Juventino Casillas Moncada y Otros.

Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
476/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Juventino Casillas Moncada y Otros.
  • Juventino Casillas Moncada

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. REQUERIMIENTO AL QUEJOSO PARA QUE ACUDA A RECOGER DOCUMENTOS. Finalmente, se requiere al quejoso Juventino Casillas MOncada, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de NOVENTA DÍAS, a recoger los documentos que exhibió en el expediente y se le apercibe que si no lo hace, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente, o con las constancias que de éste se depuren, de conformidad con lo que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. Agréguese a los autos el escrito en el que el quejoso Juventino Casillas Moncada, cumplió con el requerimiento que se le formuló mediante auto de catorce del mes y año en curso; se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que impone su desechamiento. De la demanda y la promoción de cuenta, se depende que el quejoso reclama: La negativa a otorgar licencia de uso de suelo en favor del quejoso; y, La orden de visita de inspección de dos de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dentro del expediente 0120/2021-4, de dos de junio de dos mil veintiuno; su falta de notificación y la orden de clausura. Ahora bien, los numerales 1, 132, 135, 136, 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, establecen la procedencia del recurso de inconformidad o la impugnación de los actos administrativos ante la autoridad jurisdiccional. Por ende, en contra de los actos reclamados procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Lo anterior es así, porque los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, prevén la suspensión de los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos que los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En efecto, de los numerales del referido Código se advierte que: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto del cobro de contribuciones y aprovechamientos), supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. En ese contexto, no son mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los señalados en el numeral 128 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, que dice: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo". Además, de la demanda se obtiene que, a su vez, el quejoso se duele de cuestiones de legalidad; por lo que el quejoso debe impugnar los actos reclamados mediante juicio de nulidad, en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Por tanto, el impetrante debió hacer valer el medio de impugnación previsto en el referido Código, previo a la promoción del amparo, por lo que no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo la jurisprudencia número XX. J/1, visible en la página 94, tomo I, abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente". En consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Juventino Casillas Moncada, contra actos de la Dirección de Verificación Urbana adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano de esta ciudad y otras autoridades, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 476/2021-II y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo, señala que si en la demanda de amparo hubiere alguna irregularidad, se requerirá al promovente para que aclare la misma. Conforme a la norma reproducida, el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. IRREGULARIDAD RELACIONADA CON LA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De acuerdo con lo establecido en el precepto antes mencionado, es obligación de la parte quejosa señalar en la demanda de amparo el acto que se reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables y, por exigencia lógica, debe estimarse que dicho señalamiento debe ser concreto, pues ello resulta indispensable para la debida integración del procedimiento, ya que es a las autoridades que ahí se señalen, a quienes se les requerirá para que rindan su informe con justificación en relación al acto que se les atribuye. "Preciso", de acuerdo a la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia Española, cuenta con una acepción relativa al lenguaje y significa conciso y rigurosamente exacto. Deberá precisar si reclama la clausura o únicamente la falta de notificación en la orden de visita y la negativa de uso de suelo; lo anterior, toda vez que en los conceptos de violación, se duele de la orden de visita, sin embargo, del cuerpo de la demanda no manifiesta nada, por lo que deberá de precisar de manera concreta, clara y rigurosamente exacta cuál es el acto que reclama de cada una de las autoridades a la que señala con el carácter de responsables. IRREGULARIDAD RELACIONADA CON LA FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En la especie, el análisis de la demanda de amparo de cuenta pone de manifiesto que en ella, el amparista, bajo protesta de decir verdad, manifestó los hechos y abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes de los actos reclamados, sin embargo, omitió señalar la fecha en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados. En consecuencia, debe requerírsele para que manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en la que se enteró de la existencia de los cada uno de los actos que reclama (una vez desglosados conforme al requerimiento anterior), toda vez que es omiso en precisarlo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Libro 3, Febrero de 2014, página 1079, del siguiente rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. REQUERIMIENTO. En mérito de lo anterior, se requiere al promovente para que dentro un plazo de cinco días: PRIMERO. Señale de manera concreta, clara y rigurosamente exacta cuál es el acto que reclama de cada una de las autoridades a la que señala con el carácter de responsables. SEGUNDO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en la que se enteró de la existencia de cada uno de los actos reclamados que señale de conformidad con el requerimiento anterior, toda vez que es omiso en precisarlo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa de que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo que se le otorga, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard San Judas Tadeo número 2221, Fraccionamiento Brisas del Carmen de esta ciudad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marcos Aurelio Vázquez Salinas, por estar registrada su cédula profesional número 2982124 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo se tiene como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Fátima del Rocío Arrona Prado, pues con independencia de que no tiene el registro de su cédula profesional en el Sistema al que se ha hecho alusión, en el escrito de autorización se omitió el señalamiento de los datos con los que dicha persona acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 13:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad-, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

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