Kain Arnoldo Martinez Hernandez

Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Kain Arnoldo Martinez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieran el auto que se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario, dictado por este juzgado el uno de febrero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso la autoridad responsable Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, con sede en esta ciudad, fueron notificados el tres y nueve de los cursantes, respectivamente, quedando comprendido dicho plazo del tres al veintitrés de febrero del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que este expediente es depurable bajo los lineamientos precisados en término de lo dispuesto en el artículo 18, inciso b) del acuerdo general en cita, toda vez que, se concedió la suspensión de plano solicitada.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales Región Sur, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe en acatamiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente asunto; en atención a su contenido y a lo acordado el uno de febrero del año en curso, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Vista la razón levantada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, en la que hace constar su imposibilidad para notificar el oficio 1746/2022 dirigido al Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializado en Delitos contra la Libertad Sexual y Contra la Familia, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, le informaron que la denominación correcta es Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra la Familiar y Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales; en consecuencia, reexpídase el aludido comunicado en su denominación correcta, así como los diversos derivados del auto de uno de febrero del año en curso, para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora, se recibe el oficio el oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe en acatamiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente asunto; en atención a su contenido y a lo acordado el uno de febrero del año en curso, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. En atención al domicilio y delegados a los que hace referencia la oficiante en su informe, deberá estarse a lo acordado el veintinueve de enero del año en curso, donde se proveyó al respecto.

  4. Principal

    Vista la razón levantada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito; de la que se advierte que el directo agraviado Kaín Arnoldo Martínez Hernández, ratificó la demanda promovida en su favor por Anibal Yuri Martínez Hernández; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, misma que se ordena proseguir en todos sus trámites. Recepción de informe relativo a suspensión de plano Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se tiene recibido el oficio signado por el Juez y Coordinador de Jueces adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden su respectivo informe a la suspensión de plano. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta al domicilio y delegados señalados por la autoridad responsable, deberá estar a lo acordado en proveído de veintinueve de enero del año en curso, en el que se proveyó al respecto. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante señalada en el párrafo que antecede. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En esa tesitura, el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Expuesto lo anterior, en la especie Anibal Yuri Martínez Hernández promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación del directo quejoso Kaín Arnoldo Martínez Hernández, contra actos del Coordinador de Jueces Cívicos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en lo siguiente: IV. ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN. La privación legal de la libertad personal del quejoso, su incomunicación, golpes físicos y malos tratos, todo fuera de procedimiento judicial o administrativo.. Así, en auto de veintinueve de enero del año en curso, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que de manera inmediata cesara su detención, y las responsables (i) lo pusieran en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determinara lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención. Posteriormente, mediante el oficio de cuenta, el Juez y Coordinador de Jueces adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, rindieron su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, y ofrecieron, entre otras, copia certificada de las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenido a las dos horas con trece minutos, del veintinueve de enero del año en curso, al Encargado del Área de Celdas, respecto al quejoso, por Infracciones contra la tranquilidad y Seguridad de las personas, alterar orden público. 2. Informe policial homologado en el que se puso al quejoso a disposición del Juez de Barandilla. 3. Examen médico practicado al quejoso por el doctor Ricardo Bautista Scoott (cédula profesional 1209081). 4. Boleta con folio 482009 en la que se asentó que a la una hora con cincuenta y ocho minutos del treinta de enero del año en curso, el quejoso Kaín Arnoldo Martínez Hernández obtuvo su libertad. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que el quejoso Kaín Arnoldo Martínez Hernández fue detenido a las dos horas con trece minutos, del veintinueve de enero del año en curso por Infracciones contra la tranquilidad y Seguridad de las personas", alterar orden público y que fue puesto en libertad la una hora con cincuenta y ocho minutos del treinta de enero del año en curso. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención, incomunicación y malos tratos reclamados, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo promovido por Anibal Yuri Martínez Hernández en representación del directo quejoso Kaín Arnoldo Martínez Hernández, contra actos del Juez y el Coordinador de Jueces, ambos del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán (denominación correcta), con sede en esta ciudad y otra autoridad.

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