Juventino Hernandez Palacios

Expediente 674/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
674/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Juventino Hernandez Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Apoderada Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en esta ciudad, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita y hágasele debida entrega de las mismas, cuando las labores de este Juzgado Federal así lo permitan, previa toma de razón que por su recibo se efectúe. Asimismo, se tiene por autorizado para recibir dichas copias certificadas a las personas señaladas en su ocurso de cuenta; de igual forma, se tiene como delegado en términos del numeral 9 de la Ley de Amparo a la persona señalada en el mismo. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y se ordenó su archivo desde el trece de junio de dos mil diecisiete (foja 164), al ser innecesaria la retención de documentos, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su normativo 2°, como lo solicita, mediante oficio que se gire, devuélvase a la autoridad, previa copia debidamente cotejada y certificada, el documento con el cual acredita su personalidad.

  2. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196 párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por**********, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual en relación a la vista que le otorgó en auto nueve de mayo de dos mil dieciséis, realiza diversas manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable.

  4. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintinueve de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiocho de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que el Apoderado Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, en representación de la Delegación de dicho Instituto, informó el cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 122 y 123), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que realizara manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que procede pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (fojas 79 a 93), se dictó sentencia definitiva, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Juventino Hernández Palacios, para los efectos siguientes: "Deje insubsistente el acuerdo contenido en el oficio 023.302/SP/0201/2015 de veinte de octubre de dos mil quince; Con plenitud de jurisdicción, emita un nuevo acuerdo en el que dé debido cumplimiento al artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, esto es, fundada y motivadamente, dé respuesta congruente a la petición de la parte quejosa (escrito de uno de abril de dos mil quince), esto es, deberá: Establecer el tiempo cotizado por el quejoso en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores; Determinar si el solicitante de tutela constitucional tiene derecho a pensión de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Otorgamiento de Pensiones por parte de ese Instituto; Precisar si resulta procedente tomar en consideración el tiempo que el quejoso laboró en el Gobierno de Nayarit, sumando las cotizaciones percibidas en esa época, y en su caso, determinar la cantidad que éste pudiera percibir como pensionado. Hecho lo anterior, notifique personalmente a Juventino Hernández Palacios, el acuerdo que recaiga, en el domicilio señalado para tales efectos." En proveído de once de abril del año en curso (fojas 110 y 111), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Chetumal, Quintana Roo. Mediante oficio con número de control 151/2016 de quince de abril de dos mil dieciséis, el Apoderado Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, en representación de la Delegación de dicho Instituto, remitió en original el diverso oficio 023.302/SP/0432/2016 emitido el doce de abril del año en curso (fojas 117 a 119), así como diversos anexos. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, como en la sentencia de amparo se precisaron los efectos con los que el representante social de la Federación responsable podrían restituir al promovente de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, de la documental aportada por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Chetumal, Quintana Roo se advierte que cumple defectuosamente con la sentencia de amparo. "[.] A).- Se deja insubsistente el acuerdo contenido en el Oficio 023.302/sp/0201/2015, de fecha 20 de Octubre de 2015. B).- Con plenitud de jurisdicción, se emite un nuevo acuerdo en el que se da debido cumplimiento al Artículo 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, fundada y motivadamente, dando respuesta congruente a la petición de la parte quejosa (escrito de uno de abril de dos mil quince), esto es, deberá: Primer punto.- Establecer el tiempo cotizado por el quejoso en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con fecha 12 de Abril del presente año, se emite el documento oficial de ACEPTACIÓN DE DATOS DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA del RÉGIMEN ORIDNARIO (sic) y comúnmente llamado HISTORIAL LABORAL, el cual esta alimentado con la información que las dependencia hacen llegar del personal que está cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del mismo trabajador que solicita en forma directa que se corrija sus datos del mismo HISTORIAL LABORAL, como usted realizó con escrito dirigido al C. DELEGADO ESTATAL DEL ISSSTE EN QUINTANA ROO, el pasado 20 de Noviembre de 2015, en el que solicito un RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE COTIZACIÓN y adjunto las HOJAS ÚNICAS DE SERVICIOS de la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, con fecha de emisión del 23 de Octubre de 2015, así como la del GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, con fecha de 15 de Noviembre de 2015, siendo solo estas dos HOJA ÚNICAS DE SERVICIOS, que actualizo, no presentando la del periodo que señala que es del 16 de Septiembre de 1987, al 01 de febrero de 1992, misma que señala que también tuvo aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de la prestación de servicios que realizo para el Gobierno de Nayarit, la cual deberá de actualizar dicha documentación como es la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS del Gobierno de Nayarit, en el que manifiesta el periodo comprendido del 16 de Septiembre de 1987 al 01 de Febrero de 1992, con el fin de que se actualice su tiempo de cotización el cual es al día de hoy de 15 años, 08 meses y diez días (SE ADJUNTA EL DOCUMENTO ORIGINAL DE ACEPTACIÓN DE DATOS DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA, del RÉGIMEN ORIDNARIO (sic) y comúnmente llamado HISTORIAL LABORAL.) Segundo punto.- Determinar si el solicitante de Tutela Constitucional tiene derecho a Pensión de conformidad con el Articulo 60, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que este artículo no aplica es su caso, ya que solo aplica para el personal que está en el RÉGIMEN DEL ARTICULO DECIMO TRANSITORIO y usted está registrado en el RÉGIMEN ORDINARIO del SISTEMA DE CUENTAS INDIVIDUALES, por lo que le hago saber que para ejercer el derecho a una pensión, deberá de cumplir con los requisitos que se señalan en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del Régimen de Cuentas Individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los Artículos [.]. Informándole que para ser beneficiario de una pensión en su caso puede ser por Retiro, y deberá de contar con suficiencia en su saldo de su cuenta, haber cotizado 25 años y tener más de 60 años. (Artículo 11, Pensión por Cesantía en Edad Avanzada), y/o por la Pensión por Vejez, haber cotizado 25 años y tener más de 65 años de edad (Artículo 13, Pensión por Vejez). [.]". De la trascripción anterior se desprende que el doce de abril del año en curso, dejó insubsistente el contenido del oficio 023.302/SP/0201/2015 de veinte de octubre de dos mil quince. Asimismo, que en el ejercicio de la plenitud de jurisdicción otorgada por este juzgado de Distrito, el Subdelegado responsable precisó que el tiempo cotizado por el quejoso es de quince años, ocho meses y diez días. Igualmente, determinó que el solicitante de tutela constitucional no tiene derecho a pensión en términos del artículo 60 del Reglamento de Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que éste sólo aplica para el personal que está en el régimen del articulo decimo transitorio y no para los registrados en el régimen ordinario del sistema de cuentas individuales, en el que se ubica el quejoso; informándole además, los requisitos para ser beneficiario de una pensión. Oficio que le fue notificado al promovente del amparo el quince de abril de dos mil dieciséis, como se desprende del acuse de recibo correspondiente. Sin embargo, en su nueva determinación, la responsable omite precisar si resulta procedente tomar en consideración el tiempo que el quejoso laboró en el Gobierno del Estado de Nayarit y, en su caso, indicar la cantidad que pudiera percibir como pensionado. En efecto, al respecto la responsable se limitó a señalar que la aceptación de datos de afiliación y vigencia del régimen ordinario, comúnmente llamado historial laboral, se alimenta con la información que las dependencias hacen llegar del personal que está cotizando al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; además, que el promovente del amparo no presentó la hoja única de servicios del periodo comprendido entre el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y siete al uno de febrero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al tiempo laborado en el citado Gobierno, lo que manifestó, corresponde actualizar al quejoso. Empero, no se expone el fundamento y motivo por el cual esa actualización, a través de la presentación de la hoja única de servicios del Gobierno del Estado de Nayarit, le compete realizarla al aquí quejoso, lo que cobra mayor relevancia al tomar en consideración que esa constancia fue aportada por el solicitante del amparo al escrito de uno de abril de dos mil quince, cuya falta de contestación fue materia del presente juicio de derechos fundamentales. En tales circunstancias se advierte que hubo defecto en el cumplimiento de la autoridad responsable respecto de la sentencia de amparo. Por tanto, prevéngase al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Chetumal, Quintana Roo para que cumpla debidamente con la sentencia de amparo aquí dictada, atendiendo los deberes jurídicos en la forma que se le impusieron y dentro del término de tres días, computado legalmente, dé debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, Asimismo, atento a los artículos 25 y 81 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, requiérase al Delegado Estatal de ese Instituto en esta entidad federativa, quien de acuerdo con los artículos invocados es el superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a éste cumplir con la sentencia de amparo, esto es, dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación. Por tanto se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, al superior jerárquico de no demostrar que dio la orden indicada en el párrafo que antecede, se procederá en términos del artículo 192 segundo párrafo de la ley de amparo, esto es, se le impondrá una multa por la cantidad de $7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, en términos de los artículos 192, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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