Junipero Rodríguez González
Expediente 860/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Junipero Rodríguez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintiuno de julio de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Río Grande, Zacatecas, el duplicado del proceso penal 7/2015, que adjuntó en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que el mismo concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 860/2015, presentes en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; Procuradora General de Justicia; Director General de la Policía Ministerial; y, Agente de la Policía Ministerial, con sede en Río Grande, todos del Estado de Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las constancias exhibidas por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, mismas que obran de la foja 17 a la 20, así como la causa penal número 7/2015. Al respecto, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, a continuación se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 860/2015, promovido por Junípero Rodríguez González, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar con residencia en Río Grande, Zacatecas y otras autoridades, que considera violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Junípero Rodríguez González demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORAS: a). La Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, tiene su domicilio en el lugar que ocupan las instalaciones de la casa de justicia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. b). La Procuradora de Justicia del Estado de Zacatecas, quien tiene su domicilio bien conocido en el edificio principal que ocupa la Procuraduría de Justicia de esta entidad. c). El Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, mismo que tiene su domicilio en el lugar que ocupan las instalaciones de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado. d). Comandante de la Policía Ministerial destacamentada en Río Grande, Zacatecas, con domicilio precisamente en el lugar que ocupa la casa de justicia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la primer autoridad señalada en el inciso a), la orden de aprehensión que pretende privarme de mi libertad girada en mi contra por la supuesta comisión del delito de Abigeato, dicha autoridad tiene el carácter de ordenadora, del resto de las autoridades señaladas con anterioridad que corresponden a los incisos b), c) y d), reclamo precisamente que tratan de ejecutar la orden de aprehensión girada en mi contra por la ordenadora, por lo tanto, tienen la función de ejecutoras en virtud de que quieren privarme de mi libertad. II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de veintidós de mayo de dos mil quince, la registró y admitió a trámite bajo el número 860/2015; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión, inexistencia y certeza de actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a). La orden de aprehensión. b). Su ejecución. II.2.1. Certeza: Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, así como el Agente de la Policía Ministerial de la Procuradora General de Justicia del Estado, ambas con sede en Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe con justificación reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en los incisos a), y b), de este considerando, en su punto II.1. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Si bien es verdad las autoridades responsables Procuradora General de Justicia del Estado y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambas con sede en esta ciudad de Zacatecas, negaron el acto que se les reclama; empero, al aceptar la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar con sede en Río Grande, Zacatecas, la existencia de la orden de aprehensión, debe estimarse con relación a estas autoridades que es de inminente ejecución, por lo que deberán cumplimentarla en su momento dada su condición de autoridades ejecutoras. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la Octava Época, visible en la página cincuenta y seis del tomo III, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico número 227,890, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el proceso penal 7/2015, que remitió la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se desprende la orden reclamada, la cual fue emitida por la referida Juez de Primera Instancia, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.-Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así pues, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso Junípero Rodríguez González, reclama la orden de aprehensión dictada en su contra por la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, así como su cumplimiento. En efecto, del proceso penal número 7/2015, que remitió la Juez responsable se infiere que el treinta de abril de dos mil quince, se giró orden de aprehensión en contra del impetrante de garantías, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ABIGEATO cometido en perjuicio de Jairo Saucedo Vaquera. A su vez, del citado proceso que como anexo remitió la Juez Primero de Primera instancia, con residencia en Río Grande, Zacatecas, se desprende que adjuntó copia certificada de la audiencia de conciliación de dos de junio de dos mil quince (foja 106 a 109), de la que se advierte que se decretó la extinción de la acción penal y en consecuencia, el sobreseimiento de la misma a favor de Junípero Rodríguez González por el delito de ABIGEATO, cometido en perjuicio de Jairo Saucedo Vaquera, por haber consentido las partes el acuerdo conciliatorio respectivo; mismo que por conformidad de las partes al haber renunciado al plazo para recurrirla, quedó firme en el mismo acto, ordenándose la libertad absoluta del quejoso Junípero Rodríguez González. Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que durante la tramitación del juicio de garantías, dejó de surtir efectos la determinación por la que se restringía la libertad personal del quejoso, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra el treinta de abril de dos mil quince, por lo que, cesaron los efectos de la privación de su libertad derivada de la orden de aprehensión reclamada, toda vez que se restituyó al quejoso en el goce de la garantía individual violada, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido y es incuestionable que se está en presencia de una cesación de efectos, toda vez que como ya se dijo, por una parte se dictó auto de libertad a favor del quejoso y por tanto, dejó de surtir efectos la determinación por la que se restringía su libertad personal. Sirven de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias números 9/98 y 59/99 ambas de la Novena Época, emitidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, impresas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho; así como el IX, Junio de mil novecientos noventa y ocho, consultables en las páginas 210 y 38; respectivamente, cuyos rubros y textos a la letra dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo"; y "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." A su vez, tiene sustento a lo antes expuesto, la Jurisprudencia número 7, emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, visible en la página 748, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR.- La causal prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando "... hayan cesado los efectos del acto reclamado", lo que significa que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, el acto reclamado sea revocado o destruido, así como los efectos que haya producido, hipótesis que se actualiza cuando la autoridad responsable libra en contra del quejoso orden de aprehensión y con posterioridad, al resolver su situación jurídica dicta en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, en virtud de que dicha orden de aprehensión ha dejado de existir, reponiendo al indiciado en el mismo estado en que se encontraba antes de que se ordenara su captura, sin que lo anterior, se contraponga al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer la jurisprudencia número 55/1996, cuyo rubro es: "ORDEN DE APREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA) Y ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.", toda vez que se trata de una situación diversa, ya que el Juez responsable al dejar insubsistente la orden de aprehensión y decretarle en el auto de término constitucional, la libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, restituye al quejoso en el goce de la garantía individual violada, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, ambos con sede en esta ciudad y Comandante de la Policía Ministerial destacamentada en Río Grande, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; motivo por el cual con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede SOBRESEER el presente juicio de garantías promovido por Junípero Rodríguez González. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Junípero Rodríguez González, por su propio derecho, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero del presente fallo por los motivos expuestos en su considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín González Zamora, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario con quien actúa, licenciado Faustino Rodríguez Flores.- DOY FE. L'FRF
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de junio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Río Grande, Zacatecas; y en atención a su contenido, téngase por hecha su manifestación en el sentido de que ya rindió su informe justificado; lo anterior, toda vez que efectivamente por auto de veinticuatro de junio se tuvo a dicha autoridad rindiendo dicho informe. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en esta fecha se notifica a las partes el auto de veinticuatro de junio actual, por el que se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Río Grande, Zacatecas; en consecuencia, a efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de dicho informe; SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para esta fecha, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
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