Justo Francisco López Contreras
Expediente 944/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/02/2021
Partes del expediente
- Justo Francisco López Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado del juicio de amparo en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento de quince de diciembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Consecuentemente, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, toda vez que no existen documentos originales agregados al expediente, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 citado en el párrafo que precede. Finalmente, toda vez que derivado del presente juicio de amparo, se formó por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado, provéase lo conducente en el cuaderno respectivo para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por otra parte, atendiendo a lo ordenado en proveído de esta propia fecha, dictado en el juicio de amparo de donde emana este incidente, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración del presente cuaderno incidental, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de la autoridad responsable (foránea), habida cuenta que conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que le fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Finalmente, se ordena a la secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo de los oficios girados a la autoridad responsable foránea en vías de notificación de la sentencia definitiva y este auto, hecho que sea lo anterior, se resuelva sobre el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A: Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veinte. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 944/2020-II, promovido por Justo Francisco López Contreras, contra actos del agente del Ministerio Público de Atención Inmediata, de la Fiscalía General de Justicia del Estado en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en esta ciudad, y turnado el doce siguiente a la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, Justo Francisco López Contreras, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y actos que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: Como ordenadora: 1. Agente del Ministerio Público de Atención Inmediata. Como ejecutoras: 2. Comandante de la Policía Ministerial del Estado y personal bajo su mando. 3. Secretario de Seguridad Pública. Todas con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Actos reclamados: "La probable orden de aprehensión que haya girado en mi contra, asimismo las consecuencias jurídicas y materiales que se deriven de dicha orden". (Sic). Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 944/2020-II, pidió los informes justificados a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este asunto, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que el solicitante del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución de la misma. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Agente del Ministerio Público Orientador Titular de la Unidad de Atención Inmediata, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y el Secretario de Seguridad Púbica Municipal, ambos de esta ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; es decir, la primera en su calidad de ordenadora refirió que no ha girado orden de aprehensión, detención o algún otro acto que implique menoscabo de la libertad personal del agraviado. El quejoso no desvirtuó esas negativas; no obstante que los comunicados de mérito le fueron puestos a la vista, a fin de que se impusiera de su contenido y expresara lo de su intención, o bien, allegara prueba con el peso suficiente para desvirtuar las aseveraciones (negaciones) de las responsables, no obstante de que se encontraba obligado a hacerlo; por ende, este juzgador está imposibilitado para darle realce a sus afirmaciones. Apoya lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página sesenta y siete, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En efecto, como la parte quejosa omitió exhibir algún medio de convicción que acreditara los actos imputados a las autoridades responsables, ello constituye un obstáculo que impide a este juzgador analizar su constitucionalidad, pues aun y cuando el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, ésta obligación solamente surge cuando el Juez constitucional, previo al examen del acto reclamado advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para la emisión de dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, las responsables niegan el acto reclamado y la parte quejosa omite exhibir los documentos que determinen su existencia, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado; y asumir un criterio contrario equivaldría a que cualquier persona hiciera uso irracional del juicio de amparo pretendiendo que el juzgador tomara carácter de investigador para probar la existencia del acto que reclame, lo cual es inadmisible. Es aplicable al caso concreto el contenido de la tesis aislada consultable en la página 428 del Tomo IX, del mes de Junio de 1992, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS CON APOYO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y EL QUEJOSO NO ACREDITA SU EXISTENCIA PROCEDE EL. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia del acto que de cada una se les reclama, y los que intentaron la acción constitucional no aportaron ninguna prueba tendente a acreditar su existencia procede sobreseerse en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, se cita el contenido de la tesis aislada consultable en la página 376 del Tomo XI, del mes de Marzo de 1993, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común del siguiente rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa". En la parte relativa es aplicable el contenido de la jurisprudencia I.3º.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660 del Tomo V, Segunda Parte-2, enero a Junio de 1990, Octava Época, Materias Administrativa, Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. No se soslaya, que la autoridad responsable ejecutora denominada Comandante de la Policía Ministerial del Estado en esta localidad, haya sido omisa en rendir su informe justificado, no obstante de haber quedado debidamente notificado para ello, como se aprecia del acuse de recibo que obra a foja doce; empero, en el presente caso, no se actualiza la hipótesis de presunción de ser cierto el acto reclamado, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que tal autoridad fue señalada como ejecutora, y como se vio, la responsable ordenadora al rendir su informe con justificación fue categórica en negar la existencia de los actos reclamados; por lo que, es evidente que no es posible considerar tal presunción, ya que la responsable referida en este apartado, no podría ejecutar una orden inexistente. En consecuencia, el sobreseimiento decretado en esta contienda constitucional, deberá hacerse extensivo respecto de los actos reprochados al Comandante de la Policía Ministerial del Estado en esta ciudad. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo un acuerdo de cita de imputado, de fecha cinco de noviembre del año en curso; sin embargo, eso no implica que necesariamente exista una orden de aprehensión y/o detención en su contra; además de que no reclamó dicho documento. De tal manera, que ello no desvirtúa la negativa de las autoridades responsables. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Justo Francisco López Contreras, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando tercero, conforme a los razonamientos expresados en dicho apartado. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- Junta de Aguas y Drenaje. Matamoros, Tamaulipas.82/2020
- Junta de Aguas y Drenaje. Matamoros, Tamaulipas.1232/2022
- Júoiter Almer Cano Guerra1387/2015
- Júpiter Almer Cano Guerra148/2014
- Júpiter Almer Cano Guerra1043/2018
- Júpiter Almer Cano Guerra1120/2016
- Juvenal Hernández Reyes529/2016
- Juventino García Hernández340/2018
- Karely Guadalupe Ramírez Hernández1128/2014
- Karen Aisha Silva Cisneros259/2023
- Karen Arely Lerma436/2021
- Karen Berenice Salas Gutiérrez210/2017