Juvenal Alaniz González

Expediente 114/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
114/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Juvenal Alaniz González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Coordinadora de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidad Administrativas del Tribunal de Justicia del estado de Zacatecas; en atención a su solicitud, hágase de su conocimiento que en auto de dos de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso Juvenal Alaniz González a promovió demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, mismo que se radicó con el número TJA/0074/2022-II; determinación que causó estado el treinta de agosto de dos mil veintidós, ordenándose su archivo como asunto concluido; asimismo, como lo solicita, remítasele copia certificada del auto de dos de mayo de dos mil veintidós. Cúmplase.

  2. Principal

    6744 veinticinco de septiembre de dos mil veinte El treinta agosto de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El plazo de diez días previsto por el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente asunto, transcurrió del nueve al veinte de mayo de dos mil veintidós. De igual forma, se hace constar que sí se apertura incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, no se exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna; asimismo, se hace constar que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en dicho incidente por Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales d los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y con la promoción con folio 10527. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese interpuesto recurso alguno en contra del proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos de ley; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, considerando que si bien se apertura incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva; y toda vez que el mismo se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales d los Trabajadores del Estado de Zacatecas; por tanto, se reserva proveer lo conducente en cuanto a su destino, hasta en tanto la superioridad resuelva lo conducente. Hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado la anterior circunstancia para los efectos legales correspondientes; para lo cual remítasele copia certificada del informe y anexo de cuenta. Dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por La Coordinadora de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidad Administrativa, dígasele que se esté a lo acordado en líneas anteriores. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Yas En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795

  3. Principal

    El dos de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones registradas bajo los folios 8619 y 9148, ambas con anexos; así como con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el comunicado y anexos, que remite la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el diverso número 131-III signado por la Coordinadora de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, por lo que se acuerda lo siguiente: Intégrese al expediente en que se actúa la promoción y anexos, signada por la Coordinadora de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, mediante la cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio 12754/2022, remite las constancias solicitadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta ténganse como pruebas de las autoridades oficiantes las constancias que adjuntan a sus comunicados; las que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, atento al estado procesal que guardan los presentes autos, y en observancia a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de donde se desprende que si durante el trámite del juicio de amparo, se advierte la existencia de alguna de las causales de improcedencia previstas por el numeral 61 de la referida ley, el juez de amparo puede emitir un auto de sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. En esa guisa, se advierte de constancias que en relación al acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión del pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, prestación derivada de la pensión por jubilación a la que dice tener derecho el quejoso Juvenal Alaníz González; atribuida a las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Secretaría de Finanzas, ambos del Estado de Zacatecas, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, además del Director General y su Junta Directiva, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." [.]". Del estudio del precepto legal trascrito, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos respecto de los cuales se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; lo anterior tiene sustento y justificación plena si se toma en cuenta que dicha causal de improcedencia pretende evitar la existencia de dos resoluciones en contra del mismo acto, bajo el riesgo de que resulten contradictorias. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número P./J.144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo doce, Diciembre de 2000, página 15, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". De conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que la causal que se analiza, se actualiza cuando concurran las siguientes hipótesis: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad respecto del cual solicite amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías. c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta primeramente que, la parte quejosa sea quien interponga el recurso o medio ordinario de defensa, puesto que, la única manera en que podría salvaguardar sus derechos, es mediante la existencia de un recurso o medio de defensa oponible frente a la resolución que lesiona su interés jurídico. Por otro lado, es menester señalar que el recurso o medio ordinario de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías. Finalmente, el recurso o medio de defensa legal debe constituir la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo; esto es, que esté expresamente instituido por la ley, regido por un procedimiento para su tramitación y que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora bien, en el caso, de las constancias de cuenta, que remitió la Coordinadora de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, consistentes en las copias certificadas del expediente TJA/0074/2022-II, se advierte que la aquí parte quejosa promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, demanda de nulidad, en contra de la omisión del pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, prestación derivada de la pensión por jubilación a la que dice tener derecho. Demanda que interpuso en contra del Gobernador Constitucional y la Secretaría de Finanzas, ambos del Estado de Zacatecas, así como en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, además del Director General y su Junta Directiva. Asimismo, de las referidas constancias, se observa, que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas tuvo por admitido el juicio de nulidad planteado por el aquí quejoso, mediante auto de quince de febrero de dos mil veintidós. Tales constancias tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido elaboradas por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, es evidente que la parte quejosa promovió juicio de nulidad en contra del acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la omisión del pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, prestación derivada de la pensión por jubilación a la que dice tener derecho el aquí quejoso. Por ende, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, al estar tramitándose ante un tribunal ordinario un medio de defensa propuesto por el quejoso, como lo es el juicio de nulidad, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, los artículos 1, fracción II, y 9, fracción I, y 167, todos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Zacatecas y tiene por objeto: (.) II. Regular los juicios y procedimientos que tengan como finalidad dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, en los términos de lo establecido en la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 112 de la propia del Estado, Artículo 9. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, será competente para conocer: I. De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales; (.) Artículo 167. De ser fundada la demanda, la sentencia dejará sin efecto el acto o resolución impugnado y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al demandante en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados, en los términos que establezca la sentencia. De los preceptos transcritos se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, será competente para conocer de los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas Y que de ser fundada la demanda, la sentencia dejará sin efecto el acto o resolución impugnado y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al demandante en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados, en los términos que establezca la sentencia Por ende, al advertirse de constancias que actualmente se encuentra tramitándose ante un tribunal ordinario un medio de defensa propuesto por el quejoso, como lo es el juicio de nulidad, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por ende, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, y de ahí que lo procedente sea sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En otro aspecto, en cuanto al acto reclamado materia de la ampliación de demanda, atribuido al Auditor Superior del Estado de Zacatecas, consistente en el informe sobre la revisión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas código FR-EL-IN-01-13, de trece de julio de dos mil veinte, en la parte que contiene la observación 18 del EXP-INV-ISSSTEZAC-018 y la recomendación 025 del EXP-INV-ISSSTEZAC-025, de la investigación número A5E/003/2020, que se concretan en recomendar al citado instituto que realice las acciones y medidas para que en lo sucesivo suspenda el pago de la prestación del aguinaldo a los jubilados del instituto, este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto no constituye uno proveniente de autoridad para efectos del juicio de amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." De los artículos en cita se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no proviene de una autoridad, teniéndose por éstas las que dictan, ordenan, ejecutan, lo que se actualiza en el presente caso. Ahora bien, la parte quejosa reclama del Auditor Superior del Estado de Zacatecas el informe sobre la revisión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas código FR-EL-IN-01-13, de trece de julio de dos mil veinte, en la parte que contiene la observación 18 del EXP-INV-ISSSTEZAC-018 y la recomendación 025 del EXP-INV-ISSSTEZAC-025, de la investigación número A5E/003/2020, que se concretan en recomendar al citado instituto que realice las acciones y medidas para que en lo sucesivo se suspenda el pago de la prestación del aguinaldo a los jubilados del instituto. Al respecto se advierte que a dicho órgano de fiscalización al momento de emitir el informe aludido, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del amparo. Esto es así, pues como se ha visto, la emisión del referido informe, que a su vez contiene una recomendación para que se suspenda el pago de la prestación del aguinaldo a los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, carece por sí solo de fuerza decisoria, al quedar sujeto a la potestad de la junta directiva del citado instituto de seguridad social, de conformidad con el precepto 108, fracción XVIII de la Ley del Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas; es decir, el informe que se tilda de inconstitucional, emitido por el Auditor Superior del Estado de Zacatecas, solo resulta ser una opinión especializada que no adquiere fuerza vinculatoria que obligue al ente de seguridad social a acatarla. Por ende, con dicho acto, no se establece una relación de supra a subordinación entre el Auditor Superior del Estado de Zacatecas y los gobernados, sino solo se reduce a una propuesta evaluativa carente de facultades decisorias que impliquen la afectación de la esfera jurídica de algún gobernado; aunado a que dicho ente de fiscalización al emitir su informe tampoco tiene facultades para disponer de la fuerza pública para hacerlo cumplir. De ahí que, se concluya que es improcedente el amparo en contra del aludido acto. Robustece lo anterior, por identidad jurídica, la tesis III.1o.A.115 A, con registro 181218, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 1645, que se transcribe a continuación. "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS RECOMENDACIONES QUE EMITE EL COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN SALARIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PERCEPCIONES ANUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR NO SER AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, ASÍ COMO EN CONTRA DEL DECRETO 19453 QUE CREA A DICHO ORGANISMO, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD, AL NO PODER DESVINCULARSE ESE ACTO LEGISLATIVO DE SU ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN. El juicio de amparo en que se reclama del Comité Técnico de Valoración Salarial el acto consistente en la recomendación de asignación mensual neta para Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, emitida mediante dictamen de fecha treinta de abril de dos mil dos es improcedente, dado que a dicho comité no le reviste el carácter de autoridad para efectos del amparo, pues si bien conforme al Decreto Número 19453, emitido por el Congreso de la entidad, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el doce de febrero del mismo año, en cuyo artículo tercero se reformó el artículo 46 y se adicionaron los diversos 46 bis y 46 bis 1, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los que se dispuso que el sueldo para los servidores públicos se fijará con base en los presupuestos de egresos respectivos, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Salarial del Estado de Jalisco, y que para ello se creó dicho comité, a fin de que realizara los estudios necesarios para la actualización de los montos máximos de las percepciones anuales de los servidores públicos y emitir recomendaciones sobre dichas percepciones, lo que se materializó a través del dictamen de treinta de abril de dos mil dos, que contiene la propuesta reclamada, lo cierto es que dicha recomendación carece por sí sola de fuerza decisoria, al quedar sujeta a la potestad del diverso Decreto 19865, publicado en el mismo órgano de difusión el veinticuatro de diciembre del referido año, que aprueba el presupuesto de egresos para el año dos mil tres; esto es, no es sino hasta que entró en vigor este último decreto cuando se le otorga carácter obligatorio a las recomendaciones que realice el aludido comité, pero por sí misma aquella recomendación no le causa un perjuicio al quejoso, dado que no adquiere fuerza vinculatoria que obligue a los servidores públicos a acatarlas, es decir, no se establece una relación de supra a subordinación entre el mencionado comité y los servidores públicos, sino que dicho órgano que emite la propuesta salarial a través de la recomendación reclamada, no cuenta con facultades decisorias que impliquen la afectación de la esfera jurídica de dichos funcionarios y tampoco tiene facultades para disponer de la fuerza pública para hacerlas cumplir; de ahí que si tales recomendaciones no tienen el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, que vulnere o restrinja garantías individuales, causando un agravio personal y directo, es improcedente el amparo en contra de la aludida recomendación, al no lesionar la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que la opinión que en esa materia emite el multicitado comité no obliga al quejoso a cumplirla o a acatarla en sus términos, ni aun en contra de su voluntad; grosso modo, la recomendación aludida, por sí misma, no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular y, por tanto, la situación en que se encontraba el sujeto no sufre alteración con su emisión. Por ende, en cuanto a la recomendación elaborada por el Comité Técnico de Valoración Salarial se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 1o., fracción I, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en tanto que por lo que ve al Decreto 19453 del Congreso del Estado de Jalisco (por el que se crea el Comité Técnico de Valoración Salarial), el juicio de amparo también es improcedente, dado que el estudio del acto legislativo reclamado no se puede desvincular de su acto de aplicación, que como ya se vio, lo constituyó la recomendación emitida en el dictamen de treinta de abril de dos mil dos por el aludido comité, el cual, en la especie, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del amparo; cobran aplicación al caso las jurisprudencias de rubros: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." y "LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO.", que en concreto refieren que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento, y que desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre la ley. Por lo antes expuesto, y al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIX y XXIII, esta última en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexos de cuenta con folio 8619, mediante el cual la autoridad responsable Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad rinde su INFORME JUSTIFICADO Al respecto, en términos de artículo 9° de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de dicha responsable a quienes se menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; sin que exista necesidad de realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo determinado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen* En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del tres de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  4. Incidental

    El cinco de abril de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 7866. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que causó estado el auto de veinticuatro de marzo de este año, por el que se desechó el recurso de queja administrativo 188/2022 y por ende se archivó el expediente como asunto concluido. Notifíquese. ...

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