Justo Javier Torres Jaimes y Otros.

Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
504/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Justo Javier Torres Jaimes y Otros.
  • Justo Javier Torres Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    DEFENSOR PÚBLICO ACEPTA Y PROTESTA EL CARGO CONFERIDO. Agréguese al sumario el escrito que envía Rubén Rosas Castresana y, en atención a las manifestaciones vertidas en el mismo, se acuerda: Se le tiene por aceptando y protestando el cargo de Defensor Público del quejoso Justo Javier Torres Jaimes. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DATOS DE CONTACTO. Se autoriza el acceso al expediente electrónico a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a la cuenta a nombre del usuario RUBEN2018; asimismo se le tiene proporcionando como forma alternativa de contacto los correos electrónicos ruben.rosas.castresana@correo.cjf.gob.mx y rrcastre75unam@hotmail.com, así como el número telefónico 4778545477.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE AL LICENCIADO RUBÉN ROSAS CASTRESANA POR MEDIO DE LA TITULAR DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, DELEGACIÓN GUANAJUATO, CON SEDE EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Delegación Guanajuato, del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad capital, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintiuno de junio del presente año, por lo que visto su contenido, se acuerda: SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. En atención al contenido del oficio de cuenta, se tiene designando al licenciado Rubén Rosas Castresana, como defensor público del quejoso Justo Javier Torres Jaimes, dentro del presente juicio. SE REQUIERE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE CARGO. En consecuencia, se nombra al, como defensor público del amparista y se ordena requerir a dicho profesionista, por conducto de la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guanajuato, con sede en la ciudad capital (a quien deberá notificársele en el correo electrónico que se advierte en el oficio de cuenta, es decir: ifdp_gto@correo.cjf.gob.mx; lo que se hace de manera excepcional, en mérito de que actualmente nos encontramos en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID- 19); para que dentro de un plazo de tres días, comparezca, por medio de escrito firmado electrónicamente, a aceptar y protestar el cargo conferido. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de que mientras dicho defensor solicita su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas autorizadas (firel o e.firma) en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27 fracción II y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Vista la demanda promovida por Justo Javier Torres Jaimes, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 504/2021-VI y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello es así pues el quejoso en su demanda reclama la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 1, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México al Centro Federal de Readaptación número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, sin la previa autorización requerida. Actos que atribuyó al Comisionado de Prevención y Readaptación Social del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, todos con residencia en la Ciudad de México. Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación. La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial. En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En ese contexto, en contra la orden de traslado procede la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación, en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate. Lo que revela que una orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Justo Javier Torres Jaimes. La anterior determinación tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Por otro lado, toda vez que el quejoso está privado de su libertad y tomando en consideración el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, en la cual determinó que para garantizar que el juicio de amparo penal sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona que se encuentra privada de su libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve juicio de derechos fundamentales, sin asistencia jurídica, debe contar con la representación de un abogado. En consecuencia, con apoyo en los numerales en cita, gírese oficio a la Directora de la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público local, a fin de que intervenga en el presente juicio y represente los intereses del quejoso. Asimismo, requiérase a la autoridad para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre presente promoción dirigida a este tribunal en la que proteste aceptar el cargo conferido. En el entendido de que la promoción o promociones en las que se atienda la petición formulada, podrá realizarse mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, las que podrán ser enviadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para que se cumpla con lo solicitado, envíese copia simple del escrito de demanda. En el entendido que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá, como medida de apremio, multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones personales que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

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