Juvencia Cruz Montiel y Otros.

Expediente 183/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
183/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Juvencia Cruz Montiel y Otros.
  • Juvencia Cruz Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de febrero del año en curso, que el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo de cuenta con la que J****, por su propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 183/2018. Representante común Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común en el juicio en que se actúa a ***. Desechamiento En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: "EL ACUERDO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VIOLATORIAMENTE NOS NIEGA NUESTRO DERECHO DE GOZAR DE LA "SUBSISTENCIA PARA EL TRABAJADOR", Y TAMBIEN EL DERECHO DE PODER A EJECUTAR EL LAUDO CONDENATORIO". EN CONSECUENCIA ESTA EN RIESGO LA VIDA, LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA, TANTO DEL TRABAJADOR, COMO DE LA FAMILIA OBRERA DE CADA UNA DE LAS TRABAJADORAS.". Asimismo, en los numerales 5 y 6 del apartado de antecedentes, las promoventes manifestaron: "5.- Ahora bien, en fecha 20 de febrero del año en curso, la Tercero Interesada presento demanda de amparo directo en contra del Laudo (NUMERO: 003/2018) emitido dentro del referido expediente laboral (DI-060/2015) 6.- En fecha 22 de febrero del año en curso, nos fue notificado el acuerdo de fecha 20 de febrero del año 2018, emitido por la misma Autoridad Responsable, en el cual señala que se le daba entrada a dicho recurso de amparo de la Tercero Interesada; pero que de MANERA INCREÍBLE, INVEROSÍMIL, OBSCURA, MISTERIOSA Y PARCIAL, NOS NIEGA EJECUTAR EL LAUDO EMITIDO, ASI COMO TAMBIÉN NOS NIEGA A GOZAR DE UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE SUBSISTENCIA, MIENTRAS SE DESAHOGA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES." De la transcripción anterior, así como del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte promovente, lo es el acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la cual la Junta responsable, tuvo por promovida la demanda de amparo directo por la contraparte de las aquí promoventes contra el laudo 3/2018, dictado en el juicio laboral de origen y, derivado de lo anterior, ordenó la suspensión del acto reclamado para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y no se ejecutara el laudo impugnado, sin fijar caución alguna. Por lo anterior, en el caso concreto, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Del referido precepto legal, se establece que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando se reclame una resolución dictada en otro juicio de amparo o, bien en su ejecución. Asimismo, es preciso destacar que, tratándose de juicios de amparos directos, los artículos 170 y 176 de la Ley de Amparo señalan lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.] Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." [Lo negritas y subrayado es propio] De los preceptos antes transcritos se colige que para la tramitación del amparo directo, debe considerarse lo siguiente: a) El juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda. b) La autoridad responsable en el amparo directo actúa con carácter de auxiliar de la Justicia Federal, en la recepción de la demanda, el otorgamiento de la suspensión del acto, el emplazamiento de los terceros perjudicados y posteriormente remitir la demanda ante el tribunal competente para su trámite correspondiente. Derivado de lo anterior, se tiene que desde el momento que la autoridad responsable recepciona la demanda, inicia el procedimiento constitucional puesto que a partir de ese momento actúa como auxiliar de la justicia federal, quien deberá dar inicio con el trámite correspondiente, y por ende, debe proveer sobre la suspensión, ordenar sobre el emplazamiento de las partes, rendir informe justificado y posteriormente remitir las actuaciones ante el Tribunal Colegiado para continuar con la sustanciación del procedimiento. De ahí que los actos emitidos por la autoridad responsable entorno a la presentación de la demanda y diversas actuaciones, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo. En el caso concreto, como puede verse, el citado acuerdo, aquí reclamado, se emitió con motivo del juicio de amparo directo promovido por la tercera interesada en contra del laudo 3/2018, dictado el juicio laboral de origen; de lo que se sigue que dicha responsable, en auxilio de la justicia federal dictó el acuerdo del que ahora se duele la parte quejosa -de veinte de febrero de dos mil dieciocho- en el que con fundamento en los artículos 125, 132 y 190 de la Ley de Amparo, se pronunció respecto de la suspensión solicitada y determinó conceder dicha medida cautelar en los términos precisados en el acuerdo reclamado. Conforme a lo anterior, se colige que la actuación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, al emitir el acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, lo hizo como autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión en términos de los artículos 107, fracción XI de la Constitución General de la República; y 170, 176 y 178 de la Ley de Amparo. Del análisis de tales preceptos legales, se advierte que, tratándose de amparo directo, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicio, dictadas por tribunales judiciales, entre otros, la demanda debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, quien hará constar al pie del escrito la fecha en que se notificó al quejoso la resolución reclamada y de la presentación de la demanda, además se encargará entre otras cosas de proveer sobre la suspensión del acto reclamado y emplazar a los terceros interesados para que comparezcan ante el Tribunal Colegiado a defender sus derechos. Ello es así, porque el juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, de dichas normas deriva que las atribuciones que al respecto se confieren a la autoridad responsable, no son para actuar con jurisdicción propia, sino actuar en una etapa del juicio de amparo directo, en auxilio del Tribunal Colegiado que conoce y resuelve, por lo que únicamente está facultada para llevar a cabo ciertos actos procesales que limitativamente se le confieren, esto es, la autoridad responsable únicamente actúa como auxiliar del Tribunal Colegiado y sin jurisdicción propia, mientras este último conserva su jurisdicción originaria no solo para resolver el fondo de la litis planteada, sino incluso, para velar por la debida integración del juicio y en el plazo de veinticuatro horas decidir sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Por tanto, si en el caso se reclama el auto en el que se acordó lo relativo a la suspensión del acto reclamado -amparo directo-, es innegable que se reclama un acto emitido por la citada autoridad en auxilio de la Justicia Federal, en un juicio de amparo directo, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículos 61 dela Ley de Amparo, en virtud de que no es jurídico que en contra de resoluciones dictadas en un juicio de amparo proceda otro amparo, porque de ser así se originaria una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Por lo cual, resulta evidente la improcedencia del juicio de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a), sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal, visible en la página 453, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009870, del rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Tamez Velázquez, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a German Alain Perera May, por no contar con dicho registro. Habilitación de horas A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación, esto es, por tratarse el asunto de carácter penal, las notificaciones deberán realizarse inmediatamente después de que son pronunciadas. Ley General de Protección de Datos Personales Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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