Julio Ríos Villagrana

Expediente 747/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
747/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
09/10/2017

Partes del expediente

  • Julio Ríos Villagrana
  • Julio Ríos Villagrana y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 747/2017-II, promovido por ***. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, ***, solicitó ante este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el amparo y protección de la Justicia Federal, así como la suspensión en contra de las autoridades responsables, (1) Coordinador Regional de la División Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, (2) Agentes de la Policía Estatal Única, División Investigación, (3) Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, (3) Fiscal de Distrito en la Zona Norte, (5) Coordinador General de Agentes del Ministerio Público, (6) Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y (7) Secretario de Seguridad Pública Municipal, todas residentes en esta ciudad, así como de la (8) Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, a quienes reclamó, las órdenes de aprehensión, detención, presentación o retención, y su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Como fue ordenado en el cuaderno principal, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo mencionado, en el que se concedió la suspensión provisional; se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebró de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 125 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Debido a las particularidades del caso, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el acto que realmente se reclama consiste en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende, por analogía, al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Fiscal General del Estado Chihuahua, negó el acto de ejecución que le fue atribuido; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con la aceptación que realizó la autoridad ordenadora, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, toda vez que la primera es una autoridad que eventualmente puede realizar la ejecución del acto emitido por la autoridad ordenadora CUARTO. Estudio de la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada. Respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con la orden de aprehensión reclamada por la parte quejosa, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Entonces, se concede la suspensión definitiva para los efectos siguientes: I. Puesto que se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa (violación con penalidad agravada) a que se refiere el artículo 19 constitucional; es decir, por el cual el Ministerio Público invariablemente debe solicitar prisión preventiva; es evidente que el Juez de Garantía o Juez de Control, según el caso, no puede dejar de imponerla; por tanto, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se ponga a disposición del juez de la causa únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ***, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe previo del Fiscalía General del Estado, con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.rmi

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo consistente en disco compacto, en el cual envía la audiencia celebrada el ocho de los actuales, en la cual se vinculó a proceso, al ahora quejosos XXXXXXX , por el delito de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos 172, con relación a la fracción II, del 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua; fijando un plazo de investigación de dos meses. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la orden de aprehensión librada contra el quejoso. Ahora, de la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que mediante audiencia celebrada el ocho de del mes y año en curso, vinculó a proceso a XXXXXXXX , por el delito de violación agravada en la causa penal 1989/2017. Lo anterior, conduce a estimar que respecto del acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica que permite considerar que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento constitucional sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo de la imposición por parte de la aquí autoridad responsable, de vinculación a proceso a la causa penal 1989/2017, lo que se traduce en que ahora dicha medida es la que rige la situación jurídica del impetrante del amparo frente a dicho juzgador y no así la orden de aprehensión señalada por el quejoso. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional del acto reclamado en el escrito inicial de demanda de amparo, que la parte quejosa intentó defender en esta instancia constitucional, pues con la vinculación a proceso llevada a cabo el ocho de los actuales, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXXXX, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXXX. Doy fe.

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