Julio Sánchez López

Expediente 131/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
131/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Julio Sánchez López
  • Francisca Elizabeth Rivas Sánchez
  • Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Jueza del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
  • Coordinador de Órdenes de Aprehensión de la Agencie Estatal de Investigación, Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a trece de septiembre de dos mil veintitrés, el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante este Tribunal Federal el uno de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa de referencia, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, con incidente de suspensión, contra actos de las autoridades que al efecto señaló con el carácter de responsables en su demanda de amparo; a quienes les reclamó los siguientes actos: --- La orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Mediante proveído de dos febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda quedando registrada como expediente ******************** se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se difirió varias ocasiones por no estar integrado el expediente para recibir fallo, la cual se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 modificado por el 08/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de actos que tendrán ejecución en esta Ciudad en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: --- La orden de aprehensión y su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Las autoridades, JUEZA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LICENCIADA ******************** FISCAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO POR RAZONES DE GÉNERO, ZONA NORTE y COORDINADOR DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, ZONA NORTE, con residencia en la localidad; al rendir su respectivo informe justificado, convienen en la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, remitió copias certificadas de diversas constancias que emanan de la causa penal ******************** del índice de la autoridad ordenadora, así como los discos ópticos correspondientes DVD, documentales que revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202, 202-10, del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Previo al análisis del fondo de la "Litis" constitucional planteada, es necesario estudiar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que quien esto resuelve debe estudiarlas aún de oficio, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito Juez de Distrito advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la JUEZA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LICENCIADA ******************** con residencia en la localidad, realizo las siguientes actuaciones, como se verá. 1) Que el día once de agosto del dos mil veintidós, el Licenciado ******************** Juez Especializado en Perspectiva de Género de Distrito judicial Bravos, hace constar que, celebró audiencia inicial en la cual se calificó y ratificó de legal la detención y retención del imputado ******************** por los delitos de ********************en su párrafo cuarto, previsto y sancionado en el artículo 193 y por el delito de Lesiones previsto y sancionado por el artículo 129 en su fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, acaecidos en perjuicio de la víctima de nombre ******************** -el último hecho en presencia de un niño menor de edad-; hechos que tuvieron verificativo el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las veintidós horas, por hechos ocurridos en fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las quince horas - únicamente por violencia familiar-, -ambos-, ocurridos en el interior del domicilio ubicado ********************; por hechos ocurridos el nueve de julio de dos mil veintidós, aproximadamente a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, al ir circulando sobre la ******************** y por hechos ocurridos el dieciséis de julio de dos mil veintidós, aproximadamente a la una hora -ambos hechos por delitos de Lesiones y violencia familiar agravada-, en el interior del domicilio ubicado ********************2) Que con fundamento en lo que dispone el artículo 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado ******************** renunció al Término Constitucional a efecto de que se resolviera su situación jurídica, por lo que le dictó auto de vinculación a proceso, en su contra, por los delitos indicados con anterioridad, los de Violencia Familiar en su párrafo cuarto, previsto y sancionado en el artículo 193 y por el delito de Lesiones previsto y sancionado por el artículo 129 en su fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. 3) Con motivo de dichos hechos delictuosos, se le fijó al quejoso la medida cautelar prevista por el artículo 155 en su fracción XIV, por el término de doce meses, mismo que fenecería el once de agosto de dos mil veintitrés. Y de igual forma, se otorgó como plazo de cierre de investigación el término un mes, mismo que fenecería el once de septiembre de dos mil veintidós. Y además, se le fijaron las nueve horas del veintiséis de agosto del año dos mil veintidós, a efecto de llevar a cabo la audiencia de trámite, en la que se podrá arribar a una salida alterna. 4) Que con fecha veintiséis de agosto del dos mil veintidós, se autorizó la suspensión condicional del proceso a favor del imputado ******************** por un plazo de ********************, iniciado a partir del veintiséis de agosto del dos mil veintidós, por lo que fenecerá el día veintiséis de agosto de dos mil veinticinco y debería cumplir las condiciones siguientes: --- Fracción II.- Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; esto en el domicilio de la víctima el cual se encuentra ubicado en la ******************** --- Fracción IV.- Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; para lo cual se comisionó a al Instituto de Servicios al Juicio a fin de que canalizara al imputado de mérito a la Institución pública que a bien designara para el cumplimiento de esta condición. --- Fracción VII.- Someterse a tratamiento psicológico, de preferencia en instituciones públicas a través de un programa de reeducación de sensibilización y psicoterapéutico con perspectiva de género, para prevenir y erradicar la violencia de género. Para ello deberán ser canalizados por conducto del Instituto de Servicios Previos al Juicio, ubicado en Calle Barranco Azul s/n de la colonia Toribio Ortega con teléfono 629- 33-00 extensiones 54795, 54796, correo electrónico ******************** --- Fracción XIV.- tratar en todo momento a la víctima con sumo respeto y cordialidad, esta fracción debido a las manifestaciones expresadas por la propia víctima ya que menciona tienen un hijo en común y el imputado es proveedor de su hogar, por lo que; aplicara únicamente si llegase a tener un mínimo contacto con la misma. --- Tocante a la reparación del daño, la imputado se obligó a pagar la cantidad de ********************a favor de la víctima ********************; los cuales deberán ser pagados de la siguiente forma: en ******************** de ******************** cada uno, teniendo como fecha límite para realizar el primer pago el día veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y así sucesivamente cada día veintiséis de mes hasta cubrir la totalidad, pagos que deberán realizarse a través del Fondo Auxiliar en la administración del Tribunal en la modalidad billete de depósito. --- Que en virtud de lo anterior queda suspendido el proceso penal de origen de conformidad al artículo 331 fracción IV y de conformidad con el artículo 177, del Código Nacional de Procedimientos Penales y se ordenó la vigilancia del cumplimiento de las medidas fracciones impuestas a la multicitado imputado. 5) Que en fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por la licenciada ******************** Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento de la Pensión Alimentaria-FEM, mediante el cual solicita se fije fecha y hora con el fin de llevar a cabo audiencia pública, en la cual se debatirá sobre la revisión de cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional del proceso. Por lo que, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo Audiencia de revisión de las condiciones de la Suspensión Condicional del Proceso. 6) Al no haber comparecido el quejoso ******************** a la audiencia que fue notificado a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el agente del Ministerio Publico, le solicitó a la Juez de Control, emitiera la orden de aprehensión correspondiente, la cual se pronunció el mismo treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, cuya transcripción y disco DVD, fueron remitidos por la juez del conocimiento (siendo este el acto reclamado). --- Con fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio ********************, el cual remitió la Juez responsable, y mediante el cual informa a este Juzgado Federal que, aproximadamente a las veintiuna horas del día veinticuatro de marzo del año en curso, ese Tribunal tuvo por recibido el oficio ********************signado por el Licenciado ********************Oficial de la Agencia Estatal de Investigación, zona norte, mediante el cual puso a disposición al quejoso ******************** interno en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por diversa Juzgadora en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************; razón por la cual, ese Tribunal señaló las trece horas del veinticinco de marzo del año en curso, para celebrar audiencia de reanudación al proceso. Y que posteriormente, llegada la fecha de la audiencia, ese Tribunal hizo del conocimiento de las partes que, de las constancias que integran la carpeta administrativa de la causa penal ******************** obraba una resolución del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, en la que resolvió concederle al quejoso la suspensión definitiva solicitada; por lo que, ordenó la inmediata libertad de ******************** por lo que a esa causa penal se refiere, y previo a dar por concluida la audiencia, el quejoso de referencia manifestó su interés de someterse al proceso. 8) Así, en informe complementario respecto de la causa penal ******************** se recibió el oficio número ********************a través del cual la Juez de Control remitió información a este Juzgado Federal, e informa que con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión que se había girado al quejoso ******************** de conformidad con el artículo 332 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reapertura el proceso, esto en la etapa en la que se encontraba, por lo que, a petición del imputado de mérito, a fin de mostrar su interés a someterse al presente proceso, solicitó se fijara fecha y hora para llevar a cabo audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso, por lo que, se señalaron las trece horas del día treinta de marzo del año dos mil veintitrés, a fin de llevar a cabo la audiencia ya mencionada, de conformidad con el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quedando debidamente notificados en términos del artículo 82 fracción I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente del Ministerio Público ********************, la Defensora Pública ******************** y el imputado y aquí quejoso ********************. Que por lo anterior, como ya se mencionó, ordenó la inmediata libertad del imputado y aquí quejoso ******************** en lo que respecta a la causa penal ******************** y por no existir motivo alguno que amerite su legal detención. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que, en el procedimiento penal de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la posterior determinación de la juez del conocimiento al haber decretado la libertad del aquí quejoso. La anterior Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia 1113, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, páginas 1788 y 1789, cuyo texto es: "LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCIÓN DE LA (CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." Además, sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De igual manera, resulta aplicable, en lo atingente, la Tesis 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 171841, Novena Época, Materias Penal, Tomo XXVI, Agosto de 2007, consultable en la página 50, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". En tal virtud, al actualizarse la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." También, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 233, del Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVII, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se, RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por ******************** de conformidad con el considerando CUARTO, de esta resolución. N O T I F Í Q U E S E.

  3. Principal

    atento su contenido se tiene Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Actuando en Materia de Control, con sede en esta Ciudad, Informando que en fecha veinticinco de marzo del presente año, se reapertura el proceso en la etapa en la que se encontraba, por lo que, a petición del imputado de mérito, a fin de mostrar su interés a someterse al presente proceso, solicito de fije fecha y hora para llevar a cabo audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso, señalando las trece horas del día treinta de marzo del año dos mil veintitrés, a fin de llevar a cabo la audiencia ya mencionada, de conformidad con el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quedando debidamente notificados en términos del artículo 82 fracción I inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Agente del Ministerio Público Dama********************, la Defensora Pública ********************y el imputado ********************por lo anterior, se ordenó la inmediata libertad de dicho imputado, en lo que respecta a la causa penal ******************** y por no existir motivo alguno que amerite su legal detención. Notifíquese.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado el proveído de treinta de marzo y veintisiete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

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