Karem Angelica Leones Solorzano
Expediente 936/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karem Angelica Leones Solorzano
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintiocho de octubre del presente año, se requirió a la directa quejosa Karem Angélica Leones Solórzano, para que manifestara si era su voluntad ratificar la demanda presentada en su favor por Melquiades García García, o bien, lo hiciera por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; ello bajo apercibimiento que en caso contrario, se tendría por no presentada la demanda y quedarían sin efecto las providencias dictadas. En consecuencia, de la constancia actuarial de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, así como de la certificación de cuenta, se advierte que Karem Angélica Leones Solórzano, declaró ante el Actuario Judicial que no era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, además de que no manifestó ante este juzgado su intención de ratificarla dentro de los tres días siguientes, los cuales trascurrieron del cuatro al ocho de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintiocho de octubre del año en curso, y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente expediente y quedan sin efecto las providencias dictadas. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en atención a lo anterior, la razón de tres de noviembre del año en curso, únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como constancia.
- Principal
De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen recibido el oficio INM/ORS/DJ/4706/2022, signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano; memorial que se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene a la citada autoridad responsable señalando como su domicilio procesal el que indica en su ocurso de cuenta. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito signado por Melquiades García García, en favor de Karem Angélica Leones Solórzano, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 936/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente señala, esencialmente, como actos reclamados: la privación de la libertad (alojamiento) e incomunicación dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, toda vez que el promovente señala como actos reclamados -entre otros- la incomunicación de la que es objeto Karem Angélica Leones Solórzano, acto contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que cese inmediatamente el acto antes indicado, esto es, la incomunicación de la directa agraviada. En el entendido de que si las autoridades responsables se negaran a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. [...] "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." Y, en su caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano, consecuentemente, serán plenamente responsables de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen a este juzgado el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de oficio decretada, o la medida que hayan tomado para tal efecto, informes que deberán ser acompañados con las constancias que acrediten dicho cumplimiento, con el apercibimiento que de no rendir el informe dentro del plazo concedido, o de retardar el cumplimiento de esta medida conservatoria del fondo del amparo mediante evasivas o procedimientos ilegales, se les podrá aplicar una multa de cincuenta unidades de medida y actualización; sin perjuicio de que pudiera incurrir en la comisión de alguno de los delitos estipulados en el artículo 262 de la misma ley, y se denuncien los hechos al Ministerio Público de la Federación. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, y toda vez que se presume que la directamente agraviada Karem Angélica Leones Solórzano, se encuentra alojada e incomunicada en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se comisiona al actuario judicial adscrito para que de inmediato se constituya en dichas oficinas donde deberá requerir a los encargados de su custodia, para que traiga ante su presencia a dicha persona, hecho lo cual deberá requerirla para que en el acto de la notificación, manifieste si ratifica la demanda presentada a su nombre por Melquiades García García, de igual forma, deberá requerirla para manifieste cuál es su nacionalidad. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo requerido en el párrafo anterior en el momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes, no se continuará con el trámite del presente juicio, al igual que quedarán sin efecto las providencias decretadas, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase directamente a la agraviada Karem Angélica Leones Solórzano, a fin de que al momento mismo de la notificación, o dentro del plazo de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional si requiere asistencia consular por parte de su embajada en la Ciudad de México, lo anterior a fin de que si así lo decide cuente con una asistencia consular adecuada por parte de esta. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 93/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, cuyo texto y rubro señalan: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en el territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos; uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre. Así, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho está contenido en los artículos 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), (1) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", sostuvo que en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En ese sentido, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en la Constitución Federal, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que es incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país". Asimismo, el Fedatario, hará del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentre la referida quejosa, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo antes ordenado. Así también, en el supuesto de que el agraviado, se encuentre incomunicado en dichas instalaciones y los encargados de su custodia se nieguen a ponerlos ante la presencia del fedatario judicial, o permitirle el acceso para cuestionar la búsqueda, respecto si ratifica o no la demanda, deberá apercibir a dichos encargados que de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito con tales hechos, que pudiera tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad del funcionario respectivo. De igual manera, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 1° Constitucional, se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del peticionario del amparo; además de que en términos de los numerales 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos1, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 5° párrafos primero y segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano, están conminados a tutelar el derecho humano de toda persona a que se le trate con respeto de encontrarse alojado y a no sufrir actos de tortura, lo que es inherente a su calidad de ser humano. Máxime que en términos del numeral 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión y multa de sesenta días, sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan. AUTORIZADOS. En términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados a los licenciados Gilberto Martínez Apodaca y Jorge Francisco Becerra Cruz, con cédulas profesionales 2340239 y 3330504, las cuales se encuentran reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, se le tiene señalando el correo garciamelquiades93@gmail.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Gemelas número 407, fraccionamiento Playa Sur, en esta ciudad HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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