Juzgados de Garantía del Distrito Judicial Bravos
Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juzgados de Garantía del Distrito Judicial Bravos
- René Fuentes Rey
- René Fuentes Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de éste expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 426/2020-IV, promovido por Rene Fuentes Rey y Rene Fuentes Martínez, contra actos del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, Rene Fuentes Rey y Rene Fuentes Martínez, promovieron juicio de amparo, contra los actos de las autoridades, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, Coordinador y Agente del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales, Titular de la Delegación Chihuahua de la Procuraduría General de la República, Comandante de la Policía Estatal Única adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Jefe del Grupo de Aprehensiones de la Policía Estatal Única de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Comandante de la Policía Estatal Única adscrito a la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales Zona Norte, Titular de la Delegación Chihuahua de la Procuraduría General de la República y Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quienes reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamo cualquier acto de molestia emitido en mi contra, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, orden de aprehensión, sin que exista una adecuada motivación y fundamentación al respecto, consecuentemente, violentando mis garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, reclamó cualquier acto tendiente a ejecutar el mandamiento emitidos por las autoridades mencionadas como ordenadoras, violentando las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.." Segundo. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 426/2020-IV; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde pueden tener ejecución los actos reclamados. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, se estima en la presente la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como ordenadoras cualquier acto de molestia emitido en su contra, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, orden de aprehensión, sin que exista una adecuada motivación y fundamentación al respecto, y de las ejecutoras, la ejecución de dicho acto de molestia. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por los aquí quejosos, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. Las autoridades, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Coordinador y Agente del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en representación del Juez de Control y Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (en su denominación correcta) con sede en esta ciudad, al rendir sus correspondientes informes con justificación negaron la existencia de los actos reclamados. Por otra parte, la diversa autoridad, Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue legal y oportunamente notificada para tal efecto; sin embargo, no ha lugar a tener presumir ciertos los actos que en su carácter de ejecutora le atribuye la parte quejosa, toda vez que las autoridades que señaló como ordenadoras negaron haber emitido el acto materia de la controversia constitucional, por lo que ésta, se encuentra imposibilitada jurídicamente para ejecutar un acto que no existe. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara le negativa expuesta por las autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por Rene Fuentes Rey y Rene Fuentes Martínez, de conformidad con el considerando segundo de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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