que se integran a la sociedad. Este cuidado especial se consigna en diversos instrumentos de carácter internacional donde se reconoce como valor primordial el respeto a la dignidad, la vida, el bienestar y la salud del menor, como sujetos plenos de derechos que requieren de mecanismos especiales de protección para lograr su pleno desarrollo y bienestar. Fundamentalmente son los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal (interés superior del menor), 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 16 del Pacto de San José; 1, 2, 5 y 12 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y de la Niña (principio de diligencia excepcional); y 2, 3 y 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes los instrumentos jurídicos para la defensa de los menores y con los cuales se garantizan sus derechos. A estos instrumentos legales, se les identifica doctrinariamente como el corpus iuris de los derechos humanos de los menores. A lo anterior se suma que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha calificado al interés superior del menor, como un elemento orientador en la labor interpretativa de los jueces; y ha sostenido que conlleva ineludiblemente a que en el ejercicio judicial se tomen en cuenta diversos aspectos para hacer efectiva esa protección. Es decir, que el juez debe abordar los temas que rodean al menor para concluir qué se requiere para fijar el mejor derecho en beneficio de éste. Estos aspectos van desde la valoración de la opinión del menor, sus necesidades, edad, sexo y personalidad. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS". En consecuencia, con fundamento en los artículos 8 de la Ley de Amparo,15 fracción VI, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, así como en los diversos 29 fracción III, inciso d), 31 fracción III y 33 fracción I, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante oficio, solicítese al Director del citado Instituto en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a su notificación, designe a un asesor jurídico que represente dentro del presente juicio de garantías a la menor de iniciales ... . Con la precisión que el profesionista que en su caso se designe, debe presentarse ante este Juzgado Federal, conforme a las disposiciones administrativas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, con identificación oficial reciente a aceptar el cargo conferido; o bien, gestionar su aceptación en la vía electrónica, mediante los instrumentos autorizados para tal fin; o de lo contrario manifestar el impedimento legal que tuviere para hacerlo. De igual modo, el representante especial que en su caso se designe, deberá indicar en el mismo plazo si hace suya la acción de amparo en sus términos, es decir, si acoge los planteamientos que integran la demanda, o bien, tendrá que expresar lo que a su representación más convenga en relación al interés superior de la menor. En otro orden, se tiene como domicilio procesal el que indica y por autorizadas a las personas que señala, para los efectos que refiere. Por facultados los profesionistas que refiere conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes solo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho numeral, si tienen registradas su cédula profesionales en el sistema correspondiente; ya que de no ser así, únicamente se tendrán para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que allega, por hechas manifestaciones en vía de alegatos y por invocado el sobreseimiento que refiere, con lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional, que al efecto se celebre. Ahora, por lo que hace a girar los oficios que refiere, sin que sea procedente proveer de conformidad su solicitud, dado que de las documentales que adjuntó a su escrito no se aprecia acuse alguno en el que se acredite que haya realizado dicha petición; por lo tanto, dígase al ocursante que no acredita lo dispuesto en el artículo 121 de la ley de amparo que establece: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días [..]." En el sentido de que el oferente de la prueba debe acreditar que solicitó a la autoridad la expedición del documento que refiere y una vez demostrada la petición, podrá acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo, para que de ser procedente, éste realice requerimiento a la dependencia que fue omisa en expedir las constancias que menciona. Por lo que hace a su petición de dar vista al Agente del Ministerio Púbico de la adscripción, dígase que deberá estarse a lo acordado el veintiuno de febrero de la presente anualidad. Por último, sin que sea procedente solicitar a la parte quejosa que acuda a emplazarse al juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos que refiere, dado que es un proceso diverso, del que el suscrito no tiene injerencia alguna. NOTIFÍQUESE.

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