Juventino Gómez Baeza
Expediente 1343/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1343/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juventino Gómez Baeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
...doce horas del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés... V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 1343/2023-X, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O:... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama actos de autoridades en materia civil -mercantil- con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional consisten en: De la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La orden de requerimiento de pago y embargo (auto de exequendo) de diez de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 817/2023, promovido por José Luis Marín González, por conducto de su endosatario en procuración Humberto Navarrete Palomares seguido contra Miriam Gómez López. La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el proceso mercantil precisado en el numeral anterior. De la Actuaria adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La ejecución de la orden de requerimiento de pago y embargo realizada mediante diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en calle Inteligencia número 120, colonia 13 de Abril, entre las calles Nobleza y Esfuerzo, Morelia, Michoacán. Actos que reclama partiendo de la perspectiva que cuenta con la calidad de tercero extraño auténtico o en estricto sentido al juicio subyacente. Precisión apuntada que obedece a que si bien la parte quejosa indició expresamente como acto reclamado la "falta de notificación del auto de embargo", también lo es que en ese apartado realizó manifestaciones en cuanto a inconformarse respecto del desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Contrario a lo indicado por la agente del Ministerio Público de la adscripción, son ciertos los actos reclamados, toda vez que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, confirmaron su existencia, motivo por el cual se tiene por acreditada plenamente en el presente asunto. Además, su certeza se corrobora con la copia certificada de los autos que integran el citado juicio ejecutivo mercantil, que remitió la Jueza señalada como responsable, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente, conviene traer a glosa los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, José Luis Marín González, por conducto de su endosatario en procuración Humberto Navarrete Palomares, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Miriam Gómez López, el pago de $170,000.00 pesos, por concepto de suerte principal derivado de un título de crédito denominado pagaré, entre otras prestaciones. 2. Por razón de turno, de la demanda referida, correspondió conocer a la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, la que mediante acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, la registró con el número de expediente 817/2023 y la admitió a trámite. En ese proveído, ordenó a la actuaria de su adscripción se constituyera en el domicilio de la parte demandada, le requiriera el pago de las prestaciones reclamadas y, en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes suficientes para garantizar el monto reclamado; de igual manera, la emplazara a juicio. Determinación que constituye uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 3. Previo citatorio, el once de agosto de dos mil veintitrés se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada, y por auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se autorizó el auxilio de la fuerza pública para que la actuaria adscrita al Juzgado responsable se constituyera nuevamente en el domicilio de la parte demandada a efecto de ejecutar el auto de exequendo. 4. El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la referida actuaria llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en la que la parte actora señaló diversos bienes muebles, los que se tuvieron por legalmente embargados, hasta en tanto bastaran para garantizar el monto de lo reclamado, y se designó como depositario de estos a Juan Carlos Marín Villagómez. Diligencia que constituye el diverso acto reclamado en el presente proceso constitucional. 5. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, la Jueza responsable tomó en consideración que la parte demandada no dio contestación a la incoada en su contra, para hacer efectivo el apercibimiento que realizó el diez de julio anterior, por ende, le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y presumió ciertos los hechos ahí enunciados. Posteriormente, seguido el proceso por sus cauces legales, la Jueza de origen dictó sentencia definitiva el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en la que determinó declarar procedente la acción cambiaria directa, por lo que se condenó a la demandada Miriam Gómez López al pago de las prestaciones solicitadas por la parte actora en su demanda de origen. También precisó que en ejecución de sentencia se ordenara el remate de los bienes embargados a la demandada y, con su producto, se hiciera pago a la actora de las prestaciones reclamadas. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester precisar que del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5°, fracción I, de la Ley de la Materia, se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo, que subyace en una afectación en su esfera jurídica. Así, en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa, al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial y no de una circunstancia particular del accionante del amparo, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son trasgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual la faculta o legitima por regla general, únicamente a ella, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato, directo, presente o inminente, y no mediato, indirecto, futuro o de realización incierta, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica de la quejosa. En suma, el interés que faculta al peticionario de derechos fundamentales para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica de la quejosa. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo anterior la jurisprudencia 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés jurídico debe estar fehacientemente comprobado y no inferirse con presunciones; de manera que tal interés de quien promueva la acción constitucional, solo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan. Falta de interés jurídico por cuanto ve a la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el proceso de origen Ahora, por cuanto ve a los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento y, en consecuencia, todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 817/2023 del índice de la responsable, se advierte que el promovente de la acción constitucional adolece de interés jurídico, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es así porque de las constancias del juicio de origen, se observa que únicamente figuran como parte actora José Luis Marín González, por conducto de su endosatario en procuración Humberto Navarrete Palomares, y como demandada Miriam Gómez López. Partiendo de la premisa anterior, se concluye que el juicio de protección de derechos humanos en que se actúa, por lo que ve a la falta de emplazamiento y, en consecuencia todo lo actuado en el proceso citado, es improcedente, pues como es bien sabido, los que litigan en un procedimiento son parte de éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente. Dicho de otra manera, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho y, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de toda prerrogativa que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción, sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Entonces, serán las partes en ese procedimiento quienes se encuentren facultadas a instar el juicio de control constitucional, cuando se vean transgredidos sus derechos dentro de éste, por virtud del actuar de las autoridades, por ser a quienes afecta directamente. De ahí que, quien ahora solicita el amparo no es parte en dicho procedimiento, ni pretende serlo, pues únicamente acude al presente juicio de amparo como tercero interesado auténtico en defensa de los bienes muebles que ahí fueron embargados, sin embargo, esa circunstancia no le da legitimidad para su llamado al procedimiento mercantil, sino, en su caso, para defender los bienes antes citados. Por lo anterior, es evidente que si el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, directamente agraviadas por el acto que estimen violatorio de derechos y, en el caso, la falta de emplazamiento a juicio, no le causa agravio, pues no fue demandada, ni tiene derechos que defender respecto a la acción intentada, por lo que carece de legitimidad para acudir al juicio de origen a efecto de ser emplazada. Por esas razones, todo lo actuado en ese proceso tampoco le irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 206, Registro: 2006144, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Acorde a todo lo expuesto, se corrobora la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del diverso numeral 63 de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que respecta a la falta de emplazamiento al juicio de origen, así como todo lo actuado en éste. Falta de interés jurídico respecto a la orden de embargo Por cuanto ve al acto reclamado consistente en la orden de embargo atribuida a la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo cual, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del diverso numeral 63 de la ley de la materia. Se explica. Sobre el tema, en la contradicción de tesis 257/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación analizó un asunto similar, en el que afirmó que la orden de embargo sobre bienes del demandado no causa afectación al quejoso que acude al amparo en su calidad de tercero extraño como propietario del bien donde se decretó el embargo, porque existe certeza sobre el destinatario del acto, de ahí que solo perjudique a la parte demandada, de quien sus bienes sí podrán ser retenidos, salvo que se autorice el rompimiento de cerraduras y uso de la fuerza pública. Dicha contradicción dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto: "Registro digital: 2005231 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." En la especie, el quejoso reclama la orden de requerimiento de pago y embargo -auto de exequendo-, contenida en el auto de diez de julio de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil 817/2023, promovido por José Luis Marín González, por conducto de su endosatario en procuración Humberto Navarrete Palomares seguido contra Miriam Gómez López; la cual fue ordenada para practicarse en el domicilio ubicado en calle Inteligencia número 120, colonia 13 de Abril, de esta ciudad. Como se advierte con claridad, la orden de requerimiento de pago y embargo no fue dictada contra el aquí accionante de derechos fundamentales ********************, sino contra Miriam Gómez López, única demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por lo que la sola orden no agravia la esfera de derechos del quejoso, pues en autos no está demostrado que el promovente tenga el carácter de codemandado, y menos que la orden reclamada haya sido proyectada contra él o sus bienes. Por tanto, si la orden de requerimiento de pago y embargo no fue dictada contra el aquí quejoso, sino que fue dirigida a diversa persona, es claro que, por sí sola, no genera perjuicio al solicitante del amparo; de ahí que no lesione su interés jurídico. Es de invocarse la jurisprudencia con registro 395378, del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 90, Apéndice de 1985, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, de rubro y texto: "AUTO DE EXEQUENDO. CUÁNDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." Así también, apoya lo anterior, la tesis 297 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1907, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Con la precisión que la orden que se reclama no agravia al quejoso, porque depende de que en el domicilio señalado como el de la demandada Miriam Gómez López en el documento base de la acción, se encuentren bienes susceptibles de embargo y que sean propiedad de ésta, no de terceros, hipótesis última en la que no podrán embargársele, ya que la propia orden precisa que tratándose de bienes muebles deben ser propiedad de la parte demandada. Además que en el referido acuerdo impugnado de diez de julio de dos mil veintitrés, no se ordenó el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, de ahí que no se afecte la esfera jurídica del aquí quejoso. Sin que pase inadvertido que el Juez responsable, posterior al acuerdo antes citado, en el que ordenó el requerimiento de pago y embargo, esto es, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, autorizó el auxilio de la fuerza pública para poder practicar el embargo ordenado. En el caso, se trata de una medida en materia mercantil a efecto de garantizar el adeudo indicado en el título de crédito, de tal manera que implicó el permiso de acceso a la autoridad de la persona que lo atiende. Sin embargo, tal acto no fue reclamado en el presente juicio de amparo. A más de que la actuaria adscrita al Juzgado responsable no hizo uso de tal medio de apremio, dado que asentó que en ese lugar fue atendida por Miriam José Flores Gómez, quien dijo ser "sobrina" de la demandada, y sin hacer uso de la fuerza pública permitió el acceso al domicilio, tal como se advierte de la constancia referida en la que se indicó: ".se le hace saber a la referida que debemos ingresar al domicilio, a lo que la referida nos da ingreso al mismo.". De ahí que, si bien se autorizó el uso de la fuerza pública, también lo es que éste no se ejecutó, al ser atendidos por la sobrina de la persona buscada, que se encontraba en dicho lugar; por ende, no existió coercitividad para el aquí quejoso sobre el acceso el domicilio. En ese sentido, es evidente que no es aplicable al caso la jurisprudencia 123/2013 (10a.), antes citada, pues ésta solo lo es en el supuesto de que aún se encuentre pendiente de materializarse tal orden, al indicar que la afectación a su esfera jurídica se produce con ésta cuando exista la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente, lo que evidente no aconteció en el asunto. Ello, se reitera, aunado a que solo se autorizó el embargo de objetos propiedad de la demandada, que tiene como único fin la extracción de bienes suficientes de su propiedad para garantizar el adeudo, y tampoco se llevó a cabo el rompimiento de cerraduras ni uso de la fuerza pública, sino que se encuentra supeditado, en todo caso, a que la Jueza responsable realice otro pronunciamiento al respecto, dado que el anterior ya fue materializado sin que se ejecutara tal medida. En consecuencia, no existe algún perjuicio inminente, personal y directo sobre la esfera jurídica del solicitante del amparo, por lo que respecta a la orden de requerimiento de pago y embargo de diez de julio de dos mil veintitrés -incluso, la diversa de cinco de septiembre de ese año-, por sí misma, no demuestra que le ocasione algún agravio; de ahí que aquél no tenga interés para acudir a reclamarla en el presente juicio de amparo. Por tanto, en cuanto a tal acto reclamado, antes precisado, el amparista no acredita el interés jurídico, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada II.2o.195 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIII, Marzo de 1994, página 504, con número de registro 213298, que establece: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURÍDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO. Los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado en su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dado que cualquiera de los individuos que sí forman parte de la relación procesal, podrían muy bien interponer los recursos pertinentes y lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate; o dicho de otra manera, mientras no sea inminente la ejecución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio, la acción de amparo resultará improcedente, en virtud de que hasta ese momento no se le causa un agravio personal y directo, que es uno de los principios reguladores del juicio de garantías, y conforme al cual es indispensable que el acto de autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión a las garantías individuales que asisten al quejoso." Falta de interés jurídico por cuanto ve a la ejecución de la orden de requerimiento de pago y embargo Por lo que hace a la ejecución de la orden de requerimiento de pago y embargo, materializada en la diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, de las constancias que remitió la Jueza responsable, a las que ya se otorgó valor probatorio, se advierte que la Actuaria de su adscripción, en compañía del endosatario en procuración de la parte actora, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Inteligencia número 120, colonia 13 de Abril, de esta ciudad, a efecto de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada, la que fue atendida por la sobrina de la reo en el proceso de origen y refirió que no contaba con la cantidad requerida para hacer el pago. Por lo que el citado endosatario en procuración de la parte actora procedió a señalar diversos bienes muebles para garantizar el adeudo, los que se tuvieron por legalmente embargados, y se designó como depositario de estos a Juan Carlos Marín Villagómez. Ahora, en el caso a estudio, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, allegó con su libelo constitucional únicamente los siguientes documentos: Copia certificada de dos "certificados de participación patrimonial", emitidos por el Presidente de la Mesa Directiva de los "Colonos Antorchistas de la Ciudad de Valladolid", asociación civil, de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en los que se hace constar lo siguiente: En el primero: "(.) 7.- La asociación adquirió el dominio de un predio mediante contrato de compraventa, ubicado en el municipio de Morelia, con una superficie de 7 hectáreas, 81 áreas que mida y linda al NORTE: 125.32 . con el ejido de Santa María, al SUR: 135.87 . con carretera a Chiquimetio ORIENTE: 725.08 . con el predio de Antonio Farías Sánchez, PONIENTE: 677.39 . con el predio de Ricardo Luna. 8.- En razón de la adquisición del predio a que se hace referencia en el antecedente número siete y como consecuencia de los aportes en efectivo que hicieran los asociados para la compra de dicho terreno; la Asamblea General decidió repartirse en común el terreno adquirido por tanto y previo sorteo de cada porción en la que se dividió el predio; conformándose una nueva colonia que lleva por nombre "13 DE ABRIL", por lo que fue beneficiado el/la C. JUVENTINO GÓMEZ BAEZA, con la porción de terreno de la Manzana 16, lote 12, cuyas medidas y colindancias serán definidas una vez autorizado el plano de lotificación y vialidad por la autoridad correspondiente. (.)." En el segundo: "(.) 7.- La asociación adquirió el dominio de un predio mediante contrato de compraventa celebrado con el señor Luis Farías Jacobo, un predio rústico denominado la "HUAZACHERA" y "TIERRA COLORADA", de la superficie de de 7 hectáreas, 81 áreas que mida y linda al norte: 125.32 . con el ejido de Santa María, al SUR: 135.87 . con carretera a Chiquimetio ORIENTE: 725.08 . con el predio de Antonio Farías Sánchez, PONIENTE: 677.39 . con el predio de Ricardo Luna. 8.- En razón de la adquisición del predio a que se hace referencia en el antecedente número siete y como consecuencia de los aportes en efectivo que hicieran los asociados para la compra de dicho terreno; la Asamblea General decidió repartirse en común el terreno adquirido por tanto y previo sorteo de cada porción en la que se dividió el predio; conformándose una nueva colonia que lleva por nombre "13 DE ABRIL", por lo que fue beneficiado el/la C. JUVENTINO GÓMEZ BAEZA, con la porción de terreno de la Manzana 16, lote 12, cuyas medidas y colindancias serán definidas una vez autorizado el plano de lotificación y vialidad por la autoridad correspondiente. (.)." Bien, del análisis de los elementos de juicio narrados, se desprende que aún adminiculado el valor probatorio que pudiera otorgarse a los documentos exhibidos, no tienen el alcance para acreditar la propiedad del inmueble ni de los muebles embargados en la diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, derivada del juicio ejecutivo mercantil 817/2023 del índice de la responsable, ni la presunción legal contenida en el numeral 802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley que rige el acto, esto es, al Código de Comercio, que refiere que la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él. Es así, porque las documentales exhibidas, por sí mismas, son insuficientes para acreditar, primero, que el inmueble donde se practicó la diligencia es propiedad del aquí quejoso, en virtud de que se observa que éste no es de fecha cierta, posterior al en que se realizaron los actos reclamados. Sobre ese tema, debe destacarse que un documento es de fecha cierta, por regla general, cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Que se incorpore o inscriba en un registro público. 2. Que se haya presentado ante un funcionario público o persona con fe pública. 3. Que cualquiera de quienes lo suscriben, muera. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/1997, sostuvo lo siguiente: "(.) De lo que se deduce, que estando en presencia de documentos privados que consignan actos traslativos de dominio, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que consten en escritura expedida por fedatario público, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa a contrario sensu que el documento privado no registrado en la oficina pública citada, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga, ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Ahora bien, conviene recordar que el Registro Público de la Propiedad nace como producto de las necesidades de la vida cotidiana para evitar que las transmisiones y gravámenes relativos a bienes inmuebles se efectúen en forma clandestina y se vea afectada o disminuida notablemente la estabilidad y seguridad que debe caracterizar a los actos traslativos de esta clase de bienes; y ante la necesidad de ponerlos jurídicamente en circulación, surge como requisito indispensable la intervención del poder público a fin de que sea el encargado de organizar su funcionamiento. Este registro en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente, los inmuebles, para que toda persona que tenga interés de efectuar una operación con relación a ellos, conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: saber quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir, y demás datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. En nuestro sistema legal, es preciso destacar que el Registro Público de la Propiedad no genera por sí mismo, la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni tampoco es el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general, a declarar, a ser "un reflejo", de un derecho nacido extra registralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o título del derecho generado, es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así, para que sean conocidos por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del Estado que guardan los bienes sobre los que muestra interés. Es por ello, que los actos o contratos que en términos del artículo 3007 del Código Civil para el Distrito Federal y su similar del Estado de Nuevo León, deban ser registrados y se omita su inscripción, no pueden ni deben perjudicar o causar efectos negativos en contra de terceros; y si este numeral tampoco establece que esos actos, se encuentran afectos de nulidad, es porque, desde luego, éstos existen y deben de ser considerados jurídicamente válidos. En efecto, todo tercero no puede ni debe sufrir perjuicio alguno a causa de derechos clandestinos, pues la seguridad derivada de la transmisión de dominio mediante cualesquiera de las formas admitidas por la ley, constituye sin duda, uno de los pilares de la economía moderna, pues admitirse lo contrario, sería estar aceptando y contribuir al deterioro y entorpecimiento, de esta clase de transacciones jurídicas. Por las razones aludidas, es por lo que en nuestro Registro Público de la Propiedad, cuyos antecedentes se remontan a las leyes hipotecarias españolas de los años de mil ochocientos sesenta y uno y de mil novecientos cuarenta y seis, existen según lo señala la doctrina mexicana, una serie de principios fundamentales, los cuales en resumen consisten en los siguientes: (.) Por tanto, si bien es cierto las inscripciones de inmuebles realizadas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, también lo es, que ese registro tiene como finalidad el dar publicidad a un acto traslativo de dominio, evitando así actos dolosos o fraudulentos en perjuicio de terceros adquirentes de buena fe, lo que significa que se garantiza la legalidad del acto y se da seguridad jurídica a la ciudadanía en general que se ve involucrada en la celebración de esta clase de operaciones en las cuales siempre debe de imperar la buena fe de las partes contratantes. Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, de ahí, que si no se dan estos supuestos se estime por esta Primera Sala que es justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ningún valor probatorio con relación a terceros; sirviendo de apoyo a esta consideración, lo sustentado en las tesis de jurisprudencia número 237, de la anterior Tercera Sala, localizable a foja 162, del Tomo IV, Materia Civil, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a su letra dice: (.) Por tanto, si un documento privado de compraventa carece de fecha cierta por no reunirse los requisitos a que nos hemos referido en líneas anteriores, aun en los supuestos de que no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener mejor título sobre la propiedad o posesión del bien embargado, es de arribarse a la consideración de que con ellos no se acredita en autos el interés jurídico que debe revestir al quejoso en un juicio de amparo para ser considerado legalmente legitimado para demandar la protección de la Justicia Federal, pues en tal caso, no se demuestra la afectación producida en su esfera jurídica en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo." [subrayado añadido] De lo anterior, podemos advertir que tratándose de documentos privados que consignan actos traslativos de dominio, es requisito que consten en escritura expedida por fedatario público, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes; incluso, cuando se presentan ante un fedatario público para que los certifique. Lo anterior, por razón de seguridad jurídica y para evitar la posibilidad de que se trate de actos fraudulentos; por ello, los documentos privados no son suficientes por sí solos para acreditar que el derecho de que se trata, existió con anterioridad al acto reclamado en un juicio de amparo, sino que deben ser de fecha cierta, esto es, ha de existir certeza respecto de la fecha de emisión de ese documento y, por tanto, de la celebración del acto jurídico que en él se contiene, ya que de lo contrario no puede tenerse por acreditado el interés jurídico. Al respecto, cabe apuntar que la institución de la fecha cierta descansa en dotar de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica, para garantizar que los documentos privados presentados en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio del juicio correspondiente y se fecharon en una temporalidad anterior, evitando así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. Al exigir que un documento privado sea de fecha cierta para colmar el interés jurídico de quien comparece al juicio constitucional, el Máximo Tribunal Constitucional del País, no solo buscó un mecanismo para demostrar la existencia del derecho (interés jurídico), sino además brindar seguridad de que el documento exhibido existía con anterioridad a la emisión al acto reclamado, lo que garantiza el acatamiento a los principios de legalidad y certeza jurídica a los que deben sujetarse los actos jurídicos. Luego, los documentos en los que la parte quejosa sustenta su interés jurídico, sea de fecha cierta (doce de octubre de dos mil veintitrés), posterior a aquella en que se realizaron los actos reclamados; porque como punto de partida de aquello debe tomarse en cuenta la data en que se presentaron para su certificación ante la Notaría Pública adscrita número 171 de Morelia, Michoacán. Ello a más de que es insuficiente para acreditar que en la actualidad tenga la posesión de tal bien inmueble, a más de que no exhibió alguna prueba al respecto. Por lo tanto, se reitera, los documentos de referencia, al ser privados de fecha cierta posterior a los actos reclamados; no pueden probar, por sí solo la propiedad o posesión que aduce tener el quejoso. Más aún que el quejoso tampoco ofertó algún otro medio de prueba para corroborar que existe identidad entre el inmueble donde se realizó la diligencia reclamada y el que dice poseer aquel; menos que aportó la prueba pericial en topografía que es la idónea para tal fin. De igual manera, dada su naturaleza, las documentales ofrecidas por la parte quejosa son insuficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados, puesto que al tratarse del embargo de bienes muebles, debió probarse ese hecho medular con las facturas expedidas a su nombre y que identificaran dichos bienes de forma que permitieran fijar su identidad, a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Al respecto se trae a glosa la tesis de rubro y texto siguiente. "Registro digital: 198561 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XXI.1o.72 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, página 757 Tipo: Aislada INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, CONTRA EL EMBARGO PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. NO SE ACREDITA CON EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, SINO CON LA FACTURA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia número 14/94 de la anterior Tercera Sala, que tratándose del interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles de su propiedad, bastan para acreditarlo las facturas no objetadas que identifiquen los bienes; en tal circunstancia, es obvio que del contrato de compraventa aportado para acreditar tal extremo, únicamente se desprende que el fedatario recibió la declaración de voluntad de las partes, en cuanto certifica la autenticidad de las firmas de los contratantes, vendedor y comprador, pero de ninguna forma prueba la identidad ni la veracidad de la venta del bien que se reclama, ni el mérito intrínseco del contenido de la operación de la compraventa, lo que trae consigo que no se demuestre plenamente la propiedad." Ahora, ni aun adminiculando el valor indiciario que pudiera asistir a dichas documentales, es suficiente para tener la fuerza necesaria para demostrar la propiedad de los bienes muebles embargados o del inmueble donde se encontraban, para que se configurara la presunción legal pretendida sobre la posesión de estos. Sin que obste para ello, las manifestaciones del quejoso en el sentido de que es propietario de los bienes que defiende, ya que, se insiste, el derecho del que dice ser titular debe acreditarse fehaciente y no inferirse con base en suposiciones o presunciones. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente. "Registro digital: 207221 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a./J. 27/90 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 229 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." "Registro digital: 203522 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XX. J/14 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 148 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." "Registro digital: 2001046 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: VI.1o.A.8 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, página 920 Tipo: Aislada TERCERO EXTRAÑO EN UN PROCEDIMIENTO DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS. PARA ACREDITAR SU POSESIÓN, NO BASTA LA PRESUNCIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 802 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. La sola presunción a que se refiere el artículo 802 del Código Civil Federal (el cual establece que la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él), no basta para justificar la posesión de los bienes embargados en un procedimiento respecto del cual el quejoso tiene el carácter de tercero extraño, ya que para tal efecto es necesario que se ofrezcan otras pruebas idóneas que acrediten de manera fehaciente que el impetrante tiene la posesión de los muebles embargados, y de esa forma se justifique el interés jurídico, si se toma en consideración que éste no puede ser presuntivo, sino que debe probarse plenamente." En ese contexto, toda vez que la parte quejosa no acreditó la existencia de un agravio en su esfera de derechos, al incumplir con su carga probatoria de demostrar la legítima propiedad de los bienes muebles embargados y, por ende, la diligencia de embargo impugnada no le causa perjuicio alguno, de ahí que es inconcuso que carece de interés jurídico para instar la acción constitucional. En ese tenor, al no existir un agravio inminente, personal y directo, en virtud de que la esfera jurídica de la parte quejosa no sufre perjuicio alguno con la orden y su ejecución materializada en la diligencia de requerimiento de pago y embargo antes precisada, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII, del artículo 61, de la ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto dicho acto reclamado. En ese orden, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación con relación a la inconstitucionalidad que se aduce de los actos reclamados. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394465, visible en la página 335 del Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima época, materia común, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó la agente del Ministerio Público adscrito, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: " Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia. ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada se imponga de las constancias que conforman este juicio y haga valer lo que a su derecho corresponda. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy FeRclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1343/2023, promovido por********************se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García Secretario que autoriza y da fe.********************EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes.********************Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto.********************LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por:********************JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN.********************ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN.********************EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos.********************Enseguida, se declara abierto el período probatorio. ********************LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. ********************Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos.********************Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes.********************LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. ********************EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar.********************Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. ********************Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión X- 1343/2023; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Por escrito presentado el trece de octubre de la presente anualidad, ********************solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado.********************SEGUNDO. Mediante proveído de treinta de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo.********************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la falta de notificación del auto de embargo practicado y desahogado con uso de la fuerza pública, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil ******************** el cual se practicó en un inmueble de su propiedad y con motivo del cual se embargaron diversas herramientas.********************TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia del acto reclamado.********************CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, no obstante que el promovente no indica los efectos para los cuales le solicita la medida cautelar, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. ********************A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.), y XXVII.3o. J/2 (10a.) de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." ********************Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa, asimismo que los actos reclamados son ciertos, atendiendo tanto a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, como a lo manifestado por las autoridades responsables.********************Sin embargo, no obstante que el quejoso solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, satisfaciendo el requisito que contempla el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 131, ambos de la Ley de Amparo y que preliminarmente se advierte la existencia del acto reclamado; se estima que no se cumple con uno de los supuestos para decretar la suspensión, toda vez que el peticionario de amparo no acredita, ni aun de forma indiciaria, el interés suspensional necesario para que se le conceda, por lo que además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado no se le pueden dar efectos restitutorios a dicha medida cautelar. ********************Lo anterior, en la medida en que el quejoso no demuestra contar con la propiedad de los bienes muebles embargados que refiere en su demanda, lo cual, según su dicho, se vio afectado con la diligencia que ahora se combate, es decir, que no se acredita que de llegarse al remate y adjudicación de esos bienes, le pueda causar un daño o perjuicio de difícil reparación, que lo legitime para obtener la medida suspensiva. ********************Ello pues únicamente se limitó a exhibir copia certificada de los "certificados de participación patrimonial" expedida por la asociación civil "Colonos Antorchistas Unidos de la ciudad de Valladolid", así como de su credencial para votar, sin exhibir algún documento idóneo para acreditar la propiedad del inmueble o en relación con las herramientas que indica le fueron retenidas; más aún que en su demanda no refiere que se haya generado alguna afectación al bien inmueble. ********************De esa manera, se impide a quien suscribe, con base en lo afirmado en la demanda, determinar con cierto grado de aproximación si los actos que se reclaman son o no constitucionales, y por ende, si la parte quejosa obtendrá o no la protección de la justicia federal que impetra, pues para ello se hará necesario analizar la cuestión de fondo, circunstancias estas que conducen a estimar que en el presente caso, no cobra aplicación la teoría de la apariencia del buen derecho.********************De ahí que se considere que, en la especie y hasta este momento procesal, la parte promovente del amparo no acredita presuntivamente el interés suspensional que le asiste, respecto del cual se pueda producir un daño inminente e irreparable a su pretensión, conforme a lo establecido por el artículo 131 de la Ley de Amparo, debido a que, como se dijo, no exhibe algún medio de convicción del que se pueda inferir, aun de manera indiciaria, que los actos reclamados en esta vía de amparo le causen ya algún perjuicio o afectación. ********************Por ende, por ese motivo no procede otorgar la medida cautelar solicitada, ya que hacerlo implicaría que la suspensión fuera constitutiva de derechos posesorios en beneficio de la parte quejosa. ********************Resultan aplicables por contener el principio jurídico anotado, así como por identidad jurídica las tesis de los rubros y textos siguientes.********************"Época: Novena Época Registro: 164764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Abril de 2010 Materia(s): Común Tesis: VIII.A.C.7 K Página: 2742 INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés." ********************"Tesis: 1a./J. 4/2009 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 167346 Primera Sala Tomo XXIX, Abril de 2009 Página 515 Jurisprudencia (Común) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." ********************En ese contexto, quien suscribe se encuentra imposibilitado, con base en lo afirmado en la demanda, así como con los medios de prueba aportados hasta este momento, establecer con cierto grado de aproximación si los actos que se reclaman son o no constitucionales y, por ende, si la parte quejosa obtendrá o no la protección de la justicia federal que solicita, pues para ello se hará necesario analizar la procedencia del amparo y, en su caso, la cuestión de fondo, circunstancias que conducen a estimar que en el presente caso no cobra aplicación la teoría de la apariencia del buen derecho y, por ende, lo que se impone es NEGAR a********************la suspensión provisional solicitada.********************Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. ********************Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: ********************"ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita."********************Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal.********************Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor.********************Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve:********************ÚNICO. SE NIEGA a ******************** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.********************NOTIFÍQUESE.******************** Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. SE APERSONA TERCERO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe Humberto Navarrete Palomares, mediante el cual se apersona en el presente juicio y señala domicilio procesal para tal efecto. Al respecto, con fundamento en los artículo 5, fracción 1, inciso a) y 11 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente apersonándose en cuanto endosatario en procuración del tercero interesado José Luis Martín González, calidad que le es reconocida en base a las constancias que obran en el tomo de prueba relacionado con este juicio. También se tiene como domicilio procesal el que precisa en su ocurso y con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuarios "BTHONP" y por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones inherentes a la presente autorización; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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