Juvenal Jurado Chavira
Expediente 524/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juvenal Jurado Chavira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de mayo de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, así como los autos originales del juicio de amparo 524/2018-VI, mediante el cual remite el testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión 63/2019, del índice de dicho tribunal, de cuyos resolutivos se desprende lo siguiente: [.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere. [.] Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo anterior, se declara que la resolución emitida dentro del presente asunto HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego, según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral y acuerdo general antes invocados, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión definitiva, solicitadas. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo, transcurridos seis meses destrúyase. Doy fe. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el incidente de suspensión derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del referido cuaderno incidental e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROEVIDO DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso *******, con el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 524/2018-VI. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso *******, con el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 524/2018-VI. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA, LA SENTENCIA DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de enero de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 524/2018-VI, promovido por *******, contra actos de la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Bravos y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma data, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Bravos y otra autoridad. SEGUNDO. Derecho constitucional que la parte quejosa estimó violado. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda como amparo indirecto 524/2018-VI, previa aclaración se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado; y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que después de diferirse, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Bravos, con residencia en esta ciudad. Todas las actuaciones del Juicio Ordinario Civil *******, promovido por *******, en su contra. 2. Al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad. El emplazamiento al citado juicio ordinario civil. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su examen. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Bravos y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, ambos residentes en esta ciudad, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados en el ámbito de su respectiva competencia; y para tal efecto, remitieron copia certificada de las constancias conducentes relativas al juicio ordinario civil *******. (fojas 37-47 y 50-301) Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Causal de improcedencia actualizada. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, por ser una cuestión de orden público, procede a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado DOF 17-06-2016 Como puede advertirse claramente, la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el quejoso no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, los proveídos reclamados, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio ordinario sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Empero, dicho dispositivo establece diversas excepciones al principio de definitividad, entre otras, cuando se trate de una persona extraña al procedimiento de origen. Ahora para efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, enero de 1998, página: 56, cuyo texto indica lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no necesariamente proviene del mismo acto dentro de la secuela procesal, que comprende desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que se reclame (y quede debidamente demostrado), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga, o bien, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la persona que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio; y en segundo lugar, en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular un individuo a quien no se llamó para que se defendiera. En la especie, de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 1) El quejoso es la parte demandada en el Juicio Ordinario Civil *******, promovido por *******. 2) En el escrito inicial de demanda el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural iniciado en su contra el ocho de agosto de dos mil dieciocho; pero no compareció en él. 3) Aún no se ha dictado sentencia en el procedimiento de origen. 4) El afectado después de haber tenido conocimiento del procedimiento incoado en su contra, comparece ante esta instancia, ostentándose como persona extraña al juicio por equiparación, esto es, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. De lo anterior se concluye que si la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, y de las constancias que obran en autos del presente asunto se advierte que tuvo conocimiento del juicio que se instruye en su contra en el cual aún no se ha dictado la sentencia respectiva, tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, por lo que, en ese supuesto, pierde el carácter con el que comparece ante esta instancia; y se actualiza la invocada causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, si de autos se advierte que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia respectiva, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. En las condiciones apuntadas, si el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen seguido en su contra, el presente juicio de amparo es improcedente, fundamentalmente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que, como se ha indicado en forma reiterada, se trata un sujeto que tuvo conocimiento del juicio natural y que tuvo la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa y, por tanto, no se da la hipótesis de procedencia del juicio de garantías que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, al actualizarse la referida causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto a los actos reclamados al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Bravos y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, ambos residentes en esta ciudad. Corrobora lo antes expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página: 1627, cuyo tenor literal es el siguiente: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73 y 74, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 524/2018-VI, promovido por *******, por las consideraciones expuestas en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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