Julio Zarco Bucio

Expediente 821/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
821/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Julio Zarco Bucio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Autorizada desahoga requerimiento. Visto el escrito de cuenta que presenta Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica federal, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en proveído de seis de enero del año en curso y al efecto manifiesta que a partir del día dieciséis de enero de este año, en diversas fechas y horarios se estuvo comunicando a los números de contacto que le proporcionó el quejoso, al momento de solicitar su servicio profesional y que el veintitrés de los actuales, pudo tener comunicación con Fidelina Zarco Bucio (hermana del quejoso), a quien se le hizo saber el motivo de llamada, contestando ésta persona que como ya lo ha venido informando, su hermano quejoso ya no tiene interés en seguir recibiendo la atención médica de parte de las autoridades responsables, que a pesar no tener un certificado de alta, al sentirse mejor ya no tiene la intención en seguir recibiendo el tratamiento; y al requerirle un número telefónico del quejoso a fin de corroborar esa información, la citada Fidelina Zarco Bucio, le indicó que únicamente sabe que su hermano vive en Cuanajo, Michoacán, pero que no tiene ningún otro dato de localización. Al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la asesora jurídica federal y autorizada de la parte quejosa, en torno al desinterés del quejoso en continuar con la ejecución de la sentencia y se procede a proveer lo que en derecho corresponda. Se hace efectivo apercibimiento a la parte quejosa. Así, teniendo en consideración que se ha requerido a la parte quejosa en múltiples ocasiones (proveídos de dieciocho de febrero, dos de marzo, veintitrés de marzo, nueve y veintisiete de abril y nueve de junio, todos de dos mil veintiuno y seis de enero de dos mil veintitrés) a fin de que acudiera ante las responsables a recibir la atención médica que requiriera su tratamiento y conocer su interés en continuar con la ejecución de la sentencia, sin que lo haya hecho. En cambio, hasta el momento con los datos aportados por la autorizada del quejoso y las actuaciones realizadas por los actuarios de la adscripción donde no han podido entablar comunicación con el quejoso y la propia inactividad del quejoso en comparecer a recibir la atención médica ante las responsables, existe la presunción de un desinterés manifiesto del quejoso en que se ejecute la sentencia de amparo otorgada a su favor, pues si bien se encuentra constituido el derecho en favor del quejoso, para que las autoridades responsables le brinden el tratamiento completo y servicios que requiera, de manera gratuita; sin embargo, ese derecho requiere del ejercicio propio que realice al quejoso; y al no ejercerlo, conlleva una imposibilidad de las responsables para ejecutar el fallo protector. En esa virtud, se hace efectivo el apercibimiento que sobre ese particular le fue formulado en auto de seis de enero del año en curso y se entiende que no tiene interés en proseguir con la ejecución de la sentencia de amparo y que no hay materia sobre la cual requerir a las autoridades para que le sigan brindado la atención médica en relación a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Antecedentes para el cumplimiento del amparo Establecido lo anterior, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, los datos aportados por la autoridad responsable y los allegados por la autorizada de la parte quejosa, como por éste órgano jurisdiccional; con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, determinó sobreseer en el juicio promovido por ********************, contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y otras autoridades. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria de engrose de once de febrero de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, modificó la sentencia recurrida, sobreseyendo en el juicio en una parte y en otra, concediendo el amparo a ********************. En fecha trece de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Previo diverso requerimiento que fue formulado a las responsables, por oficio presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el delegado de las responsables informó que el quejoso ********************, desde el mes de octubre de dos mil diecinueve, no se ha presentado al Centro Estatal de Atención Oncológica. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos acontecidos, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable. ".lo procedente es conceder el amparo para el efecto de constituir en favor del quejoso el derecho para que en lo subsecuente, las autoridades responsables brinden el tratamiento y servicios que requiere para el padecimiento que lo aqueja, dado que conforme a los postulados derivados del artículo 4° de la Constitución Federal, la protección de la salud está garantizada por el Estado como derecho humano irrestricto; y por lo mismo, las autoridades responsables deberán continuar otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo, de manera gratuita, esto último, al ser un derecho reconocido por las autoridades responsables. [.] Concesión de amparo que, dada la naturaleza del derecho tutelado (a la salud) en relación con la naturaleza del padecimiento (carcinoma .), se estima que para su cumplimentación, las autoridades responsables deberán emitir un pronunciamiento en torno a que se ha constituido en favor del quejoso un derecho que garantiza su salud por el Estado como derecho humano irrestricto, con el consecuente otorgamiento de un tratamiento y otorgamiento de servicios que requiere para el tratamiento de cáncer, de manera gratuita.". El delegado de las responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Centro Estatal de Atención Oncológica, por oficio sin número elaborado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y presentado el diecisiete de ese mismo mes y año, informó que dichas autoridades se encontraban imposibilitados materialmente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el quejoso ********************, desde el mes de octubre de dos mil diecinueve, no se ha presentado al Centro Estatal de Atención Oncológica y que el conforme al artículo 78-bis38 de la Ley General de Salud, tenía la obligación siguiente: "Artículo 77 bis 38.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en salud tendrán las siguientes obligaciones: [.] V. Cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse." Con motivo de la anterior información, en autos de dieciocho de febrero, dos de marzo, veintitrés de marzo, nueve y veintisiete de abril y nueve de junio, todos de dos mil veintiuno y seis de enero de dos mil veintitrés, se ha requerido al quejoso para que acuda ante las responsables a recibir la atención médica que requiriera su tratamiento y conocer su interés en continuar con la ejecución de la sentencia, sin que lo haya hecho. Debido a los requerimientos formulados por este órgano a la quejosa, se entendió que no tiene interés en proseguir con la ejecución de la sentencia de amparo y que no hay materia sobre la cual requerir a las autoridades para que le sigan brindado la atención médica en relación a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Circunstancia que se corrobora con la información que la ha sido proporcionada por familiar directo del impetrante a la asesora jurídica federal, en su calidad de autorizada de la parte quejosa, en el sentido de que el quejoso no tiene interés en recibir la atención médica por parte de las responsables. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Bajo tales circunstancias, se estima innecesario analizar si las responsables cumplieron o no con el fallo protector, toda vez que si los efectos de la sentencia de amparo vinculaban a las autoridades responsables a seguir prestando a la quejosa los servicios médicos necesarios para hacer frente a su padecimiento; y, en la especie se acreditó el desinterés manifiesto del quejoso en acudir a recibir la atención médica necesaria, ya que desde el mes de octubre de dos mil diecinueve, no se ha presentado al Centro Estatal de Atención Oncológica. En ese contexto, resulta conveniente realizar un apunte en torno a la tutela constitucional otorgada a través de la sentencia de amparo, que tenía por efecto restituir al quejoso en su derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. Constitucional (en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud), toda vez que ante el desinterés manifiesto del quejoso directo en ejecutar la sentencia y la imposibilidad de este órgano para obligarlo a someterse a revisiones o tratamientos médicos, ya no puede subsistir el principio de "potencialidad restitutiva" que presupone como base del objeto del juicio de amparo el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia y, por ello, no tiene razón útil ni práctica que continúe, por su inviabilidad. Lo anterior es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo regula uno de los principios rectores del juicio constitucional, que es el llamado "principio de restitución", también conocido como de "potencialidad restitutiva", según el cual, la finalidad de las sentencias de amparo en las que se otorgue la protección de la Justicia Federal es exclusivamente restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos), o bien, obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija (actos negativos); el citado principio, en congruencia con otros reconocidos por la doctrina mexicana, como el de "litis constitucional", permite aseverar que el amparo mexicano, en un contexto actualizado de derecho procesal constitucional, consiste en un "derecho" que tiene la finalidad y potencialidad restitutiva exclusivamente asignada en la Constitución General y en su respectiva ley reglamentaria, esto es, que no tiene finalidades o alcances distintos a los que constitucional y legalmente le han sido conferidos. Por tanto, ante la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria, resulta estéril realizar el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por tanto, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, ante el desinterés del quejoso en recibir la atención médica y el abandono o falta de seguimiento ante las responsables en su tratamiento, y al no poder subsistir el principio de "potencialidad restitutiva", en términos del artículo 196, segundo párrafo de Ley de Amparo. En el concepto de que, el pronunciamiento antes realizado en torno al abandono del servicio de atención médica por parte del quejoso, DE NINGÚN MODO LE RESTRINGE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD consagrado en el 4o. Constitucional y reconocido en la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, motivo por el cual, tendrá expedito su derecho para recibir la atención médica del Estado que llegare a necesitar, bajo la modalidad y los lineamientos de su seguridad social correspondiente. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022939 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a. IV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 696 Tipo: Aislada "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES MÉDICAS DE DICHO ORGANISMO, QUE LO LIBERA DE RESPONSABILIDAD CUANDO EL DERECHOHABIENTE, POR PROPIA DECISIÓN, ABANDONA EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA QUE LE OTORGA, NO RESTRINGE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. Hechos: El quejoso presentó una queja administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por considerar deficiente la atención médica recibida por parte del personal de dicho instituto, y solicitó el pago por los gastos que erogó al haber recibido la atención médica que requirió en un hospital privado; la queja se resolvió como improcedente desde el punto de vista médico y se determinó que no había lugar al reintegro de la cantidad reclamada en términos del artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas del propio organismo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social no restringe el derecho a la protección de la salud, por no establecer excepciones al supuesto que libera al Instituto Mexicano del Seguro Social de responsabilidad, derivado de la decisión propia del derechohabiente de internarse en una unidad que no pertenezca a dicho organismo, siempre y cuando haya sido suficientemente informado de las condiciones de su estado de salud y de las implicaciones del tratamiento o procedimiento médico. Justificación: Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática del artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con relación a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, en la Ley del Seguro Social y en el propio Reglamento, se concluye que dicho precepto no restringe el derecho a la protección de la salud, al establecer la liberación de responsabilidad del Instituto cuando el derechohabiente, por decisión propia, opta por abandonar la atención que se le otorga y se interna en un hospital que no pertenezca a dicho organismo, debiendo entenderse que esa decisión propia se da cuando el paciente o las personas responsables de éste hayan sido informadas, por parte del personal médico, sobre su estado de salud, las implicaciones de su tratamiento o los procedimientos médicos, a fin de que su determinación haya sido suficientemente informada y voluntaria. De esta manera, no podrá considerarse válidamente que existe decisión propia del paciente si el Instituto no prestó el servicio, no entregó información oportuna y veraz al paciente, negó injustificadamente proporcionar un tratamiento o lo retrasó indebidamente, pues entonces no se configura la propia decisión, sino más bien un estado de necesidad, en el que la determinación no se tomó por propia voluntad sino que las circunstancias la impusieron, lo que en todo caso deberá acreditarse fehacientemente, a efecto de que se configure la responsabilidad para el Instituto." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la suspensión de plano de los mismos. Devolución de documentos Finalmente, con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende la razón levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, por los motivos esgrimidos en la misma (no haber obtenido respuesta por parte quejoso en el número telefónico al que se comunicó); al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones de imposibilidad que expone el actuario judicial. Contexto legal Si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencias es de orden público y que este órgano jurisdiccional, en términos del artículo196 de la Ley de Amparo, debe vigilar que se cumpla cada una de los deberes impuestos en el fallo protector, esto es, sin excesos ni defectos, también resulta importante, señalar que dicho precepto legal, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla." Hasta el momento, con los datos aportados por la autorizada del quejoso y las actuaciones realizadas por los actuarios de la adscripción donde no han podido entablar comunicación con el quejoso, pudiera existir la presunción de un desinterés manifiesto del quejoso en que se ejecute la sentencia de amparo otorgada a su favor, pues si bien se encuentra constituido el derecho en favor del quejoso, para que las autoridades responsables le brinden el tratamiento completo y servicios que requiera, de manera gratuita; sin embargo, ese derecho requiere del ejercicio propio que realice al quejoso; y al no ejercerlo, conlleva una imposibilidad de las responsables para ejecutar el fallo protector. De ahí que, se torne necesario contar con mayores elementos para declarar esa imposibilidad para cumplir con la sentencia, en términos del artículo 196, segundo párrafo; y por tal motivo, procede requerir nuevamente a la autorizada de la parte quejosa Olivia Benitez Reyes, a fin de que dentro del término de cinco días siguientes, al en que quede notificada del presente proveído, realice lo siguiente: Único.- Se comunique de nueva cuenta con los contactos que le fueron proporcionados al momento de solicitar su asesoría jurídica, como defensora pública federal, a fin de que le solicite información en torno a si tiene interés o no en proseguir con la ejecución de la sentencia de amparo dictada a su favor. En el concepto que de no lograr entablar comunicación con el quejoso o en caso de que el mismo no le quiera realizar manifestación alguna a la citada defensora, se entenderá que no tiene interés en proseguir con la ejecución de la sentencia de amparo y que no habrá materia sobre la cual requerir a las autoridades respectivas para que se le sigan brindando la atención médica en relación a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; con lo cual, se proveerá lo que en derecho corresponda en la presente etapa de cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Razón actuarial Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de veintisiete de abril de este año, por los motivos esgrimidos en la misma (no haber obtenido respuesta por parte quejoso en el número telefónico al que se comunicó). Al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones de imposibilidad que expone el actuario judicial. Contexto legal Si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencias es de orden público y que este órgano jurisdiccional, en términos del artículo196 de la Ley de Amparo, debe vigilar que se cumpla cada una de los deberes impuestos en el fallo protector, esto es, sin excesos ni defectos, también resulta importante, señalar que dicho precepto legal, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla." Hasta el momento, con los datos aportados por la autorizada del quejoso, pudiera existir la presunción de un desinterés manifiesto del quejoso en que se ejecute la sentencia de amparo otorgada a su favor, pues si bien se encuentra constituido el derecho en favor del quejoso, para que las autoridades responsables le brinden el tratamiento completo y servicios que requiera, de manera gratuita; sin embargo, ese derecho requiere del ejercicio propio que realice al quejoso; y al no ejercerlo, conlleva una imposibilidad de las responsables para ejecutar el fallo protector. Se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos En consecuencia, se torna necesario contar con mayores elementos para declarar esa imposibilidad para cumplir con la sentencia, en términos del artículo 196, segundo párrafo; y por tal motivo, ante la imposibilidad que ha expresado la Defensora Pública Federal, licenciada Olivia Benitez Reyes, en cuanto autorizada de la parte quejosa, a través de sus escritos por los que ha desahogado los requerimientos que se le han formulado, y ante la información diversa que ha recibido en el sentido de que el quejoso se fue a radicar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco y posteriormente, que no fue así, que el quejoso vive actualmente con sus suegros en Cuanajo, Michoacán, sin poder precisarle domicilio, se estima necesario acordar lo siguiente: ÚNICO. Se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos para que, nuevamente, dentro de un lapso de cinco días siguientes al dictado de este proveído, se entable comunicación telefónica al número 459 105 45 94 que se indica como línea del aquí quejoso JULIO ZARCO BUCIO; y en caso de obtener respuesta al llamado, se verifique si efectivamente corresponde al quejoso; hecho lo anterior, se identifique el notificador y le haga del conocimiento al quejoso que el motivo de la llamada es con el único propósito de que proporcione un domicilio actual en donde pueda atender una diligencia formal en relación al presente juicio de amparo promovido a su nombre, esto con el fin de conocer su interés o no en la ejecución de la sentencia de amparo dictada a su favor y este órgano se encuentre en aptitud de acordar lo que derecho corresponda en torno al trámite de ejecución del juicio en que se actúa. En el concepto de que, el actuario comisionado deberá levantar el acta respectiva con el resultado de la diligencia aquí encomendada. Notifíquese personalmente a la autorizada de la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Autorizada de la parte quejosa realiza manifestaciones Visto el escrito de cuenta que suscribe Olivia Benitez Reyes, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, en relación al requerimiento que fue formulado en proveído de nueve de abril de este año, manifiesta que se encuentra materialmente imposibilitada para cumplir con lo solicitado en dicho auto, ya que a partir del día doce de abril de este año, ha intentado comunicarse sin éxito al número 459 105 45 94 al parecer correspondiente al señor JULIO ZARCO BUCIO, a quien refiere le ha dejado incluso mensajes de texto, identificándome y dándole a conocer el motivo de la llamada. Asimismo, señala que se comunicó al número proporcionado para recados donde luego de diversos intentos la atendió la hermana del quejoso, quien le indicó que ella y su familia ya no tenían comunicación con su hermano Julio (aquí quejoso) a raíz de un problema que tuvieron; por lo que la citada autorizada le solicitó que le proporcionara el domicilio de su hermano en Guadalajara, a lo que le indicó que al parecer su hermano no se había ido a vivir a Guadalajara, que sabía que se quedó y vivía en Cuanajo Michoacán, en casa de sus suegros, por lo que le pidió el domicilio o cuando menos el nombre completo del suegro para estar en condiciones de localizar a su hermano, a lo que le contestó que ella no sabía esos datos. Por lo anterior, la autorizada de la parte quejosa considera que al no atenderse ninguno de los llamados que ha realizado al quejoso y sus familiares, infiere que esta persona ya no tiene interés en el servicio de asistencia jurídica gratuita que le venía proporcionando el Instituto Federal de Defensoría Pública, ni tampoco en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones de imposibilidad que expone la autorizada de la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en autos. Contexto legal Si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencias es de orden público y que este órgano jurisdiccional, en términos del artículo196 de la Ley de Amparo, debe vigilar que se cumpla cada una de los deberes impuestos en el fallo protector, esto es, sin excesos ni defectos, también resulta importante, señalar que dicho precepto legal, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla." Hasta el momento, con los datos aportados por la autorizada del quejoso, pudiera existir la presunción de un desinterés manifiesto del quejoso en que se ejecute la sentencia de amparo otorgada a su favor, pues si bien se encuentra constituido el derecho en favor del quejoso, para que las autoridades responsables le brinden el tratamiento completo y servicios que requiera, de manera gratuita; sin embargo, ese derecho requiere del ejercicio propio que realice al quejoso; y al no ejercerlo, conlleva una imposibilidad de las responsables para ejecutar el fallo protector. Se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos En consecuencia, se torna necesario contar con mayores elementos para declarar esa imposibilidad para cumplir con la sentencia, en términos del artículo 196, segundo párrafo; y por tal motivo, ante la imposibilidad que ha expresado la Defensora Pública Federal, licenciada Olivia Benitez Reyes, en cuanto autorizada de la parte quejosa, a través de sus escritos por los que ha desahogado los requerimientos que se le han formulado, y ante la información diversa que ha recibido en el sentido de que el quejoso se fue a radicar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco y posteriormente, que no fue así, que el quejoso vive actualmente con sus suegros en Cuanajo, Michoacán, sin poder precisarle domicilio, se estima necesario acordar lo siguiente: ÚNICO. Se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos para que, dentro de un lapso de cinco días siguientes al dictado de este proveído, se entable comunicación telefónica al número 459 105 45 94 que se indica como línea del aquí quejoso JULIO ZARCO BUCIO; y en caso de obtener respuesta al llamado, se verifique si efectivamente corresponde al quejoso; hecho lo anterior, se identifique el notificador y le haga del conocimiento al quejoso que el motivo de la llamada es con el único propósito de que proporcione un domicilio actual en donde pueda atender una diligencia formal en relación al presente juicio de amparo promovido a su nombre, esto con el fin de conocer su interés o no en la ejecución de la sentencia de amparo dictada a su favor y este órgano se encuentre en aptitud de acordar lo que derecho corresponda en torno al trámite de ejecución del juicio en que se actúa. En el concepto de que, el actuario comisionado deberá levantar el acta respectiva con el resultado de la diligencia aquí encomendada. Notifíquese personalmente a la autorizada de la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano